Los agujeros de la Ley de Contratos

El sistema de compras centralizadas, pensado para ahorrar dinero a la administración, también ofrece margen para la opacidad

La norma permite relajar los controles en las adjudicaciones de menor cuantía

El Comercio. 27.01.11 - R. MUÑIZ

Algo ha tenido que fallar para que un exconsejero, una exdirectora general y una funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores hayan sido detenidos. La legislación prevé una serie de filtros antes y después de celebrar cada contrato, procedimientos de control que «han fallado clamorosamente». Así coinciden los juristas independientes que trabajan a diario con las administraciones municipales y regionales, una experiencia de la que sacan también una importante observación: «A veces la norma permite también sacar adelante adjudicaciones que chirrían por todos los lados, pero que jurídicamente no tienen nada reprochable». Explicamos junto a ellos las salvaguardas y déficits que rodean cada proceso de contratación.

Por debajo de 18.000 euros

Son «el pozo de todo el asunto». Cualquier órgano contractual tiene potestad para firmarlos sin recurrir a una licitación pública ni convocar a la mesa de contratación. Están pensados para cubrir con agilidad cuestiones de gasto corriente. «La norma permite discrecionalidad, pero no arbitrariedad», expone un catedrático de Derecho Administrativo. En teoría, el órgano contractual debe motivar y razonar por qué recurre a esta figura. En la práctica, las administraciones no están obligadas a publicar este tipo de encargos, algo que reclama IU. Dar luz a la contratación directa «acabaría con una situación relativamente frecuente: algunos municipios trocean encargos de mayor cuantía para poder despacharlos bajo esta figura». La Consejería de Administraciones Públicas asegura que bajo esta figura la funcionaria Marta Renedo Avilés logró adjudicar a su empresa, Implans Mounts S. L., una serie de contratos por valor de «más de 600.000 euros» durante dos años. Para ello le bastó con falsificar la firma de su superior, José Alberto Pérez Cueto, autorizado a formalizar este tipo de contratos.

Entre 18.000 y 100.000

Se dividen en dos tramos. Hasta los 60.000 euros existe una tramitación negociada, pero sin publicidad. La administración en cuestión elige libremente a tres empresas o particulares que considere oportunos y les invita a participar en el proceso. Posteriormente, una mesa de contratación ya bajo control funcionarial elige a uno de ellos según el precio y los méritos apreciados. La contratación resultante sí debe ser publicada. El problema reside en la discrecionalidad que tiene el órgano contratante para repartir las tres invitaciones iniciales: «No es extraño que el político de turno reserve una para la persona a la que en realidad quiere, y las otras dos las remita a gente con pocas posibilidades». Entre los 60.000 y los 100.000 euros el procedimiento es similar aunque la invitación inicial sí se publica.

Por encima de 100.000

Dada la envergadura del encargo, la norma obliga a ofrecerlo mediante una licitación abierta. Las figuras son variadas, la fiscalización «muy minuciosa». Aquí las únicas posibilidades de influir pasan por tener muy controlados a los componentes de la mesa de contratación.

Compras centralizadas

Dos puntos «escasamente desarrollados» en la Ley de Contratos del Sector públicos permiten un proceso excepcional «que en principio estaba pensado para la adquisición de material fungible», esto es, consumibles como bolígrafos y papel. Cada cuatro años y mediante un pliego se eligen una serie de proveedores oficiales; luego cada consejería o ayuntamiento «puedes hacerles el encargo directamente». El contrato no pasa por ninguna mesa de contratación ni requiere de informe previo de los interventores. Los proveedores ofrecen los mismos productos con precios dispares y la norma no obliga a elegir la opción más barata.

Control a factura pasada

Hay dos figuras que los juristas consultados consideran «esenciales» en toda la trama investigada: la del secretario general técnico y el interventor. Cada consejería cuenta con uno de estos funcionarios de alto nivel y «la legislación descarga en ellos la grave responsabilidad de fiscalizar todas las facturas de cada departamento». En la Consejería de Educación sorprenden por la poca continuidad de estos funcionarios: en los últimos cuatro años de Riopedre desfilaron cuatro secretarios generales técnicos distintos. En el caso de la funcionaria de Administraciones Públicas, la presunta irregularidad fue destapada por su superior, Pérez Cueto, «al que cada quince días le deben remitir un informe con los gastos en los que ha incurrido su departamento para que revise si todo está funcionando correctamente».