El desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública con mucho maquillaje y disfraz pero se les ve.
Gestión clínica S.A.: un rodeo para la privatización de la Sanidad Pública
Por Marciano Sánchez Bayle, FADSP.
nuevatribuna.es
Desde hace tiempo venimos denunciando que los gobiernos del PP, a nivel central y autonómico están centrando su política sanitaria en el desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública. Y aunque durante un tiempo, como estas maniobras privatizadoras se hacían de manera más o menos pausada, y como la bonanza económica permitía el despilfarro económico, las cosas pasaron bastante desapercibidas para la mayoría de los profesionales y la población.
Ya se sabe que el papel de Casandra es ingrato (recuérdese, la hija de Priamo, rey de Troya, a quien los dioses habían dado el don de adivinar el porvenir y castigado con la maldición de que nadie la creyera), aunque como no estamos en la Grecia clásica quizás sea mejor recordar a Lincoln (se puede engañar a muchos durante algún tiempo… pero es imposible engañar a todos siempre). El caso es que la crisis, los recortes y la mayoría absoluta y prepotente del PP han destapado la realidad: las privatizaciones en sus múltiples vertientes (concesiones administrativas, iniciativas de financiación privada, etc) no solo no mejoran la eficiencia del sistema sanitario, sino que encarecen notablemente sus costes sin poder garantizar el mismo nivel de calidad asistencial del sistema público. Y a resultas de ello se ha producido un gran rechazo social y profesional que ha tenido su mayor visibilidad pública, pero no su mayor intensidad, en las movilizaciones de las mareas blancas madrileñas.
El fenómeno se ha extendido prácticamente a todo el territorio español, con mayor o menor intensidad según la profundidad y las características de la agresión y el grado de organización y de capacidad de coordinación entre los profesionales/ trabajadores de la sanidad y la ciudadanía (aparte de Madrid conviene recordar las movilizaciones de Galicia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Aragón, La Rioja, Baleares, Murcia, Canarias, etc).
Las movilizaciones han tenido éxito diverso, pero en lo general han conseguido ralentizar el proceso, cuando no impedir los siniestros planes de los privatizadores, como en el Hospital de la Princesa.
Pero, por supuesto, el proceso privatizador sigue avanzando, aunque sea a trompicones y los planes no han cambiado en lo sustancial, porque detrás de ellos hay una combinación de intereses, de los fundamentalistas del mercado que contra toda evidencia siguen creyendo en las virtudes taumatúrgicas del mismo, de las grandes multinacionales de la tecnología y aseguramiento que buscan un nicho de beneficios en el sistema público, y de los personales y mucho menos respetables, de los privatizadores que buscan beneficios para ellos mismos en las privatizaciones, lo que ahora se conoce como “puerta giratoria”.
Es esta situación de rechazo social y profesional y de exposición ante la opinión pública de lo que hay detrás de las privatizaciones, lo que les ha obligado a cambiar de estrategia buscando unas tácticas que avanzando en los mismos objetivos, les hagan pasar mas desapercibidos. Y ahí entra lo que se ha denominado gestión clínica, propuesta por el Ministerio de Sanidad y algunas entidades que reclaman una representatividad de la que carecen porque se fundamenta en la adscripción obligatoria, y porque por supuesto no han consultado para nada a sus “supuestos representados”, a cambio de prebendas, algunas de las cuales ya se conocen, y otras que iremos conociendo con el tiempo.
¿Como se realiza este proceso? Primero y como viene siendo habitual se utiliza una denominación eufemística que encubra la realidad que se propone, y así se habla de gestión clínica, que es un termino acuñado para expresar la necesidad de incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica y que es una idea bastante razonable. Evidentemente la gestión clínica no precisa modificar el régimen jurídico del personal ni la personalidad jurídica de las unidades que las llevan a cabo, que podría incorporarse a todos los servicios del sistema de salud, y es un término equiparable a la “gestión participativa por objetivos” que ya recogía la Ley General de Sanidad.
Sin embargo los objetivos que se plantean desde el Ministerio de Sanidad para avanzar en lo que bien se podría denominar como Gestión Clínica S.A. son muy diferentes: Fragmentar los centros creando múltiples microempresas dentro de los mismos, para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con fondos públicos. Y después establecer alianzas y acuerdos con otras del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales, dando entrada al capital, empresas, laboratorios farmacéuticos y a la industria de electro- medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios.
Luego el sector privado se haría cargo de las empresas rentables y acabaríamos con centros que lo único público que tendrían sería el nombre pero que estarían en manos de empresas privadas, que, como ha sucedido en todos sitios, acabarían en manos de las grandes multinacionales, las únicas que tienen capacidad para afrontar con solvencia desde el sector privado la complejidad de la asistencia sanitaria.
Por si las cosas no estuvieran bastante claras, la presencia de Lamela y su empresa de impronunciable nombre para la Sra Botella, ponen en evidencia que la estrategia no trata de mejorar el funcionamiento de la Sanidad Pública sino pura y simplemente de encontrar un rodeo para conseguir la privatización sanitaria.
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