¿Cómo es que países como Portugal, Grecia, Irlanda y la propia Italia padezcan idénticos problemas a los de España ?... no son modelo autonómico.

Ofensiva sobre el Estado autonómico

España, ante sus viejos demonios: el problema territorial

Por JUAN COFIÑO GONZÁLEZ, abogado, en La nueva España.

Vivimos tiempos de zozobra y desorientación, por razón de una crisis económica y financiera sin precedentes, con consecuencias muy dolorosas en el ámbito del empleo, grave afectación al tejido económico y social y, en última instancia, al llamado Estado del bienestar, logro tardío, y expresión de los afanes de varias generaciones de españoles, que hoy está, no solamente amenazado, sino sometido a una severa dieta cuya deriva pergeña un Estado social anoréxico.

Ante este estado de cosas, surgen voces diagnosticando la enfermedad, a la vez que prescriben tratamiento; dejando al margen soluciones imaginativas y/o excesivamente creativas, además de aquellas que de forma oportunista abanderan propuestas inconstitucionales, con presencia de salvapatrias, y discursos inflamados en una mezcla dañina de demagogia y descalificación (discurso, para mi sorpresa, demasiadas veces protagonizado por personas formadas e informadas), resulta de especial preocupación la tormenta de diatribas y toda suerte de invectivas que se están proyectando sobre el Estado autonómico, alumbrado por la Constitución de 1978, y que entronca con las soluciones al endémico problema territorial español emprendidas por la Segunda República. Todo el arsenal argumental se concentra en una acusación generalizada de enormes dispendios y despilfarros, cuyo corolario resulta en la inviabilidad del actual Estado de las autonomías, por caro y poco operativo.

Por lo que respecta a la razón de ser del actual Estado autonómico, más allá de sus bondades (que las tiene) sobre las cuales abundaré, no se puede perder de vista que el actual dibujo constitucional, plasmado en el Titulo Octavo de la Carta Magna, es consecuencia de un trabajoso pacto entre las fuerzas políticas de entonces (sustancialmente las ahora presentes) para articular una salida de enorme dificultad a un problema histórico, que ha dificultado hasta el extremo la propia viabilidad del Estado español: esto es, la coexistencia de pueblos (País vasco, Cataluña) con tendencias centrífugas, con otros pueblos vertebradores del Estado, sin merma de la calidad de ciudadanos de un mismo Estado y, por extensión, de los derechos y obligaciones inherentes a esta condición. Es cierto que la solución alcanzada no está adornada de la solidez que implicaría la unanimidad, toda vez que los ramalazos nacionalistas, las coyunturas políticas y las permanentes dudas de ciertos sectores revisionistas de la derecha política han contribuido a cierta inestabilidad; pero no es menos cierto que el acuerdo entre los grandes partidos presentes en el escenario nacional ha hecho posible la perdurabilidad del modelo.

El Estado autonómico, además de procurar un alto grado de consenso entre tendencias centrípetas y centrífugas presentes en el mosaico de los pueblos que conforman España, ofrece ventajas respecto de la gestión de innumerables asuntos públicos, basadas en la cercanía y el mayor conocimiento que ello entraña para adoptar las políticas adecuadas. Pero es que además conlleva el afianzamiento de un sentimiento identitario que, al margen de extremismos nacionalistas, vincula la política al territorio, y facilita extremadamente la interlocución entre la sociedad civil y su representación política, por no hablar de los beneficios derivados de la presencia de una Administración territorial más cercana y accesible.

La Constitución española vigente legitima un modelo territorial descentralizado que resulta singular en términos comparativos, con respecto a otros modelos de descentralización administrativa y/o política de nuestro entorno, ya que singular y diferencial resulta la situación española; sin embargo, singularidad no es sinónimo de extravagancia ni excrecencia, sino, antes bien, intento de adaptación a una realidad, social, histórica y cultural, diversa y rica en múltiples expresiones, tal cual representan el conjunto de pueblos que integran el Estado español.

Son admisibles, en el plano teórico, y tienen cabida, por tanto, diversos modelos de articulación territorial del Estado; desde concepciones centralistas, hasta las federalistas, pasando por una amplia gama de estados intermedios; sin embargo, se me antoja que un ejercicio de prudencia colectiva ponderaría la conveniencia de preservar la arquitectura constitucional, sin apresuramientos y mudanzas pocos meditadas, al socaire de las urgencias económicas, cuyo recetario rebasa ampliamente la problemática de la forma de organización del Estado, aunque convengamos en la necesidad de racionalizar el gasto público, incluyendo el correspondiente a las comunidades autónomas. Si el problema radicara principalmente en la arquitectura territorial del Estado, ¿cómo es que países como Portugal, Grecia, Irlanda y la propia Italia padecen idénticos problemas a los de España, aun estando organizados con modelos políticos territoriales y administrativos bien diferenciados con respecto al nuestro?

Seamos claros: nadie discute la necesidad de reducir el gasto público de las diferentes administraciones públicas que forman parte del entramado institucional español, incluyendo las comunidades autónomas; pero sería injusto, equivocado y probablemente un error de consecuencias difíciles de pronosticar, cargar las tintas sobre el Estado autonómico, por cuanto que se abriría gratuitamente una crisis de difícil resolución cuando el ejercicio de reducción del déficit público pasa por un acto de responsabilidad compartida, incompatible con el ejercicio de revisionismo histórico en relación con la cuestión territorial, que parece ganarse incondicionales a medida que la crisis económica se agudiza. Reclamo, en este sentido, una atenta lectura de las palabras dedicadas a este espinoso asunto con ocasión de la inauguración oficial de la Feria de Muestras de Asturias, el pasado día 3 de agosto, por parte del presidente del Gobierno regional (pasaje omitido, para mi sorpresa, por los medios de comunicación) que me parecen clarividentes y dignas de enfatizar, por cuanto resumen, a mi juicio, la posición del gobernante pragmático, equilibrado y con sentido de Estado, cuando afirmaba: «No puede reformarse la estructura territorial a hurtadillas, ni aprovechar la crisis para ajustar las cuentas al modelo de Estado» (...) «la disyuntiva no está entre autogobierno y recentralización, sino entre sistemas descentralizados eficientes y los que no lo son», para concluir aseverando con acierto: «Los problemas de mala gestión se solucionan con mejor gestión». En efecto, si algunos gobiernos autonómicos (acaso los más) se han dejado arrastrar por proyectos megalómanos, prácticas económicas poco ortodoxas o arriesgadas e incluso han incurrido en actitudes reprochables desde el punto de vista ético en el manejo de los fondos públicos, ello no puede conducir a la descalificación del modelo territorial, toda vez que, por desgracia, éste no es un signo distintivo de los gobiernos autonómicos, sino un mal muy extendido en el conjunto de las administraciones públicas, a superar cuanto antes. Hagamos, pues, un ejercicio colectivo de sentido común y corrijamos los desmanes allí donde se han producido, adelgacemos el sector público allí donde sea prescindible, o sustituible por la iniciativa privada, sin merma del servicio público; en fin, adoptemos las soluciones económicas, desde los principios de eficiencia y contención del gasto que procedan, perturbando lo menos posible la arquitectura constitucional que nos hemos dado, toda vez que remover viejos demonios colectivos, como algunos pretenden, en clave de una revisión sustancial del modelo (fuerte recentralización), no parece que, por sí misma, asegure grandes ventajas económicas ni de otra naturaleza, conllevando el riesgo de una crisis político-institucional de consecuencias imprevisibles.