Cerrada una opción muy importante de quienes se oponen a la evaluación

El Defensor del Pueblo no ve inconstitucional la ley de Evaluación

Enrique Múgica renuncia a presentar recurso al TC, tal y como le pedían docentes de los sindicatos opositores

Oviedo, E. G.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, renunció a presentar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Evaluación Docente y sus Incentivos, aprobada por la Junta General del Principado el pasado 30 de diciembre. Múgica rechaza así la petición de unos 530 docentes asturianos, entre los que había afiliados a los tres sindicatos que mantiene una postura contraria a la polémica norma, Comisiones Obreras, Suatea y CSIF, y que defienden que el nuevo texto legal conculca el principio de igualdad: distinto sueldo a igual tarea profesional.

La resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo tiene fecha del pasado lunes y fue recibida ayer por el abogado asturiano que tramitó el caso, Carlos Álvarez Buylla, quien lamenta que Múgica «no haya entrado en la intencionalidad del legislador autonómico». El Defensor del Pueblo alega en sus justificaciones que no hay fundamentos jurídicos suficientes para pedir al Tribunal Constitucional un examen de la ley aprobada en el Parlamento asturiano con los votos de PSOE e Izquierda Unida y que abre definitivamente la puerta a la carrera profesional docente en Asturias.

La Ley de Evaluación Docente es consecuencia directa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que declaraba nula la resolución de la Administración regional que permitía el llamado pago a cuenta de la carrera profesional a los profesores que se adhirieran a ella.

Una sentencia que Carlos Álvarez Buylla está dispuesto a pedir que se ejecute, lo que podría repercutir en las cantidades cobradas entre los meses de octubre y diciembre del pasado año.

En todo caso la decisión del Defensor del Pueblo es un varapalo a los intereses de los sindicatos opositores a la Ley (hay que recordar que tan sólo dos firmaron el acuerdo con la Administración, UGT y Anpe), que ahora tienen otras posibilidades de recurso, pero menos rápidas y de procedimiento judicial mucho más complicado, a la vez que de conclusión incierta.

La ley, por tanto, sigue su curso, y lo hubiera hecho incluso en el hipotético caso de que el Defensor del Pueblo hubiera contemplado dudas al respecto, porque el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que «la admisión de un recurso de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley».

Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza concertada escenificaron ayer, en una nueva jornada de protesta, un simbólico entierro frente a las puertas de la Consejería de Educación, en la plaza de España, en Oviedo. Hubo plañideras, un «ataúd», muchas velas, y una nueva petición de diálogo dirigida al consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, en materia de plantillas, ratios y jornada laboral, entre otras reivindicaciones. El último contacto con el consejero acabó sin que se acercaran posturas, por imperativos económicos y presupuestarios. Los sindicatos de la concertada habían anunciado una campaña de recogida de firmas para involucrar a los padres de los más de treinta mil niños que cursan estudios en los colegios privados con concierto educativo en la región.

En otro orden de cosas, la Junta de Personal Docente no Universitario está a la espera de un nuevo contacto con el titular de Educación, tras la reunión mantenida la pasada semana en la que ha pedido a Iglesias Riopedre un esfuerzo para mejorar la oferta pública de empleo y para solucionar el problema de los equipos de Orientación Educativa, que afecta a la política de atención temprana en las escuelas.