Héctor Maravall Gómez-Allende. Ex director general del Imserso y abogado experto en políticas sociales

 

 

«Algún día habrá que meter mano al gasto en las autonomías»

18.04.10 -FERNANDO DEL BUSTO [e-mail] | AVILÉS.

«El desarrollo de la Ley de Dependencia desde la Seguridad Social garantizaba más recursos, experiencia y homogeneidad»

Héctor Maravall Gómez-Allende Ex director general del Imserso y abogado experto en políticas sociales

La jornada sobre crisis y políticas sociales que la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés organiza el próximo jueves en el Centro de Servicios Universitarios contará como ponente principal a Héctor Maravall, uno de los mayores expertos de España sobre el apoyo a la dependencia y las políticas sociales.

-¿Cómo ve la aplicación de la Ley de Dependencia, que se planteó como la tercera ’pata’ del Estado del Bienestar?

-La tercera ’pat’a no es sólo la Ley de Dependencia, sino el sistema de Servicios Sociales. La Ley de Dependencia es una parte importante, pero no podemos olvidar el resto de aspectos: lucha contra la pobreza, drogadicción, apoyo a los discapacitados no dependientes, integración de minorías étnicas... Implica apoyar a personas en una situación seria de desventaja y que, en España, representan al 20% de la población. En relación a la Ley de Dependencia, el primer plan gerontológico, hace 25 años, ya advertía de su necesidad. Otros países europeos las aprobaron en los 90. Aquí llega con 10 años de retraso, aunque vale más tenerla que no. Llega tarde y, junto con la crisis económica, provoca que no tenga la dotación económica necesaria.

-¿Puede frustrar a la sociedad?

-Sí. También porque se vendió que iba a solucionar todos los problemas. Fue el proyecto estrella de la anterior legislatura y generó muchas expectativas. Otro problema es que su aplicación es muy sesgada. Se reconocen más prestaciones económicas que servicios. Con una prestación de 800 euros no consigues en la mayor parte de España una plaza residencial de mediana calidad. Y, frente al recurso, la administración ahorra la mitad.

-¿No hay un peso excesivo de las comunidades autónomas en el inicio de la Ley de Dependencia?

-La administración central propuso una fase inicial de implantación por la Seguridad Social. Pero tanto la CEOE como las autonomías lo rechazaron. Pensaban que iba a darles mucha cancha. El desarrollo desde la Seguridad Social garantizaba más recursos, experiencia en la gestión y un desarrollo homogéneo. Pero el deseo de marcar territorio de las autonomías frustró esa posibilidad. Es un error que está pagando el ciudadano.

-Estamos en crisis y se habla de recorte del gasto. ¿Empezamos por las políticas sociales?

-En primer lugar, nuestro gasto comparativo con los países de la Unión Europea anterior a la ampliación es inferior en siete puntos del PIB. En los diez años de crecimiento económico no aprovechamos para solucionar temas que se abordaron en Suecia, Alemania, Austria... Otros países sí y atenúan los efectos de la crisis. Además, no hay que olvidar que no es un gasto inútil, genera empleo: en Educación, Sanidad... Perciben pensión 8 millones de personas.

-¿Es el salario social una herramienta válida?

-El problema es que no existe una normativa estatal y cada comunidad ha legislado como ha querido. En cierta manera, es un caos. A principio de los 90 se vislumbró como una herramienta en la lucha contra la pobreza, pero quedó como algo marginal. Existen dos conceptos: la ayuda económica y los instrumentos de inserción social, para lo que necesitas una red pública de servicios. Muchas personas en situación de exclusión social no tienen sólo un problema económico, sino que necesitan otros apoyos: formación, vivienda... Aunque hay excepciones, en general es un instrumento residual.

-Escuchándole, la impresión es que las autonomía se portan como unos nuevos ricos.

-Cuando recibieron las competencias, lo primero que hicieron fue bajar la presión fiscal. Con lo que perdieron recursos. Y además reprodujeron a escala la estructura del Estado, con estructuras administrativas desorbitadas. Algún día habrá que meter mano a eso, aunque no es políticamente correcto decirlo. Pero la crisis nos obligará, porque la estructura no corresponde al nivel de desarrollo del país: autonomías con dos televisiones públicas o con menos población que algunas capitales y toda una estructura administrativa.

-¿Habría que pensar en unos segundos pactos de La Moncloa?

-La situación es grave, pero no afecta por igual a toda la población. Una parte no sufre la crisis, sólo la ve por televisión, de lejos. Basta con ver las estadísticas de venta de coches o los yates amarrados en puertos deportivos. Eso no pasa en Holanda o Austria. Una parte de la población vive muy bien, por encima de otros países. En el 78, la situación era crítica: la estructura económica desfasada, problemas muy graves en formación, la administración pública no funcionaba... No son necesarios unos pactos de La Moncloa, sólo un mayor rigor entre las fuerzas políticas y ponerse de acuerdo en 4 ó 5 puntos. Aunque en lo que llevamos de crisis no han pactado 2 ó 3 medidas.

-¿De qué materias clave hablamos?

-Es fundamental la política de I+D. Es el único ámbito donde se competirá. El apoyo y gasto público es ridículo. También es necesario mejorar la formación. Llevamos 10 años desayunando con problemas de educación y no se mete mano. Hay universidades en todo el país y nos embroncamos con problemas ideológicos secundarios, como Educación para la Ciudadanía, pero falta un plan para mejorar la calidad de la enseñanza. Y las infraestructuras. Aún no estamos conectados con ferrocarril con Milán, París, Frankfurt. Llegamos en AVE a Valladolid, pero no a los grandes mercados. Y los puertos pierden peso. Hace quince días el gobierno presenta un plan de infraestructuras y no lo cuenta. Es algo increíble. Y, por último, es necesario reformar el mercado laboral para dar flexibilidad a las empresas y seguridad a los trabajadores. La UE ya ha resuelto ese tema hace 10 años y aquí aún debatimos sobre las cotizaciones.

-¿Y las políticas sociales?

-Parto de que están infradotadas. Hay que adoptar ciertas medidas, pero no es necesario un pacto de Estado, son medidas racionales. Como las pensiones de viudedad. La situación de las viudas no es hoy la de hace cuarenta años y se pueden corregir algunas cosas. Se pueden tomar medidas en el gasto farmacéutico, en las dotaciones tecnológicas de los hospitales, porque no es racional que todos tengan en una provincia los mismos equipamientos con niveles de baja utilización... Pero todos los millones que ahorremos no servirán de nada si no se resuelven antes los problemas principales.

-¿Y la inmigración, qué respuesta se le da en tiempo de crisis?

-Tenemos un 11% de población que no es excesivo en comparación con otros países como Francia. El problema es que hace unos pocos años no había. Llegó muy rápido y muy concentrada. En Asturias, con un 4,20% es posible trabajar, pero en el cinturón industrial de Madrid o Barcelona, con porcentajes del 20% de población inmigrantes, es asumible con dificultad. España tiene una complicación: su inmigración es muy diversa y eso hace muy complejo trabajar con ella. Los inmigrantes buscan trabajo y si no hay, el flujo irá a otros países que salgan antes de la crisis. Existe un problema: el paro se concentra en sectores como la construcción, que tardará más en salir de la crisis. El paro de larga duración será un problema.