Conocen el diagnóstico, también el tratamiento, pero se suceden los gobiernos y aquí no pasa nada
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La economía sumergida se dispara en 60.000 millones durante la crisis
Según el informe 'La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida en España se situó en 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos. El paro y la corrupción figuran como principales causas del aumento del fraude.
nuevatribuna.es
La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis*, presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.
Según se desprende de este estudio (VER), el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.
Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.
Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.
Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.
Baja conciencia fiscal
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura del fraude no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.
El efecto capital y la brecha entre provincias
Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país.
Así, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta provincia mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.
En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.
Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.
Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial.
Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP
Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.
Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.
Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.
Por último, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que la AEAT “debe tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude”.
* Acerca del informe
El informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis” se realizó en 2013 analizando las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el PIB, el consumo eléctrico, entre otros. Los resultado del estudio se han centrado en el periodo que va de 2008 a 2012, aunque la muestra también hace una retrospectiva que llega hasta el año 2000 para observar el comportamiento del fraude antes de la crisis económica. De todos los métodos empleados tradicionalmente para realizar este tipo de informe, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, ha empleado el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas) y también hace referencia a otros estudios recientes para mostrar un contraste aún más realista de las conclusiones del informe.
5.690 millones "sumergidos" en Asturias
La actividad económica que escapa al control tributario equivale ya al 26% del PIB y ha crecido un tercio entre 2008 y 2012, según un estudio de los técnicos de Hacienda
30.01.2014, Oviedo, L. GANCEDO, en La Nueva España.
Asturias mueve cada año en dinero "B" el equivalente al 26% del producto interior bruto (PIB). Tanto como 5.690 millones de euros. Es el tamaño de la economía sumergida regional, básicamente las actividades de ciudadanos y empresas que escapan al control del Fisco y de la Seguridad Social. Los datos pertenecen a una estimación realizada en el ámbito universitario por encargo del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), un trabajo en el que se expone que los impactos de la crisis económica, combinados con problemas como la "ineficacia" de la lucha contra la evasión tributaria, los altos niveles de corrupción y la justificación del fraude por un parte relevante de la sociedad, explican que la economía sumergida esté en niveles récord en Asturias y en España, donde supone ya 253.000 millones al año.
El estudio presentado ayer por Gestha y dirigido por Jordi Sardá Pons, profesor de la Universidad de Tarragona (Universitat Rovira i Virgili), hace una aproximación al tamaño de la economía sumergida, imposible de medir con precisión, siguiendo métodos utilizados con frecuencia por investigadores nacionales e internacionales y que tiene en cuenta, además de la recaudación tributaria, indicadores como la tasa de paro, la importancia del trabajo autónomo, el peso de la construcción en el PIB, la renta per capita, los consumos de electricidad... Conforme a la definición de la OCDE, el informe entiende como economía sumergida principalmente las actividades que implican fraude fiscal, evasión de cotizaciones a la Seguridad Social y otros incumplimientos de normas laborales o administrativas.
Los resultados que el informe aporta sobre Asturias son los que se exponen en los siguientes puntos.
El tamaño.
La economía sumergida fue en 2012 equivalente al 26% del PIB, proporción que supone 5.690 millones de euros.
La evolución.
La riqueza generada por las actividades que escapan al control tributario y laboral creció el 33% desde 2008. Tal aumento ha sido paralelo a la explosiva subida de la tasa de paro en estos años y, también, al avance del desempleo de larga duración. Según el referido informe de Gestha, la dimensión de la economía sumergida guarda una relación directa con esos indicadores.
La clasificación.
Asturias ocupa la octava posición por tamaño relativo de la economía sumergida en una clasificación que no incluye los cálculos sobre Navarra y el País Vasco debido a las singularidades de su régimen tributario. La región supera la media española (24,6% del PIB). Las autonomías con las proporciones más altas son Extremadura (31,1%), Andalucía (29,2%) y Castilla-La Mancha (29,1%). Los datos más bajos de economía sumergida los presentan Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y sobre todo Madrid (17,3%). Ahora bien, el caso madrileño está alterado por el "efecto capitalidad" y los altos niveles de recaudación tributaria derivados de la altísima concentración de grandes empresas que tienen su sede fiscal en la ciudad. En Madrid, sostiene Gestha, el problema es más la "elusión fiscal", las prácticas de ingeniería tributaria que emplean las corporaciones empresariales para minimizar el pago de impuestos.
El impacto más directo de la economía sumergida es el menoscabo de los ingresos públicos y, como consecuencia, la necesidad de recortes más severos de gasto en un contexto de corrección del déficit como el actual. El informe de Gestha no lo evalúa, pero el siguiente ejercicio da una idea del alcance que tiene el fraude: si las empresas y ciudadanos tributaran por los 5.690 millones de la economía sumergida a un tipo del 25% -cercano al más bajo de la tarifa del IRPF para los rendimientos de trabajo (24,75) e igual al tipo nominal del tributo de sociedades para las pymes- la recaudación superaría los 1.400 millones de euros, casi el coste anual de la sanidad pública asturiana (1.500 millones).
Gestha relaciona el aumento de la economía sumergida en España con factores como la corrupción política, que "atenta gravemente contra la credibilidad de las instituciones", y con la "evidente ineficacia" en las estrategias de lucha contra el fraude. Pero también advierte de que la cuestión también es de orden social y moral: "En España hay un grave problema de moralidad en todo lo relacionado con el pago de impuestos; casi la mitad de los españoles justifica el fraude (según las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales); no pagar el IVA no es un problema, algo impensable en otros países de la UE", señala el documento. España está entre los países europeos con mayor tasa de economía sumergida, aunque por detrás de Grecia, Italia y Portugal.
Cuentas de la economía sumergida
Asturias
La economía sumergida equivale en Asturias al 26% del PIB, tanto como 5.690 millones de euros. Tal cantidad supera en casi 1.900 millones la de los Presupuestos del Principado (3.808 millones) y en unos 2.200 millones el coste previsto de la Variante de Pajares (3.500 millones). Supone también 1.400 millones más que la riqueza que aporta toda la industria regional al PIB.
Por regiones
Las mayores tasas de economía sumergida se dan en Extremadura (31,1%), Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%) y la Comunidad Valenciana (26,5%). Asturias ocupa una posición intermedia, aunque algo superior a la media española (24,6%). Las comunidades con proporciones más moderadas son Madrid (17,3%), Cantabria (22%) y Aragón (22,3%).
El fraude
La economía sumergida está compuesta por las actividades que evitan el pago de impuestos y de cotizaciones a la Seguridad Social. Si todo el dinero que mueve tributará al 25% (tipo ligeramente superior al más bajo del IRPF e igual al general que se aplica a los beneficios de las pymes) se recaudarían 1.422 millones, 80 menos del coste anual de la sanidad pública asturiana.
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