Ya lo advirtió nuestro presidente autonómico: No admito que se dinamite el Estado autonómico con falacias, pero en el PP empieza a estar claro lo que ellos quieren
Las autonomías, en situación límite
Asturias apela a su solvencia para conseguir crédito a las puertas de un durísimo recorte de al menos 300 millones de euros en los próximos dos años
Sometidas a una rigurosa cura de déficit, las regiones se enfrentan al fantasma del rescate
29.07.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
Tres comunidades -Valencia, Murcia y Cataluña- decididas a adherirse al mecanismo de ayuda del Estado. Otro buen puñado de ellas abocadas a hacerlo en las próximas semanas pero que se resisten como gato panza arriba, temerosas de las durísimas condiciones que establecerá el Ministerio de Hacienda. Las que mejor están, como Asturias, con una carga de endeudamiento inferior a la media, pugnando por conseguir financiación en los mercados y esquivar el estigma del rescate. Y un horizonte inmediato de incertidumbre, con la mitad de los gobernantes autonómicos dudando de si podrán llegar a final de año cumpliendo con los objetivos de déficit marcados y en espera de unos próximos ejercicios, 2013 y 2014, que traerán millonarios recortes del gasto. Es el dibujo de la España de hoy en día en su vertiente regional, en un contexto de severísima crisis que ha hecho que incluso el Estado autonómico y su reforma, un tema prácticamente tabú hasta ahora, comience a dejarse ver por debajo de la mesa.
¿Es exagerado pensar que la situación es límite? En absoluto, y son muchos los dirigentes autonómicos que admiten en privado que la situación estallará antes de final de año. El debate del gasto de las regiones no es nuevo, no en vano sobre sus presupuestos recae la financiación de los servicios básicos -sanidad y educación- que año a año consumen un volumen creciente de recursos. Pero mientras la economía daba muestras de prosperidad el asunto se limitaba a los tiras y aflojas entre el Gobierno central y las autonomías con motivo de la cobertura económica de algún servicio -la ley de dependencia- o de la reforma del modelo de financiación. Controversias con más carga política que otra cosa que, con el paso del tiempo, acababan enterradas por alguna otra cuestión que absorbía el interés público.
Pero con la llegada de las vacas flacas las cosas han cambiado y todos los focos se han situado sobre las autonomías. Lastradas por un endeudamiento en muchos casos insoportable, embarcadas en una política de ajustes que en muchos casos ha tocado ya elementos medulares del Estado de Bienestar y con unos severísimos límites de déficit a cumplir en los dos próximos años -0,7% del PIB el que viene y 0,1% el próximo- que acarrearán fortísimos recortes, de al menos 300 millones en el caso de Asturias, todo parece conducir hacia un callejón sin salida.
Nadie pone en cuestión lo delicado del escenario actual. La duda está en cómo salir del embrollo. Quizá la primera frontera esté en el cierre del ejercicio en vigor. Será entonces cuando se compruebe si todos los territorios han respetado escrupulosamente el tope de déficit del 1,5% sobre el PIB al que obliga Hacienda. A la luz de la evolución de los datos del primer semestre, es dudoso que lo hagan. En el último Consejo de Política Fiscal, Cristóbal Montoro ya tiró de las orejas a ocho comunidades, aunque sin decir en público sus nombres, por desviarse de la senda marcada en sus planes de reequilibrio. En un contexto de ingresos dramáticamente a la baja, la segunda mitad del año no augura nada mejor.
Con todo, los primeros movimientos sísmicos de envergadura han comenzado a producirse. Cataluña, uno de los grandes motores económicos del país, y la Comunidad Valenciana, ahogada por un endeudamiento insoportable, han anunciado su voluntad de conectarse a la manguera de liquidez del Estado para poder hacer frente a los millonarios vencimientos de deuda que tienen por delante. También se ha sumado Murcia, con una economía que prosperó a lomos de la ’burbuja’ inmobiliaria y que se ha visto muy afectada por su pinchazo. Es probable que no sean las únicas. A la cola están Castilla-La Mancha, Canarias o Extremadura, entre otros territorios que pasan por momentos complicados.
Estas regiones recibirán la ayuda del Estado pero con un precio, una condicionalidad: control de sus cuentas, más ajustes... ¿Un rescate en toda regla? Lo es para muchos expertos y economistas, no lo es para los gobernantes autonómicos, que quieren huir a cualquier precio del estigma que acarrea esa palabra maldita.
Asturias, al menos de momento, no pedirá el aval del Gobierno central. El Principado tiene luz verde de la Junta General para negociar con los bancos uno o varios créditos por importe de 423 millones con los que movilizar inversiones ahora frenadas por la prórroga presupuestaria. Tanto el presidente, Javier Fernández, como su consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, se muestran confiados en sacar adelante ese endeudamiento en el mercado. Pero ¿y si no es posible?
Aquí se abre un debate de mayor enjundia si cabe. Fernández acusó recientemente a Montoro de, con sus declaraciones, complicar el acceso de las comunidades a la financiación en los mercados, lo que las forzaría a tener que pedir la ayuda del Estado. Días después, el ministro de Industria, José Manuel Soria, animó directamente a los gobernantes regionales a sumarse a ese mecanismo extraordinario de liquidez. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué tanto interés del Gobierno central en tener bajo su órbita a las autonomías?
En privado, dirigentes políticos asturianos apuntan la posibilidad de que el Gobierno pretenda tener bajo su control económico a las comunidades para, llegado el caso, poner sobre la mesa una reforma del Estado autonómico sin que las regiones tengan margen de maniobra o capacidad efectiva para protestar. El último informe del Fondo Monetario Internacional, que pide mano dura con las comunidades, haciendo efectiva la intervención de sus cuentas llegado el caso, parece avalar esa tesis.
Lo único cierto es que la reforma del Estado de las autonomías, un asunto del que hasta ahora apenas se hablaba más allá de para proponer la supresión de las duplicidades y las ineficiencias, ha dejado de ser un tabú. De momento, el Gobierno ha comenzado por meter mano a los ayuntamientos con una reorganización local de calado. Están por ver sus próximos pasos.
El tijeretazo previsto para 2013 pone al sector público regional en el punto de mira
El Gobierno abordará en el primer semestre del año un plan de cierres y fusiones de empresas, el nuevo modelo de la RTPA y la reorganización de las fundaciones
29.07.12 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
Los gobernantes autonómicos miran el calendario y las exigencias del Ministerio de Hacienda y se llevan las manos a la cabeza. El panorama era complicado antes del Consejo de Política Fiscal celebrado a principios de mes, cuando sobre la mesa había unos objetivos de déficit del 1,1% del PIB para 2013 y del 1% para 2014. Esos límites ya suponían la aplicación de más ajustes sobre los ejecutados este año. Pero aquella reunión lo cambió todo. Los topes a cumplir pasaron al 0,7% del PIB el próximo año y el 0,1% el siguiente, con la previsión de tener superávit en 2015. Esta revisión drástica ha puesto patas arriba las previsiones autonómicas. ¿Cómo hacer frente a semejante endurecimiento, que en el caso de Asturias supone un recorte extra de 300 millones en esos dos años? El Principado tiene cierto margen de maniobra para planificarlo, pero el sector público regional, lo que desde la oposición se viene a denominar como ’chiringuitos’, está en la mente de todos.
Preguntado por este periódico una vez confirmado el montante del tijeretazo para los dos próximos años, 95 millones en 2013 y unos 200 en 2014, el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, precisó que la filosofía general será la misma que la del ajuste previsto para este año. Esto es, tratar de «preservar» los servicios básicos -sanidad, educación y política social- y hacer «todo el esfuerzo posible» para que la merma de recursos no se traduzca en una disminución de las prestaciones y de su calidad. Pero afrontar un recorte tan severo salvaguardando los pilares del Estado del Bienestar, tal y como plantea el Gobierno, obliga a tomar medidas severas de restricción del gasto en otros capítulos.
En este punto, todos los ojos se vuelven al sector público, al conjunto de empresas, entes, organismos y fundaciones creadas por el Gobierno regional en las últimas legislaturas para prestar determinados servicios teóricamente con mayor calidad y menor coste que si lo hiciera la propia Administración. El sector público asturiano está formado por 81 entes y, comparativamente, es uno de los más reducidos del país. Cataluña tiene 449 y Andalucía cuenta con 372, por poner solo algunos ejemplos. El Ejecutivo sostiene que se trata, en efecto, de una estructura contenida y en modo alguno desproporcionada. La oposición, especialmente el PP y Foro, hablan de un entramado de dimensiones «desmesuradas» utilizado en la última etapa socialista para «colocar amigos y afines». Piden una reducción «drástica» de su tamaño.
Por etapas
Probablemente entre las posiciones de unos y otros se encuentre el equilibrio. El Gobierno tiene claro que en un momento como el actual, tanto por cuestiones de ahorro económico como por lanzar el mensaje a la calle de que la Administración también se aprieta el cinturón, debe tocar ese sector público. Y no tardará mucho en hacerlo. En el próximo periodo de sesiones de la Junta, a partir de septiembre, planteará una primera iniciativa destinada a plasmar en la práctica las medidas ya recogidas en el plan de ajuste para 2012. Eso supondrá la venta de la participación en la constructora Sedes y en distintas empresas hoteleras, la supresión del Instituto Asturiano de Estadística, la reordenación de los instrumentos de promoción económica y la revisión de la empresa Serpa, entre otras actuaciones. Pero el calado de la reordenación que el Principado tiene en mente para su sector público se conocerá en 2013. En concreto, en el primer semestre.
Para ese periodo ha comprometido la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, un segundo paquete de medidas que conllevará, entre otras cosas, la desaparición de las empresas que en función de las auditorías realizadas se consideren gravosas o ineficientes, así como la fusión de aquellas que puedan realizar el mismo servicio y que ahora estén incurriendo en algún tipo de duplicidad. Del número de empresas que desaparezcan y se fusionen dependerán la importancia de la reforma y el ahorro económico que se pueda obtener.
También para la primera parte de 2013 está previsto el diseño del nuevo esquema de la RTPA, a partir del principio de una radiotelevisión «pública y austera», lo que da a entender que no se cuestionará el modelo en sí pero se buscará ahorrar en el coste que supone para las arcas públicas, y la reorganización de las fundaciones. La remodelación del sector público se cerrará, en una tercera etapa, con una nueva ley que ponga claridad en tan complejo asunto.
¿Cuánto dinero se ahorrará con esta reforma? Es muy pronto para saberlo porque ni siquiera se ha empezado a aplicar y porque el grueso de la misma se desarrollará en 2013. Pero no será, en cualquier caso, suficiente para asumir el endurecimiento de los objetivos de déficit marcados por el Ministerio de Hacienda y por su responsable, Cristóbal Montoro. Asturias trabaja ya en las bases de elaboración de unos presupuestos regionales que se auguran tremendamente restrictivos.
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