Sendín: "El recorte de 6.000 millones que pide la UE destruiría la sanidad pública"
Los colegios de médicos reclaman al Gobierno que proteja a los profesionales que denuncien los fallos del sistema
Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.
La Unión Europea está reclamando al Gobierno de España que recorte el gasto en sanidad desde el actual 5,9 al 5,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), una decisión que supondría reducir los presupuestos del sector en unos 6.000 millones de euros, cifra que se sumaría a los aproximadamente 10.000 ya detraídos desde el inicio de la crisis. "Aplicar esta medida sería insoportable para el Sistema Nacional de Salud, supondría destruir la sanidad pública", sentenció ayer en Oviedo Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), entidad que aglutina a los colegios de médicos de toda España. A su juicio, la resolución de buena parte de las deficiencias que presenta la red sanitaria pública pasa por contratar personal que supla las bajas y jubilaciones.
El doctor Rodríguez Sendín compareció ayer ante los medios en la sede del Colegio de Médicos de Asturias. La conferencia de prensa fue organizada por el presidente de los facultativos de la región, Alejandro Braña, aprovechando que Sendín pasa unos días de descanso en el Principado.
Las preguntas y respuestas giraron en torno a la actualidad sanitaria nacional y autonómica. Entre ellas tuvieron cabida algunas cuestiones referidas a la comisión de investigación de las listas de espera que desarrolla sus trabajos en la Junta General del Principado. Algunos de los comparecientes en la misma ofrecieron datos que contradicen la versión de la Consejería de Sanidad del Principado, e incluso llegaron a hablar de "técnicas de maquillaje" de las demoras.
En este contexto, Juan José Rodríguez Sendín pidió al Gobierno central que imite a las autoridades británicas e implante una figura dedicada "a proteger al profesional que denuncia el mal funcionamiento de los servicios sanitarios". "No se pueden ocultar circunstancias que incluso pueden implicar la pérdida de la vida de un paciente", enfatizó el presidente de la OMC, quien añadió que también sería responsabilidad de esta figura administrativa "castigar a quien denuncie falsedades".
En la misma línea se manifestó Alejandro Braña. "No es admisible que se trate de matar al mensajero por decir algo que puede molestar a las administraciones públicas. Los médicos que fueron llamados a declarar tuvieron un comportamiento ético y merecen un aplauso", señaló el presidente de los facultativos de la región. A juicio de Braña, la problemática que aqueja a la sanidad pública "es multifactorial", de modo que "a base de decretos no van a resolverse las listas de espera".
Alejandro Braña y Juan José Rodríguez Sendín hicieron hincapié en los perjuicios que se derivan de la "precariedad laboral" de los profesionales sanitarios y de la sobrecarga de trabajo debida los déficits de las plantillas. Perjuicios, precisaron, que no sólo recaen sobre los trabajadores, sino también sobre los usuarios. "Se registra una reducción de personal, sobre todo por falta de sustituciones y de reposición de jubilaciones", indicó el presidente de los colegios de médicos, quien agregó que "estamos ante un problema de infrafinanciación".
Rodríguez Sendín criticó que "las expectativas de los españoles en materia de sanidad sean desiguales en función de la comunidad autónoma en la que viven". Acto seguido, alertó sobre el aumento de la factura en medicamentos, "que supone el 30 por ciento del gasto sanitario total". Se detuvo en particular en lo sucedido con los nuevos fármacos curativos de la hepatitis C, y censuró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya autorizado a las comunidades autónomas a "acumular deuda" para adquirir los citados tratamientos sin un control previo de los precios y, por el contrario, no les haya permitido endeudarse "para contratar profesionales o adquirir tecnología en aquellos lugares en los que se necesitan".
El presidente de la OMC reafirmó el compromiso "deontológico y legal" de los médicos en la lucha contra la violencia de género, hasta el punto de constituir "una de las poquísimas razones por las que podemos romper la confidencialidad".
Los médicos advierten de que «las listas de espera no se acaban con decretos»
El colegio de facultativos pide tomar ejemplo del Reino Unido e implantar una figura que proteja a quienes denuncian deficiencias del sistema
ELENA RODRÍGUEZ, en El Comercio
«Las listas de espera no se resuelven ni engañando, ni disimulándolas ni cambiándoles el nombre, que es lo que se está haciendo. Se solucionan con más actividad y más profesionales. No es un problema burocrático y no se resuelven por decreto». Éste fue el contundente mensaje que lanzó ayer el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, de visita estos días en Asturias. El facultativo -cabeza de la organización que representa a los 52 colegios de médicos de toda España- radiografió el sistema sanitario español junto con el presidente del colegio de Asturias, Alejandro Braña. Y ambos coincidieron en que la «situación es crítica y requiere tomar decisiones consensuadas entre todos los agentes implicados, incluidos los médicos, porque éste es el caso de un proceso terminal y exige cambios drásticos».
Rodríguez Sendín detalló que, en cinco años, desde el inicio de la crisis hasta los últimos datos cerrados, de 2014, «el recorte en gasto sanitario ha sido de 10.000 millones de euros, lo que supone haber pasado del 6,9% al 5,9% del total de la partida. Pero es que, además, «la previsión de España es seguir reduciendo hasta llegar en 2017 al 5,3%, lo que implicaría 6.000 millones menos». A esta disminución de los recursos se suma, añadió, el incremento en un 30% de la factura farmacéutica. «¿Y quiénes son los sacrificados? Los pacientes, que soportan las listas de espera, además de las sustituciones de personal y la falta de reposición de aquellos que se jubilan». Toda esta situación ha provocado «un aumento extraordinario de las demoras, con retrasos en los diagnósticos, cuando se trata de algo crucial especialmente en pacientes con cáncer».
Por eso, tras destacar que «las listas de espera corresponden, por ley, a la Administración y no a los facultativos», el presidente del Colegio de Médicos de Asturias tildó de «inadmisible que se quiera matar al mensajero por algo que no interesa que se revele». Lo decía por la investigación abierta por el Sespa para comprobar la veracidad de los hechos denunciados por el médico adjunto del servicio de Digestivo del Hospital de Cabueñes de Gijón, Cristóbal de la Coba, quien señaló que existen «técnicas de maquillaje» en las listas de espera. «Este compañero ha actuado de forma ética y merece el aplauso y el respeto del colegio», apuntó Braña.
Rodríguez Sendín comentó que este caso no es único en España, sino que también ha ocurrido en otras comunidades donde los profesionales que denuncian las condiciones precarias del sistema son penalizados, amenazados o apartados de su servicio. En este sentido, invitó a «tomar ejemplo del Reino Unido y crear una figura, nombrada por el Gobierno, que protege específicamente a los profesionales que ponen de manifiesto situaciones extremas en las que no se puede hacer buena medicina».
Con respecto a la Oferta Pública de Empleo (OPE) en el sector sanitario asturiano, con 522 plazas de turno libre, Braña se sirvió de una metáfora para aludir a la insuficiente propuesta. «Es como si a un náufrago que está sediento y no ha podido beber agua en cuatro días, le das un vasín. Pues le aliviará, pero poco». «Los cambios que se requieren para tener un personal adecuado han de ser más profundos, más intensos, más de verdad. Y la OPE debería ser una rutina, porque cada año hay médicos que cesan». Otras de las propuestas para revertir la situación -indicó Sendín- es «ser capaces de crecer en el Producto Interior Bruto (PIB), controlar el gasto farmacéutico -porque al igual que en Europa hemos sido incapaces de frenar el precio de las nuevas moléculas (en el caso de los fármacos como los de la hepatitis C nos ha puesto contra la pared, con 1.500 millones de deuda pública)- y moderar también nosotros nuestro nivel de prescripción. Pero para esto no se puede seguir atendiendo a 60 pacientes diarios por consulta».
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