Lasquetty & cia. estaban advertidos, pero les dá todo igual de hecho consideran, sin dudar, que DIMITIR es un nombre ruso.
¡¡GRAN NOTICIA!!
La justicia paraliza la privatización de los seis hospitales madrileños otra vez
Un juzgado falla "por derechos fundamentales" la suspensión cautelar del proceso
Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas tenían ya adjudicada la gestión de los centros
La Consejería de Sanidad anuncia que recurrirá el auto
José Marcos / Pilar Álvarez, Madrid, en El País
Segundo varapalo judicial al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Madrid ha paralizado de forma cautelar y para “proteger derechos fundamentales” el cambio de titularidad que el Gobierno regional de Madrid impulsó en los centros a lo largo del último año y culminó en agosto pese a tener varios procesos judiciales abiertos. El Tribunal Superior de Justifica de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el mismo proceso en julio tras una denuncia del PSOE y levantó la suspensión dos semanas después al considerar que el partido no tenía legitimación para presentarlo por no ser un afectado directo. La denuncia que ahora ha considerado un nuevo juzgado proviene de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que justificó la petición de una suspensión cautelar en “la imposibilidad de revertir el cambio de modelo”.
Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). Un portavoz regional señaló ayer que estudian interponer un nuevo recurso porque este último fallo procede de un órgano “inferior jerárquicamente al TSJM”. El juez de lo Contencioso ha acordado mantener esta medida hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”.
Sanidad culminó el 19 de agosto el proceso de adjudicación con tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo) tras 10 meses de conflicto laboral, político y social y 22 jornadas de huelga. Se suspendieron 8.000 cirugías y 76.000 consultas, según datos de la Comunidad de Madrid.
Según recoge el auto, del magistrado Carlos Gómez, la adjudicación “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad”. El juez considera que la “magnitud” del servicio hospitalario supone que las empresas adjudicatarias “en sus legítimas aspiraciones empresariales” deberán introducir “importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión”.
Los contratos tienen una duración inicial de 10 años, lo que “hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”, admite el magistrado. En los seis hospitales trabajan un total de 5.200 sanitarios, de los que 2.000 son personal estatutario fijo (funcionarios) y, de éstos, 560 son médicos, según datos de la Consejería de Sanidad.
El juez considera que el proceso de privatización “resulta una incógnita en el momento actual” y acusa a los responsables de la Administración regional madrileña de asumir “sin más su incompetencia para gestionarlo [el servicio sanitario de los seis hospitales] con mayor eficiencia”.
“Es una buenísima noticia, estamos muy satisfechos porque ha sido precisamente una suspensión por un recurso por defensa de derechos fundamentales”, declaró ayer Fátima Brañas, portavoz de AFEM. “La privatización no solo no supondría el ahorro que defendía la Comunidad [del 20%, según el presidente autonómico, Ignacio González], sino que además generaría desigualdades en cuanto a la atención sanitaria que recibirían los madrileños y por tanto una discriminación”, añadió.
Los tres partidos de la oposición en la región (PSOE, IU y UPyD) festejaron ayer la decisión judicial, que asume en parte la paralización del proceso que reclamaron todos en el debate sobre el estado de la región que se celebró ayer en la Asamblea de Madrid. El fallo “prácticamente hace inviable la privatización este año. Había poderosas razones para paralizar este proceso”, manifestó el diputado socialista José Manuel Freire. “El Gobierno regional ya no tiene ninguna excusa para no paralizar este proceso”, añadió Rubén Bejarano (IU). “Esperamos que la Comunidad de Madrid renuncie totalmente a un proceso lleno de irregularidades”, sentenció Enrique Normand (UPyD).
Otro juez vuelve a paralizar la privatización de la sanidad madrileña
El titular del juzgado contencioso nº4 de Madrid suspende el proceso a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid y con el apoyo de la Fiscalía
ARANTZA DE CASTRO, Madrid, en publico.es
El juzgado de lo contencioso-administrativo nº4 de Madrid ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños emprendido por el Gobierno regional, según una resolución a la que ha tenido acceso Público.
En el auto, el juez señala que la paralización se prolongará hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento aunque recuerda que cabe recurso de apelación contra su decisión.
La decisión del juez responde a una petición de Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y que ha sido apoyada por la Fiscalía. El magistrado argumenta que el cambio de modelo sanitario que supone la propuesta de la Comunidad madrileña es de tal envergadura y afecta a tal cantidad de profesionales y población que de estimarse en el futuro la demanda de AFEM y anularse el proceso tendría unas consecuencias irreparables.
El proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.
Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), han confirmado a Público la medida adoptada por el tribunal. Según el auto del juez, el proceso de privatización vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos madrileños por discriminación ya que, según fuentes de AFEM, "una población iba a ser atendida de una manera y otra población de otra".
No es la primera vez que la justicia suspende cautelarmente el proceso privatizador de la Sanidad Pública madrileña. En el mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreció, como solicitó el Partido Socialista de Madrid, que existían medidas de "especial urgencia" para paralizarlo. Sin embargo, pese a que se tomaron medidas cautelares, finalmente se levantó la suspensión por el mismo tribunal, tras conocer las alegaciones de la Comunidad madrileña.
La causa que dio origen a la denuncia presentada por los socialistas era la reducción de las garantías que las empresas que optaban a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores.
Aunque el titular de Sanidad presumió de poder seguir adelante con la "externalización" de hospitales tras el rechazo del TSJM al recurso de los socialistas, el mismo tribunal le recordó que faltaban por resolver las peticiones de Afem y Amyts.
Sin embargo, pese a que el Tribunal levantó el 10 de julio las medidas cautelares que paralizaban el proceso de adjudicación de hospitales a las futuras empresas gestoras, los recursos instados por Afem y Amyts seguían en curso. Por tanto, La Justicia avisó a Lasquetty que si llegase a firmar los contratos con las empresas adjudicatarias y el TSJM sentenciase después en contra de la privatización, todo el proceso anterior quedaría anulado.
Este auto del Tribunal anunciaba que "al no haberse pronunciado aún la Sala" los actos que lleve a cabo la Comunidad en su avance por la "externalización" de seis hospitales de la región "pueden verse afectados en caso de acordarse medidas cautelares".
La justicia paraliza de nuevo la privatización sanitaria madrileña
El auto detiene la cesión a contratistas hasta que haya sentencia firme sobre el recurso en contra de la gestión privada
El juez se extraña de que la Comunidad de Madrid admita su "incompetencia" para administrar la Sanidad de manera eficiente al pasar la dirección a empresas
Raúl Rejón, en eldiario.es
Los jueces vuelven a mandar parar momentáneamente la privatización de seis hospitales en Madrid. El juzgado de los Contencioso Nº4 de la capital ha ordenado tomar esa medida cautelar a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM).
El auto de 3 de septiembre entiende que todo el proceso privatizador supone un cambio de modelo "irreversible" por lo que, estima, debe pararse hasta que se dicte sentencia sobre las órdenes que sacaron a concurso los seis centros sanitarios y que afectan a un total "de 1.149 camas de un total de 15.459 camas en dicho ámbito territorial), cuatro Centros de Especialidades, 92 municipios (de un total de 179), 2 distritos de la ciudad de Madrid, 1.151.588 personas (el 18,02% de la población con derecho a la asistencia sanitaria) y 5.128 profesionales (sanitarios y no sanitarios), suponiendo, además, “transacciones económicas cuantiosísimas” (con un precio total de la licitación de 4.679.820.419,29 euros), así como la subrogación de los concesionarios en 392 contratos de suministros y servicios vigentes, por un importe total aproximado de casi 44 millones de euros", según recoge el escrito judicial.
El texto entiende que los perjuicios a terceros de esta suspensión (los contratistas ya adjudicados que son Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo) son estrictamente "económicos". La paralización cuenta con el informe favorable del fiscal que, afirma, que "el cambio de modelo que se propone es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias como para que las consecuencias que se derivan de todo ello puedan llegar a ser irreparables".
El juez duda en su disposición de que la defensa aludida por la defensa de la Comunidad de Madrid sobre la salvaguarda del interés general mediante el ahorro económico sea un argumento contra la suspensión. Y explica: "Al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia. Se cuestiona si el interés general se garantiza más a base de ahorro o del "mantenimiento del sistema actual". La medida se mantendrá "hasta que sea dictada sentencia firme".
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