Con pocas o nulas expectativas de que el PP no imponga hoy en el consejo Territorial las medidas que suponen de facto la derogación de la Ley de Dependencia
Esther Díaz: «El Gobierno no da margen para evitar recortar la Ley de la Dependencia»
La consejera de Bienestar cree que hoy «no habrá» pacto de Estado y que el viernes el Consejo de Ministros aprobará la reforma
10.07.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
«No habrá pacto de Estado» para salvar la Ley de la Dependencia. O, al menos, para mantener el texto legal tal y como está vigente hasta hoy. La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, confirmó ayer lo sabido, que «el Gobierno no da margen» para evitar la aprobación el viernes por el Consejo de Ministros del polémico real decreto que reformará, de forma integral, la ley que desde 2007 convierte en obligatoria la atención a las personas con escasa autonomía personal.
Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales buscará hoy el apoyo del Consejo Territorial de la Dependencia -en el que están presentes todas las comunidades autónomas- para un decreto que supondrá, entre otros cambios, la universalización del copago -tendrán que pagar los menores de edad y quienes ingresen más de 400 euros al mes-, la incompatibilidad de servicios, la suspensión de la cotización en la Seguridad Social de los cuidadores familiares y, también, el retraso hasta 2015 de la cobertura para todas las personas con dependencia leve.
En esa cita, que tendrá lugar esta tarde en Madrid, estará la consejera asturiana, haciendo frente común con sus homólogos de Andalucía y País Vasco, ya que las comunidades con gobierno socialista han anunciado un frente común ante los cambios. Esther Díaz, en una entrevista concedida a la Cadena Ser en Gijón, aseguró que «haremos constar nuestro posicionamiento», aunque adelantó que «dejan poco margen para evitar los cambios», ya que «el Gobierno de España entiende que la mayoría absoluta es una carta blanca para actuar. Y eso están haciendo».
Casi 9.000 afectados
Durante su entrevista, la consejera consideró «un poco alta» la cifra de 9.000 afectados por los recortes que ayer adelantó este periódico «No salió de esta consejería», precisó. Ciertamente, los números parten del propio Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), desde donde se indica que, a fecha 1 de junio, son 3.589 asturianos los que cuentan con dictamen de grado I y nivel 2, así como otros 5.212 con mismo grado, pero nivel 1.
En total, son 8.801 personas cuya cobertura, de acuerdo al borrador preparado por el equipo de Ana Mato, quedará fuera de la ley hasta 2015.
A ellos hay que sumar, además, los 5.573 asturianos que saben que tienen derecho a una prestación o servicio, pero aún no la reciben, y los 3.111 que aguardan a que Bienestar valore su grado de dependencia. Todos ellos se verán afectados por el retraso de un año que supondrá la aprobación del decreto que hoy debatirá el Consejo Territorial de la Dependencia. En total, casi 20.000 personas.
Del texto que hoy debatirá el Consejo Territorial de la Dependencia la consejera rechazó, especialmente, «la incompatibilidad de prestaciones. Ahora mismo, una persona con dependencia puede disponer de ayuda a domicilio, para levantarse de la cama, asearse y prepararse para acudir, después, a un centro de día».
«El hijo de un marqués no paga»
Según explicó ayer en la emisora gijonesa, si la propuesta del Gobierno central sale adelante, ese beneficiario utilizado como ejemplo «sólo podrá optar por uno de esos servicios. Si quiere el otro, que se lo pague o que la comunidad autónoma afronte el gasto».
Tampoco está de acuerdo la consejera con el hecho de que el nivel mínimo de ingresos para copagar se baje a los 400 euros mensuales. «Es un ataque más a las clases que peor lo están pasando. Es la clase media la que vuelve a estar más apretada», ni con que se suspenda la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares «esta paga, excepcional, cubre a las mujeres que, desde hace años, estaban haciendo ya la función de cuidadora, pero sin cobrar. Y sin derecho a ningún tipo de jubilación».
Sin embargo, el hecho de que los menores de edad tengan, también, que pagar parte de los servicios, no es tanto problema para Esther Díaz «porque, por ejemplo, ahora mismo el hijo de un marqués no paga por los servicios que recibe, sino que lo sufragamos entre todos».
Respecto a la idea de acudir a los tribunales, adelantada por la secretaria de Política Social de su partido, la exministra Trinidad Jiménez, la consejera de Bienestar optó por «esperar a lo que ocurra en el Consejo Territorial. No espero sorpresas, pero puede haberlas. Nosotros vamos con la voluntad de negociar. Lo que ocurra después no es una decisión que me competa, sino que es del Gobierno regional».
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