Y la situación va agudizándose y agravándose por dónde siempre, es decir, por los más débiles y necesitados
La falta de recursos de la Administración deja sin ayudas a 20.000 asturianos
Cerca de 9.000 están pendientes del salario social, mientras que más de 10.000 esperan beneficiarse de la Ley de la Dependencia
Foto: Francisco Bustillo, director de Ibercaja, junto a Laureano Caicoya.
02.03.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
La falta de recursos de la Administración, provocada por la prórroga presupuestaria, ha dejado en Asturias ya a 20.000 asturianos sin ayuda, ya sea para subsistir -debido al colapso en la tramitación del salario social- o para superar su falta de autonomía personal, afectados por la congelación y continuos retrasos que sufre la Ley de la Dependencia. Porque, tal y como ya adelantó EL COMERCIO, son casi 9.000 los asturianos que esperan a que se tramiten las 4.223 peticiones de salario social pendientes de 2011. Y es que la cifra real de beneficiarios se eleva casi a 9.000 porque todas las estadísticas reflejan que por cada solicitud hay 2,1 beneficiarios.
A esos miles de personas que esperan una paga que sólo llega a quienes no alcanzan los 530 euros de ingreso mensual -en su mayoría mujeres, desempleadas y con dos hijos a cargo- hay que sumar los más de 10.000 asturianos que esperan una respuesta de la Ley de la Dependencia. Esperan a que se valore su estado -situación en la que se encuentran 4.882 personas-, o a que se les conceda la prestación a la que tienen derecho. Actualmente, son 5.412 estos últimos.
En total, son casi 20.000 asturianos, cifra que no irá a menos en los próximos meses. Al menos, esa es la opinión de Clara Casiano, secretaria de Igualdad de UGT Asturias, y de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, entidad titular del Observatorio de la Ley de la Dependencia.
«Familias en situación límite»
De hecho, Casiano calificó ayer de «alarmante» la «paralización de las políticas sociales en el Principado», que ha abocado, aseguró la secretaria de Igualdad de UGT, «a miles de familias asturianas a situaciones límite, de auténtica emergencia».
Como ella opina también Ramírez, quien se mostró muy duro no sólo con la paralización de la Ley de la Dependencia, sino con el último recorte, que supone aplazar a enero de 2013 la atención a la que tenían derecho las personas con dependencia moderada. En Asturias, son medio millar, «pero en toda España son más de 30.000, es una aberración jurídica».
Ibercaja dona 5.000 euros para atención a enfermos de alzhéimer
02.03.12 - CH. TUYA | GIJÓN, en El comercio.
5.000 euros para ayuda a enfermos de alzhéimer. Concretamente, para cuidados en el domicilio, formación de cuidadores y asistencia técnica. Son los principales detalles del convenio firmado ayer entre la Fundación Alzhéimer Asturias y la entidad Ibercaja, que renovaron un acuerdo «que se mantiene durante los últimos años», explicó el presidente de la Fundación, Laureano Caicoya.
Los afectados por esta patología neurológica, que primero borra los recuerdos del enfermo y, después, le postra en una cama, sin poder tan siquiera alimentarse de forma autónoma, no tienen aún respaldo en la Ley de la Dependencia. Al menos así lo denuncia Caicoya, quien recuerda que en la región son casi 20.000 los enfermos diagnosticados, con especial protagonismo en el área sanitaria gijonesa, donde constan 3.800 casos.
Medio millar de asturianos, sin ayuda por el recorte en la Ley de la Dependencia
El Imserso pospone hasta enero de 2013 la atención a los casos moderados que no fueron valorados antes de julio del año pasado
01.03.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
3.320 asturianos sufren de dependencia moderada. Lo saben porque tienen un informe oficial en el que se certifica que su falta de autonomía es de grado I y nivel 2. Por ello, tienen derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia y a recibir cualquiera de los servicios que la red pública dispone para ellos -centro de día, de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia y, residencia- o a un apoyo económico en el caso de que tuvieran que buscar respuesta a sus necesidades en la oferta privada.
Sin embargo, 572 de esos 3.320 asturianos con dependencia moderada se quedarán sin ayuda. El recorte que el Gobierno central introdujo en la Ley de la Dependencia, en la ley de medidas urgentes para corregir el déficit, les ha dejado en situación de espera. No será hasta el 1 de enero de 2013 cuando puedan volver a entrar en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El tijeretazo a los derechos de los dependientes supuso el retraso en la atención de todos los casos de grado I y nivel 2 que no tuvieran ya un acuerdo cerrado con la Administración regional o que hubieran sido valorados después de julio.
Más de 10.000, pendientes
Es una de las singularidades que aporta el último informe del Instituto de Servicios Sociales y Mayores (Imserso) sobre la evolución de la Ley de la Dependencia. La otra es que ha salido con casi un mes de retraso debido, precisamente, a la congelación de la atención a las personas con dependencia moderada. Las comunidades autónomas tardaron en fijar el límite para acceder a la atención, un corte que quedó fijado, tal y como se ha explicado, en las personas que contaran ya con acuerdo cerrado o que hubieran sido valoradas antes de julio pasado.
El retraso en la publicación del informe, sin embargo, no ha supuesto grandes mejoras en las cifras de atasco que la aplicación de esta norma lleva acarreando desde 2010. En Asturias, son más de 10.000 las personas que esperan una respuesta del Principado para que su caso sea valorado -4.882 casos- o, lo que es más grave, para recibir la ayuda a la que ya saben que tienen derecho.
Son 5.412 los asturianos que se encuentran en esta segunda situación, un estado que el Observatorio de la Dependencia califica de 'limbo', ya que los afectados tienen el certificado oficial de su grado de dependencia, pero aún no han llegado a un acuerdo con la Consejería de Bienestar Social e Igualdad sobre el tipo de servicio que recibirán. Los retrasos en muchos de estos expedientes superan el año. La congelación de la aplicación de la ley amenaza con ampliar aún más los plazos de la atención.
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