Salud Laboral: el por qué del incremento de la siniestralidad está claro, ahora sólo falta la voluntad política para poner el remedio

El teniente fiscal del Supremo afirma que la prevención laboral cae con la crisis

Oviedo, L. Á. V., en La Nueva España
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, advirtió ayer de que la crisis está motivando un descenso en las condiciones de seguridad laboral y en la exigencia por parte de los trabajadores de mejoras en materia de prevención, debido al temor a perder el puesto de trabajo. El fiscal añadió que, pese a la escasez de empleo, los trabajadores no deben aceptar carencias de seguridad. Martín-Casallo, miembro de la Unión de Progresista de Fiscales (UPF), abrió las Jornadas sobre tratamiento penal de los delitos contra la salud y la seguridad en el trabajo, que dirige la magistrada Ana María Álvarez, de la sección tercera de la Audiencia, con una ponencia en la que se planteó si el derecho penal era una respuesta adecuada para la protección de los riesgos laborales.

La respuesta ofrecida por el teniente fiscal -que, en otro orden de cosas, ha defendido la actuación del juez Baltasar Garzón y eludió acusar al presidente del Congreso, José Bono, y al vicepresidente, Manuel Chaves- es que, en este campo, el derecho penal» debería ser el último recurso». Para Martín-Casallo, deberían «modularse todos los resortes que tiene el Estado, como es su potestad sancionadora de infracciones de normas de seguridad laboral, de forma que el derecho penal sólo entre en juego para actuar en las últimas consecuencias, cuando se produzcan infracciones muy graves».

Otro fiscal, esta vez de la Audiencia de Córdoba, Fernando Sobrón, aseguró que las calificaciones por infracciones en materia de seguridad «se han multiplicado por tres o por cuatro», hasta el punto de que la Fiscalía no tiene capacidad para investigar todos los accidentes, que en algunos casos no deberían siquiera recibir ese nombre, sino ser considerados directamente como ilícitos penales. De hecho, indicó, los accidentes leves no se investigan.

Sobrón advirtió sobre la tendencia a «hacer descargar la responsabilidad del que debiera velar por la seguridad sobre aquellos trabajadores que hayan actuado fuera de las normas», y hay que analizar si la actitud negligente que conduce a los siniestros por parte de los trabajadores no está motivada realmente «por la exigencia de una celeridad anormal en el cumplimiento de su trabajo». El fiscal pidió una legislación específica en esta materia, al considerar demasiado amplio el artículo 316 del Código Penal.

El magistrado Joaquín Colubi, titular del Juzgado de instrucción número 7 de Avilés, que ha investigado cinco accidentes laborales con fallecido en tres años, reclamó una mayor diligencia a la hora de tomar testimonio a los testigos de los accidentes, con el fin de evitar que sean manipulados. Alejandro Cabrero, jefe de la unidad especializada de salud laboral de la Inspección de Trabajo, resaltó la escasez de medios, que se suple con la colaboración con la Policía judicial.


VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA