Aún los hay que se están enterando ahora?... ¡¡no me lo puedo creer!!
Seis mil interinos en alerta
El aumento de la jornada laboral a 37,5 horas semanales obliga al Ejecutivo regional a reducir el coste del personal eventual
Oviedo / Madrid, J. A. A. / E. P., en La Nueva España
La decisión del Gobierno central de ampliar la jornada diaria laboral en 2 horas y media ha puesto al personal interino de todas las administraciones en alerta. Asturias no es una excepción. La jornada laboral de 37,5 horas se traducirá, automáticamente, en una menor carga de trabajo para el personal y en una nueva vía de recorte y ajuste para la Administración. En el Principado trabajan aproximadamente unos 6.000 interinos en los distintos servicios públicos, que incluyen educación, sanidad y consejerías, según las estimaciones que manejan los sindicatos de esas áreas.
El Gobierno regional deberá decidir ahora la forma de encajar la jornada laboral de 37,5 horas dentro de los diversos servicios y su repercusión sobre los empleados públicos y los interinos. Algunas autonomías han optado directamente por reducir el volumen de personal interino; otras, como es el caso de Andalucía, han preferido soluciones, a priori, menos traumáticas, como la reducción salarial y de jornada para los interinos, con el objetivo de evitar la no renovación masiva de contratos. Los interinos proceden en prácticamente su totalidad de bolsas de empleo formadas por personal que ha superado varias o alguna prueba de acceso en la Administración regional.
«El personal interino cubre plazas de la Administración que son una necesidad objetiva», comentó a este periódico Juan Gavira, del sindicato CSIF. El mayor volumen de interinos del Principado se localiza en la sanidad y en la educación, donde hay, aproximadamente, unos cinco mil entre profesores, médicos, enfermeros y personal auxiliar sanitario. En las consejerías del Principado el número de interinos se sitúa, aproximadamente, en unos setecientos. La ampliación de la jornada laboral de las plantillas públicas, ordenada por el Gobierno central de Mariano Rajoy, obliga ahora a revisar con lupa la distribución y las necesidades de personal. «El empleado público perdió poder adquisitivo en los años de bonanza y ahora es la cabeza de turco con la crisis. Lo que nadie dice es que los empleados públicos que se van a la calle, por aumento de ratios o ampliación de jornadas, pasan a engrosar las listas del paro. El recorte agrava el problema», argumenta José Luis González, de USIPA.
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