Una reforma que en realidad es toda una derogación de la Ley de Dependencia
Casi 9.000 asturianos quedarán sin ayuda con la reforma de la Ley de la Dependencia
Colectivos de afectados negocian para impedir que Sanidad apruebe el decreto que deja fuera los casos leves y obliga a los menores a pagar
09.07.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
Casi 9.000 asturianos pueden quedar mañana sin la ayuda a la que tienen derecho hoy. Porque mañana el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad buscará el visto bueno del Consejo Territorial de la Dependencia -donde están presentes todas las comunidades autónomas- al polémico real decreto que supondrá, previa aprobación el viernes del Consejo de Ministros, la reforma integral de la Ley de la Dependencia.
Tal y como ya adelantó EL COMERCIO, el borrador de decreto elaborado por el equipo de Ana Mato -al que ha tenido acceso este periódico- incluye, entre otras medidas, que las personas con dependencia leve verán retrasada su entrada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Es decir, todos los que dispongan de un dictamen de grado I, en sus niveles 1 y 2. A ellos no les llegará hasta 2015 la cobertura - teleasistencia, centro de día, ayuda a domicilio o plaza residencial - que el actual texto legal, en vigor desde abril de 2007, les da hoy.
En esa situación, con dictamen de grado I, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) dice que en junio había 8.801 asturianos. La cifra hoy en día puede superar ya los 9.000, ya que el Imserso aún no ha actualizado las estadísticas correspondientes a julio.
Por si fuera poco, en Asturias a ese elevado volumen de casos condenados a esperar por asistencia a la dependencia hay que sumar casi otros tantos, ya que 8.630 expedientes también se verán afectados si mañana las comunidades autónomas aprueban el real decreto ministerial.
Lo serán porque la luz verde a la reforma supondrá que la ley quedará paralizada durante un año, con lo que los 3.057 asturianos que aguardan a que se valore su grado de dependencia deberán seguir esperando, al menos, doce meses más por la visita del valorador.
En su espera se encontrarán con las 5.653 personas que, en estos momentos, tiene el Principado en la situación que el Observatorio de la Dependencia denomina 'limbo': las que ya saben que tienen derecho a una ayuda o prestación, porque así lo dice el dictamen oficial que han recibido, pero por retraso de la Administración regional aún no la perciben.
En total, serán cerca de 20.000 expedientes los que se verán bloqueados por esta propuesta de reforma de la Ley de la Dependencia, contra la que ya se han manifestado tres comunidades autonómicas. Asturias, junto con Andalucía y el País Vasco, harán frente común ante la propuesta de Ana Mato, un frente que no se limitará a intentar mañana modificar el decreto sino que incluirá, según anunció la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, la exministra Trinidad Jiménez, acudir a los tribunales.
Reuniones in extremis
Pero no serán sólo las tres comunidades con gobierno socialista las únicas que se movilicen contra el real decreto. Los colectivos de afectados, que ya pusieron el grito en el cielo nada más conocerse el borrador, están trabajando de forma intensa durante todo el fin de semana, a la espera de convencer a los autores de la reforma de los inconvenientes de la misma.
A las organizaciones de discapacidad les gusta poco el retraso hasta 2015 de la cobertura a la dependencia leve, pero aún les gusta menos la universalización del copago. Tal y como adelantó este periódico, el real decreto extiende el copago a las rentas de 400 euros al mes e incluye a los beneficiarios menores de edad, lo que supone que, en toda España, 32.996 menores de 18 años tendrían que sufragar parte del servicio que reciben.
El problema es que no lo harán ellos, sino sus padres, afectados por otra medida que también enfada a los usuarios: la inclusión de la vivienda familiar en el cómputo de patrimonio. Los colectivos de discapacidad ya han dicho que esta reforma de la Ley de la Dependencia es, en realidad, su derogación.
El Principado adeuda 1,5 millones de euros a los geriátricos concertados
La petición del pago la hará hoy a la consejera de Bienestar Social su exvicealcalde en Langreo, Paulo González
09.07.12 - CH. TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
«La deuda sigue en pie. El Principado no nos debe un millón, la cifra ya llega a 1,5 porque se retrotrae al 1 de enero de 2011. Todos los gobiernos han dicho que nos pagarían; el último, el de Foro Asturias, pero ninguno lo ha hecho. El de Foro dejó la resolución aprobada, pero no llegó al Consejo de Gobierno». Jesús Kocina, directivo de la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), resume de esta manera lo que hoy la patronal geriátrica asturiana que más plazas concertadas aglutina le planteará a la nueva consejera de Bienestar Social y Vivienda: «¿Cuándo nos pagará?».
Se refiere a la deuda que el Gobierno regional mantiene con todos los geriátricos privados en los que concierta plazas, una deuda basada en la actualización de los precios que fija el propio Principado. El equipo de Izquierda Unida en Bienestar Social confirmó en 2011 que tenían derecho a la actualización, pero la resolución confeccionada por ellos no ha recibido aún el visto bueno.
No obstante, no será Kocina quien hoy plantee la cuestión a la consejera de Bienestar Social y Vivienda. La socialista Esther Díaz escuchará la petición de un viejo conocido, el que fue su vicealcalde en el Ayuntamiento de Langreo: Paulo González.
Paradójicamente, quien también suma en su tarjeta de visita la Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad -con la que el PSOE retomó en 2008 la aplicación de la Ley de la Dependencia que IU había puesto en marcha en Asturias en abril de 2007- es hoy el representante de Ascege, asociación en la que está integrado La Serena, centro para el que González trabaja en la actualidad.
78 plazas en el aire
Desde su nuevo puesto, González reclamará a su exalcaldesa no sólo el pago de la deuda por el coste de la plaza concertada sino, también, la aclaración de qué ocurre con las 78 que estaban pendientes de actualizar. Según explicó Kocina, «el 1 de junio ya se tenía que haber publicado la actualización del contrato de 78 plazas en vigor. Nos dijeron que lo harían el 1 de julio, pero tampoco ha sido así. Tenemos mucho que aclarar». Lo harán Díaz y González.
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