Algunas opiniones y datos sobre la reforma laboral más agresiva y lesiva de toda la democracia
Come reforma y calla
Por Javier Vizcaino en Público
Calculadora en mano, La Razón se ponía la tirita antes de tener la herida: 7.688 millones: el coste de una huelga a la griega, tasaba en portada a ojo de buen cubero y dando por hecho que el modelo elegido para las protestas será (?) el heleno. Bajo el titular, aconseja: Mantener las orejas gachas es mucho más patriótico y razonable: Convocar una huelga en estos momentos sería lo que menos le convendría a la economía española, que atraviesa la mayor recesión de su historia con un agujero en sus cuentas públicas de 20.000 millones de euros y unas cifras de paro galopantes.
Desde La Gaceta, sin reparar en gastos, Carlos Dávila abogaba por salir a la calle, sí, pero para correr a gorrazos a quienes, según él, se lo han buscado. Movilizaciones contra los sindicatos, pedía en su recuadrito sombreado, que finiquitaba así: Supongo que este país se las va a tener muy tiesas con estos residuos del novecento, que se van de crucero mientras los demás no llegan a fin de mes. Lo que hay que hacer es movilizarse, pero contra ellos.
Y aun así, se les queda corta
Ciertamente, porque se quejan de vicio, según el editorialista de Cope, para quien el reformazo apenas es un pellizco de monja: La reforma laboral aprobada por el Gobierno este viernes va en la buena dirección pero no es la reforma definitiva que necesita nuestro país. ¿Y qué le falta? Esa pregunta se la sabe el amanuense de Libertad Digital: Otra de las reformas que deben acompañar a las medidas sobre el mercado laboral es la regulación del derecho a la huelga, para que deje de amparar la actividad piquetera y amedrentadora y ampare el derecho al trabajo. Pedid y Mariano os dará.
De ello se muestra firmemente convencido Casimiro García-Abadillo en El Mundo pedrojotiano. El de Pontevedra es un titán: Nos esperan meses muy difíciles, pero hay motivos para la esperanza: hasta ahora, al Gobierno no le ha temblado el pulso. Veremos si aguanta la ofensiva de la izquierda. Eso está hecho, viene a apostillar el genuflexo editorialista de ABC: Ahora con Mariano Rajoy, la sociedad española reconoce en el PP los planteamientos básicos de una opción moderada y abierta. Detrás del Ejecutivo de Rajoy hay un partido que, bien sostenido por la sociedad española, comparte los objetivos y los medios de un plan regeneracionista guiado por principios firmes, no por intereses o temores. Prepárense.
"La reforma busca debilitar a la clase trabajadora"
El colectivo Economistas Frente a la Crisis advierte de que la reforma laboral del PP busca "reducir el poder sindical para empequeñecer el Estado del Bienestar"
nuevatribuna.es
Para 'Economistas Frente a la Crisis', la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy se concentra de forma muy especial en el despido, a través de múltiples medidas de enorme trascendencia.
En riguroso análisis realizado sobre la reforma, el colectivo recuerda que "la política económica tiene por objeto propiciar una mejor asignación de recursos. Y entre todas las opciones a las que pueda enfrentarse, la peor, la más ineficiente, es la que conduce a la no asignación, a la inactividad, al paro. Desde esta óptica resulta paradójico que las medidas que la UE impone al Gobierno Español tiendan a agudizar la crisis porque, sin duda, esta crisis presenta, entre sus características determinantes, una fuerte caída de la demanda efectiva".
Economistas Frente a al Crisis considera que la destrucción de empleo y la incapacidad de la estructura económica para generar puestos de trabajo estables y productivos, "ha llevado a las autoridades económicas a buscar, con el soporte de paradigmas neoliberales, soluciones en las reformas laborales ignorando que la reactivación del empleo no llegará por esas vías con independencia de que no deba abandonarse la búsqueda de la mayor eficiencia del mercado de trabajo- sino a través de un impulso de la demanda efectiva". A esto se añade, el desplome de la inversión y del consumo privado, cuya consecuencia, "impuesta" por el Consejo Europeo, ha sido "un drástico recorte del gasto público".
"Esta política procíclica y contractiva -sigue el colectivo- impedirá cualquier recuperación de la actividad económica en los próximos años. La inasumible tasa de paro, con su manifestación más dramática en la tasa de desempleo juvenil y en los parados de larga duración, exige un cambio de orientación de la política económica hacia postulados que no obvien la reactivación como condición indispensable para la recuperación del empleo. Si bien es cierto que el mercado de trabajo español adolece de serias deficiencias que deberán ser abordadas desde el consenso, también es cierto que confiar la recuperación del empleo a reformas tendentes a debilitar su estabilidad no contribuirá a la salida de la crisis".
Es más, para este colectivo, "considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes preasignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis".
Por todo ello, Economistas Frente a la Crisis cree que "toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad".
"La reforma laboral -concluyen- aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto, tiende a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales y no busca tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para empequeñecer después el Estado del Bienestar".
IR A LA WEB ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS
Competitividad para despedir
España recorta derechos a sus trabajadores para acercarse a la Europa menos social
DANIEL MEDIAVILLA, MADRID, en El Pais a 14/02/2012.
La heterogeneidad de los sistemas productivos, fiscales y de protección social hace que comparar legislaciones laborales entre países haga difícil prever los efectos de la reforma sobre la economía. Queda claro, no obstante, que España gana competitividad para despedir.
España contaba con unas elevadas indemnizaciones por despido disciplinario improcedente, de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, frente a los 30 de Alemania, con un tope de 12 mensualidades. En Francia, un despido improcedente no recibe una indemnización inferior a los últimos seis meses de salario del trabajador, unos 180 días en total, que, dependiendo de la antigüedad, podría llegar a suponer una indemnización mayor que en España. Ahora, con la posibilidad de despedir de forma procedente con 20 días por año trabajado, si se justifica una reducción en los beneficios durante tres trimestres, algo más que común dada la situación económica, España tendrá un despido más barato que Alemania y, por supuesto, que Francia.
Otro de los aspectos blandidos para justificar la dureza de la reforma laboral ha sido la necesidad de dar flexibilidad a las empresas para que, cuando la situación económica sea peor, sea posible adaptarse reduciendo los salarios y la jornada laboral en lugar de hacerlo despidiendo. Este problema lo comparte España con Francia y ambos países han mirado hacia Alemania para buscar una solución.
Allí, las empresas tienen la posibilidad de reducir la jornada de sus trabajadores durante un periodo máximo de 24 meses, en los cuales el trabajador percibe el 60% de su salario neto o el 67%, en el caso de que tenga hijos, y el resto lo pone el Estado. Tanto en España como en Francia se han introducido cambios para que sean posibles negociaciones directas entre empleado y empresario para adaptar tanto la remuneración como la jornada de trabajo a la coyuntura económica y se impondrán a cualquier convenio colectivo. En el caso de España, no existe una compensación como la que ofrece en Alemania el Estado. De hecho, en caso de dificultades económicas o necesidad de mejorar la competitividad, el empresario podrá bajar los sueldos de forma unilateral (algo que, como último recurso, también se permite en Alemania), sin más compensación para el trabajador que los 20 días por año trabajado de un despido procedente en caso de que el empleado no quisiese aceptar la medida.
ERE sin permiso
Respecto al nivel de protección de los trabajadores, también ha sido un cambio importante en España la eliminación de la autorización administrativa para realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Esta autorización tampoco es necesaria en Italia o en Francia, pero sí lo es en Alemania para despidos colectivos en los que no estén de acuerdo el comité de empresa y la compañía.
Otra de las diferencias entre España y otros países europeos es el periodo de notificación del despido. Con 30 días, está muy por debajo de los hasta siete meses de Alemania, las 11 semanas de Italia o los hasta dos meses de Francia.
Algunos expertos, como José Ramón Pin, profesor de Dirección de Personal del IESE, creen que la flexibilidad es necesaria para competir en un ámbito en el que las regulaciones no son tan rígidas como la española. "Al reducir los costes del despido y fomentar el contrato en prácticas, es muy probable que haya una mayor creación de puestos de trabajo", afirma. No obstante, cree que hacen falta otras cosas, como que los bancos vuelvan a dar crédito. Algo a lo que no es sencillo obligar por decreto ley. Y, por otro lado, la competitividad alemana o francesa viene porque ofrecen "productos con un gran valor añadido". Sugiere así que la reducción de sueldos o el abaratamiento del despido no logrará incrementar la competitividad.
0 comentarios