Las opciones desde el punto de vista de la industria farmaceútica

La sanidad busca su medicina

Farmaindustria plantea dejar de financiar medicamentos menores

Los hospitales públicos deben 12.000 millones

Las autonomías ensayan formas de copago

Foto: Una farmacia en Barcelona tras ser aprobado el pago de un euro por cada receta, en 2012.

José Luis Barbería, San Sebastián, en El País

Pieza maestra de la cohesión social y orgullo del país, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha empezado a hacer agua, agrietado por la contracción presupuestaria, las ineficiencias propias y la falta de gobernanza política. Mientras las multinacionales farmacéuticas amagan con el corte de suministro y las autonomías ensayan, cada una por su lado, formas de copago y reducción del gasto, la Administración central baraja todo tipo de recortes, incluida la reducción de la cartera de bienes y servicios sanitarios públicos. Alarmado por el hundimiento de la recaudación, el Gobierno de Rajoy trata de hacerse con las riendas del sistema, aunque carece de una fotografía precisa de la realidad, cegada como está por la falta de información actualizada. “No puedo confirmarle que los hospitales públicos deban 12.000 millones de euros a las compañías farmacéuticas. Estamos al tanto de los gastos en la atención primaria (ambulatorios), pero no de los que se generan en los hospitales. Hay comunidades autónomas que no responden a nuestra petición de datos, y las que lo hacen aplican, en ocasiones, criterios estadísticos particulares, no homologables en el conjunto del sistema. Así están las cosas”, resume la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos.

En contraste con la indigencia estadística del Ministerio de Sanidad, las multinacionales del ramo ofrecen una montaña de información puesta al día. “De los 12.000 millones de euros que los hospitales públicos adeudan a la industria, 6.400 corresponden a medicinas, y el resto, a los aparatos sanitarios, utillaje, vendas, apósitos, jeringuillas, etcétera”, asegura el director general de la patronal Farmaindustria, Humberto Arnés. Sin otras estadísticas al alcance, nadie cuestiona el montante de esa deuda, ni discute el dato de que el tiempo medio de demora en los pagos de la sanidad pública asciende a 525 días y supera los 800 en las comunidades de Valencia, Baleares, Castilla y León y Cantabria. Lo que el ministerio constata es que las medidas de recorte del gasto —han conseguido bajar a 11.000 millones anuales la subvención pública de los medicamentos servidos en farmacia— parecen haber dado de sí todo lo posible, mientras el número de recetas aumenta inexorablemente.

Farmaindustria lo tiene meridianamente claro. “El sistema no puede cubrirlo todo. Para que no quiebre, habrá que presupuestar conforme a las necesidades reales o redefinir la cartera de la sanidad pública. Habría que dejar de financiar los fármacos destinados a los problemas menores, como los catarros, por ejemplo, y seguir financiando los tratamientos más costosos e innovadores, como los que combaten el cáncer”, propone Humberto Arnés. ¿Y no puede ocurrir que, como dicen algunos estudiosos, muchos médicos prescriban medicamentos caros, pero con cobertura, para ahorrarles ese dinero a los usuarios, como muestran experiencias recientes en otros países?

La amenaza de un corte de suministros sanitarios, similar al que algunos laboratorios han ensayado en Grecia y Portugal, ha rondado estas semanas atrás los despachos oficiales antes de ser devuelta al poderoso arsenal negociador fáctico de las multinacionales. Aunque la tensión se ha rebajado mucho con la promesa gubernativa de que cobrarán del fondo crediticio de 35.000 millones de euros liberado para el pago a los proveedores, las compañías siguen en pie de guerra en medio de un coro creciente de voces inquietas por el peligro que se cierne sobre la sanidad pública. Bayer, Sanofi, Abbot y otros grandes laboratorios han boicoteado la subasta de medicamentos con que la Junta de Andalucía busca abaratar los precios.

Decidida a cobrar los 12.000 millones de euros, a ser posible con intereses y sin quita alguna, la industria exige un interlocutor único para las 17 autonomías, reglas claras en un marco estable y garantías de que la deuda no volverá a dispararse en el futuro, porque también ellos ven el horizonte del sistema teñido de incertidumbre. Saben que han pasado a mejor vida las partidas presupuestarias extraordinarias que la Administración central liberaba cada dos, tres o cuatro años para poner a cero el contador del déficit sanitario autonómico. Aquellas eran deudas manejables que se cobraban con la prima añadida del 8% o el 9% de interés en tiempos del crédito abundante y barato. Nada que ver con la situación actual.

¿Llegará la sangre de la deuda al río del desabastecimiento, la deslocalización, la anulación de los proyectos de investigación, en caso de que los laboratorios no obtengan satisfacción a sus demandas? “No lo creo, las grandes compañías tienen suficiente cash y saben que si se hunde el sistema de salud se acaba también su gallina de los huevos de oro. Presionan y gesticulan mucho, pero pueden esperar y terminarán pactando”, apunta un antiguo responsable gubernativo de Farmacia que, como viene siendo tradición, trabaja ahora para la industria.

¿Qué buscaban las multinacionales con la carta, suscrita igualmente por las cámaras de comercio de Francia, Alemania y la Asociación Económica Hispano Suiza, en la que advirtieron a Mariano Rajoy del daño que el mantenimiento del impago podía acarrear a la marca España? “Fue una señal de alarma. Un país que no paga pierde su crédito exterior. La deuda puede tener consecuencias gravísimas para los pequeños laboratorios. Hemos hablado con el ministerio, claro, y también hemos hecho el paseíllo por las 17 consejerías de Sanidad para transmitirle nuestra inquietud. La prescripción de recetas por principio activo, la rebaja en el 15% de los precios de los medicamentos con más de 10 años y sin genérico en el mercado y otras medidas del anterior Gobierno le han supuesto a la industria la pérdida en tres años de 5.000 millones de euros y más de 5.000 puestos de trabajo directos, el 10% del sector”, asegura Humberto Arnés. Aunque las ventas de las multinacionales suponen en España únicamente el 2% de su cifra de negocios global, lo que les otorga una enorme capacidad crediticia en especie, las direcciones centrales han dicho “hasta aquí”.

“Hemos llegado a una situación crítica. Mantener las inversiones en España es un gran reto; me resulta muy difícil convencer a la dirección de que debemos seguir invirtiendo aquí”, subraya Marc-Antoine Lucchini, presidente y director general de Sanofi Iberia. “Nuestra deuda ha crecido el 56,2% en 2010, el 41,4% en 2011 y el 8% en estos dos últimos meses de enero y febrero. Desde la sede central nos indican que la situación es insostenible y que debemos ejercer todas las medidas legales a nuestro alcance para recuperar el dinero”, advierte Ana Céspedes, presidenta de Merck España. “Los 1.000 millones de euros que nos deben, 600 a la División de Farmacia y 400 a la de Diagnóstico, son nuestra prioridad. Tomaremos las medidas en función de las respuestas que nos den las distintas comunidades autónomas, porque la deuda no puede seguir aumentando”, subraya el gerente de Comunicación de Roche, Lucas Urquijo. “Aunque hasta ahora no se ha producido una retirada empresarial, hay grandes proyectos paralizados a la espera de que se resuelva el problema”, dice Carlos Gonzalo, de la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona.

La pregunta es dónde están las grietas por las que hace agua el sistema, dónde las lagunas y las bolsas de ineficiencia, cuánto habría que corregir la política de financiación de fármacos que sigue el Sistema Nacional de Salud y pagan las comunidades autónomas. ¿Tiene sentido que la sanidad pública española de 2012 ofrezca la más completa oferta farmacológica existente en el mercado? Dice Ana Céspedes, de Merck España, que solo hay tres opciones: aumentar recursos, vía presupuestos o nuevas formas de copago; reducir el catálogo básico de servicios sociales, y optimizar la gestión. Una vía, esta última, ya transitada con los recortes salariales y la generalización de los medicamentos genéricos que llevó a Farmaindustria a poner el grito en el cielo con invocaciones a la autonomía médica y a la protección de los pacientes.

Esas tres opciones están sobre la mesa de la ministra Ana Mato cuando ha empezado a librarse la pelea sobre el modelo público-privado a forjar en la fragua de la crisis. A juzgar por algunos estudios, expuestos por empresas de asesoramiento, que prometen ahorros de hasta 13.000 millones si se privatiza la gestión de la sanidad, se diría que es también la hora de los pescadores de río revuelto y de los frívolos incendiarios sociales.