Como no podría ser de otra manera
El Principado rechaza "el nuevo copago" del PP porque "ataca la equidad y castiga a las personas más vulnerables"
21.09.13 - EUROPA PRESS | | OVIEDO, en El Comercio.
El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha rechazado este sábado la decisión del Gobierno del Gobierno central de imponer el copago también en algunos fármacos de dispensación hospitalaria, "porque representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad".
Por estas razones, reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida, el próximo 1 de octubre, según indican desde el Gobierno autonómico en nota de prensa.
"Entendemos que el Ejecutivo de Rajoy sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables", sostiene Blanco.
El titular asturiano de Sanidad considera que "desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del Ministerio por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida. Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como lo que nos está tocando vivir".
Faustino Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la escasa disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.
"Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo", advierte.
Por otra parte, ha remarcado que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro "lo que añade a la decisión del PP un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato".
Por tanto, asegura el consejero, "este nuevo copago es una medida injusta, excluyente y, desde el punto de vista de la prestación del servicio, absolutamente disparatada". "Limitar el acceso a los fármacos y actuar sobre la cartera de servicios, que parece ser una de las nuevas medidas que va a desarrollar el PP, genera inequidad y desigualdad entre ciudadanos", añade.
A su juicio, también resulta "inaceptable" la visión de la sanidad pública que demuestra el Ejecutivo central y que entiende el sistema público de salud "únicamente como un sector de gasto, sin valorar su aportación a la actividad económica". "Una visión tan recortada por parte del Gobierno de Rajoy resulta inadmisible", concluye.
Asturias se enfrenta a Madrid y rechaza el copago de fármacos en los hospitales
La medida, que afecta a los pacientes externos con enfermedades largas y crónicas, es para el Principado «inadmisible, injusta y peligrosa»
Oviedo, E. G. / Efe, en La Nueva España
Asturias volvió ayer a abrir un frente político en materia de Sanidad al criticar sin ambages ni rodeos en una nota oficial de la Consejería de Sanidad la reciente decisión del Gobierno central de obligar al copago farmacéutico de dispensación hospitalaria para enfermos graves o crónicos que no estén hospitalizados.
El consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, rechazó lo que considera una «imposición» que afecta a determinados medicamentos y, sobre todo, a un sector de la población condicionado por la enfermedad. Un copago que, a juicio del titular de la Sanidad asturiana, «sólo plantea medidas que atacan la equidad, castigando y empobreciendo a las personas más vulnerables».
La posición del PSOE asturiano ya había quedado clara un día antes con las declaraciones de la diputada nacional María Luisa Carcedo: «El copago de los fármacos hospitalarios es una crueldad y una clara injusticia social», advirtió.
Como se ha venido anunciando, la norma impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entraría en vigor el próximo 1 de octubre, y supondrá que esos pacientes crónicos no hospitalizados paguen un diez por ciento del coste de los medicamentos que les prescriban, aunque con un tope máximo de 4,20 euros.
El Principado reclama a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que reconsidere su postura antes de la entrada en vigor de la medida. Asturias no está sola en la reclamación, a la que se han sumado Andalucía, Canarias, el País Vasco y, sobre todo, Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. Ahí, en nuestra comunidad vecina, están depositadas buena parte de las esperanzas. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta castellano- leonesa, mantiene una postura muy crítica al respecto y ha reclamado al menos un aplazamiento hasta estudiar mejor el asunto.
Otras voces en el PP señalan que los beneficios económicos del nuevo copago son muy escasos si se los compara con la erosión de imagen que produce en un Ministerio ya muy tocado por la crisis económica y la gestión de la misma.
Asturias, más allá del profundo desacuerdo con la medida, augura, además, nuevos problemas burocráticos. Faustino Blanco indica que las farmacias de los hospitales no tienen mecanismos de facturación y cobro, lo que añade a la decisión del Gobierno nacional «un nuevo galimatías administrativo y más gasto, en un momento en el que las comunidades autónomas aún no han podido resolver adecuadamente los problemas originados por el copago farmacéutico debido precisamente a las lagunas y contradicciones de la legislación que aprobó el departamento de Ana Mato».
En el comunicado emitido ayer desde Asturias, el consejero Faustino Blanco se lamenta de esta medida porque «representa un cambio cualitativo de enorme impacto para los ciudadanos más vulnerables y supone otro impuesto más a la enfermedad».
El titular de Sanidad asturiano considera que «desde el punto de vista de un profesional de la salud, resulta muy difícil de entender esta decisión del Ministerio, por lo que puede suponer para los pacientes de enfermedades de larga duración, con tratamientos oncológicos, de fertilidad, contra la hepatitis o la esclerosis múltiple, que serán algunos de los más afectados por esta medida».
«Es algo que resulta inadmisible en todo tiempo, pero más aún en una situación de crisis económica como la que nos está tocando vivir», subraya. Blanco cree que la medida no se enmarca en el objetivo de lograr un uso racional del medicamento y muestra la «escasa» disposición del Gobierno para entender los problemas de la gente que lo está pasando mal y que puede tener verdaderas dificultades para acceder a un tratamiento por razones económicas.
«Esta medida es absolutamente injusta y muy peligrosa para la salud de la gente, porque si ya detectamos casos de personas que no recogen su medicación en las farmacias debido al copago, esta circunstancia se agravará en el grupo de pacientes afectados por este nuevo cargo», advierte la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
El comunicado de Sanidad llega 24 horas después de que la Consejería de Bienestar Social anunciara medidas para reducir el copago de la ayuda a domicilio, en contra de los baremos aprobados por el Gobierno central, que llegan en algunos casos al noventa por ciento del coste del servicio.
Comunidades, pacientes, profesionales y partidos cargan contra el nuevo copago
Castilla y León, gobernada por el PP, pedirá al Gobierno que no aplique la medida
El País, Madrid.
Comunidades gobernadas por el PP y por otros partidos, asociaciones de pacientes, profesionales y consumidores, y la oposición parlamentaria han cargado contra el nuevo copago farmacéutico anunciado por el Gobierno y que gravará, a partir de octubre, a 42 fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales. Estos medicamentos se usan para tratar enfermedades como el cáncer y la hepatitis C, aparte de ayudar en la fecundación asistida, y se había decidido su dispensación en centros sanitarios para ahorrar.
Entre las autonomías que se opusieron destaca Castilla y León, cuyo presidente, Juan Vicente Herrera (PP), ha anunciado que pedirá al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no aplique el copago al considerar que tendrá “escasísima repercusión económica". Herrera ha asegurado que la medida debe ser retirada “por coherencia”, ya que los pacientes afectados, enfermos crónicos en su mayoría, precisan “necesariamente” esos medicamentos. También ha manifestado su oposición la presidenta andaluza, Susana Díaz (PSOE) que se ha mostrado en desacuerdo con que el coste de esos medicamentos “los sufran los ciudadanos” y ha anunciado que su Gobierno estudiará “qué margen tiene” contra esa decisión. El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que el Gobierno de esa comunidad (PNV) intentará que el copago no se aplique en su territorio. Cataluña (gobernada por CiU) ha acatado la decisión del ministerio, pero su departamento de Salud ha afirmado que buscará “mecanismos para que no supusiera una barrera para ningún paciente”.
Las críticas también han llegado desde diversos colectivos. Como la Federación de Padres de Niños con Cáncer que ha lamentado la nueva normativa y ha pedido que no afecte a los “niños y adolescentes” que sufren esa enfermedad. Su presidenta, Pilar Ortega, ha recordado que las familias afectadas suelen incrementar sus gastos entre 400 y 600 euros y que algunos de sus miembros dejan el trabajo para atender al menor afectado. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también ha mostrado su preocupación, ha revelado que había solicitado a Sanidad que se dejara fuera de los ajustes a los pacientes graves y ha recordado que la medida afectará a varios tipos de cáncer como el renal, el de próstata, los linfomas o las leucemias.
La Confederación Española de Personas con Discapacidad ha subrayado que el nuevo copago supone “una nueva barrera de entrada en el Sistema Nacional de Salud” que afecta “a las personas que más necesitan los servicios sanitarios”. “Se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas”, ha dicho su presidente Mario García. Una apreciación similar a la del Sindicatos de Técnicos de Enermería, que ha acusado al Gobierno de “falta de sensibilidad”. “Estas aportaciones suponen un castigo añadido a los enfermos, ya que lo más probable es que estos pacientes estén en situación de incapacidad laboral y hayan visto reducidos sus ingresos”, ha añadido el sindicato.
La Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH han manifestado que "no tiene ningún sentido esta aportación reducida. Si el copago se ha presentado hasta ahora como una medida para disuadir el consumo poco responsable de medicamentos por parte de los pacientes, es difícil de entender que se aplique para enfermedades que, de no tratarse, pueden ser mortales".
Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba ha calificado de “profundamente injusta y cruel” la medida y ha avisado que los afectados “son enfermos que no tienen más remedio que seguir tomando sus medicinas para toda la vida”. El portavoz sanitario de IU, Gaspar Llamazares, ha publicado un mensaje en Twitter en el que llamaba a la norma del Gobierno “decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública”, a lo que añade: “Ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento”.
Personal hospitalario consultado tiene una visión ambigua sobre la medida. por un lado, creen que es de muy difícil aplicación, ya que implica establecer sistemas de cobro en las farmacias hospitalarias. por otro lado, miembros de la Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología temen que sea un primer paso para cobrar otros medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias, como los antivirales contra el VIH u otros oncológicos, lo que supondría dificultar el seguimiento del tratamiento (la llamada adherencia), que puede suponer el empeoramiento de los pacientes.
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