El artículo de La Nueva España de hoy que capta más nuestra atención: El PSOE censura la nueva reorganización de los médicos del ambulatorio de la Lila
Vaya por delante mi comentario:
Foto: Pilar Alonso, portavoz del PSOE en la JGPA para temas sanitarios.Resulta cuando menos paradójico que la Junta de Personal del área IV haya puesto el grito en el cielo por los irrisorios gastos en luz y agua que supone mantener abierto el Centro de Salud de La Fresneda para su utilización por los ciudadanos en las actividades del Proyecto Fresneda y nada diga ahora del ingente despilfarro que supone tener profesionales acumulando cupos en jornada semanal de 12 horas y media en el Ambulatorio de La Lila de Oviedo para preservar unos emolumentos que, en muchos casos, llegan a estar por encima de los 3.000 euros/mensuales Si, se lee bien, ¡¡3.000 euros por 50 horas al mes de trabajo!!
Gestión eficaz, eficiente y austera, solemos decir todos más en los tiempos de crisis que vivimos pero sólo cuando nos interesa, esa es la máxima de algunos: el SESPA que estudia dar marcha atrás en los cambios de La Lila, la Junta de Personal que calla y otorga en una ahorro de 23.000 euros mensuales y protesta por los 50 euros al mes de lo de La Fresneda
La realidad, contada sin ambages ni tapujos, ya la insinuaba el periodista que firma el artículo cuando salió este tema a la palestra hace una semana: entre los afectados (los médicos de cupo de La Lila) figuran profesionales que, por diversas razones, tienen influencia en los ámbitos de decisión política (penúltimo párrafo de dicho artículo) Y, como es fácil de deducir, si tienen influencia a ese nivel, ¿qué no tendrán en la Junta de Personal del área IV?.
De Perogrullo, además de un insulto a la inteligencia, es que por todo argumento a favor de dar marcha atrás en una medida de buena gestión se diga que así se evitan la judicialización del tema Bueno, pues la Junta de Personal del área IV, con todos los sindicatos en ella representados, pueden aprovechar para decirle al SESPA que todo aquello que tienen judicializado para otros trabajadores y ámbitos también lo asuman para evitar judicializaciones
En fin, el tema va a ser materia de debate en la Junta General del Principado porque lo lleva el PSOE ¡¡menos mal que todavía queda algo de sensatez y cordura frente a tanta influencia e interés!! aunque eso no garantiza ningún resultado final satisfactorio a todo esto.
El PSOE censura la nueva reorganización de los médicos del ambulatorio de la Lila
«La Administración tiene que defender el interés general, no el particular», dicen los socialistas
Navia-Osorio deberá explicar el cambio en la Junta
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España
La diputada autonómica del PSOE Pilar Alonso censuró ayer la medida que sopesa la Consejería de Sanidad del Principado de anular una reforma organizativa que afecta a 40 especialistas del ambulatorio ovetense de la Lila. La reordenación arbitrada por el anterior Ejecutivo había reducido el número de pacientes de estos facultativos y, como consecuencia, sus retribuciones en un promedio de unos 600 euros mensuales.
Con este cambio, aplicado la pasada primavera, el Gobierno de Areces aspiraba a ahorrar casi 300.000 euros anuales y a ajustar los cupos de pacientes a la normativa vigente. «La Administración tiene que defender intereses generales y no particulares», subrayó la diputada socialista.
El PSOE tiene previsto solicitar una comparecencia del consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, en la Junta General del Principado para que exponga con detalle su postura. «No nos creemos que el motivo sea evitar la judicialización del caso. Pensamos que hay otros motivos y el consejero tiene que explicarlos en el Parlamento», señaló Pilar Alonso.
El PSOE quiere conocer qué razones han conducido a la Consejería a cuestionar «una reforma organizativa que, por un lado, implica un ahorro en un contexto de crisis y que, por otro, ha mejorado la calidad del servicio sanitario, porque permite disponer de médicos que trabajan 35 horas».
La citada alusión a la jornada de 35 horas semanales obedece a que los denominados médicos «de cupo» -los afectados por los citados cambios- trabajan dos horas y media diarias (doce y media a la semana), pese a lo cual sus salarios pueden rebasar en algunos casos los 3.000 euros mensuales. Unas cifras «totalmente inexplicables en estos momentos de crisis y de ajustes», a juicio de la diputada del PSOE.
El dinero que se ahorró con la medida aplicada por el anterior Gobierno se empleó parcialmente en contratar médicos para el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pues los pacientes que se quitaron a los médicos de cupo fueron asignados a los correspondientes servicios del complejo hospitalario. Los actuales responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) argumentaron la semana pasada, en declaraciones a este periódico, que estas contrataciones prácticamente han neutralizado el ahorro conseguido con la rebaja de los salarios. Y añadieron que la reorganización dejó con escaso trabajo a los médicos de cupo y, en cambio, aumentó las listas de espera del HUCA.
Los médicos de cupo son un grupo de facultativos encuadrados en una estructura organizativa antigua que tiende a la extinción, pero en la que aún quedan facultativos. En su mayoría son interinos que en su día ejercieron como ayudantes del médico titular del cupo. Aunque muchos de los titulares del cupo se jubilaron, los ayudantes siguieron en sus puestos, si bien legalmente cabía la posibilidad de desalojarlos de sus plazas. Cuando se jubilen, algunos de ellos habrán sido interinos durante toda su trayectoria profesional.
La mencionada relación jornada-sueldo explica que estos profesionales suelan rechazar la posibilidad de «jerarquizarse» (convertirse en especialistas adscritos a servicios hospitalarios), ya que pasarían a trabajar 35 horas semanales y sus emolumentos crecerían en una proporción muy inferior. En las plazas de ayudantes que hasta el momento han sido amortizadas, los interinos que las ocupaban fueron jerarquizados, en algunos casos contra su voluntad.
El cambio organizativo de la pasada primavera implicó un ahorro que el Ejecutivo de Areces cuantificó en casi 23.000 euros mensuales, en torno a 600 euros de media por cada profesional, aunque la cifra para algunos de ellos fue superior. Esta merma de ingresos ha llevado a una parte del colectivo a presentar recursos administrativos que podrían acabar en los tribunales.
«No tiene sentido echar atrás cambios que se basan en sentencias del Supremo»
Oviedo, P. Á., en La Nueva España
«Hay sentencias del Tribunal Supremo que respaldan la reforma organizativa del Gobierno anterior», afirmó ayer la diputada regional del PSOE Pilar Alonso. La representante socialista se refiere, por ejemplo, a dos resoluciones de la Sala IV de lo Social del Alto Tribunal fechadas, respectivamente, el 28 de junio de 2001 y el 17 de abril de 2002.
Una de estas sentencias señala que es ajustado a derecho amortizar las plazas de los médicos de cupo «tan pronto queden vacantes». Pilar Alonso enfatiza que «no tiene sentido echar atrás cambios que se basan en sentencias del Supremo». Con esta aseveración, la diputada del PSOE rebate la tesis empleada por fuentes del Servicio de Salud del Principado (Sespa), según las cuales una de las razones de la anulación de la anterior reforma sería «evitar una judicialización del asunto».
El Gobierno de Areces decidió la pasada primavera reducir la cifra de pacientes a los que habían de atender 40 médicos del ambulatorio de la Lila de Oviedo alegando que era necesario «ajustarla a la legalidad vigente» sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La medida implicó un ahorro que el anterior Ejecutivo cuantificó en casi 300.000 euros anuales. Los facultativos afectados sufrieron una disminución de las retribuciones en un promedio de unos 600 euros mensuales. Algunos han impugnado el cambio.
Los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad y del Sespa estudian echar atrás esta reforma. Argumentan que ha dejado casi sin trabajo a los especialistas de la Lila y que ha sobrecargado a los del Hospital Central de Asturias. Además, afirman que quieren evitar la judicialización de la medida.
El PSOE critica la postura del actual Gobierno. Sostiene que puede basarse en intereses particulares y no en el interés general. Los socialistas pedirán la comparecencia del consejero en la Junta General del Principado.
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