Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) responden.

Foto: Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

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GESTHA.

Los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, creados en el año 1978, son, con un total de 8.000 técnicos, el colectivo más representativo dentro de este Ministerio y de la Agencia Tributaria. En la actualidad, los Técnicos del Ministerio de Hacienda realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz, con una estructura que garantice las necesidades del servicio público de un modo más eficiente y racional. Precisamente, con esta vocación, Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las Leyes tributarias, la lucha contra el fraude y el control del gasto público y las subvenciones. En la actualidad, la economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, lo que representa el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de otros países de nuestro entorno, como Alemania o Francia.

¿Quién carga en España con el peso del fraude fiscal?

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado recientemente nuevos datos de su estudio 'Opinión pública y política fiscal', en los que llama especialmente la atención que un 82% de los españoles considere que en nuestro país los impuestos "no se cobran con justicia", y un 84% perciba que existe "bastante o mucho fraude fiscal".

Ante este panorama urge analizar quiénes son los verdaderos responsables del fraude fiscal en nuestro país. Así, lo primero que cabe destacar es que de la evasión fiscal que se produce cada año en España, cercana a los 60.000 millones de euros, cerca del 72% (42.700 millones de euros) corresponde a las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos.

De este modo, casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, mientras que las pymes (1.379.961 sociedades que representan, junto a los autónomos, el 97% del tejido empresarial español) generan el 17% del fraude fiscal total. Por su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia, es responsable únicamente un 8,6% del fraude en nuestro país.

Estos datos dejan clara la necesidad de realizar un mayor esfuerzo a la hora de detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías, ya que desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude.

Mientras tanto, el 23,3% de la economía de nuestro país se encuentra sumergida, equivalente a unos 245.000 millones de euros anuales, un grado de evasión que supone un coste para cada español de 839 euros anuales adicionales en materia de impuestos y cuotas sociales a causa de la evasión fiscal.

Prohibir el pago de facturas en efectivo recaudaría unos 19.660 millones

Esta medida permitiría reducir la economía sumergida hasta el 18% del PIB.

Los billetes de 500 representan en España más del doble que en la media de la Eurozona.

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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la medida propuesta por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de prohibir el pago en efectivo de facturas de más de 3.000 euros para luchar contra el fraude, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos desde el 23,3% actual (una reducción en términos porcentuales del 21,9%), lo que supondría una recaudación adicional de unos 19.660 millones de euros anuales.

Gestha valora positivamente que Pérez Rubalcaba haya planteado esta medida en la recta final de su campaña, convirtiéndose así en el segundo partido político que incorpora esta propuesta a su programa electoral al igual que hiciera Izquierda Unida, si bien éste la sitúa en un importe inferior, con un máximo de 1.000 euros por factura.

Desde el colectivo, señalan que la prohibición del pago en efectivo de facturas es, sin duda, una medida disuasoria frente al fraude fiscal porque las empresas no podrán deducir el IVA ni el gasto en el Impuesto de Sociedades por la parte pagada en metálico que exceda del límite máximo permitido en cada factura.

Los Técnicos recuerdan que los Gobiernos de Grecia e Italia han aprobado recientemente medidas semejantes para reducir la elevada economía sumergida en sus países. Así, Grecia prohíbe las transacciones en efectivo que superen los 1.500 euros a partir de enero de 2011. Italia, por su parte, anunció que frenará la evasión de impuestos generalizada declarando ilegales las transacciones de efectivo de más de 5.000 euros, reduciendo el límite actual de 12.500 euros. Igualmente, la Asamblea Nacional francesa aboga por la prohibición de pagos en efectivo por 3.000 euros para las personas y 1.100 euros para los comerciantes.

Los Técnicos aclaran que esta medida no supondrá ningún perjuicio para las empresas porque la práctica generalizada de las compañías que operan en nuestro país es realizar la mayor parte de los pagos mediante transferencias, cheques, letras o pagarés y cargos en tarjetas de crédito o débito, quedando el pago en metálico relegado sólo para los pequeños gastos de bolsillo.

Billetes grandes, el instrumento del fraude

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que en España los billetes de 500, el instrumento preferido por los defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco, representan el 73,15% del dinero total en circulación en nuestro país, más del doble que en la media de la Eurozona (33,54%), y junto con los billetes de 200, los billetes grandes suponen el 78,05% del dinero total en circulación en España.

Asimismo, España acapara el el 17,05% del total de billetes de 500 de los 17 países de la Zona Euro, mientras que el peso de la economía española en el PIB de la eurozona es sólo del 11,4%.

¿Cómo se podría rebajar la escalada de la Deuda Pública española?

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Desde que el 9 de mayo de 2010 la Unión Europea impusiera a España la aprobación de medidas de recortes sociales, la escalada ascendente del coste de la Deuda Pública de nuestro país ha sido imparable. Sin embargo, la presión no ha parado pese a la aprobación de la rebaja de sueldos a funcionarios, la congelación de las pensionistas o las reformas laboral y de endurecimiento del acceso a la pensión de jubilación, lo que indica que a los mercados no les bastan estas medidas.

Para evitar que ello continúe, el Banco Central Europeo (BCE) debe modificar sus estatutos de manera urgente para poder adquirir Deuda Pública de los Estados miembros en el mercado primario, lo que rebajaría de manera directa su precio de emisión. Esta opción permitiría aprovechar los recursos disponibles de manera más efectiva que en el mercado secundario, al que se acude actualmente, puesto que los tipos de interés de las emisiones anteriores de Deuda fueron fijados en las respectivas adjudicaciones y son inamovibles.

Mientras se alcanza este acuerdo para que el BCE modifique sus Estatutos, los Técnicos de Hacienda proponemos que la entidad adopte mecanismos que desincentiven la compra de deuda soberana a tipos mayores a los que el propio organismo fije como referencia, de manera que el tipo de descuento ofertado por el BCE a cada entidad financiera venga en función del precio al que ha adquirido en las últimas subastas en el mercado primario de deuda soberana.

Así, si la entidad financiera adquiere deuda a un tipo alto en el mercado primario, el tipo al que podrá descontar esa deuda en el BCE será mas caro, y entonces su 'carry trade' (margen de ganancia) será menor que en la actualidad. De esta forma, las entidades financieras -al menos las que están acudiendo a BCE para descontar deuda- sabrán que conseguir mejores tipos en el mercado primario no les va a revertir en mayores beneficios a costa de una mayor carga de intereses que soportarán los ciudadanos de los países afectados.

Paralelamente, la CNMV debería prohibir las operaciones en corto sobre la Deuda Pública y los valores entidades financieras y estratégicas, dado que la suspensión aplicada a este tipo de operaciones sobre entidades bancarias a lo largo de los últimos meses tuvo unos efectos muy positivos sobre las entidades protegidas.

Asimismo, convendría que las autoridades comunitarias crearan una agencia de calificación europea cuya actuación se rija por criterios de transparencia e imparcialidad; todo ello sin perjuicio de una mayor regulación y supervisión de las grandes agencias existentes actualmente, como es el caso de las propuestas aprobadas recientemente por la Comisión Europea, cuya implementación debe producirse en el menor plazo posible.