La presión social no debe cejar hasta la solución en profundidad y definitiva esta vez no caben parches, apariencias ni dilaciones.
Gobierno y PSOE terminan la reunión sobre desahucios sin acuerdo y con posiciones alejadas
El Gobierno se resiste a una reforma completa de la ley hipotecaria
Gonzalo Cortizo, ElDiario.es
Tras casi seis horas de reunión, el Gobierno y el PSOE han puesto punto final a su primer encuentro para pactar una ley que frene los desahucios sin llegar a ningún acuerdo. Según fuentes de la negociación, hoy martes seguirán los contactos para intentar buscar una solución legal al problema de los lanzamientos hipotecarios pero el primer intento ha terminado con posiciones muy alejadas entre ambas partes.
Durante toda la tarde de ayer desde Moncloa se ha ido deslizando la idea de que el Gobierno es contrario a reformar la ley hipotecaria, vigente desde principios del siglo pasado. Todo ello en un contexto en el que bancos y cajas han decidido paralizar las ejecuciones en marcha en los casos que ellos consideren de especial gravedad.
La reunión ha producido avances significativos, según fuentes del Gobierno, y todo lo contrario si la fuente es socialista. La clave pasa por el segundo nivel de acuerdos. Según las fuentes consultadas, el terreno está allanado para el decreto que el Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros del jueves pero nada se ha avanzado sobre la reforma de ley hipotecaria que el PSOE considera necesaria para encontrar una solución en profundidad.
Las negociaciones no se han roto y seguirán este martes.
Gobierno y PSOE se citan hoy de nuevo para pactar contra los desahucios
El PSOE afirma que ha habido avances, mientras el Gobierno habla de "acuerdos sustanciales"
El Ejecutivo va a proponer una moratoria de dos años para las ejecuciones en casos extremos
Carlos E. Cué / Vera Gutiérrez Calvo, Madrid, en El País.
La voluntad política es un concepto difícil de definir. Pero todos los que se mueven en el entorno de lo público acuden a él como un poder supremo: el que puede mover cualquier cosa. Nadie sabe bien cómo funciona, pero todos confían en ella. Desde la semana pasada, cuando se produjo un nuevo suicidio por un desahucio, la voluntad política se ha puesto en marcha a toda velocidad y en unos pocos días ha logrado cambiar algo que, tanto en los últimos años de José Luis Rodríguez Zapatero como en los primeros meses de Mariano Rajoy, parecía impensable: cambiar la legislación sobre los desahucios y las hipotecas en España, una de las más duras de Europa y con un siglo de antigüedad.
Dos equipos técnicos del Gobierno y el PSOE negociaron este lunes en La Moncloa una serie de reformas. Después de casi seis horas, según fuentes socialistas, no se pudo cerrar un acuerdo, aunque hubo muchos avances. La reunión seguirá este martes. Los socialistas quieren ir más lejos que el Ejecutivo, aunque parece que hay voluntad de pacto. Algunas de esas reformas que se ultiman son del código de buenas prácticas para los bancos, y otras son cambios legales importantes, que llevarán algo más de tiempo, pero cuya tramitación iniciará de urgencia el Consejo de Ministros del jueves a través de un decreto, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Hay acuerdo en concretar una moratoria para algunos tipos de desahucios. Pero el PSOE quiere además cambiar la ley hipotecaria para que nunca más se produzcan hipotecas abusivas. Y ahí el acuerdo parece más difícil.
En cualquier caso, en un fin de semana ha cambiado casi todo. No solo ha habido negociaciones dentro del propio Gobierno, entre los distintos ministerios, y con el PSOE, un partido que empujó al Ejecutivo al presentar una completa reforma de la legislación de desahucios. También ha habido diversas conversaciones entre el Ejecutivo y los representantes de bancos y cajas de ahorro. En medio de una enorme presión social, bancos y cajas dieron este lunes el primer paso y se adelantaron a los políticos, dando así la sensación de que se autorregulan, aunque la realidad es que ha habido muchas conversaciones por detrás, según fuentes políticas.
Lo que aún no está del todo claro es hasta dónde llegará ese freno a los desahucios en marcha. El PSOE ha apretado el acelerador. El Gobierno, que hace solo dos semanas dijo que solo habría modificaciones del código de buenas prácticas para que los bancos voluntariamente frenaran los desahucios, aceptó poco después la idea de que tiene que haber cambios legales. Eso llegó durante la reunión entre la vicepresidenta y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, el miércoles.
Sin embargo, el Ejecutivo, y en especial el Ministerio de Economía, quieren actuar con muchísima cautela. El riesgo de que la valoración de los bancos españoles se hunda o incluso la prima de riesgo se dispare —este lunes estaba en 450, aunque por otros motivos— con una reforma radical de la legislación de desahucios es real, señalan fuentes del Ejecutivo. El temor de Economía es que se generalicen los impagos.
La vicepresidenta, muy presionada por el drama social y convencida de que, en un momento en que se van a dar 40.000 millones en ayudas a la banca, este asunto puede acabar en un estallido social incontrolable, ha movido sus piezas para forzar reformas legales aunque con cautela.
El Gobierno no ha querido dejar que el PSOE ocupara este espacio político en un asunto tan sensible y ha decidido buscar un acuerdo con el principal partido de la oposición, aunque eso haya supuesto dejar fuera, en un primer momento, a todas las demás fuerzas y también a grupos de presión muy activos en los últimos años en el asunto de los desahucios, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
Algunos de estos grupos que se quedan fuera, en especial IU-ICV, llevan años planteando medidas similares a las que ahora se van a aprobar y que tanto el PP como el PSOE votaban sistemáticamente en contra. Pero ahora la voluntad política ha cambiado y la presión social ha hecho girar a los dos grandes partidos.
El encuentro de este lunes es el segundo entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición en la búsqueda de soluciones para este asunto: la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron el pasado 7 de noviembre frenar "cuanto antes" la situación de los desahucios en España. La número dos del PP, Dolores de Cospedal, ha puesto en valor este lunes, mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se manifestaba ante la sede nacional del partido, que “Mariano Rajoy sea el primer presidente del Gobierno que quiera tomar decisiones” ante una situación que “viene de lejos”. Sin concreción sobre “el abanico de soluciones y de propuestas las que hay que poner encima de la mesa”, Cospedal se ha remitido a lo que decida el Ejecutivo y ha insistido en que cree que “se ha hecho lo más racional en este momento”. “Vamos a solucionar el problema”, ha asegurado, y para ello se ha convocado al principal partido de la oposición. “Hay muchas familias que están perdiendo sus viviendas y el Gobierno, que lleva 11 meses en La Moncloa, ha estudiado este tema con una sensibilidad social más allá del código de buenas prácticas”, ha recalcado, informa Francesco Manetto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también se ha pronunciado al respecto desde la Eurocámara de Bruselas. Guindos ha anunciado que el Gobierno adoptará medidas, de acuerdo con el PSOE, para que ninguna familia "de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis".
Toxo y Méndez defienden la "presión social de la calle" ante los desahucios
nuevatribuna.es
Los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC.OO) y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han defendido este lunes la "presión social de la calle", demostrada, a su juicio, en el caso de la paralización de los desahucios para pedir el apoyo de la sociedad a la huelga general convocada para este miércoles, 14 de noviembre.
En un acto celebrado en Valladolid, ambos líderes sindicales han recordado que se trata de un paro "distinto" a los otros dos convocados desde que comenzó la crisis debido a su carácter europeo y a que "va más allá de lo meramente laboral".
Fernández Toxo ha pedido a aquellas personas que no puedan secundar el paro por estar desempleados o jubilados que "se sumen" a las manifestaciones convocadas en las principales ciudades españolas.
En declaraciones recogidas por Europa Press, el líder de CC.OO. ha reconocido que, aunque se trata de una jornada de protesta coordinada por la Conferencia Europea de Sindicatos, "va a ser más intensa en unos países que en otros", sobre todo "en aquellos del sur".
Por todo ello, Fernández Toxo ha subrayado que se tratará de una jornada "histórica" contra las políticas de austeridad implantadas en la Unión Europea, las cuales, "lejos de solucionar la crisis, la agrava". Unas políticas "impuestas por aquellos que no han elegido los ciudadanos" y que ha provocado que "incluso Alemania entre en recesión".
Asimismo, ha cargado contra la práctica de "aprovechar la crisis para deteriorar los derechos sociales" y que ha elevado el número de parados en toda Europa "hasta los 25 millones, casi seis de ellos en España", mientras que ha lanzado un mensaje al presidente de la CEOE, Joan Rosell, en el que le ha recordado que aquellos países que mejor soportan la crisis "son los que apuestan por el bien social", como los nórdicos.
"ECONOMÍA SUICIDA"
Fernández Toxo ha defendido la existencia de "motivos de sobra" para convocar la huelga, como el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que ahondan en la "economía suicida", por lo que ha cifrado en medio millón los empleos que se pueden perder a lo largo de 2013 debido a estas cuentas.
Por su parte, Cándido Méndez ha defendido que el 14 de noviembre será un día "plenamente constitucional", ya que supone "afirmar y constatar" un derecho recogido en la Carta Magna, frente "al ninguneo y la agresión" de algunos sectores.
En este sentido, Méndez ha mostrado su "sorpresa" por las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que reclamaba la prohibición de la protesta por su "carácter político" en virtud de un decreto vigente desde 1977.
El secretario general de UGT también ha cargado contra el Proyecto de Presupuestos, al cual ha calificado como "hacia fuera e irreal", puesto que "no se lo cree nadie" y ha llevado a que sean "enmendados de manera radical por la Unión Europea", con unas previsiones de déficit público "que no se van a cumplir", aunque ha advertido de que, hacia el interior, van a ser "muy reales" porque "son muy duros" pero "inútiles".
Por todo ello, ha alertado de la "catástrofe" y ha preguntado a Rosell de que si la patronal "todo lo arregla con la reducción del gasto público, de dónde han salido los avales y subvenciones para las entidades financieras". "En vez de sobreproteger a los acreedores de la banca, debería proteger a los más desfavorecidos para evitar situaciones desoladoras como los desahucios", ha comentado.
DECRETO "URGENTE"
En este sentido, tanto Méndez como Fernández Toxo han exigido al Ejecutivo, "si tiene sensibilidad", la aprobación "urgente" de un Real Decreto-Ley que paralice los desahucios, para lo cual han pedido la convocatoria "inmediata" de un Consejo de Ministros "extraordinario" que el secretario general de UGT ha reclamado que se celebre "si puede ser, mañana".
Fernández Toxo ha mostrado su "esperanza" sobre el futuro de los desahucios, aunque ha lamentado que "hayan tenido que producirse suicidios para que el Gobierno y la oposición negocien y muestren voluntad de cambio", a pesar de que "en los últimos años hayan rechazado las medidas propuestas por otros grupos parlamentarios".
Cándido Méndez también ha considerado "gravísimas" las cifras de inflación "en un momento en que la economía se desploma" y que ha achacado, por un lado, al aumento del IVA, y por otro, al "amplio margen de beneficios de las grandes empresas", que ha llevado "a que por primera vez el Banco de España haya tenido que pedir que se estrechen esos márgenes".
Ambos líderes han aprovechado para criticar el recorte en el empleo público y han criticado la "discriminación" que estos trabajadores sufren respecto a los del sector privado. Al hilo de esto, Fernández Toxo ha lamentado que el reglamento impida a estas personas "adherirse a medidas de flexibilidad interna o de suspensión de contrato", lo que deja "la extinción" como la única medida.
Por su parte, Méndez ha alertado de las recomendaciones del comisario europeo de Economía, Olli Rehn, para convertir en "permanentes" algunas medidas del Gobierno español, por lo que ha planteado la posibilidad de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy consolide la supresión de la paga extraordinaria de Navidad o de la amnistía fiscal, a la cual ha acusado de "fracaso" porque "es 150 veces más eficaz perseguir el fraude".
En este sentido, ha acusado a la Comisión Europea de ser "sorda y ciega" por "empeorar las previsiones económicas para España pero no llegar a la conclusión de que hay que cambiar estas políticas".
0 comentarios