Todos votan lo mismo, pero no todos dicen lo mismo
La Junta General exige la apertura del centro de discapacidad este año con gestión pública
Los cinco partidos respaldan una proposición no de ley en la que se demanda al Gobierno central inversión para acabar el complejo de Barros y equiparlo
22.02.2014, Oviedo, E. PELÁEZ, en La Nueva España.
Los cinco partidos con representación en la Junta General del Principado -PSOE, Foro, PP, IU y UPyD- aprobaron ayer instar al Gobierno central a que "garantice la financiación suficiente que posibilite tanto el remate final de las obras como la adquisición del equipamiento, lo que permitiría la apertura del centro Stephen Hawking de Barros a lo largo de 2014". La proposición no de ley respaldada por unanimidad, que fue presentada por el grupo parlamentario de IU, reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "respete el proyecto inicial" de las instalaciones langreanas, de forma que adquiera la consideración de "centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas y mantenga el previsto carácter público de su gestión".
A esta iniciativa se unió otro punto, propuesto por Foro, para emplazar al Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) a que realice gestiones con la Fundación Stephen Hawking para su "vinculación en el campo de la investigación y formación científica". La diputada de IU Noemí Martín expresó su preocupación por los plazos para la apertura del centro de discapacitados de Barros. "Según el cronograma inicial la apertura estaba prevista para finales de 2010 pero sigue cerrado", señaló, tras afirmar que la propuesta presentada fue trasladada por la Cumbre Social del Nalón. Para la parlamentaria de la coalición "no es de recibo que estemos en 2014, y, con más de tres años de retraso, no existan previsiones para concluir la obra".
Por eso, Martín abogó por demandar al Gobierno central que garantice la financiación para finalizar la obra, el equipamiento y "para que abra antes de final de este año ya que si no el edificio podría sufrir deterioro". Considera asimismo que dado el contexto de crisis económica "corremos el riesgo de que el edificio acabe convirtiéndose sólo en un centro de atención", dejando fuera la previsión inicial de fomento y desarrollo de estudios e investigaciones. El Gobierno central "tiene que respetar esos compromisos", remarcó Martín. La diputada de IU destacó que la apertura del centro supondría un "importante revulsivo económico para la cuenca del Nalón" ya que el Imserso calculó que se crearían 150 puestos de trabajo.
La parlamentaria de Foro Esther Landa resaltó en que pasaron más de seis años desde que el Ayuntamiento cedió los terrenos para construir el edificio. Dirigió sus críticas hacia el PP ya que, señaló, "ha heredado el proyecto y dejó pasar dos años utilizando con pretexto los problemas surgidos con la empresa constructora", que entró en concurso de acreedores antes de finalizar la actuación. El Gobierno central, dijo Landa, rechazó incorporar en el presupuesto de este año 2,5 millones que permitiría que el centro comenzase a funcionar. Estos problemas, comentó, "se podían haber evitado con una gestión eficaz del anterior Gobierno".
El PSOE reclamó que se "respete el proyecto inicial" del centro de discapacitados y se "cumplan los compromisos". La parlamentaria Nuria Devesa indicó que el Estado se haría cargo de la construcción, equipamiento y puesta en marcha de la instalación además de ser el titular y ocuparse de la gestión. Y al Principado le correspondería hacerse cargo del servicio de atención directa "de un máximo de un tercio".
"El director del Imserso aseguró que el centro no podría abrir en 2014 por la imposibilidad de contratar personal", manifestó Davesa, para añadir a continuación que obedece a "sus propios recortes". "El Principado y el Ayuntamiento de Langreo mantienen el compromiso con el centro, sólo falta el del Gobierno central", destacó Devesa.
Victoria Delgado, diputada del PP, indicó que el Gobierno central está "absolutamente comprometido" con la instalación. Hizo hincapié en que el centro de discapacitados "tendría que haber entrado en funcionamiento en 2010, cuando el Gobierno del Estado y del Principado eran del PSOE". "Estamos de acuerdo con la iniciativa en su integridad", aseguró la parlamentaria popular, que destacó que el Ejecutivo de Rajoy garantizó la financiación para concluir la obra y que su gestión será pública. Incidió en que la obra no ha concluido ante el proceso en el que entró la empresa.
El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, abogó por "exigir a la administración del Estado que mantenga esos compromisos porque no se ha pronunciado con claridad". "Hay incertidumbres que despejar", apuntó.
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