Mañana es 14 de noviembre
Sindicatos y sociedad civil ultiman una "huelga ciudadana"
En los ocho meses que han pasado desde el último paro general, los recortes se han agudizado.
Habrá huelga en España y Portugal, y paros parciales en Grecia e Italia. En el resto de Europa hay convocadas manifestaciones y actos de protesta.
Se busca una huelga que involucre a toda la ciudadanía e integre todas las formas de descontento.
Ana Requena Aguilar, ElDiario.es
En menos de veinticuatro horas, la segunda huelga general del año estará en marcha. Desde el último paro general, el 29 de marzo, apenas han pasado ocho meses en los que los recortes se han agravado mientras la economía y el mercado laboral siguen sin ofrecer síntomas de recuperación. Será la primera huelga simultánea en España y Portugal. En Italia y Grecia también hay convocados paros parciales y, en el resto de Europa, habrá acciones de protesta y manifestaciones.
¿Qué ha pasado en estos ocho meses? Los derechos laborales han menguado. El Gobierno aprobó un Real Decreto en julio que recortaba las prestaciones de desempleo de los nuevos beneficiarios y endurecía los requisitos para acceder a otras ayudas, como la Renta Activa de Inserción o el subsidio para mayores de 52 años. Desde entonces, a partir del séptimo mes en que se cobra la prestación, ésta se calcula con el 50% de la base reguladora en lugar de con el 60% como antes, es decir, las prestaciones de paro se reducen.
La ayuda de 400 euros para personas en paro que agoten todas sus prestaciones desde agosto también ha endurecido sus condiciones, especialmente para los jóvenes. De hecho, el Gobierno aún no ha dado datos sobre los nuevos beneficiarios. Los efectos de la reforma laboral aprobada en febrero ya se dejan notar: los expedientes de regulación de empleo y los trabajadores afectados por estos han aumentado.
Desde el uno de agosto, las prestaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa, que sufraga las nóminas e indemnizaciones de los trabajadores cuyas empresas se declaran insolventes) también son menores. Entre otros cambios, el Fogasa ya solo abona un máximo de cuatro nóminas, en lugar de cinco, con topes salariales más reducidos.
El Ejecutivo ha vuelto a congelar para 2013 el salario de los funcionarios, que también cobrarán menos en caso de baja por enfermedad. Además, no se cubrirán las bajas en el sector público, salvo algunos sectores. Las administraciones pueden ya llevar a cabo expedientes de regulación de empleo del personal laboral por causas económicas. Sin embargo, el nuevo reglamento aprobado por el Gobierno les impide aplicar medidas como la suspensión temporal de los contratos o la reducción de jornada, fórmulas que sí se usan en el sector privado para evitar despidos.
Sanidad y educación han sufrido también reveses duros. El presupuesto para educación se reduce y habrá menos dinero para becas y libros. El Gobierno ha eliminado la atención sanitaria para las personas inmigrantes en situación irregular y ha aprobado el repago farmacéutico en función de la renta. Madrid y Catalunya han aprobado el euro por receta. En el caso de la primera, se privatizarán varios centros hospitalarios mientras que Catalunya está estudiando esta medida.
La partida presupuestaria para igualdad se recorta un 25% para 2013. El presupuesto para programas contra la violencia de género se reduce un 7%. Los recursos para dependencia se han mermado: entre agosto y octubre de este año se han perdido casi 10.000 beneficiarios.
La cooperación al desarrollo prácticamente ha desaparecido del mapa: la aportación española es ahora del 0,2% de la Renta Nacional Bruta, una cifra muy alejada del 0,7% al que se aspiraba.
Una huelga ciudadana
Desde mucho antes de que se convocara el 14-N, los sindicatos han tratado de preparar una convocatoria más incluyente y abierta que en otras ocasiones. Prueba de ello es la Cumbre Social, liderada por CCOO y UGT pero en la que han participado más de 150 organizaciones sociales.
Por otro lado, no han sido pocas las veces que los líderes sindicales han insistido estas semanas en la necesidad de secundar una “huelga ciudadana” que vaya más allá de lo laboral. Es decir, una huelga al uso pero con cabida para todas las expresiones de descontento ciudadano que sean posibles, desde huelgas de consumo o cuidados hasta acciones de desobediencia civil.
"Tiene que ser una movilización laboral, que lo será, y también ciudadana", dijo el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el pasado domingo durante un acto del mundo de la cultura y la universidad en apoyo a la huelga. Su homólogo en UGT, Cándido Méndez, también se ha pronunciado al respecto: "Es una huelga de autodefensa general que se convoca justo en el momento que más lo necesita la sociedad".
Organizaciones como Ecologistas en Acción han defendido varias veces la convocatoria de huelgas de consumo, por eso también abogan por secundarla en esta ocasión. "Tiene que ser uno de los elementos centrales de esta huelga, no sólo hay que parar en los lugares de trabajo también dejar de consumir: no comprar los productos que solemos comprar un día cualquiera o no usar el transporte", explica Luis González, responsable del área de antiglobalización.
Autónomos y pequeños empresarios también están llamados a participar. "Apoyamos las acciones de protesta y los contenidos de la huelga y convocamos a colaborar y participar en las acciones de la huelga, aunque nuestro colectivo es muy diverso y cada sector decidirá cómo hacerlo de la mejor forma", señala el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna.
El 15M también se ha sumado a la huelga general, tanto desde las asambleas de trabajo y barrios, como desde organizaciones como Democracia Real Ya o Juventud sin futuro.
La Coordinadora 25-S ha convocado para mañana una concentración en la plaza de Neptuno, frente al Congreso, donde quieren permanecer hasta el inicio del Pleno de la mañana siguiente. "Convocamos a los trabajadores, a los parados, a los desahuciados, a los jóvenes sin futuro, a los pensionistas. Convocamos en definitiva a toda la ciudadanía agredida y amenazada por una política de recortes que nos despoja de derechos y conquistas sociales", dicen en la convocatoria.
Jueces para la Democracia apoya la huelga por el ataque sin precedentes al Estado Social
JpD apoya la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre. "Consideramos que se está produciendo un inaceptable desmantelamiento del Estado Social y un ataque sin precedentes contra el sector público", aseguran en un comunicado.
nuevatribuna.es
"Jueces para la Democracia apoya la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre. Consideramos que se está produciendo un inaceptable desmantelamiento del Estado Social y un ataque sin precedentes contra el sector público. Todo ello se está llevando a cabo con intensos recortes de las prestaciones sociales y de los servicios públicos más importantes para la ciudadanía. Al mismo tiempo, se están produciendo las mayores restricciones en los derechos fundamentales de toda la etapa democrática. Asimismo, como ya denunciamos en su momento, los efectos de una reforma laboral injusta y de dudosa constitucionalidad han provocado unos niveles de desempleo de enorme entidad, así como han generado una situación de importantes desequilibrios en las relaciones laborales.
El resultado de dicha gestión está siendo un aumento sin precedentes de las desigualdades, con un incremento considerable de la exclusión social. Además, los sacrificios que se exigen a la mayoría de la población no se extienden a los sectores más privilegiados, pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar las correspondientes aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno. Al contrario, este trato de favor se completa con la aprobación de una amnistía fiscal. Todo ello resulta contrario a los principios de capacidad económica y de progresividad en la aportación a las arcas públicas que se regula en nuestra Constitución, así como al principio de redistribución de la renta.
Los continuos recortes de los servicios públicos han tenido también considerables repercusiones en la administración de justicia. Nuestro país se encuentra con un sistema judicial en gran parte al borde del colapso, con una de las tasas más bajas de jueces por habitante en el ámbito europeo y con uno de los más elevados índices de litigiosidad. En lugar de solucionarse estos problemas, el gobierno ha acordado una importante reducción del presupuesto para 2013. Además, desde el gobierno se pretende prescindir de la mayor parte de la partida destinada a jueces sustitutos, en la línea de su política de ajustes económicos, con la pretensión de que sean los jueces titulares quienes asuman dicha carga de trabajo. Ello resulta manifiestamente imposible, lo cual provocará mayores disfunciones y demoras, con el consiguiente perjuicio para el servicio público y para los ciudadanos, que verán afectado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Del mismo modo, la paralización de las inversiones en Justicia imposibilitará el desarrollo de la nueva oficina judicial. Por otro lado, la implantación de las tasas judiciales provocará graves desigualdades procesales por razones económicas y permitirá que solo tengan acceso a la justicia quienes puedan pagársela.
Todas estas razones motivan nuestro apoyo a la huelga general del 14 de noviembre, en el ámbito de nuestra participación en la Cumbre Social. Y por ello compartimos las razones de los sindicatos al efectuar dicha convocatoria. Ante la negativa del CGPJ a regular los servicios mínimos, los propios jueces asumiremos su autorregulación"
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