Empieza la generación de corriente de opinión a favor de las externalizaciones en la Administración Pública ¡¡Veremos quienes lo contrarrestan y cómo!!

OPINIÓN EDITORIAL en El Comercio

El tamaño de la Administración

La disminución de recursos obliga a reformar la gestión pública

31.10.2010

El objetivo de reducir la temporalidad de los empleados públicos, contenida en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA), ha llevado a los sindicatos a demandar la agilización de las ofertas públicas de empleo del Principado, petición aceptada por el presidente Álvarez Areces, que se comprometió a convertir en fijos a 2.639 funcionarios interinos, una cifra que se corresponde con las plazas ofertadas en los ejercicios presupuestarios de 2006 a 2010 que quedaban sin cubrir. De esa oferta global, cerca de mil plazas ya se estaban tramitando y el resto van a ser convocadas, de modo que el Principado prevé que antes de terminar el año 2012 podrán estar enteramente ocupadas por funcionarios fijos. El 83% de esas plazas corresponden a personal sanitario.

El Principado tiene 35.800 funcionarios, una cifra muy superior a la existente una década atrás, ya que fruto de la transferencia de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia se incorporaron 26.000 nuevos empleados públicos. En la última década han aumentado las empresas o fundaciones del Principado, que con 1.700 empleados también generan gastos de personal, aunque esos pagos no aparezcan en el capítulo de sueldos y salarios de los Presupuestos del Principado.

El incremento de los recursos humanos ha sido una constante en las tres administraciones territoriales -central, autonómica y local-, hasta llegar a alcanzar los tres millones de empleos en España. La razón del progresivo crecimiento no se debe tanto a las necesidades intrínsecas de la Administración como a una política deliberada de convertir los presupuestos públicos en generadores directos de empleo. La preocupación por esta tendencia fue acallada por los responsables políticos al asegurar que en España hay menos funcionarios que en los países de la UE. Sin embargo, el efecto de la crisis económica en las haciendas públicas obliga a replantearse el tamaño que deben tener las administraciones. A lo largo del presente año, Alemania y Francia han presentado planes de reducción de personal público, aunque ninguno tan profundo como el reciente anuncio del primer ministro británico, David Cameron, al proponer un recorte de 500.000 empleos. La única previsión de reducción de plazas en Asturias consiste en seguir la norma nacional de dejar la tasa de reposición de empleo de los funcionarios jubilados en un máximo del 10% para el año 2011. Por cada diez funcionarios jubilados, el Principado sólo podrá contratar uno nuevo. La aplicación de esta medida demuestra la rigidez de la Administración pública a la hora de gestionar las necesidades de personal.

La lucha contra el déficit público es el principal objetivo del Gobierno, una meta que pasa por la reducción de la masa salarial de las administraciones. La rebaja del techo de gasto de los Presupuestos del Principado para el próximo año, fijada por el presidente Areces en el 6%, tiene que ir acompañada de un descenso de la masa salarial. Hay dos vías para hacerlo: menos contrataciones o reducción generalizada de sueldos. Ningún camino es indoloro, pero el incumplimiento en el control del déficit traería consecuencias mucho más dañinas para el empleo. Las medidas urgentes a aplicar, derivadas de una coyuntura difícil, deben ir acompañadas de una reflexión sobre el camino a seguir a medio plazo. El Principado tiene unas funciones públicas que atender, pero no está obligado a cumplir todas las misiones con empleados públicos. El papel de la Administración es definir las prestaciones que presta sin perjuicio de que la gestión de las mismas pueda ser por concierto con la iniciativa privada. Hay algunos servicios, relacionados con limpieza y mantenimiento, que se cubren generalmente mediante contratas, pero otras muchas funciones se pueden externalizar, reduciendo la carga de las nóminas sobre el presupuesto. Al ciudadano le preocupan la calidad de los servicios públicos, no la modalidad laboral de sus empleados.