Hay propuestas sobradamente descartadas ...

El Ministerio y el PSOE rechazan que los ciudadanos paguen la crisis de la sanidad

La FSA admite que «hay que ser más eficientes, mejorar la gestión y eliminar gastos que podrían ser superfluos» en todas las áreas de Gobierno

Oviedo, Marcos PALICIO, para La Nueva España

El Ministerio de Sanidad y la Federación Socialista Asturiana (FSA) cerraron ayer el círculo del rechazo político a soluciones que carguen sobre los ciudadanos el peso de la crisis financiera de la sanidad. Sus negativas al copago y sus fórmulas análogas (peajes por asistir al médico, más impuestos indirectos, etcétera) se suman así a las posiciones unánimes expresadas en la Junta General del Principado y el Congreso de los Diputados. Las dificultades de sostenibilidad del sistema asturiano de salud no se resuelven haciendo que los ciudadanos paguen parte de los servicios de la sanidad pública, según aseguran fuentes del departamento que dirige Trinidad Jiménez. Esa alternativa, afirman, «no ha sido contemplada por este Ministerio».

 

Ante la señal de auxilio lanzada la semana pasada por el Ejecutivo regional sobre la estrechez de sus recursos para la sanidad, el gravamen a los usuarios no sirve, pues, como solución para ninguna Administración. Esta posibilidad, justifica el Ministerio, «se considera gravosa para las clases más necesitadas, las que más pueden requerir la sanidad pública, y no ha demostrado ser la solución en otros países». En Asturias, la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, rechazó abrir de modo unilateral este debate y el consejero de Salud, José Ramón Quirós, aboga por una sanidad «gratuita», aunque «si hay que pagar algo», precisa, «debería ser de modo proporcional a la renta».

 

Jesús Gutiérrez, secretario de organización de la FSA, asegura que ni el PSOE español ni el asturiano se plantean el copago ni penalizar servicios. «Eso es propio de un modelo de gestión que no compartimos», afirma. A su juicio, Asturias «es un ejemplo de sanidad pública, con un servicio de calidad. Otra cosa es que haya que ser más eficientes y mejorar la gestión». La FSA defiende una campaña de información que conciencie del problema «a médicos, pacientes y personal sanitario», aunque esa mejora de la gestión, precisa, «no tiene por qué ceñirse al área de salud, sino a todas las del sistema». Aunque «es difícil definir qué es superfluo; tal vez habría que eliminar gastos que podrían tener ese adjetivo», aventura Gutiérrez, para quien «se podrían debatir cambios, pero en un marco nacional. La Comunidad no puede tomar decisiones unilateralmente».

 

Propuestas que se han barajado en Cataluña, a instancias de Jaume Puig, investigador del Centro Economía y Salud y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

 

- Cobrar a los pacientes una cantidad simbólica -por ejemplo, un euro- por cada visita médica.

 

- Hacer pagar a los jubilados una parte de los fármacos que consumen. También fue planteada por José Ramón Quirós en la Junta General del Principado el pasado mes de abril.

 

- Cobrar a los pacientes ingresados el coste de las comidas del hospital, porque «tienen que pagarlas igualmente si están en su casa».

 

- Introducir a bajo coste otros servicios que la Seguridad Social no da ahora mismo.

 

- Destinar el dinero que pagan los contribuyentes en su centro de salud para mejoras en el mismo centro, y que no revierta en las arcas del Estado. Es un método que se aplica en países europeos como Suecia.

 

El Congreso, como la Junta, rechazó por unanimidad el copago en marzo

Oviedo, M. P.
La negativa política al copago de los ciudadanos como solución para los problemas financieros de la sanidad quedó patente hace cinco meses en el Congreso de los Diputados. Al igual que en la Junta General del Principado, en Madrid la respuesta fue un «no» unánime. Los grupos políticos respaldaron una proposición no de ley presentada por el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el pasado 11 de marzo. El político asturiano expuso entonces que el coste añadido que supone el copago para el paciente trata de disuadirle de usar la sanidad pública y discrimina el acceso al servicio. En aquel debate, la diputada asturiana del PP Pilar Fernández Pardo argumentó que esta medida no soluciona los problemas de financiación sanitaria y lamentó que hayan sido los consejeros de Asturias y Cataluña, «ambas gobernadas por el PSOE», los que «han puesto el asunto sobre la mesa».