Médicos y usuarios tildan de electoralista la ley contra las listas de espera del PSOE
Los facultativos consideran inviable que el decreto se concrete porque "el coste sería abrumador" y comprometería el Presupuesto regional
03.06.2016, Elena FERNÁNDEZ-PELLO, en La Nueva España.
Los médicos y los usuarios de la Sanidad pública desconfían del decreto que anunció el Gobierno regional para reducir las listas de espera por "electoralista" e "inviable", pues podría comprometer el presupuesto de la comunidad. La idea de la Consejería para acabar con los retrasos, anunciada para el último trimestre de este año, pone límites temporales a las esperas y prevé el desvío de enfermos a la sanidad privada cuando se superen dichos límites. El avance de la normativa que emitió la Consejería dejaba no obstante dos vías de escape, pues quedaba en manos del Servicio de Salud la decisión última de la derivación hacia la privada "en las condiciones que se determinen".
El presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), Javier Alberdi, reflexionaba ayer sobre el decreto. "Por no pagar a los médicos en el sistema público están dispuestos a pagar a los de la privada, resulta un poco raro para un gobierno socialista", planteaba. Tanto el SIMPA como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, que agrupa a profesionales y usuarios, dudan de que la estrategia del Ejecutivo sea viable económicamente y cuestionan su impacto sobre el sistema público.
Sanidad difundió el pasado miércoles algunas de las directrices del decreto de garantías para el acceso a la atención sanitaria en el que está trabajando. El PP ya había presentado su propia iniciativa legislativa, que establece en 120 días el plazo máximo de espera antes de que un paciente sea derivado a un centro privado. El texto del Gobierno contempla dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis para las intervenciones quirúrgicas. Cuando ese tiempo de espera se supere, podrán acudir a otros centros públicos o privados y en este último caso la Administración regional pagará la factura, previa autorización.
El Sespa (Servicio de Salud del Principado) establecerá ciertas condiciones para hacerlo, aún sin concretar, y se compromete a velar para que en la prestación de la asistencia fuera del servicio público no participen sus propios profesionales.
Carlos Ponte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, opina que la Consejería de Sanidad está incurriendo en "un craso error" y que la nueva ley que pretende aprobar "potencia la sanidad privada".
Desde la Plataforma explicaba ayer que siempre se ha defendido el establecimiento de unos plazos máximos de demora "como un derecho de los usuarios", pero añadió que es un problema que "debe resolverse dentro del sistema público, por un lado dejando que el paciente pueda elegir otro centro público y por otro estableciendo un sistema de penalizaciones". Ponte teme que la propuesta del Ejecutivo regional "comprometa presupuestariamente la sanidad pública" por sus elevados costes. Añade que el País Vasco implantó un modelo similar y afirma que "el resultado fue un crecimiento enorme de la sanidad privada".
Además el portavoz de la Plataforma manifestó su decepción por que la Administración no haya contado con ellos para redactar el decreto.
Desde el sector profesional, el presidente del SIMPA considera que para atajar el problema de las listas de espera en la sanidad asturiana "la solución pasa por aumentar efectivos. De aquí a siete años se habrán perdido otros 1.200 médicos, y eso aboca a unas listas de espera desbocadas". En los últimos siete años, según indicó, la plantilla pública del Principado se ha reducido en 700 médicos "y ese es un lastre que estamos soportando todos".
Javier Alberdi vaticina que el decreto del PSOE "se va a quedar en nada: es imposible realizarlo y el coste puede ser abrumador". El portavoz de los médicos no pone en duda la intención del Ejecutivo: "Estoy seguro de que existe voluntad política pero no hay posibilidad real, por falta de efectivos".
La directora general de Política Sanitaria del Gobierno asturiano, María Jesús Merayo Vidal, compareció ayer en la comisión parlamentaria de investigación de las listas de espera, y declaró que el sistema sanitario público en Asturias da respuesta a las patologías graves "en tiempo razonable" y "de forma rápida".
Del Busto: "Lo ideal es que la privada no llegue a tener casi ni opción"
03.06.2016, E. F.-P., en La Nueva España.
El consejero de Sanidad, Fernando del Busto, manifestó ayer, al respecto del decreto de garantías que prepara su equipo para finales de año, que "lo ideal es que la privada no llegue a tener casi ni opción" de atender casos de largas demoras en las listas de espera.
Del Busto disparó contra la iniciativa del PP, cuyo coste, por la derivación de pacientes a la privada, estima en 54 millones de euros.
Del Busto niega que el decreto de las listas de espera beneficie a la privada
IU y los médicos afean que la idea «se limite a derivar pacientes fuera de los centros públicos» y los Usuarios piden un mayor control de las empresas
R. MUÑIZ, GIJÓN, en El Comercio.
El Principado prepara un decreto para atajar las listas de espera sanitaria. Marcará un tope de dos meses para las pruebas de colonoscopia, mamografía, ecografía, tacs o resonancia magnética. En las intervenciones quirúrgicas, concede 180 días para resolver las operaciones de cirugía cardiaca, cataratas, histerectomías o prótesis. Vencidos esos plazos, el ciudadano tendrá derecho a su derivación a un centro privado. Eso sí, allí no pueden atenderle facultativos que trabajen en el sistema público.
El consejero de Sanidad descartó ayer que la medida sea un regalo a la iniciativa privada. «Lo ideal sería que no tuviera casi ni opción», comprometió Francisco del Busto. «Hablamos de que nuestros hospitales den información precisa y oferten las opciones que tienen en otros hospitales de la red y los tiempos que tienen en esos otros hospitales», desgranó.
A su juicio, los 60 días para pruebas y 180 para intervenciones imponen una derivación mínima y «sacralizan los decretos de lista de espera de los años 2003 y 2011, de rango nacional». La ley de garantía de prestaciones sanitarias, que el PP somete hoy a votación y marca plazos más breves, derivaría más pacientes de los que «la privada asturiana puede asumir; es un efecto llamada a empresas externas para que coloquen sus clínicas», reprochó. Según sus cálculos, el modelo popular «tendría un coste de 54 millones».
La solución del Principado afectaría a «pacientes de los que no peligra su vida ni la viabilidad de sus miembros», indicó Del Busto. Para quienes tienen una dolencia urgente o invalidante «no hay ni una sola lista de espera», dijo. Respecto al veto para que facultativos de la pública resuelvan en la privada las dolencias de estos pacientes aseguró que lo exige «la ética profesional».
Distinto parecer tienen IU y el colectivo médico. Gaspar Llamazares, portavoz de la coalición, reclamó luchar contra las listas de espera con «menos 'hospitalcentrismo' y más atención primaria, salud pública y educación sanitaria». Su diagnóstico es que «hay muchas vías, no solo una y mucho menos que esa una sea derivar a la privada; eso es un reconocimiento del fracaso de la gestión pública». Llamazares fue lapidario: «Un consejero que se ve obligado a que una parte de la demanda se vaya a la privada es que lo está haciendo mal».
La reflexión del sindicato médico (Simpa) es similar. «Poner límites a la espera está bien, pero no limitándose a derivar fuera de lo público», cuestionó su secretario general, Antonio Matador. «Hay otras herramientas, como contratar a más personal o hacer horas extras; la solución tiene que ser una combinación de todo», instó. Lo contrario «incentiva un modelo privado 100%». «La espera es un problema estructural, que exige soluciones estructurales para aumentar la capacidad del sistema», valoró Alejandro Braña, presidente del Colegio de Médicos.
El apoyo crítico a la medida lo dio la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y Privada (Asencro). «No me creo los plazos», reprendió su presidenta, Susana Pérez Alonso. La portavoz reconoce que «al paciente hay que solventarle el problema con los medios que hay, sean públicos o privados; una medida así solo funcionará si se extrema el control sobre los privados y en el público se es más exigente con los docentes».
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