Inicio de una serie de reflexiones sobre el futuro del sistema de salud de Asturias en La Nueva España ...

Apuntes para un debate sobre la sanidad pública en Asturias

El mantenimiento de los servicios públicos

La opinión de los expertos
La discusión debe centrarse en la organización funcional, territorial y administrativa del sistema, así como su equidad y eficiencia

 

Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex presidente del Principado y ex consejero de Sanidad, inicia con este artículo una serie de reflexiones sobre el futuro del sistema de salud de Asturias. Para Vigil, es urgente ponerse a trabajar en la búsqueda de soluciones «efectivas y no ilusorias» a un problema, el del elevado coste sanitario, que es más acuciante en regiones con una población envejecida y dispersa, como es el caso del Principado

JUAN LUIS RODRÍGUEZ-VIGIL RUBIO

La crisis fiscal ha llegado, y no de improviso. Como era previsible, donde primero se refleja es en la sanidad pública. Hemos tocado tierra y, guste o no, habrá que debatir públicamente y con seriedad sus problemas, que son muchos, y no sólo financieros. También habrá que buscar soluciones efectivas y no ilusorias a esos problemas, porque cuando el dinero escasea y no hay de donde sacarlo sin causar gravísimos problemas adicionales, nada se arregla con darse de palos y mirar al pasado.

Los problemas financieros de la sanidad pública asturiana ni son de hoy, ni tienen carácter singular. Apenas se diferencian de los que tienen otras regiones y nacionalidades de España, con independencia del partido que las gobierne. Vienen de lejos, estaban advertidos, analizados y tenían puesta fecha para su aparición. La crisis sanitaria autonómica estaba cantada en cuanto hubiera un decrecimiento mínimamente significativo de los ingresos públicos.

La transferencia sanitaria del Insalud a las comunidades del año 2002 fue acompañada, sin excepción, de manifestaciones de satisfacción por los responsables políticos autonómicos y nacionales. Unos porque se quitaban de en medio una área de gestión per se inflacionista y compleja, y los otros (y basta con otear las hemerotecas) porque consideraron que esa competencia estaba magníficamente dotada financieramente y, además, en su opinión aumentaba significativamente la capacidad de endeudamiento de las comunidades, con lo que, supuestamente, iban a tener más recursos y mayor capacidad de inversión en otras áreas de su competencia.

La satisfacción duró muy poco. En 2005, apenas tres años después, hubo que inyectar más de cinco mil millones de euros a los servicios de salud autonómicos, y, ahora, idéntico objetivo tienen los recursos que se han obtenido en la nueva ordenación de la financiación autonómica. El problema es que ahora el Estado ya no tiene posibilidades de dar más. Cada comunidad ha de valerse con lo que tiene. Se acabó definitivamente el recurrir a Madrid para arreglar los problemas económicos de la sanidad, y como tampoco se puede mirar hacia Bruselas la dura realidad es que o solucionamos con acuerdo nuestros problemas sanitarios o sufriremos el deterioro y la perdida de calidad, bien de los servicios asistenciales sanitarios o, alternativamente, de los sociales, educativos, medioambientales, de obras públicas, de cooperación municipal, culturales, etcétera. Por algún lado habrá que actuar, por mucha algarabía polémica a la asturiana que se monte, y por mucho que le pongan amarillos, verdes o colorados los ayuntamientos, los agentes sociales, partidos políticos y el público en general.

Cuando no hay panchón todos gritan y todos quieren tener razón. Pero razón, razón, sólo la tendrá quien proponga medidas viables y rigurosas que permitan mantener la calidad, la extensión y la cobertura actual del sistema sanitario público con los medios de que se dispone. En el sector sanitario y en relación con el gasto no cabe acudir a la ilusión, ni endeudarse, porque es gasto corriente estable y de crecimiento difícil de contener, por lo que si uno se endeuda para pagar nóminas y fármacos, en muy poco tiempo o no le sirven los medicamentos y tendrá dificultades para pagar salarios. Esa política es pan para hoy y hambre para mañana.

Un debate público que merezca la pena tiene necesariamente que centrarse en las cuestiones que más inciden en el funcionamiento, calidad y eficacia del servicio sanitario: su organización funcional, territorial y administrativa, su equidad y eficiencia, y, también su objetiva insuficiencia financiera.

Los problemas financieros de la sanidad pública asturiana tienen padre y madre, por más que en su mayor parte sean idénticos a los que sufren los demás servicios de salud españoles: el crecimiento y envejecimiento de la población; el efecto de la innovación tecnológica; el uso intensivo de las modernas y muy caras tecnologías sanitarias de vanguardia; la consolidación de una cultura de consumo sanitario entre los ciudadanos que les lleva a descargar en la sanidad pública cada vez más responsabilidades; los efectos de los recientes cambios culturales y de la estructura familiar, además de la creciente litigiosidad en demanda de responsabilidad civil del personal y de las administraciones sanitarias, que determina una medicina defensiva muy cara, y, por supuesto, los siempre crecientes costes del personal sanitario y de los fármacos. Pero, junto a ellos existen problemas sanitarios que tienen clara especificidad asturiana y que se refieren a la singular organización del servicio sanitario en Asturias.

Por ello, lo sensato es centrase en lo nuestro y abrir un debate sereno y riguroso, al margen de demasías y de visiones epidérmicas, huyendo de demagogias, maximalismos y del espíritu de trinchera local porque, por derecho propio y por respeto a los ciudadanos los sanitarios, son asuntos que exigen máximo rigor y seriedad.

Algunas cuestiones son nodales o previas a ese debate.

Primero: Desde que el ministro Romay Becaria asumió explícitamente como propia la ley General de Sanidad promovida por el Gobierno de Felipe González, incorporando a la política del PP los criterios que la inspiraban (fundamentalmente la financiación con cargo a impuestos y el carácter universal del derecho a recibir asistencia sanitaria gratuita en condiciones de igualdad), no existe apenas discordancia entre el modelo sanitario del PP y el del PSOE. Las diferencias entre sus programas electorales nacionales son de mera cantidad, relacionadas con la forma de prestación de la asistencia, pero no afectan al contenido esencial del derecho a la asistencia. Las posiciones de esos partidos son intercambiables según se gobierne o se esté en la oposición. Lo que dice el PP en Asturias, donde está en la oposición, es contradictorio con lo que hace en Madrid donde gobierna, y viceversa hace el PSOE en otros sitios.

Sin diferencia esencial sobre el modelo nada debería impedir el consenso sobre sus aspectos organizativos.

Segundo: El modelo organizativo asturiano, que se rige por su mapa sanitario, se configuró en el lejano 1984, y estaba pensado para una sociedad muy distinta de la actual. En razón de las circunstancias de entonces, ese modelo configura a buena parte de los hospitales comarcales asturianos como organizaciones cerradas sobre sí, y con tendencia a la autosuficiencia dentro de su nivel asistencial.

En estos momentos, cuando se va de Oviedo a Mieres en 10 minutos o de Mieres a Riaño-Langreo en siete, y de Avilés a Jarrio en poco más de media hora, no se justifica la existencia de hospitales autosuficientes y cerrados sobre sí mismos, que podrían compartir sin ningún problema servicios, personal, regímenes de apoyo etcétera o tener ya según los casos y la ubicación, marcada singularidad y utilización regional médico-quirúrgica. El cambio es radical en los sistemas de transporte viario, aéreo, o por Internet, sobre todo en relación con la comunicación de imágenes y datos, lo que afecta también la cultura organizativa que en otro y tiempo hizo necesaria la actual configuración y el régimen de las áreas sanitarias, fundamentalmente en materia de personal y de servicios, que ahora pueden articularse cooperativamente de forma diferente.

La resistencia política a la reordenación del mapa sanitario tiene fácil explicación. Significa cambio y afecta a intereses de todo tipo extrasanitarios, la mayoría irrelevantes en relación con la asistencia. Además la sociedad asturiana es esencialmente conservadora. Pero no hacerlo sería suicida: o se modifica el mapa sanitario de forma adecuada a los tiempos o estaremos operando con estructuras que poco tienen que ver con la sociedad actual. Si no se produce esa reforma tampoco serán suficientes los medios económicos de los que podrá disponer el Principado para atender a su población con la calidad sanitaria debida.

Aunque sea políticamente incorrecto decirlo, las consecuencias de la crisis económica sobre las haciendas autonómicas van a ser serias y duraderas. Asturias no va a ser excepción. El descenso de la recaudación de los tributos estatales y de aquellos en los que la comunidad autónoma tiene participación, o son de su competencia exclusiva va a determinar una merma muy importante de los ingresos fiscales del Principado. A ello habrá que sumar el aumento del servicio de la deuda pública en los presupuestos regionales que va a ser muy relevante y caro de pagar (hay que recordar a quienes claman por el incremento de la deuda, que ésta se paga, y que ese pago sólo puede proceder de nuevos o de mayores impuestos y de ahorros, estos posibles, pero inhabituales). A ello hay que sumar el incremento de los pagos por prestaciones a desempleados o a parados de larga duración, muchos de los cuales pasarán a ser perceptores del salario social.

Si añadimos la inelasticidad propia del gasto de las administraciones autonómicas en personal, educación, servicios sociales, cooperación municipal, mantenimiento de obras públicas, servicios medioambientales etcétera, se comprenderá la necesidad de gestionar la sanidad de manera más flexible y comedida en lo económico que en los últimos años. En los próximos será difícil acercarse a los aumentos presupuestarios que ha tenido el servicio público sanitario asturiano en los últimos 7 años, siempre en porcentajes muy superiores a los incrementos del PIB (entre 4 y 7 puntos por encima).

Tercero: La pandemia de gripe que se avecina, que según fuentes oficiales puede afectar a un porcentaje importantísimo de la población asturiana (entre el 15 y 50% del total), obligará a todas las instituciones y personas con responsabilidad política a actuar con especial responsabilidad en materia sanitaria. Nunca nuestro sistema se ha enfrentado a una incidencia asistencial de espectro tan amplio, al margen de la mayor o menor gravedad de la misma. No serán tiempos en los que los ciudadanos vayan a aplaudir la demagogia o el darse de palos. Van a exigir a los políticos soluciones. Habrá que darlas, y eso no sólo corresponde al Gobierno.