De las primeras comparecencias de ayer con el soniquete autista del PSOE por detrás
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública reclama una oficina antifraude
El colectivo inició las comparecencias en la comisión de investigación de listas de espera de la Junta, por la que pasarán 109 personas
P. LAMADRID, GIJÓN, en El Comercio
La creación de una oficina para prevenir el fraude en el sistema sanitario permitiría atajar parte de las irregularidades que se registran con los proveedores de la industria farmacéutica. Así lo explicó ayer Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias. Se trata de una medida que ya han adoptado en otros lugares con eficacia, por lo que en la región «deberíamos hacerlo y regular así las influencias negativas», en alusión al poder que ejercen las firmas comerciales en el ámbito sanitario.
Mediante este mayor control, la sanidad asturiana conseguiría ahorrar más de 100 millones de euros, según la estimación realizada por Ponte en base a varios estudios sobre este aspecto. Asimismo, explicó que la administración sanitaria del Principado tiene unos mecanismos de control «muy débiles o inexistentes» para evitar estos fraudes, ya que «el sistema está regulado al servicio de los interés de las multinacionales». Ponte hizo estas declaraciones en la primera convocatoria de la comisión de investigación sobre las listas de espera en la sanidad asturiana. También participó Arturo Monteserín, representante de la Asociación de Pensionistas de Gijón, que abogó por la transparencia en el tema de las demoras. «Es penoso que las listas de espera no sean públicas. Así se fomentan todas las irregularidades porque ¿quién las controla?», señaló. El presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, Adrián Arias, denunció que, como consecuencia de ello, los ciudadanos tienen que recurrir, cada vez más, a la sanidad privada.
Problemas reales
Por su parte, el portavoz de Podemos y presidente de la comisión, Andrés Ron, expresó su satisfacción ante el comienzo de las comparecencias. Considera que «el primer objetivo era poner los problemas reales de la ciudadanía en el centro de la actividad política del parlamento», y «ése ya está cumplido». Una postura opuesta a la adoptada por la socialista Carmen Eva Pérez Ordieres, que criticó que los diputados no preguntasen por las supuestas irregularidades en la gestión de la lista de espera de 2014. «Se ha evidenciado que el móvil que ha traído hasta aquí al grupo parlamentario Podemos es un móvil propagandístico, el de vender su propia estrategia electoral, aunque sea a costa de manipular una comisión», dijo.
Las esperas propician negocios con la sanidad, alertan en la Junta
Los partidarios de la red pública de salud abren la comisión de investigación "Los seguros privados han crecido"
26.05.2016, Oviedo, E. FDEZ.-PELLO / P. ÁLVAREZ, en La Nueva España.
El riesgo de que las limitaciones de la sanidad pública sean convertidas por algunos en ocasión de negocio fue una de las alertas dominantes en la primera sesión de la comisión de investigación de las listas de espera, celebrada ayer en la Junta General del Principado. "Las deficiencias en la pública impulsan la sanidad privada", subrayó Carlos Ponte, responsable de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, quien añadió que problemas como las demoras están generando "una sanidad dual" y denunció que los datos que publica el Principado contienen "sesgos" e "irregularidades". "Hemos recibido denuncias de pacientes por esperas de hasta dos años para una prueba", refirió Ponte, quien abogó por "un nuevo contrato social", más transparente y con mayor presencia ciudadana.
En similares términos se pronunció Arturo Monteserín, de la Asociación de Pensionistas de Gijón. Denunció "una preocupante mercantilización de la salud pública y una corriente internacional de querer hacer negocio con derechos que costó mucho conseguir a nuestros antepasados, como son el derecho a la salud y a las pensiones".
Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, indicó que "los seguros privados se han incrementado", pero hizo hincapié en que el recorte del gasto sanitario per cápita es menor en Asturias que en el conjunto de España, y precisó que el Principado es la comunidad "que más dedica a gasto social".
Adrián Arias, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias, advirtió del riesgo de "estadounizar" el modelo sanitario, de modo que los ciudadanos tengan que recurrir a seguros privados o a préstamos para recibir las terapias necesarias.
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