A la fuerza ahorcan

Empresas públicas asturianas: entre la fusión y la desaparición

El Gobierno reorienta más de 160 millones de sus organismos públicos para emplearlos en inversión en 2011

03.12.10 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

El mapa de los organismos públicos en Asturias debe cambiar y adaptarse a la nueva realidad de la región. Esta es la idea que tiene el Principado y que podría derivar a medio plazo en una transformación de este sector. La introducción, como disposición adicional en la ley de acompañamiento de los presupuestos, de la cláusula que permite al Ejecutivo suprimir entidades si lo considera oportuno es un primer paso que, además, allana un camino por el que nadie descarta transitar en el futuro.

«Es la expresión jurídica de un planteamiento de austeridad». Con estas palabras explican el porqué de una iniciativa que, según la Administración, permitirá optimizar al máximo el funcionamiento de las empresas públicas.

Desde el Gobierno asturiano abogan por replantearse la actual estructura y adaptarla tanto a la realidad de Asturias como al nuevo contexto económico. Así, se cuestiona la viabilidad de algunas entidades de titularidad pública que, en el presente escenario, pueden no tener encaje. «Es posible que algunos organismos ya no respondan a los mismos objetivos por los que fueron creados o que esos mismos objetivos hayan cambiado», explican las fuentes consultadas. El Gobierno ha realizado diversos análisis en busca de respuestas que permitan a la Administración recortar aún más los gastos y rentabilizar al máximo el conglomerado de organismos de titularidad pública.

La salida, reconocen, puede ser la fusión de algunas entidades que pasarían a trabajar conjuntamente en una misma estrategia. El ejemplo que mejor puede ilustrar esta reorganización es lo que ha pasado con la Sociedad Regional de Turismo y Recrea, la entidad pública creada en 2006 encargada de gestionar el Museo del Jurásico, el Parque de la Prehistoria de Teverga, Fuentes de Invierno y Laboral Ciudad de la Cultura. Ambos organismos trabajaban en el fomento de la industria turística desde ámbitos diferentes. «No tenía sentido que desarrollaran su acción por separado», aseguran. Desde hace un mes, los empleados de los dos organismos comparten el mismo espacio de trabajo -lo que generó polémica por el traslado de la SRT de Llanera a Gijón-, lo cual permite una mayor coordinación y evita solapamientos.

«Se puede caminar en esa dirección», apuntan desde el Principado, donde no se descarta plantear una concentración mayor de las entidades públicas, aunque no se hará en los próximos meses. Insisten en que la disposición adicional, incluida en la ley de acompañamiento, que se aprobará de forma paralela a los presupuestos de 2011, es un «instrumento» que abre la puerta a la reestructuración del sector, pero eso no significa que tenga que hacerse de inmediato.

Argumentos políticos

A lo largo de la presente legislatura, el Partido Popular ha utilizado el, según ellos, «excesivo» volumen de las entidades públicas como ariete para atacar la gestión del Gobierno. En múltiples comparecencias en el Parlamento, la oposición ha denunciado el gasto que supone para las arcas autonómicas el mantenimiento de lo que ellos denominan como 'chiringuitos' socialistas. Ante las críticas del PP, el consejero de Economía y Hacienda ha defendido sin titubear la estructura del sector público en el Principado. Ha insistido en que las entidades que funcionan en Asturias tienen un porqué y retó en más de una ocasión a la oposición a pronunciarse sobre cuáles deben suprimirse.

No parece que esos argumentos tengan validez en el nuevo contexto y más después de que se apruebe el mecanismo que permite al Gobierno derogar leyes y eliminar aquellas entidades públicas que considere oportunas. De momento y ante el desafío que ha supuesto la confección del presupuesto regional para 2011, el Principado ha instado a las entidades públicas a apretarse el cinturón y asumir los recortes que se han extendido en toda la Administración regional. En concreto, según pudo saber este periódico, las entidades de titularidad pública han conseguido ahorrar del capítulo de gasto corriente para el próximo año una cantidad cercana a los 165 millones de euros.

Este dinero se ha reorientado hacia el capítulo de inversión, pero sin salir de las cuentas de las propias entidades públicas. Es decir, son las propias sociedades las que participan de la estrategia diseñada por el Ejecutivo para estimular la actividad económica a pesar de los ajustes planteados y que impiden recurrir a más deuda.