Y así nos quedará el regusto de que hay una elevado nivel de connivencia
Sanidad, la Comunidad de Madrid y Farmaindustria rehúsan investigar los pagos irregulares de Pfizer a médicos
La Ley del medicamento y el código de autorregulación de la patronal farmacéutica prohíben pagos y obsequios al personal sanitario
Farmaindustria dice no tener indicios para abrir una investigación a uno de los laboratorios más poderosos
Foto.- Sala de acondicionamiento de la farmacéutica Pfizer en su planta de Olot, Girona.
José Precedo, Madrid, eldiario.es
Ni el Ministerio de Sanidad ni la Comunidad de Madrid ni Farmaindustria, la patronal que agrupa a las grandes empresas farmacéuticas con capacidad para sancionarlas si incumplen el código de buenas prácticas, han investigado los pagos irregulares de Pfizer a médicos y gestores del sistema público de salud que desencadenaron el pasado noviembre una treintena de despidos en la división española de la multinacional.
A pesar de que las malas praxis que la multinacional ha admitido a eldiario.es chocan con la Ley del medicamento -que prohíbe cualquier pago o regalo de los laboratorios al personal sanitario- ninguna administración pública se ha interesado por el asunto.
Ni el Ministerio de Sanidad ni la Seguridad Social, partes implicadas de la historia puesto que los tratamientos ahora en duda se financiaban con dinero público, han sido avisados por Pfizer, aunque, según las fuentes médicas consultadas, el medicamento Enbrel (objeto de la polémica y cuya patente iba a caducar) venía costando cada año a las arcas públicas alrededor de unos 5.000 euros por paciente.
Nadie en el Gobierno central ni en la Comunidad de Madrid (donde está la sede española de la multinacional) tiene pistas sobre cuáles fueron las prácticas que empujaron a Pfizer a poner en marcha semejante purga. No hay noticias sobre los médicos o gestores hospitalarios involucrados. El montante de los supuestos pagos también es un misterio.
"Competencia de las autonomías"
Un portavoz oficial del Ministerio de Sanidad ha explicado a eldiario.es que las competencias para investigar malas praxis relacionadas con médicos "corresponden a los gobiernos regionales".
En la denuncia interna que precipitó la crisis de Pfizer aparecen involucrados delegados comerciales y médicos y gestores hospitalarios de varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Andalucía. La Comunidad de Madrid respondió ayer a través del gabinete de Comunicación de la Consejería de Salud que no hay prevista ninguna investigación: "La Consejería se planteará estudiar el caso si hay algún dato concreto".
Los presuntos pagos irregulares que Pfizer ha reconocido chocan con la Ley de Garantías de uso racional de medicamentos de 2006, que en su artículo 4.6 prohíbe "el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos a profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración de medicamentos"… (leer más)
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