Elementos para entender cómo se llegó a la situación actual

Venturo XXI aprobó recortar empleo cuando una auditoría aconsejaba ampliar el capital

El consejo de administración, integrado por los promotores privados, Hunosa y Principado, desoyó el informe externo y autorizó un ERE para 33 empleados

El Entrego, L. M. D., para La Nueva España
La auditoría que realizó Venturo XXI con motivo de la publicación en el registro mercantil de su balance de cuentas y resultados en 2008 -la última que se llevó a cabo- aconsejaba al consejo de administración de la compañía realizar una inyección de capital en la compañía, cumplir su plan de negocio y ejecutar el contrato internacional (con el Gobierno de Angola) que se había comprometido ese año. Ni la ampliación de capital se ejecutó ni cristalizó el contrato exterior. Por contra, sí que se acabó llevando a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que afectó a 33 trabajadores, una medida que no se contempla en la auditoría. Venturo XXI está participada en un 51% por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado; el 21% por Sadim, el 21% por la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y el 7% por Sodeco.

Fuentes relacionadas con la empresa señalaron que, en el último consejo de administración de 2008, se había puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar el capital de la compañía para que esta tuviese más margen de maniobra. Esta operación no sólo no se llevó a cabo, sino que se hizo todo lo contrario: el 31 de diciembre de 2008, el capital social de Venturo XXI se redujo de 2.535.898 euros a 1.113.058 euros. La auditoría realizada por Moore Stephens Fidelitas Auditores para analizar el estado de la compañía a lo largo de 2008 se realizó a mediados del año 2009, con motivo de la publicación del balance y la cuenta de resultados de Venturo XXI en el registro mercantil. En esta auditoría se afirmaba que «la evolución futura de la sociedad y la capacidad para continuar su actividad de forma que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos, depende del apoyo de sus accionistas y del cumplimiento del plan de negocio y en particular, del inicio de la ejecución del contrato internacional». Con estas condiciones, un «apoyo de los accionistas» en forma de inyección de dinero y la ejecución del «contrato internacional» con Angola, suscrito en un viaje de promoción empresarial con el Principado de Asturias, el resultado de la auditoría fue «favorable, con salvedades».

En ese mismo consejo de administración, además, se tomó la decisión de impulsar un ERE temporal por «causas organizativas y productivas». Inicialmente estaba previsto que afectase a 43 trabajadores, pero tras las negociaciones con el comité de empresa se redujo hasta los 33. Esta reunión de los directivos de Venturo XXI se llevó a cabo poco después de que se ejecutase la opción de compra que la sociedad tenía sobre su sede. Una adquisición en la que se pagaron 382.500 euros por unos inmuebles tasados en 3,5 millones, que habían sido arreglados gracias a 1,8 millones de fondos mineros y para cuya compra la empresa logró un crédito hipotecario de 600.00 euros.

Tras el ERE, lejos de apostar por la inyección de capital -que a día de hoy sigue siendo la única salida para hacer viable la empresa-, los promotores de Venturo XXI volvieron a reducir su aportación en la firma, dejando el capital social en 103.840 euros (2,4 millones menos del capital inicial). El consejo de administración de la empresa estaba formado por los hermanos Coronado Piñana, Víctor González Marroquín (SRP) y Manuel Fernández Prada.