¿Redescubrimos lo evidente y obvio?

Los expertos dicen que la «dedocracia» aumenta las posibilidades de corrupción

La libre designación deja en manos del cargo político el destino del funcionario, que pierde así su independencia, alertan los juristas

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ, en La Nueva España
El abuso de la libre designación -la «dedocracia»- para cubrir los puestos más «sensibles» del organigrama funcionarial y el poco peso que tienen los órganos de fiscalización del dinero público son los principales motivos que juristas, politólogos, políticos y sindicalistas ven tras las tramas de corrupción que aparecen en las distintas administraciones españolas. Una polémica que desde hace siete días golpea a Asturias tras la detención el pasado lunes del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre y otras cuatro personas en la «operación Marea», en la que se está investigando una supuesta trama corrupta en el seno de la Administración regional.

Los juristas consultados ayer por este periódico, todos ellos expertos en Derecho Administrativo, coinciden, de una manera más o menos vehemente, en la necesidad de que los funcionarios por cuyas manos pasan asuntos como las contrataciones logren su puesto mediante un concurso de méritos y no sean elegidos por un cargo político a través de la libre designación y así garantizar su independencia. Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y eurodiputado de UPyD, define la situación de esta manera: «La política está avasallando a la Administración pública».

Sosa Wagner considera que «desde hace mucho tiempo la Administración se ha convertido en el botín de los partidos mayoritarios», ya que las fuerzas políticas «han puesto sus manos sucias en espacios que no les corresponden» como los empleos públicos. Esto, según Sosa Wagner, se ha venido haciendo a través de tres vías: la contratación de personal eventual, la figura del trabajador público contratado y la libre designación. «A esto se le puede poner remedio con recetas ya estudiadas: las oposiciones públicas, los temarios, los exámenes...», enlaza. En resumen, «restaurar los principios de mérito y capacidad» para acceder a los empleos públicos.

¿Y qué hay de los controles? Pues para Sosa Wagner «han fallado porque se han suprimido». En el caso del Principado pone como ejemplo la Sindicatura de Cuentas, que «muchas veces ha dicho cosas muy importantes pero nadie le ha hecho caso». Y en lo que se refiere a los ayuntamientos, señala cómo las figuras de los secretarios e interventores se han ido domesticando «con el dedo», en referencia a la libre designación.

Por su parte, para Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, la corrupción «no es un problema legislativo» ya que «en los últimos quince años la ley de contratos públicos se ha cambiado cuatro veces». Y tampoco es problema de las leyes españolas, ya que la actual «es una suma de directivas comunitarias». Tolivar entiende que «hay fallos porque el infractor es más inteligente que el legislador».

Aunque dicho esto, Tolivar reconoce que «la figura del funcionario a merced del poder existe». Por eso entiende que «el funcionario no debe cambiar de puesto tras los cambios políticos, debe existir una continuidad». Esta argumentación lleva a Tolivar a añadir que por eso hay que «restringir al máximo la libre designación para los puestos que no sean de confianza, como lo es una secretaria o un jefe de gabinete».

Javier Junceda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Cataluña, tiene claro que «a menor independencia del funcionario, menor aplicación de la ley». Y es que Junceda señala que en las tramas de corrupción en la Administración no sólo están implicados políticos, sino también funcionarios. «Por eso un político corrupto no tiene nada que hacer cuando se encuentra con un funcionario serio», explica el catedrático.

Javier Junceda también apuesta por aumentar la transparencia en la gestión pública, como es la publicación de las adjudicaciones de los contratos menores y la creación de un sistema informático que encienda la luz de alarma en el caso de que muchos de estos contratos vayan a parar a las mismas empresas.

Por su parte, Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Oviedo, asegura que situaciones como la de la «operación Marea» ponen de manifiesto que «los controles no son suficientes». Buznego destaca cómo el órgano de control del Principado, la Sindicatura de Cuentas, «ha estado sometida a la discusión política, lo que indica que no se ha asumido del todo el papel que le corresponde». Este politólogo cree que se ha llegado «a una relación tan estrecha entre los políticos y los funcionarios que hace que cada uno no cumpla con su papel».

Mientras, Xabel Villa, miembro de Conceyu por otra función pública en Asturies, insiste en la «extensión desaforada de la libre designación, en la omisión de los concursos de méritos y en la constante huida del derecho administrativo a través de las empresas públicas». «Al final lo que se produce es la degeneración de la función pública que debe estar al servicio de los ciudadanos», sentencia.

Desde el PP, José Cuervas-Mons, diputado regional, abunda en los «pecados» de tener «una Administración paralela como los chiringuitos» o de no haber tenido en cuenta las denuncias de los populares y de la Sindicatura. Y Marco García, del sindicato CSI, asegura que la Administración «se ha convertido en el patio particular del Gobierno que quiere acabar con la independencia del funcionario».