Integración del Hospital de Arriondas: ¿Asustará a IU la Consejera de Adcion. Pública?

La integración del Hospital en el Sespa «pone en peligro los actuales empleos», avisa Migoya

El Gobierno echa el resto para que el Parlamento no apoye el paso del Grande Covián al sector público l El PP acusa al Ejecutivo de «recurrir al miedo»

 

Oviedo / Arriondas, para La Nueva España

J. A. ARDURA

La portavoz del Gobierno regional avisó ayer del peligro que entraña la inclusión del Hospital de Arriondas en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). Ana Rosa Migoya aseguró que si prospera esa iniciativa en el parlamento asturiano, gracias a los votos del PP y de su socio de gobierno, IU, «estarían en peligro los empleos de los actuales trabajadores porque en este país el empleo público no se regula por decreto».

 

La portavoz del ejecutivo echó el resto con esas advertencias en vísperas del Pleno de la Junta General de mañana viernes que deberá decidir si es «manifiestamente infundado» el veto del Gobierno regional a la incorporación del Hospital de Arriondas al sector público. Si el PP e IU unen sus votos, como hasta ahora, se levantará el veto y se convocará la ponencia para esa ley. El Gobierno regional ha sido siempre reacio a incorporar el Hospital de Arriondas al Sespa. El pasado mayo incluso llegó a poner cifras a esa iniciativa, planteada por el PP. Supondría un gasto para las arcas regionales de 361.000 euros.

 

Desde entonces, la Comisión de Salud del parlamento asturiano y la Mesa de la Junta General han votado a favor de considerar «infundada» la disconformidad del Gobierno regional con las enmiendas presentadas por IU a la la proposición de ley del Principado para transformar en pública la fundación del Hospital Grande Covián. «Vamos a esperar», respondió ayer Migoya al ser preguntada sobre si este asunto puede agrietar el pacto de gobierno entre PSOE e IU. Migoya reclamó ayer a PP e IU «un ejercicio de responsabilidad ante las graves consecuencias que puede acarrear esa propuesta (...) Es necesario parar esa irresponsabilidad». La portavoz del Gobierno manifestó que «los actuales trabajadores podrían perder su puesto de trabajo o en el mejor de los casos ser destinados al otro extremo de la región».

 

Esta iniciativa legislativa, siempre según Migoya, generará nefastas consecuencias para la actual plantilla «porque en España el empleo público está regulado por la Constitución y por una ley nacional que rige los concursos de traslado y oposiciones». Carlos Galcerán, diputado del PP, acusó al ejecutivo regional «de apelar al miedo como último recurso» y aseguró que «tenemos informes de expertos en Derecho Contitucional y administrativo que sostienen que el personal no se verá afectado, pasarán como laborales, con sus actuales derechos, a la fundación pública».