Es preciso activar una estrategia de alianza ciudadana y profesional, coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local, para defender nuestro SNS

Los recortes sanitarios en las comunidades

Por Marciano Sánchez Bayle y Manuel Martín García, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Foto: Marciano Sánchez Bayle, Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

Las políticas de recortes en la Sanidad Pública española están siendo aplicadas desde las comunidades autónomas que son las que tienen asumidas las competencias sanitarias, y han sido llevadas a cabo con una intensidad variable según cada una de ellas.

Es evidente que esta diversa aplicación está mediatizada por muchos factores que van desde el color político, los problemas presupuestarios y la cercanía electoral.

En primer lugar, se evidencia que hay una política generalizada de restricción presupuestaria y recortes en la mayoría de las comunidades autónomas (promedio de disminución del presupuesto sanitaria/habitante y año de 140,13 euros desde 2010) que son mucho mas significativas en algunas de ellas como Cataluña, Valencia, Murcia, Galicia y Castilla La Mancha. Las comunidades que, de momento, salen mejor paradas de estos recortes son País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, aunque está por ver lo que sucederá después de que en marzo de lleven a cabo las elecciones andaluzas y asturianas y se presenten los Presupuestos Generales del Estado.

Estos recortes se trasladan a una política restrictiva de personal produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo y aumentos de los horarios, así como disminuciones salariales en algunas de ellas y una disminución del número de profesionales sanitarios. El deterioro de las condiciones de trabajo y la disminución de los profesionales sanitarios conlleva, inevitablemente, a medio plazo a un deterioro de las prestaciones porque aumenta la presión asistencial y favorece una bajada en la calidad de las actuaciones del sistema sanitario.

En muchos casos se está produciendo una disminución efectiva de la capacidad asistencial de los centros públicos con cierres de camas, de consultas, de quirófanos, disminución de personal de guardía, etc, todo ello acaba produciendo un peor funcionamiento del sistema sanitario. Aunque la mayoría de estas medidas son recientes y resulta difícil de cuantificar su efecto sobre la población, existen ya datos por ejemplo de que en Cataluña se han incrementado notablemente las listas de espera (más de 25.000 pacientes más) y el tiempo de espera y, por ejemplo, en Canarias se conoce que el cierre de quirófanos por la tarde supone 7.500 pacientes más en lista de espera y el cierre de las consultas de tarde significa que se atienden 170 pacientes/hospital/día menos. Es obvio que habrá que realizar una evaluación en unos meses para conocer el impacto real de estas medidas sobre la población.

La introducción de tasas y/o copagos supone otro grave retroceso porque significa una barrera en el acceso a las prestaciones sanitarias de los segmentos de población con menos ingresos y más enfermos, lo que en medio de la crisis económica, con más de 5 millones de parados y 1,5 millones de familias sin ningún ingreso, además de la escasa cuantía de las pensiones, es un serio problema para la ciudadanía. En este ámbito de cosas es especialmente preocupante el establecimiento de un plazo de empadronamiento de 6 meses para el acceso a las TSI (Tarjetas Sanitarias Individuales).

Otro de los fenómenos que se observa, es el aumento de las privatizaciones, como siempre siguiendo un patrón irregular, en las formulas adoptadas y en la intensidad del proceso, dependiendo de las comunidades. Castilla La Mancha, Valencia, Baleares, Galicia y Madrid están a la cabeza, pero existen muchos otros ejemplos preocupantes en las demás, con excepción de País Vasco y Andalucía. Resulta incomprensible, desde el punto de vista argumental, que se incrementen las privatizaciones que han demostrado unos costes muy superiores a la provisión pública, en un momento en que se están realizando recortes drásticos de los fondos que se destinan al sistema sanitario público.

ALGUNAS REFLEXIONES

Resulta paradójico que en un sistema sanitario como el nuestro con uno de los menores gastos, y que tiene una elevada participación del sector privado en la provisión de servicios (30% del gasto sanitario público), se apueste por una política de recortes de gasto y recursos y de privatizaciones, incrementado la gran participación de los sectores empresariales en la financiación, gestión y provisión de servicios sufragados con fondos públicos.

A pesar de que los gastos en farmacia y tecnología de nuestro sistema es, comparativamente, de los más elevados del mundo y de que existe suficiente evidencia de problemas en la asignación de los recursos por ausencia de una política de planificación estratégica y de desarrollo de los instrumentos de la medicina basada en la evidencia, no hay ninguna política dirigida a incrementar la racionalidad y la eficiencia en el uso de los recursos o la apuesta por la promoción y prevención de salud frente a la medicalización (que además de reducción de gasto evitaría problemas de iatrogenia). Este desequilibrio conduce inevitablemente a un escenario de depauperización e insuficiencia económica del sistema, que lo hará incompatible con el mantenimiento de las actuales prestaciones.

Además se están abandonando las políticas de personal incentivadoras. Las medidas en personal van dirigidas a reducir derechos, precarizar la contratación, reducir los salarios y eliminar los escasos incentivos existentes como la carrera profesional. Se está generando un clima de malestar y desmotivación entre los profesionales y trabajadores sanitarios que conducirá inexorablemente a un aumento de la ineficiencia y a la pérdida de calidad.

Se privatizan grandes parcelas del sistema con una elevada hipoteca económica. La apuesta por la colaboración privada para financiar, construir y, gestionar las nuevas infraestructuras hospitalarias y de atención primaria, y las nuevas tecnologías, que incluso llega a la cesión de la provisión de los propios servicios, dejará en manos privadas la parte más moderna y renovada de los recursos, con unos costes más de siete veces superiores, que hipotecarán al sistema durante décadas. Desde algunas administraciones (Cataluña) y foros financiados por la industria y las empresas de seguros, se empieza a platear la necesidad de romper el monopolio del aseguramiento sanitario público para dar entrada al sector privado

Y se Introducen barreras a la población en el acceso a los servicios asistenciales. La introducción de copagos, tasas por uso de servicios o prestación farmacéutica, supondrá una barrera importante para gran parte de la población, especialmente para los pensionistas que necesitan hacer un mayor uso de los servicios y que cobran una pensión media de 750 euros al año, o para los asalariados de los que más de 5 millones están en paro y con retribución media de los que trabajan de 1.000 euros al año.

Esta situación plantea la necesidad de activar una estrategia de alianza ciudadana y profesional, coordinada y consensuada a nivel estatal, autonómico y local para hacer frente al desmantelamiento del sistema sanitario en nuestro país, y es necesario que se produzca con prontitud antes que las políticas de recortes y privatizaciones acaben con el mejor sistema sanitario que ha tenido este país.

VER INFORME SOBRE LOS RECORTES SANITARIOS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. FADSP, Febrero de 2012.