Los acreedores demandantes consideran que en la gestión pudo producirse alzamiento de bienes

La gestión de la cartográfica Venturo XXI llega mañana al Juzgado

La vista determinará si el concurso de acreedores fue «culpable», lo que puede abrir la puerta a denuncias penales

Foto: Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción
Langreo, L. M. D., en La Nueva España

La sala del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo acoge mañana, a partir de las 10:00 horas, la vista en la que se decidirá si sigue adelante la acusación particular contra el consejo de administración de Venturo XXI, a cuyos componentes una empresa acreedora acusa de llevar voluntariamente la empresa a la quiebra en la que se encuentra (está en proceso de liquidación).

El consejo de administración de Venturo XXI estaba compuesto por sus dos promotores privados, los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado, propietarios del 51% del capital; Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), que manejaba el 21% del capital, y Manuel Fernández, representante de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), que depende de Hunosa, y que contaba con otro 21% de la propiedad. El 7% restante pertenecía a Sodeco (Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras).

La vista tiene como objetivo determinar, como afirmó la Fiscalía en su informe -no así los administradores concursales- si el concurso de acreedores al que se vio sometida la firma es «culpable» o no. En caso de que se establezca que el concurso fue «culpable», se dejaría la puerta abierta a las acciones judiciales por vía penal que han planteado empresas acreedoras de la cartográfica Venturo XXI contra los responsables de la compañía. Estos acreedores consideran que en la gestión pudo producirse alzamiento de bienes.

En la vista se aportarán tres tipos de pruebas: documentales, basadas principalmente en los documentos aportados por la propia Venturo XXI y por el informe de los administradores concursales; de carácter pericial, que desarrollará, en principio, el economista José Mantava Llorens, y testificales, en las que se va a citar a otro perito, Joaquín Fanjul García.

Venturo XXI se instaló en el valle de La Güeria en el año 2005. Recibió 1,2 millones de euros de los fondos mineros en ayudas, además de subvenciones a la formación de los empleados y un crédito «blando» de Sodeco valorado en 2 millones de euros. Llegó a contar con más de un centenar de empleados, pero cuando cerró finalmente, hace ya más de un año, tenía en plantilla a un total de 73 trabajadores. En su gestión hay puntos muy oscuros, como la compra del edificio del pozo Venturo, que inicialmente se arregló con fondos públicos y luego fue vendido por Hunosa a la empresa cuando ya estaba en crisis por sólo 380.000 euros.


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