Que nadie lo dude: están acabando con todo
El Gobierno aprueba la nueva Dependencia, que limita la figura del cuidador familiar
«Muchos dependientes van a estar muertos para cuando se les reconozca la prestación», critica la dirigente socialista Trinidad Jiménez
Madrid / Oviedo, Agencias / P. Á., en La Nueva España.
La reforma de la ley de Dependencia, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, fomentará los cuidados profesionales de las personas dependientes sobre los prestados por los familiares, a los que bajará un 15 por ciento la paga. La reforma, según el Ejecutivo, generará puestos de trabajo y servirá para proteger a los grandes dependientes. A su vez, con la norma a la que ha dado luz verde el Gobierno central, desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo. Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la reforma establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.
Por otro lado, se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, mientras que los que ya cotizan «no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen», según el Ministerio de Sanidad. A estos cuidadores se les reducirá un 15 por ciento la prestación que reciben, una figura que el Gobierno asegura que va a mantener, aunque les pedirá unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.
A partir de ahora, la ley define unos criterios comunes para determinar la capacidad económica del usuario que se calculará además de con la renta, con su patrimonio. No obstante, las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención, y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva -«a más renta más desembolso»- hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
Asimismo, el Ejecutivo ha ampliado a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de dependencia, o no perciben la prestación, reciban dicha cuantía.
Las medidas contenidas en la reforma fueron debatidas el pasado martes por la ministra de Sanidad, Ana Mato, junto con las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Tras esa reunión, Mato aseguró a los medios que hasta el momento la ley era «insostenible y necesitaba un cambio urgente», ya que en los últimos años estaba «colapsada», como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera.
Según el Ejecutivo, las previsiones a partir de las cuales se diseñó el sistema, en cuanto al nivel económico y número de beneficiarios, han quedado superadas por la realidad, ya que a falta de cuatro años para la implantación total de la norma, de forma acumulada, se han beneficiado 324.416 personas más de lo estimado. El gasto adicional al previsto inicialmente en la memoria de la ley ha sido de 2.724 millones de euros.
La ex ministra y secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, criticó ayer la reforma de la ley de Dependencia y advirtió de que «muchos dependientes van a estar muertos para cuando se les reconozca la prestación». Según Jiménez, los recortes en Dependencia podrían haberse evitado ya que «no cuesta tanto». En concreto, prosiguió, España destina a política social un 0,4 por ciento de su PIB.
Los empresarios denuncian el «fuerte varapalo» al sector
Madrid / Oviedo, Efe / P. Á., en La Nueva España
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) manifestó ayer su «enorme preocupación y rechazo» al anuncio de la subida del IVA, que supone un fuerte varapalo para el sector, «ya castigado» por retrasos en los pagos de la Administración. En un comunicado, la FED subraya que «el hecho de que se incremente el tipo del IVA para servicios sociales acarreará perjuicios económicos que afectarán al sector, a las empresas y a los profesionales implicados en la prestación de estos servicios sociales y dependencia».
La decisión del Gobierno «amenaza seriamente la viabilidad futura del sector, poniendo en peligro los 200.000 empleos directos y los más de 100.000 indirectos», asegura la FED, que denuncia el agravio comparativo con países como Alemania, con un tipo de tributación en servicios sociales inferior al de España (7 por ciento), e incluso con Irlanda o el Reino Unido, que están exentos, mientras España incremente el tipo del 8 al 10 por ciento «a un sector ya castigado por impagos y otras realidades».
Por otra parte, el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) del Principado trasladó ayer al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, la reivindicación de que la atención a los discapacitados y a sus familias sean «una prioridad» en las decisiones que en materia sanitaria adopte el Gobierno asturiano. Sanidad informó a los responsables del Cermi de que, debido a la situación de prórroga presupuestaria, resulta imposible convocar para este año la subvención a entidades sin ánimo de lucro.
Las claves de la reforma
Se recorta un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción. Además, se les exigirá cumplir con unos «conocimientos básicos» para atender al dependiente, así como convivir con esa persona.
La reforma modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.
En cuanto a la organización del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de «agilizar la entrada de los grandes dependientes».
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