Ni son todos los que están ni están todos los que son

Los geriátricos privados, contra el Principado

Bienestar Social rechaza las críticas y dice que llegan de empresarios «que incumplen las normas aprobadas ya hace ocho años»

Los propietarios de residencias arremeten contra «la mala aplicación» de la Ley de la Dependencia

21.04.10 - CHELO TUYA | GIJÓN, para El Comercio

A la fuerza, se hace la unión. Los empresarios de los 205 establecimientos geriátricos asturianos, distribuidos en tres asociaciones -la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (AARTE), la Asociación de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema) y la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege)- están a un paso de unificar criterios y enfrentarse, en conjunto, a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. El caballo de batalla, la aplicación de la Ley de la Dependencia, que los empresarios critican al fomentarse las pagas al cuidador familiar en lugar del uso de servicios.

Después de años desunidos, con discusiones sobre la mayor representatividad de unas y otras -AARTE cuenta con 48 empresas integradas; Asacesema, con 65, y Ascege, con 27- ayer la pelea pública entre la directiva de AARTE y el viceconsejero de Bienestar, Ángel González se tradujo en una invitación de las otras dos asociaciones, Ascege y Asacesema, a sentarse en una mesa común y establecer estrategias de futuro.

Y todo después de que la presidenta de AARTE, Teresa Rodríguez, mostrara, tras su encuentro con el viceconsejero, su enfado «por la mala aplicación de la Ley de la Dependencia. Se están fomentando las pagas a los familiares, cuando la ley dice que son excepcionales, en contra de los servicios. Así, nosotros tenemos un 20% de camas libres, mientras que los usuarios no reciben buena calidad».

Y es que, aseguró, «la atención en casa, la no profesional, no se vigila y eso deriva en lo que estamos viendo ahora: nos llegan a las residencias personas en estado penoso». Sin embargo, afirmó que «a nosotros se nos exige cumplir con todo, desde los metros de la habitación hasta el color de la pared».

Sus críticas encontraron eco en los presidentes de Ascege, Jesús Kocina, y Asacesema, Ana Gil. El primero afirmó que «la Ley de la Dependencia nos está haciendo un gran daño a todo el sector, porque los usuarios se quedan en casa con la paga», mientras que la segunda se felicitó de que «ahora se den cuenta los demás de que esto es un abuso. Nosotros ya denunciamos la acreditación que, con cargo a la Ley de la Dependencia, impusieron en 2009».

Por ello, Gil no descarta «sentarme cuando ellos quieran», mientras que Kocina fija el calendario «si antes del verano no cumplen con lo prometido, de pagar más por concertar plazas a personas con dependencia, todos deberíamos sentarnos y decidir qué hacer».

Mientras, el viceconsejero resumió el enfado de AARTE a que «algunos empresarios incumplen normas vigentes desde 2002, a pesar de haber sido advertidos». Ante la posibilidad de «que haya rebeldía contra la legalidad, actuaremos. Incluso algunos acabarán cerrando, porque estamos tratando con personas, no con tornillos».

Los geriátricos reclaman al Principado «flexibilidad» en sus exigencias de calidad

Bienestar Social mantendrá las sanciones para quienes incumplan la ley de 2002

Lne.es » Sociedad. Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO

La Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (AARTE) teme que el sistema de acreditación impuesto por el Principado, imprescindible para aquellos centros que pretendan beneficiarse de las ayudas del sistema de dependencia acabe arrasando el sector, abocando los establecimientos al cierre y poniendo en riesgo cerca de un millar de puestos de trabajo. «Lo que durante veinte años valía ahora con la nueva legislación ya no basta», se queja la presidenta de la organización, María Teresa Rodríguez, y atribuye a la nueva normativa el cierre de una decena de residencias en Asturias.

La patronal del sector entiende, según Rodríguez, que «la acreditación es una certificación de calidad y la calidad no depende del ancho de un pasillo o las medidas de una habitación sino de la ratio de profesionales, de las terapias que se ofrecen...». Varios miembros de AARTE, una asociación integrada por sesenta empresas, se reunieron ayer con el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, al que, según contó su presidenta, le expresaron su desacuerdo con los criterios de acreditación pidiéndole «más flexibilidad» con los geriátricos que abrieron antes de 2002 y que ahora, añadió, tienen serios problemas para cumplir la ley. «Estamos entrando en una agonía para acabar en una muerte segura», se lamentó María Teresa Rodríguez, ya que, añadió, los empresarios no tienen capacidad económica para afrontar las adecuaciones arquitectónicas que se les exigen. «El 50 por ciento de las prestaciones de la dependencia en Asturias es ayuda a domicilio, porque es más barato», observó por otra parte la representante de AARTE.

Sus argumentos no convencieron y tras la reunión el Viceconsejero advirtió tajantemente que «deben adaptarse, no hay más». Argumentó que han tenido ocho años para adaptarse al decreto de autorización de centros, que nada tiene que ver con la acreditación y que es el que están incumpliendo, incluso reiteradamente en algunos casos. «Procuraremos ser flexibles», dijo, «pero los que incumplan seguirán teniendo sanciones y si se rebelan contra la normativa tendrán que cerrar».

La Dirección de Mayores y Discapacidad firmará un convenio por 1,6 millones de euros para financiar 288 plazas de atención en los centros de apoyo a la integración de Canero, Penlés, Carreño, Castiello, Cardeo y Pando.