A la espera de un Convenio con las Clínicas que los practicarán

LA REFORMA ENTRA EN VIGOR EL 5 DE JULIO.

Salud dice estar preparada para aplicar la nueva ley del aborto

La consejería ya tiene los contenidos que se entregarán a las gestantes.

Las clínicas acreditadas aún no han recibido la documentación.

30/06/2010 PABLO ZARIQUIEGUI, en La Voz de Asturias. 

RL Nos deberes hechos. El Gobierno regional asegura que tiene listos los instrumentos y recursos básicos para aplicar la nueva ley del aborto que entrará en vigor el próximo 5 de julio. El Ejecutivo autonómico sale así al paso de las críticas vertidas por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI). Este colectivo, que representa también a los centros privados de Asturias, subraya que la nueva ley no podrá aplicarse porque las comunidades autónomas no han desarrollado las herramientas básicas que exige la norma.

ACAI recuerda que el texto legal establece, textualmente, que "a la mujer se le hará entrega en cualquier centro sanitario público o privado acreditado de un sobre cerrado y editado por el órgano competente de la comunidad autónoma donde vaya a practicarse la intervención". La asociación de clínicas duda de que, a falta de apenas unos días para la entrada en vigor de la ley, todas las comunidades consigan elaborar el contenido, editar el material y distribuirlo en todos los centros.

DECRETOS PENDIENTES

No es éste, sin embargo, el caso de Asturias. Amelia González, Directora General de Salud Pública, señala que su departamento, en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer, cuenta ya con los borradores de todos los documentos que, en principio, son necesarios para las mujeres embarazadas. Los contenidos, según Amelia González, se han elaborado siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad. La responsable de Salud Pública subraya, además, que su departamento está a la espera de conocer los decretos pendientes por si fuera necesario establecer algún cambio o modificación de última hora.

Eugenio Civieta, tesorero de ACAI, asegura, sin embargo, que hasta ahora no han recibido de la Consejería de Salud de Asturias la documentación pertinente. Cada mujer, en el momento de solicitar un aborto, deberá tener acceso a un sobre cerrado en el que figure información sobre las ayudas públicas a la maternidad, los derechos laborales de la mujer embarazada, las prestaciones para el cuidado de los hijos, los beneficios fiscales y documentación sobre anticoncepción y sexo seguro y sobre los centros de asesoramiento.

La aplicación de la ley del aborto, pendiente del convenio entre el Sespa y las clínicas

La sanidad pública pagará en Asturias 361 euros por cada interrupción practicada, y la norma está previsto que entre en vigor el 5 de julio

Madrid / Gijón / Oviedo, A. R. / E. F.-P. / Agencias, en La Nueva España
«El reglamento de la ley del aborto que el Consejo de Gobierno aprobó el viernes pasado se ha cargado lo más progresista», sostiene Empar Piñeda, vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), en la que se integran una treintena de centros, entre ellos, dos asturianos. «En el caso de las menores que no puedan informar a sus padres por una cuestión de violencia nada ha cambiado, el problema está en las que tienen que informar a sus padres; aunque la decisión sea suya, el reglamento las obliga a ir a abortar acompañadas de un progenitor», refiere Piñeda.

Ésta es sólo una de las objeciones a la nueva ley. A una semana de la entrada en vigor del decreto las clínicas privadas acreditadas para practicar abortos a través de conciertos con la sanidad pública -en el caso de Asturias, con el Sespa (Servicio de Salud del Principado)- mantienen dudas y ciertos reparos sobre su aplicación. En el caso de Asturias, esos inconvenientes son de carácter más bien administrativo y sobre los plazos de tiempo de los que disponen para cumplir con ciertos requisitos.

Blanca Cañedo, miembro de ACAI y portavoz de la clínica Belladona, con centros en Gijón y Avilés, reconoce que en Asturias reina cierta confusión, y se teme que la normativa acabe aplicándose a contrarreloj. Aún no han firmado los nuevos convenios de colaboración con el Sespa, comenta, y los sobres con la información que han de entregar a las mujeres que acuden a ellas para interrumpir su embarazo aún no les han llegado. Cañedo cuenta que las clientas les piden información que aún no están en disposición de darles. Según ha trascendido de fuentes de la negociación, la sanidad pública pagará a los centros 361 euros por cada aborto practicado.

También habla de ciertos «flecos» y desajustes, por ejemplo, en la normativa sobre la instalación de quirófanos. Las clínicas asturianas cumplen sobradamente los requisitos del Ministerio de Salud, pero las exigencias del Sespa están muy por encima. Por otro lado, señala, hay algunas ambigüedades sobre los códigos para preservar la intimidad de las pacientes.

Un portavoz de la Consejería de Salud del Principado garantizaba ayer que «todo está listo» y que el próximo lunes las clínicas dispondrán de la documentación que han de entregar a las pacientes, tanto la del Ministerio -que ya llegó el viernes pasado- como la que ha de elaborar la propia Consejería del Principado.

Ayer el Ministerio de Salud aseguraba haber remitido hace tres semanas a las comunidades autónomas la información que ha de entregarse a las mujeres en un sobre cerrado cuando acudan a las clínicas. Desde el Ministerio se indicó que sólo resta que las administraciones autonómicas añadan a esa documentación la información sobre las ayudas y prestaciones que ellas ofrecen. Los responsables de este departamento entienden que no debería haber ningún problema de tiempo, porque la información ha sido distribuida con suficiente antelación a todos los gobiernos autonómicos.

La ministra Trinidad Jiménez insistía ayer en que son los ejecutivos autonómicos los que deben tener «todo previsto» cuando entre en vigor la ley, el día 5 de julio. La titular de Sanidad explicó que tanto la ley como su desarrollo reglamentario se han elaborado de una forma «muy precisa», al establecer «todo tipo de supuestos y situaciones que se puedan dar». «Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todos, a las mujeres, a los profesionales y a las clínicas, porque está todo absolutamente determinado», concluyó.

Por otra parte, en Navarra los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU unieron sus votos la semana pasada y aprobaron una proposición de ley, presentada por los socialistas, que modifica la ley foral de Salud para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo en Navarra, una comunidad autónoma que hasta ahora desviaba a las mujeres a otros territorios y en la que la aplicación de la ley era, en la práctica, nula.