La comunidad está en un proceso de desmontaje del sistema

Asturias suspende en Dependencia

El Principado se convierte en la tercera comunidad con peor calificación, tras Canarias y Valencia, en el VIII Dictamen del Observatorio
La mejor puntuación se obtuvo en junio de 2009 (7) y desde entonces la autonomía no ha dejado de descender, aunque sólo este año suspende

Oviedo, P. R., en La Nueva España
Asturias suspende en aplicación de la ley de Dependencia y sigue bajando en puntuación. El VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, presentado ayer en Madrid, le da una nota de 2,5, medio punto por debajo de los 3 que obtuvo en la evaluación del pasado mes de junio. Y esto la convierte en la tercera peor comunidad en aplicar la ley de Dependencia, por detrás de Canarias (0,5) y la Comunidad Valenciana (1,5).

«Lo más preocupante de la situación de Asturias es la tendencia negativa. En los últimos meses no ha mantenido ni siquiera la tasa de reposición, ha bajado en casi 1.000 usuarios y no han sido sustituidos. Esto quiere decir que cuando un beneficiario se muere, esa plaza no se da a otro que permanece a la espera y, como consecuencia, tampoco la paga. Es un recorte en toda regla», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El Principado alcanzó su mejor nota (7) en junio de 2009, siendo consejera de Bienestar Social Noemí Martín, integrante del Gobierno de coalición PSOE/IU-Los Verdes. A partir de ese momento, la puntuación empezó a descender, pero se mantuvo en el 5 hasta el mes de enero de este año, cuando bajó al 4. El pasado mes de julio, con Foro Asturias en el Ejecutivo regional y Paloma Menéndez de consejera, la nota fue de 3.

La tasa de reposición negativa, es decir, que mueren más personas de las que ingresan en el sistema, la media de personas atendidas mensualmente en el año 2011 (6.649), tres veces menor que el año anterior (17.106), junto a la tendencia de la aplicación de recursos de bajo coste (el 54 por ciento de las ayudas son prestaciones económicas que van a parar a los familiares del dependiente) han producido un recorte en este año de mil millones de euros que, según el Observatorio de la Dependencia, ha impedido atender a 130.000 personas y se han dejado de crear 30.000 puestos de trabajo.

A todo esto se añade la cronificación del llamado «limbo» de la dependencia -312.000 personas en toda España, de ellas algo más de 6.100 en Asturias-, y el resultado empieza a ser alarmante. En este «limbo» se encuentra una de cada tres personas con derecho. Todas ellas tienen reconocido un grado y un nivel, tienen derecho a recibir las prestaciones y servicios del sistema, pero aún no se les ha aprobado el plan individualizado de atención (PIA) que les permitiría recibirlos. «Esta situación es muy preocupante porque muchas de estas personas, por edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo en el que está retrasándose la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho», señala Ramírez. «Esta ley ha sido el mayor avance en política social que ha existido en España en los últimos cinco años», subraya Ramírez.

En este momento hay 750.000 afectados que están recibiendo algún tipo de servicio -casi 14.000 en Asturias- y la ley ha permitido crear 150.000 nuevos empleos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la inversión desciende en lugar de aumentar.

También hay datos positivos en su aplicación. País Vasco y Castilla y León obtienen la máxima puntuación (10), La Rioja se mantiene en el 9 y Andalucía sube al 8. Dos autonomías uniprovinciales como son la vecina Cantabria y Murcia obtienen, en diciembre, una puntuación de 7 y 5,5, respectivamente.

«Se mantiene invariable», señalan en el Observatorio, «el empecinamiento de seis comunidades autónomas en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley prevé, poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto en materia de protección social tan básica».

Estas autonomía son Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla (territorios Imserso). Todas ellas suspenden en la aplicación de la escala.

La tendencia al estancamiento y paralización de la ley de Dependencia ya había sido advertida hace unas semanas en el estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

A favor de las comunidades autónomas puede decirse que pese a que la ley recoge que el presupuesto de la Dependencia debe financiarse a medias entre la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas, en el caso de Asturias la primera aportó en 2011 el 39,49 por ciento y el Principado, el 79,4 por ciento. No obstante, la evolución asturiana, sobre todo si se la compara con la estatal, es preocupante porque desde enero de 2010 no hace más que descender y parece que todavía no ha tocado fondo. En Asturias lo único que no desciende es la lista de espera.

El año pasado por estas mismas fechas las estadísticas oficiales hablaban de 58.439 grandes dependientes más que el día 1 de este mes de diciembre. La estadística no dice cuántas de las personas atendidas son grandes dependientes, pero en lo que respecta a Asturias, según Ramírez Navarro, «lo que indica es que tiene grandes dependientes sin atender y eso debería ser una prioridad absoluta para cualquier Administración. Cinco años después de aprobada la ley no pueden estar sin atención y sin servicio».

José Manuel Ramírez: «El Principado es como un barco a la deriva»

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes Sociales dice que «el proceso es de desmontaje del sistema»

Oviedo, P. R., en La Nueva España
«Lo que indican los datos de Asturias en estos últimos meses es que los responsables no se han ocupado del tema, la dependencia va en Asturias como un barco a la deriva, no sólo no están incorporando a gente, es que la van echando. Pienso que es un problema más de desidia que de impericia», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En el Principado, añade Ramírez, no se puede hablar de «ralentización» en la aplicación de la ley, algo que sí ocurre en otras autonomías. «El problema en su tierra es mucho más grave, no se trata de paralización, la comunidad está en retroceso en la aplicación de la ley de la Dependencia, está en un proceso de desmontaje del sistema y se nota en los indicadores», explica. Tanto el número de beneficiarios como el de solicitudes y dictámenes caen, y eso, según José Manuel Ramírez, indica que «Asturias ha entrado en retroceso y eso es malo».

¿Cómo salir de este círculo? «Es complejo», responde. «La aplicación de la ley exige una apuesta institucional importante, hay que mirar hacia aquellas autonomías en las que funciona».

El Principado suspende en dependencia por segunda vez en el año

Asturias baja de 3 a 2,5 la nota del último semestre

18/12/2011, Pilar Campo, Oviedo, en La Voz de Asturias

El Observatorio Estatal de la Dependencia ha calificado a Asturias con un sonoro suspenso en la aplicación de la Ley de Dependencia. La comunidad autónoma retrocede en la puntuación otorgada en el octavo dictamen de este organismo al bajar su nota, ya deficiente de un 3 sobre 10 registrada en enero pasado, al 2,5 que ha obtenido al cerrar el año. La llegada al gobierno de Foro Asturias no ha hecho más que empeorar las buenas expectativas que venían registrándose en años anteriores.

El Observatorio califica cada seis meses la aplicación de la ley desde hace cinco años y el Principado ha ido de mal en peor en las evaluaciones.

Las mejores actuaciones se registraron en los años 2008 y 2009, donde Asturias conseguía una media de notable. El año pasado pasaba la prueba con un aprobado raspado (5), pero este año ha sido nefasto. Empezó el año suspendiendo con un 4 y en junio ya bajó al 3. Al finalizar 2011 la nota ha vuelto a bajar en cinco décimas.

Su calificación es una de las peores del país. El Observatorio de la Dependencia incluye a Asturias entre las seis autonomías que mantienen invariable el “empecinamiento” en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley de Dependencia contempla, “poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica”, según reconoce en su informe.

Estas comunidades son Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla (territorios Imserso) que suspenden en la aplicación de la escala.

Las autonomías que están en el lado contrario de la balanza son el País Vasco y Castilla y León que logran tocar techo con un 10 sobre 10; se mantiene el 9 en La Rioja y sube hasta el 8 Andalucía.

Navarra, que estaba en puestos de cabeza retrocede al quedarse en un discreto 6 y otras autonomías como Extremadura y Murcia aprueban con 5,5 puntos.

Entre los parámetros de eficiencia elegidos por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para medir la aplicación del sistema están la gestión, servicios, listas de espera, gastos por habitante o investigación, entre otros.

Las inversiones

Asturias no sale muy bien parada en estos parámetros. Así, la comunidad autónoma no tiene un seguimiento sistematizado, ni tampoco un sistema de información en tiempo real. No está tampoco seleccionada, ni siquiera preseleccionada por sus buenas prácticas y no tiene nuevas leyes de servicios sociales a partir de la Ley de Dependencia.

Con datos recogidos este mismo mes, el Observatorio de la Dependencia cifra en un 30,6% las personas con derecho pendientes de prestación o servicio.

Otro de los parámetros estudiados hace referencia a la aportación de cada autonomía por habitante y año para las atenciones a la dependencia. Asturias aporta 118,95 euros; una cifra que le sitúa cerca de la media nacional, donde el esfuerzo económico medio por habitante en 2011 ha sido 124,38 euros. No obstante, hay grandes divergencias, con comunidades como Canarias, con 43 euros, y otras como Cantabria (209 euros) y La Rioja (222 euros).

El presidente de la Asociación de directores, José Manuel Ramírez, detecta en el último semestre analizado “una paralización y un estancamiento” de la Ley de Dependencia.