El acto de presentación de la ILP en el Congreso el jueves, irá acompañada de la expresión del rechazo de los sindicatos a la decisión del Gobierno de aprobar la reforma de pensiones el próximo 28 de enero

Toxo y Méndez protestan en el Congreso por el adelanto en la reforma de las pensiones

CCOO y UGT registrarán este jueves en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretenden modificar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y aprovecharán también este acto para manifestar su rechazo a que el Gobierno haya adelantado al 28 de enero la aprobación de la reforma de las pensiones.

nuevatribuna.es | 07.12.2010

Serán los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, quienes acudirán el jueves a la Cámara Baja para presentar esta ILP, que ha sido definida por las organizaciones sindicales como una "enmienda a la totalidad" de la reforma laboral.

Los sindicatos interpretan esta iniciativa como una "oportunidad" para los Grupos Parlamentarios de rectificar la reforma laboral aprobada en septiembre.

Esta proposición de ley necesita 500.000 firmas para su tramitación en la Cámara Baja, pero los sindicatos esperan superar esta cifra y hacerlo antes de los nueve meses estipulados legalmente desde su registro.

La ILP de los sindicatos tiene forma de proposición de ley, por lo que es todo un texto articulado en el que tratan de corregir los aspectos más lesivos de la reforma y con el que también quieren demostrar que las organizaciones sindicales tienen una "alternativa" al modelo de relaciones laborales que aprobó el Gobierno con el apoyo del Parlamento.

Así pues, los sindicatos pretender "enmendar" las modificaciones introducidas en el mercado laboral por decreto y que posteriormente superaron el filtro parlamentario.

La propuesta sindical recupera la causalidad en el despido y la figura del despido nulo, actúa sobre el contrato de 33 días devolviéndole su naturaleza original, penaliza la contratación temporal vía cotización al desempleo y bonifica la indefinida, entre otras muchas medidas.

CONTRA LA REFORMA DE LA PENSIONES

Aprovechando el acto de presentación de esta ILP en el Congreso, fuentes sindicales indicaron que miembros de la Ejecutiva de CCOO y UGT se desplazarán también a la Cámara Baja para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno de aprobar la reforma de pensiones el próximo 28 de enero, adelantando en dos meses la fecha prevista.

Por su parte, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha insistido este martes en que la reforma de las pensiones en España es prioritaria para la UE y ha asegurado que el apoyo del Eurogrupo al nuevo plan del Gobierno contra la crisis de deuda se debe sobre todo a que su aprobación se ha adelantado al 28 de enero.

"La medida más importante, la que va a garantizar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas en el medio plazo, es la reforma de las pensiones y en esa estamos concentrando los esfuerzos", ha señalado Salgado en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Economía de la UE.

"El hecho de que nos hayamos comprometido a presentar un texto el 28 de enero, yo creo que, individualmente, es la medida que más efecto ha tenido en ese apoyo unánime por parte del Eurogrupo", ha resaltado la vicepresidenta. El Gobierno quiere retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y ampliar el periodo de cómputo para calcular la cuantía de las pensiones.

EL SUPREMO RECHAZA EL RECURSO DEL PP

Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó el 8 de noviembre el Grupo Parlamentario Popular contra la decisión del Gobierno de no prestar su conformidad a la tramitación de una proposición de Ley de dicho grupo para revalorizar las pensiones y neutralizar las medidas 'antidéficit' adoptadas por el Ejecutivo, que contemplaban la congelación de las pensiones.

Según ha informado el Ministerio de la Presidencia, en un Auto, fechado el 25 de noviembre, se declara de oficio la falta de jurisdicción del Tribunal Supremo para resolver dicho recurso, ya que, según el propio Tribunal, se trata de "una potestad del Gobierno reconocida en el artículo 134.6 de la Constitución ejercida en el ámbito de actividad parlamentaria, que en modo alguno constituye un acto susceptible de control en vía jurisdiccional contencioso administrativa".

El pasado 3 de noviembre, el Gobierno decidió vetar la tramitación de 22 enmiendas parciales al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, entre ellas las presentadas por PP, ERC, IU, ICV, BNG, UPyD, Nafarroa Bai y UpyD para que se derogara la congelación de las pensiones el próximo año y para que se incrementaran un 1%.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha manifestado que el Tribunal Supremo ha confirmado la "validez jurídica" de la utilización por parte del Gobierno del veto a las iniciativas parlamentarias que supongan incremento de gasto presupuestario, que está previsto en la Constitución y en el Reglamento de la Cámara, y que las quejas y acusaciones que recibió el Ejecutivo por el uso de este instrumento han quedado "deslegitimadas" y se han demostrado "carentes de razón" por el máximo tribunal.