El efecto 'boomerang', observado ya en otros países donde ya se aplica esta ley, entre la opción del salario a las familias o la atención profesional

5.518 hogares ya cobran de la Ley de la Dependencia, más del doble que hace un año

CHELO TUYA | GIJÓN, para El Comercio

El mayor crecimiento lo protagoniza la paga para financiarse el servicio, aunque los sueldos a los familiares se duplicaron y rozan los 5.000

Bienestar frena el colapso en la asistencia, pero aún hay 5.634 casos pendientes

Asturias paga la Ley de la Dependencia. No sólo porque tiene que hacer frente al 70% del coste total, ya que el Gobierno central sigue sin aportar la totalidad de su parte -la mitad, según la propia ley-, sino porque en la región, la prestación protagonista es la económica. En los últimos doce meses, las pagas, ya sean para financiarse un servicio, ya para dar un sueldo a un familiar, se dispararon un 156%.

Así se refleja del estudio realizado por EL COMERCIO de las estadísticas de la Consejería de Bienestar Social correspondientes a los meses de octubre de 2008 y 2009. Los datos evidencian que, en doce meses, el volumen de personas que cobran con cargo a la Ley de la Dependencia supera ya las 5.500 (concretamente, 5.518) cuando sólo hace un año eran 2.148 los que tenían un cheque oficial.

Aunque el mayor crecimiento en porcentaje en cuanto a la demanda de dinero contante y sonante se centra en los expedientes en los que el beneficiario debe buscarse en la red privada el servicio que no encuentra en la pública, que subieron un 266,8% más, lo cierto es que en volumen la estrella absoluta es el salario para el familiar cuidador, que se ha duplicado y roza ya los 5.000 casos.

Espíritu vulnerado

La situación asturiana no es única en el país, puesto que hay comunidades donde el volumen de 'asalariados' de la ley es aún mayor. Tan común es el problema, que en la evaluación que un grupo de expertos ha hecho de la aplicación de la norma se evidencia que se «deben mejorar los sistemas de valoración» y, sobre todo, «la información al beneficiario de todos los servicios que tiene a sus disposición».

Porque, aunque los expertos, cuyo trabajo fue presentado esta semana en el Congreso de los Diputados, defienden que es el beneficiario quien tiene «la última palabra», por lo que si opta por una paga nadie puede obligarle a acudir, por ejemplo, a un centro de día, lo cierto es que el grupo coincide en que la red de servicios debe ser más amplia y que la norma «se debe flexibilizar» para que el usuario pueda combinar opciones.

La idea es que, tal como se aplica ahora la norma, se está «vulnerando su espíritu», que considera «excepcionales» las pagas al cuidador familiar. El informe de los expertos coincide, en algunos puntos casi exactamente, con la línea de actuación aplicada por la Consejería de Bienestar Social, que no sólo exige al Gobierno central que aporte su parte de la financiación, la mitad, sino que quiere que la relación entre el beneficiario y el beneficio sea más directa.

Por ello, continúan con el plan de choque, que no sólo ha logrado reducir el tiempo de espera, sino que, por primera vez desde la entrada en vigor de la norma, en abril de 2007, el ritmo de entrada de solicitudes, del 30% en el último año, es inferior al de valoraciones, del 64,2%. La consejera, Noemí Martín, anunció a mediados de año su compromiso de que la ley se cumpliera, de forma que todo el proceso, desde que se presenta la solicitud hasta que se firma el Plan Individual de Actuación (PIA) «se realice en seis meses»,

Un 20% menos a la espera

Por el momento, no hay cifras de espera, pero sí consta que ya no se alargar el proceso más de un año, como ocurría en 2008. De hecho, las estadísticas evidencian que hay un 20% menos de personas que, con el derecho ya reconocido a una prestación, aún no la reciben.

A fecha 1 de octubre eran 15.309 los asturianos con derecho a percibir un servicio de la Ley de la Dependencia y 9.675 los que ya la recibían. Los 5.634 casos pendientes serán «agilizados» al máximo, aseguran desde Bienestar, porque «el plan de choque continúa».

Como continúa la creación de plazas públicas, para que los servicios se conviertan, como dice la ley, en la prestación protagonista. Por el momento, con las campañas de promoción se ha logrado que la petición de centros de día creció un 138,5%, porcentaje mucho más aparente que la cifra real: 761 personas han apostado por esa opción.

 

130% más peticiones de ayuda a domicilio que no frenarán la nueva huelga

26.10.09 - CH. TUYA | GIJÓN, para El Comercio

Que «se vulnere el espíritu de la ley» no sólo supone un fallo en la gestión, sino que sacude, directamente, en la generación de empleo prevista por la ley. El primer exponente de que la norma no sólo no crea puestos de trabajo, sino que está perjudicando a los existentes fue la caída en picado de los centros de día.

El Principado vio como seis de esas instalaciones, listas para estrenar, se quedaban compuestas y sin clientes, mientras que el sector privado anunció el cierre del 50% de las plazas habilitadas, al no sólo desaparecer la lista de espera, sino al sumar la deserción de muchos de sus usuarios.

Los expertos lo achacaron, desde el principio, a un efecto 'boomerang', observado ya en otros países donde ya se aplica esta ley, y que consiste en que, recién estrenada la norma, la visión del dinero fácil hace a muchos rechazar los servicios. Sin embargo, el paso del tiempo les demuestra a los beneficiarios que, la atención profesional es mejor, por lo que la demanda de pagas disminuye y la prestación de servicios vuelve a crecer.

Asamblea el jueves

Ese 'boomerang' parece estar ya regresando en el caso de los centros de día, donde se empiezan a ocupar las instalaciones nuevas que no encontraban usuarios, pero no así en la ayuda a domicilio.

Y es que, aunque las estadísticas demuestran que la demanda de este servicio creció un 130% en un año, con 893 expedientes en octubre de 2009 frente a los 388 del año pasado, lo cierto es que los profesionales del sector no ven que eso se haya concretado en un aumento de horas.

Por ese motivo, y porque tienen el convenio colectivo pendiente desde enero, con salarios máximos de 815 euros, los sindicatos UGT y CC OO convocaron un paro el pasado día 13. Ante la falta de negociación, ambos celebrarán una nueva macro asamblea el próximo jueves, para convocar nuevas acciones. Más huelga.