El carbón con fecha de caducidad...

La UE aprueba el decreto del carbón, pero limita a 2014 la concesión de las ayudas

Villa avisa de que Bruselas ha puesto plazo a la desaparición de las minas

El Gobierno trabaja ya para que el sector minero sobreviva más allá de 2018 «porque lo deciden los países, no la Comisión»
El líder del SOMA exige al Ejecutivo español que garantice que las ayudas se prolongarán más de cuatro años
Las eléctricas critican con dureza el acuerdo, que ratifica mañana el Consejo de Ministros, porque «distorsiona» el mercado

Madrid, Modem Press
La Comisión Europea dio finalmente ayer el visto bueno al real decreto que obliga a las compañías eléctricas españolas a producir electricidad con carbón nacional, y les prima por ello. Con esto garantiza el consumo de los 10 millones de toneladas de mineral que se producen anualmente en España, tal y como fijó en su día el Plan del Carbón 2006-2012. Para aprobar el mecanismo, vital para la supervivencia a corto plazo del sector, el gabinete comunitario puso como condición al Gobierno español, que esta prima «expirará a más tardar el 31 de diciembre de 2014», algo a lo que se ha comprometido el Ejecutivo. Esta fecha coincide con la que marcó la Comisión en su propuesta de nuevo reglamento para dar por finalizada cualquier ayuda pública a las minas de carbón deficitarias, todas las españolas, en el seno de la Unión Europea.

En cualquier caso, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, dejó claro durante su visita a Bruselas el pasado martes -donde acudió para atar los últimos flecos ante la Comisión- que éste es un «decreto excepcional para una situación excepcional y es razonable que esté en vigor hasta esa fecha. Lo que no es aceptable», enfatizó, «es que las ayudas públicas a la minería sólo se permitan hasta el 2014, como pretende la Comisión». Por ello, el ministro dejó claro que «queremos mantener las ayudas públicas más allá de 2014, incluso más allá de 2018, para un sector vital para nuestro suministro energético. Además, España cuenta con el apoyo explícito de un buen número países y de otros muchos que sabemos que no se opondrán a ello. Aquí», recalcó, «la última palabra la tenemos los países, el Consejo, no la Comisión Europea».

Por su parte, el europarlamentario socialista asturiano y miembro de la Comisión jurídica de la Cámara, Antonio Masip, aclaraba también que «la Comisión ha validado el real decreto, que es para lo que tiene competencias, y eso es muy positivo. Lo de limitar las ayudas públicas al carbón, o sea el nuevo reglamento, es algo de los estados miembros y no se dirimía ayer en la Comisión. En todo caso, se debatirá también en el Parlamento. Tanto nosotros, como los propios estados estamos barajando otra fecha, como el 2018 o más allá, incluso».

La propia Comisión dejaba claro en su resolución de ayer que «el mineral que pueda ser consumido por las centrales de carbón autóctono con arreglo a las obligaciones de servicio público», a partir del real decreto, «procederá de minas de carbón sujetas a todas las normas del futuro reglamento del carbón» que negociarán de aquí a final de año los veintisiete estados miembros de la UE.

La Comisión Europea, en la misma nota emitida para justificar su decisión, señala también que la legislación comunitaria que regula el funcionamiento del mercado de la electricidad de la UE «permite a los Estados miembros instaurar este tipo de obligaciones de servicio público por motivos relacionados con la seguridad del abastecimiento energético hasta un límite del 15% del consumo nacional de electricidad». Por ello, «esta ayuda estatal se ajusta a las normas de la UE». Recuerda la Comisión que España alegó que el decreto era una medida «necesaria para garantizar la seguridad del suministro» en un país que sigue estando mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad «y que tiene una elevada cuota de energías renovables (eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente».

En el período de 2011 a 2014, los volúmenes de electricidad afectados por el real decreto que producirán las centrales térmicas de Soto de Ribera y Narcea, en Asturias; las leonesas de Anllares, La Robla y Compostilla; las turolenses de Andorra y Escucha; Velilla (Palencia), Puentenuevo en Córdoba y Elcogás en Puertollano (Ciudad Real), no excederán de 23,4 teravatios hora (TWh) por año. Esto equivale aproximadamente al 9% del consumo nacional, un porcentaje inferior al límite del 15% establecido en las directivas. Para lo que queda de 2010, los volúmenes de electricidad no excederán de 9,6 TWh, cantidad que también es inferior al 15%.

Las intenciones del Gobierno, como explicó la pasada semana en el senado y en el Congreso el propio ministro de Industria pasan por ratificar el real decreto en el Consejo de Ministros de mañana -ya fue aprobado provisionalmente el 12 de febrero- y publicarlo inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación urgente. Fuentes de Industria confirmaron ayer que «no son necesarios nuevos dictámenes, ni del Consejo de Estado ni de las Comisiones de la Energía y la Competencia, que ya se pronunciaron en su día».

Por su parte, las eléctricas criticaron el real decreto por «disparatado», porque «distorsiona» el funcionamiento del mercado liberalizado español de generación, contribuirá a incrementar las emisiones a la atmósfera, a disparar los costes del sistema y deja «desamparadas» a las centrales de ciclo combinado de gas.

Madrid

El secretario del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, recibió ayer la noticia sobre la tramitación en Bruselas del real decreto de incentivos al carbón nacional con más recelo que alivió. Tras dejar la huelga de hambre que mantenía junto al resto de sindicalistas encerrados en el Ministerio de Industria, el veterano dirigente manifestó su preocupación por el plazo límite establecido: 2014. De hecho, calificó de «quimera» el documento, siempre que no se ofrezcan garantías «a corto plazo» de que las ayudas se puedan prorrogar más allá del citado horizonte. Con un remarcado tono crítico, apuntó a Efe que, de lo contrario, Bruselas habrá firmado «la sentencia de la minería». Recordó que el sector sigue teniendo un gran peso específico en España, con una «enorme dependencia» energética, que genera 10 millones de toneladas anuales de carbón.

José Ángel Fernández Villa aseguró ayer que el Gobierno tiene que «ejercer su soberanía» y defender el carbón español frente a los plazos del reglamento de la Comisión Europea. El líder del SOMA no ocultó su desilusión una vez establecido el nuevo itinerario del carbón, con un recorrido mucho más corto del que esperaba. En este sentido manifestó que «ya no cree en la Unión Europea». Además, abogó por que el Ejecutivo español adopte «una decisión política firme» para cambiar de modelo económico y «recupere su presencia» en sectores estratégicos para su política energética, como el carbón, por medio de «una empresa pública nacional». No es la primera vez que Fernández Villa enarbola la bandera de la nacionalización del sector. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que esta iniciativa pudiera llevarse a cabo en el marco de la Unión Europea, señaló que el Gobierno español «no puede estar sometido permanentemente a los dictados de Bruselas».

Sobre la posibilidad de que la minería del carbón acometiese un proceso de reconversión o se destinasen más fondos europeos a las comarcas mineras españolas en caso de que se eliminasen las ayudas, afirmó que «la retirada de las ayudas no puede tener ninguna compensación». Según Fernández Villa, suprimir las ayudas «dejaría sin alternativa de futuro» a las cuencas mineras españolas, pero, sobre todo, a la asturiana, donde indicó que esta decisión afectaría a 7.000 trabajadores.