Por Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

El arzobispo de Canterbury de Gran Bretaña y el presidente Mas de la Generalitat de Catalunya
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El arzobispo de Canterbury, el Sr. Rowan Williams, es la máxima autoridad eclesiástica de Gran Bretaña. Preside y dirige la Iglesia Anglicana de aquel país. Su cargo es semejante al del Cardenal Rouco Varela en España o al Cardenal Martínez Sistach, en Catalunya. Dirige la comunidad eclesiástica del país. Hace unos días, el Sr. Williams publicó un artículo en el seminario New Statesman (09.06.11) que ha creado un gran revuelo en aquel país. En el artículo, el arzobispo no sólo critica al gobierno conservador-neoliberal, presidido por David Cameron, por sus recortes de gasto público, incluso gasto público social (que está afectando negativamente la calidad de los servicios públicos del estado del bienestar tales como sanidad, educación y servicios sociales, entre otros), sino que cuestiona la moralidad e incluso la legitimidad democrática de tales medidas, pues el gobierno Cameron las llevó a cabo inmediatamente después de salir elegido, sin que estos recortes estuvieran anunciados en su programa electoral.
El Arzobispo Williams sostiene que no es moral ni democrático que un partido, que en su programa electoral no incluía tales recortes (y que, además, su líder, el Sr. David Cameron, había subrayado durante la campaña electoral que no haría recortes de gasto público social) que ahora los estuviera haciendo, habiendo iniciado los recortes sólo días después de salir elegido. El arzobispo añadía que estas prácticas no sólo muestran la falta de credibilidad del dirigente conservador, sino su muy limitada conciencia democrática. Es más, el arzobispo añadía que el argumento que David Cameron estaba utilizando para llevar a cabo estos recortes, indicando que el déficit público era mayor de lo que se esperaba, era precisamente una excusa para desarrollar lo que obviamente ya estaba planificado.
El arzobispo añadió que la democracia exige a los gobernantes que hagan e implementen las políticas públicas que les instruyen los gobernados. Una democracia representativa no es sostenible, ni ética, ni políticamente, cuando lo que hacen los gobernantes va en contra de lo que desean los gobernados. Y tales recortes son enormemente impopulares. El argumento tradicional que el discurso político da a esta situación es que la población puede expresar su desacuerdo en las próximas elecciones, cuatro años después de que aquellos recortes hubieran ocurrido. No es de extrañar que la población no sea muy receptiva a este mensaje que reproduce una concepción muy limitada de lo que es democracia, pues limita tal proceso al hecho de votar cada cuatro años, lo cual es claramente insuficiente. Lo que ocurre dentro de este periodo, subraya el arzobispo, es también sujeto de decisión colectiva, que requiere lealtad al electorado y participación ciudadana.
Lamento que las autoridades eclesiásticas españolas y catalanas no tengan la talla moral y conciencia democrática del arzobispo de Canterbury, porque tanto el gobierno conservador-liberal (en realidad, neoliberal), recientemente elegido en la Generalitat de Catalunya, como el gobierno Zapatero, están haciendo lo mismo que el gobierno conservador liberal británico, sin que haya habido una protesta de tales y otras instituciones del establishment catalán y español en contra de tales políticas. El programa electoral de CiU y el del PSOE no incluyen en ninguna parte la realización de los recortes muy sustanciales que están ocurriendo en los fondos asignados a los servicios del estado del bienestar. Es más, tanto el Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas como el Presidente del gobierno español. El Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, indicaron en sus campañas electorales que no harían tales recortes, promesas que, obviamente, no respetaron.
Frente a la protesta por tales recortes, llevada a cabo por los indignados de la Plaza Catalunya (y antes por los sindicatos), el Sr. Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Catalunya, les contestó que “la mayoría silenciosa” ya había hablado días antes en las elecciones municipales, en las que el Presidente Mas subrayó que el partido gobernante en Catalunya había salido vencedor. En esta respuesta hay varios errores, empíricos y conceptuales. Primero, los datos empíricos. Sumando los votos a los partidos de izquierda en Catalunya, resulta que las izquierdas consiguieron más votos que los que recogieron los partidos de las derechas y ello, por cierto, a pesar de la enorme abstención que, en estas elecciones, provenía más del electorado de izquierdas que del de derechas. El sesgo conservador de la ley electoral catalana (que es una mera réplica de la altamente sesgada ley electoral española) explica en parte este hecho. La población de Catalunya es mayoritariamente de izquierdas, aún cuando los escaños en el Parlament y en los municipios no reflejen esta realidad.
La representatividad limitada de las instituciones representativas catalanas y españolas explica que aún cuando las derechas dominan las instituciones legislativas en Catalunya hoy, la mayoría de la población simpatiza con las denuncias realizadas por el movimiento de los indignados y se opone a los recortes del gasto público social. Y ello a pesar de que la gran mayoría de los medios de información y persuasión, incluyendo los públicos de la Generalitat de Catalunya, como TV3 y Catalunya Ràdio, han promovido la necesidad de tales recortes, limitándose el debate existente en tales medios a como realizar los recortes, sin nunca (o raramente) citar como alternativa a los recortes, el aumento de los impuestos de las rentas superiores (que han visto disminuir sus impuestos considerablemente durante los últimos quince años) y de los grandes grupos bancarios y empresariales. Es interesante subrayar que tales medios dieron amplia cobertura mediática a las sesiones del Círculo de Economía que apoyaron por grandes mayorías las políticas de recortes de gasto público social, sin citar ni una vez que gran número de los directivos de grandes empresas presentes en la audiencia y participantes en los debates, eran responsables del fraude fiscal de muchas de sus empresas, depositando fondos en los paraísos fiscales.
No es, por lo tanto, sorprendente que el pasado domingo viéramos en Barcelona una de las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia de Catalunya. Está claro que estas manifestaciones han cogido por sorpresa a los establishments políticos y mediáticos del país. El hecho de que se sorprendieran muestra la enorme distancia que existe en nuestro país entre las elites gobernantes y mediáticas del país y las clases populares. No debía haber sido una sorpresa que surgiera un movimiento, muy positivo, que cuestionara las enormes limitaciones de la democracia española exigiendo su profunda reforma, rompiendo con los obstáculos a su plena realización, que la transición inmodélica de la dictadura a la democracia dominada por las fuerzas conservadoras impuso sobre la población española. Lo que estamos viendo ahora es una demanda generalizada de que ocurra una segunda transición, que vaya de la democracia muy incompleta que tenemos a una democracia de elevada calidad, que la población desea y se merece.