ACTUALIDAD

Aunque no se destaque, la esperanza de vida disminuye “timidamente” (pero disminuye) por primera vez ¿cambio de tendencia?

La crisis agudiza el declive demográfico

Asturias perdió el año pasado 5.643 personas, el equivalente a la población de Noreña y el peor dato del país tras los de Galicia y Castilla y León

19.06.2013, Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España.

La crisis económica agudiza aún más el declive demográfico de Asturias. Según el balance provisional del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2012 nacieron en la región 7.642 niños, 700 menos que en 2008, primer año de la tormenta económica. El número de alumbramientos en el Principado se ha reducido durante la gran recesión en un 8,3 por ciento. Es menos que en el conjunto de España, donde llega al 12,8%, pero la región, en términos absolutos, sigue siendo la comunidad autónoma con peores datos demográficos del país: encabeza la tasa bruta de mortalidad y está a la cola de la de natalidad.

 

El asturiano Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana y ex rector de la Universidad Complutense de Madrid, achaca la caída del número de nacimientos en los últimos cuatro años a diversos factores. A su juicio, la crisis ha tenido que ver, pero también la reducción del número de mujeres en edad fértil y una menor fecundidad.

 

La combinación de la alta mortalidad con la baja natalidad ha hecho que el saldo vegetativo regional de 2012 fuera negativo en 5.643 personas, el equivalente a la población de Noreña. Es una cifra sólo superada en España por Galicia (10.048) y Castilla y León (9.417), las otras dos comunidades del Noroeste. El saldo entre nacimientos y defunciones también fue negativo en Extremadura, Aragón y Cantabria, mientras que en el otro lado de la balanza destacan Madrid, con un resultado positivo de 25.293 personas, Andalucía (17.641) y Cataluña (13.888).

 

La tasa de variación anual de nacimientos en Asturias también fue negativa en 2012. Vinieron al mundo 140 niños menos que el año anterior, lo que significa un 1,8% de caída. En todas las comunidades autónomas se redujeron los nacimientos, con excepción de La Rioja y de la ciudad autónoma de Melilla. No obstante, el Principado es una de las regiones en las que menos bajaron los partos, 2,1 puntos por debajo de la media nacional de un ranking que, en cuanto al balance negativo, está encabezado por Madrid (-5,3), Extremadura (-5,2) y Castilla-La Mancha (-5,1). Asturias, pese a sus evidentes problemas demográficos, había sido en 2011 la única autonomía que incrementó el número de alumbramientos.

 

Con 12,4 por cada mil habitantes, Asturias también fue en 2012 la comunidad con mayor tasa de defunciones, por encima de Castilla y León (11,3), Galicia (11,3) y Aragón (10,3). En concreto, el pasado año fallecieron en el Principado 13.285 personas, 607 más que en 2011. La variación anual fue, por tanto, del 4,8%, un par de puntos por debajo de la media nacional.

 

El número de matrimonios en 2012 subió ligeramente con respecto al año anterior, pasando de 3.930 a 4.042. Del total, 2.574 fueron civiles y 1.447, católicos.

 

Según el INE, tres de cada cien niñas nacidas en Asturias entre 2010 y 2011 se llaman Sara, Daniela o Lucía. Les siguen como nombres más utilizados, por este orden, Paula, Claudia, Carla, María, Sofía y Alba. Entre los varones, tres de cada cien son Daniel o Pablo. Alejandro, Hugo, Mateo, Diego, Adrián y Álvaro les siguen en el ranking. En general, los nombres más comunes entre los asturianos de cualquier edad son David y Mari Carmen.

 

En el ámbito nacional, en 2012 nacieron en España 453.637 niños, un 3,9% menos que el año anterior. Además, se registraron 405.615 fallecimientos, un 4,6% más que en 2011, y la esperanza de vida al nacimiento fue de 82,2 años: 79,3 años para los varones y 85 para las mujeres. Un total de 168.835 parejas contrajo matrimonio, un 3,4 por ciento más que en 2011. De esta manera, se rompe la tendencia decreciente en el número de enlaces que se inició hace ocho años.

 

Líder en defunciones, colista en natalidad

El número de nacimientos no ha dejado de caer en España desde 2008, año del inicio de la crisis, y ya acumula un descenso del 12,8% en cuatro años

13.285 personas fallecieron en el Principado en 2012, mientras que tan solo nacieron 7.642

19.06.13 - JAVIER FERNÁNDEZ | GIJÓN, en El Comercio.

El año pasado fallecieron en Asturias 13.285 personas y nacieron solo 7.642. Estos datos, que reflejan que la pérdida de habitantes en la región y su envejecimiento se agudizan, dejan en la comunidad dos récords negativos: contar con la tasa de natalidad más baja y la de mortalidad más alta de todo el país. Así lo demuestra el indicador de Movimiento Natural de Población del Instituto Natural de Estadística (INE), hecho público ayer, y que recoge también que desde 2008, año en el que se alcanzó el máximo de los últimos 30 años y en el que se inició la crisis, cada vez menos bebés vienen al mundo en España y menos aún en Asturias.

 

El informe refleja que 12,4 de cada mil asturianos murieron en 2012. El número de defunciones creció un 4,8% con respecto a las 12.678 muertes registradas en 2011. Este aumento, además, no ha sido compensado por el capítulo de natalidad, donde los datos fueron también negativos. En concreto, hubo 5.643 muertes más que nacimientos, que a lo largo de 2012 se redujeron en Asturias un 1,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se produjeron 7,1 alumbramientos por cada mil habitantes y así continúa el descenso que puede apreciarse desde 2010, cuando 7.763 bebés vinieron al mundo en el Principado. Pese a que la región sale peor parada que el resto del país, las estadísticas nacionales tampoco son buenas.

 

Las defunciones crecieron un 4,6%, el mayor aumento de la última década y ninguna comunidad registró menos fallecimientos que en 2011. Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla cuentan con datos positivos en este apartado y en cinco comunidades las muertes superaron a los nacimientos. Por primera vez desde 2001, la diferencia entre nacidos y difuntos arroja un saldo positivo por debajo de las 50.000 personas. Los alumbramientos cayeron un 3,9% y acumulan un retroceso del 12,8% en los últimos cuatro años. La Rioja y Melilla, de hecho, fueron las únicas en las que los nacimientos subieron con respecto a 2011.

 

Menos hijos por mujer

El INE apunta en su informe que la caída de la natalidad se debe a que el número de hijos por mujer bajó de 1,34 en 2011 a 1,32 en 2012 y señala que desde 2009 se ha producido un descenso de féminas en edad fértil -entre 15 y 49 años-. En la misma línea, los datos constatan que cada mujer residente en España engendra de media 1,32 niños y que esta cifra ha caída tanto entre las nacionales como las extranjeras. Estas últimas, tuvieron 86.945 hijos el año pasado, un 19,5% del total, mientras que en 2011 esa cifra alcanzó el 19,5%. La edad media de la maternidad, por su parte, subió de 31,4 a 31,6 años.

 

La esperanza de vida, aunque de forma muy tímida, ha experimentado también retroceso. Los hombre vivirán una media de 79,3 años, los mismos que en 2011, mientras que en las mujeres hay un descenso desde los 85,2 años a los 85. Las estadísticas recogen que llegados a los 65, los hombres vivirán 18,4 años más (frente a los 18,6 de 2011) y las mujeres 22,4 (22,6 en 2011). Según el Padrón Municipal del INE, Asturias contaba a 1 de enero del presente año con 1.067.880 habitantes de los cuales 48.310 son extranjeros, 2.517 menos que en 2012.

 

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AMPLIOS REPORTAJES EN EL PAIS DE HOY SOBRE LA CORRUPCION EN ESPAÑA:

La impostura sin límites de Bárcenas (…la investigación judicial destapa las mentiras del extesorero del PP sobre sus ventas de cuadros, sus viajes a Suiza, su letra simulada o los sobresueldos a la cúpula del partido…)

 

La corrupción sumó 800 casos y casi 2.000 detenidos en una década

El español confía en la policía (45%), algo en la justicia (36%) y nada en partidos y sindicatos

Luis Gómez, Madrid, en El País.

 

No hay una cifra tótem sobre la corrupción en España durante el siglo XXI, aunque sí varios estudios que presentan alguna aproximación: en 13 años se han detectado unos 800 casos, no todos ellos judicializados, y se han practicado unas 2.000 detenciones, según fuentes policiales. Se conocen algunas consecuencias: principalmente que los españoles tienen más fe en la policía (45%) que en la justicia (39%) a la hora de denunciar un caso de corrupción y no confían nada en los políticos (4%) y los sindicatos (6%). Es más, los españoles han pasado de sospechar que la corrupción era un asunto local a creer firmemente (93%) que se encuentra en instituciones nacionales. La percepción de que España está invadida por la corrupción está ahora en su punto más elevado.

 

Sin embargo, se está produciendo un efecto retardado: los casos que están hoy en las páginas de los periódicos y en la mesa de jueces y fiscales corresponden a unos años atrás. Es seguro que, como consecuencia de la crisis económica, haya ahora menos corrupción. Ahora bien: ¿se habrán corregido las conductas corruptas? Sobre eso habrá que seguir investigando.

 

Se han cumplido ya siete años del estallido de la Operación Malaya, el caso que hizo despertar la conciencia de que algo muy sucio estaba pasando en España. Desde entonces, el mapa más completo sobre la corrupción urbanística en España lo han realizado unos geógrafos de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Un mapa según el cual más de la mitad de la población española, el 56,1%, ha sufrido un caso de corrupción en su municipio. Esa sería una de las conclusiones de un estudio que recopiló todos los casos conocidos en un decenio, entre 2000 y 2010, estuvieran judicializados o no: la cuenta sumó 676 casos.

 

El estudio realizado por los geógrafos refleja cómo, a partir del año 2006, se dispara el conocimiento de los casos de corrupción (antes de esa fecha se habían registrado muy pocos), coincidiendo con la explosión de las dos primeras investigaciones mediáticas: la Operación Ballena Blanca (marzo de 2005) y, sobre todo, el caso Malaya (marzo de 2006). Esta explosión de casos tiene varias explicaciones: Una, la burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo; dos, se inauguran delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en zonas calientes de España. Y, tres, se crean unidades policiales de investigación especializada. Es el caso de la conocida UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), responsable de los principales casos. Por entonces, la UDEF no llegaba a los 100 agentes. En la actualidad, cuenta con 299, según puso de manifiesto hace unos meses el ministro del Interior, Jorge Fernández.

 

El estudio de la Universidad de La Laguna registra 414 casos hasta el año 2008, que se disparan en otros 262 entre 2009 y junio de 2010 (un 63% de incremento), un porcentaje que coincide con datos de Anticorrupción. El estudio acaba ahí. Si se buscan otras fuentes, la propia memoria de la Fiscalía Anticorrupción señala cómo a partir de 2010 empiezan a disminuir el número de diligencias de investigación, una señal de que la cantidad de casos tiende a bajar, producto del estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2008 y 2009. Según otros informes, la cifra se quedaría cerca de los 800.

 

Estos números son coincidentes con un estudio elaborado por Elena Costas-Pérez, Albert Solé-Ollé y Pilar Sorribas-Navarro, publicado en 2012 en el European Journal of Political Economy (Corruption scandals, voter information, and accountability). “Nosotros recogimos noticias de prensa publicadas entre 1996 y 2009”, explica Elena Costas, “a partir del estudio de la Fundación Alternativas para los años 2000-2007, complementado con búsquedas bibliográficas de las noticias publicadas antes y después”. Suman casos (los judicializados) y escándalos y la cifra alcanza los 814 hasta enero de 2009. “Estos casos implican a 565 municipios”.

 

En el estudio de los geógrafos, Andalucía es la comunidad que suma mayor número (154) seguida de Valencia (94), pero es Murcia quien tiene afectado un mayor porcentaje de municipios (el 57,8%), debido en parte a que es la comunidad con menor número de Ayuntamientos. Los dos grandes partidos políticos aparecen como principales responsables: el 44% son municipios gobernados por el PP y el 31,2% por el PSOE.

 

“Pensábamos que había un elemento coyuntural y observamos que no, que había una connivencia entre la iniciativa privada y las instituciones públicas”, explica el profesor Víctor Martín, uno de los autores del estudio, que señala que el punto de inflexión se produjo con los casos Ballena Blanca y Malaya.

 

Y ocho años han pasado desde que explota el caso Ballena Blanca hasta que el Supremo dicta sentencia para cinco de los 19 acusados: cinco años de cárcel para el abogado Fernando del Valle, principal imputado y acusado en su momento de blanquear dinero a través de hasta 1.000 sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales. Se divulgaron en aquella ocasión imágenes de sus colecciones de coches y de sus lujosos inmuebles, además de su afición a contratar para su despacho exclusivamente a letradas.

El juicio arrancó en marzo de 2010 con mucho ruido, algún escándalo (el extravío de algunos de los 257 tomos del sumario) y muchas dudas sobre su operatividad: los 50 imputados se quedaron en 19 y al juicio se acreditaron 176 periodistas.

 

Hoy en día, Fernando del Valle ha recuperado parte de su patrimonio, solo estuvo seis meses en la cárcel y hace tiempo que reabrió su despacho como abogado en Marbella (Málaga). Hay serias dudas de que vuelva a pisar la cárcel, entre otras cosas porque seguramente solicitará su indulto al Gobierno, algo parecido a lo que hará el también abogado y presidente del Sevilla, José María Del Nido, si el Supremo confirma su condena de siete años por el caso Minutas, otra de las piezas de lo que ha sido el puzle marbellí. ¿Pasará algo parecido con la operación Malaya, convertida en otro macrojuicio con 103 acusados y casi año y medio de duración?

 

La atención de muchos expertos está situada, actualmente, en la sentencia de este caso, que se espera con expectación. Hay división de opiniones. Algún experto sostiene que habrá una condena severa “porque se ha tocado el dinero público”. Otros dudan de que haya sanciones ejemplares: “Si las condenas siguen la levedad de las impuestas en el caso Ballena Blanca, habría que replantearse cómo investigar estos asuntos”, señala un jurista. “Sería interesante saber cuál ha sido el coste total del caso Malaya”, apunta un abogado. El debate está abierto desde hace tiempo: son cada vez más quienes defienden que sean los fiscales y no los jueces quienes lleven el peso de la instrucción.

 

La lista de operaciones de relumbrón es amplia. Hay una lista de nombres que se ha hecho familiar al español medio, desde esa Ballena Blanca hasta el cada vez más complicado caso Gürtel, pasando por el caso Nóos que toca a la Familia Real o el asunto Bárcenas que pone en cuestión al actual Gobierno del PP, sin olvidar episodios con miles de afectados como las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa.

 

Siete años parece ser la media de edad en la que una operación policial alcanza el momento del juicio oral, demasiado tiempo según los expertos, una media que solo se rompe en Baleares gracias a una estrategia diferente en la forma de instruir los procedimientos y evitar los macroprocesos.

 

Han sido ocho años de convivencia con la corrupción, asunto de actualidad casi diaria, corrupción que ha pasado su examen por las urnas. El trabajo de Costas-Solé-Sorribas muestra un castigo medio en las urnas equivalente a una pérdida de votos del 4%, que fue mayor en las elecciones locales celebradas en 2007 que en las de 2003. “La estimación de nuestro modelo”, señala Elena Costas, “confirma que los votantes españoles castigaron a los políticos locales corruptos. Los más penalizados fueron aquellos alcaldes involucrados en escándalos que generaron un alto número de noticias, más de 10, donde la pérdida media de votos en las elecciones del 2007 aumentó del 4% al 9%”.

 

Los geógrafos de La Laguna extraen otra interesante conclusión: un 88% de los escándalos han estado relacionados con el suelo. O con el terreno. De tal forma que el antiguo caciquismo (que los autores sitúan en la primera restauración borbónica) ha sido sustituido por uno nuevo (el de la segunda restauración borbónica), en el que entran a formar parte constructores: “Cuando estos se convierten en grandes propietarios, empiezan a tener el mismo comportamiento que los anteriores caciques”. La diferencia está en que los caciques del siglo XXI prefieren guardar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hechos públicos ayer

Una región con fugas demográficas

Por primera vez en este siglo, el número de personas que abandonan Asturias supera al de las que llegan para residir en la región

12.06.2013, Oviedo, Marcos PALICIO, en La Nueva España.

Asturias ya sale perdiendo en los intercambios de población con el resto de España y del mundo. Sucedió en 2012 por primera vez en este siglo: el aumento de las salidas y el descenso de las llegadas dio lugar a un saldo negativo que la región no conocía desde 1999. La operación, extraída de los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arroja una pérdida de 435 residentes en la diferencia entre las entradas y las partidas. Dice el recuento del INE que el año pasado se registraron 14.181 cambios de residencia de Asturias hacia fuera y 13.746 a la inversa. Que aunque todavía resiste en números positivos el resultado de los intercambios demográficos con el extranjero, las 3.847 «huidas» desde el Principado al resto del mundo son el dato más elevado de la última década y las llegadas desde el exterior -4.390- han bajado hasta niveles propios de comienzos de siglo. En la migración interna la estadística confirma, además, que la pérdida demográfica como consecuencia de las fugas al resto de España se ha disparado hacia las cotas más altas de la década.

 

El saldo migratorio de Asturias aún aguanta si se consideran por separado las entradas y las salidas con procedencia o destino fuera de España. La diferencia entre los dos valores da todavía para una pequeña ganancia -de 543 habitantes-, pero la cifra es la más baja desde 1998 e insinúa indicios de fragilidad tanto por el retorno de extranjeros como por la salida de españoles. Según las cifras del INE, en las partidas desde esta región en crisis pesan más los foráneos: el año pasado se fueron de Asturias 2.826 extranjeros y 1.021 españoles y hasta el 41 por ciento del total de emigrantes que habían nacido en América.

 

El país que recibió más habitantes procedentes del Principado, eso sí, fue el Reino Unido, y aquí la mayoría de los emigrados eran autóctonos. El segundo destino preferido fue Ecuador, rumbo prioritario del retorno, y en las entradas siguen ganando los que proceden de Rumanía, 519 registrados en 2012, el 11,8 por ciento del total de altas computadas en Asturias el año pasado desde el extranjero.

 

El daño demográfico se concentra, sin embargo, en el mal resultado de los intercambios dentro de España. El recuento del pasado año registra 10.334 variaciones de residencia que dejan atrás Asturias y únicamente 9.356 de entrada, con un saldo en el entorno de los mil habitantes. Los que se van tienen billete con destino sobre todo a la Comunidad de Madrid, adonde fue a parar el 22,2 por ciento del total de emigrantes interiores de 2012. También los que vienen proceden prioritariamente de la capital, en este caso en un dieciocho por ciento, y en ambos casos Castilla y León ocupa el segundo lugar en las preferencias de entrada y salida al Principado.

 

Los datos

 

El extranjero

En 2012 se registraron 3.847 cambios de residencia de Asturias al exterior y 4.390 a la inversa. Por continentes, América es la procedencia y el destino prioritario. Por países, el Reino Unido lidera la dirección de las salidas (128) y Rumanía (519), el origen de las llegadas. El 41% de los que se fueron, 1.596, ha nacido en América.

 

 

El resto de España

Salieron 10.334 y entraron 9.356, con Madrid y Castilla y León como direcciones y orígenes mayoritarios del intercambio.

 

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La jerarquía católica, representada por la figura del arzobispo de San Salvador, se inventa una inverosimil conspiración internacional proabortista para mantenerse en sus antinaturales y retrógradas posiciones

Los médicos dan el alta a Beatriz

La salvadoreña que pidió un aborto para salvar su vida sale del hospital

María R. Sahuquillo, El Salvador, 11 JUN 2013, en El País.

 

Los médicos han dado de alta esta tarde a Beatriz, la joven que se embarcó en toda una lucha judicial para solicitar a El Salvador que le permitiese interrumpir el embarazo que ponía en riesgo grave su vida, una práctica que la ley castiga en ese país bajo cualquier circunstancia. La mujer, a la que finalmente se le practicó una cesárea en la semana 27 de gestación después de esperar casi dos meses, ha salido del Hospital Maternidad de San Salvador. Ahora deberá someterse a controles médicos estrictos no solo para analizar las patologías derivadas de su embarazo de riesgo y de la intervención; también el lupus eritematoso y la patología renal aguda que padece necesitan seguimiento médico constante, precisaron fuentes sanitarias.

 

“Ya salí. Me dejaron irme”, dice la joven con una sonrisa. Se prepara para emprender ahora un largo camino hasta el pueblo donde vive, en el sureste del país. “Lo primero que voy a hacer cuando llegue a la casa es abrazar a mi hijo. Tengo desde el 20 de mayo de no verlo… mucho tiempo”, remarca la joven. Beatriz, de 22 años, tiene un pequeño de 14 meses al que adora. Ese primer embarazo también fue de alto riesgo, aunque no tan severo como el segundo. Peligro, además, inútil, los expertos diagnosticaron que la hija que esperaba padecía anencefalia. Nació efectivamente con anomalías gravísimas y sobrevivió solo cinco horas.

 

Ahora Beatriz tiene ganas de rehacer su vida. Lleva dos meses fuera de su casa, pasando solo pequeños ratos con su marido, jornalero. Cuenta que todavía le tiran los puntos y que está incómoda, pero tiene ganas de comer “comida más rica”. “No lo del hospital”, precisa con una media sonrisa.

 

“Vamos a estar muy pendientes acompañando a Beatriz, apoyándola también a nivel emocional”, indica Angélica Rivas, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Esta organización ha asistido a la joven en todo su proceso judicial y le ha dado apoyo psicológico en el hospital. “Mientras no se cambie esta legislación que prohíbe cualquier tipo de aborto, tristemente nos arriesgamos a que casos como el suyo se vuelvan a repetir. Es injusto para los derechos de las mujeres de El Salvador. Beatriz ha tenido la fuerza de desafiar el sistema y solicitar la interrupción del embarazo, su caso se ha hecho público, pero muchas otras no saben que pueden dar ese paso o no tienen el apoyo necesario”, añade.

 

La jerarquía católica carga contra el caso

El caso de Beatriz ha suscitado una gran polémica en El Salvador donde los partidos conservadores, los grupos antiabortistas y las jerarquía católicas se han pronunciado contra cualquier intervención médica —incluso para salvar la vida de la joven— que supusiera interrumpir el embarazo; una solicitud que la joven llevó al Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

El domingo, el arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, afirmó durante su homilía que el caso de Beatriz es, en realidad, una “estratagema” para legalizar el aborto. “Se hizo creer que ella estaba muriéndose”, criticó. “Se ha manipulado a la madre a la familia de ella y la sociedad misma con una intención torcida”, insistió. Alas expuso que lo que ha sucedido en El Salvador con Beatriz ya ha ocurrido en otros países. Se trata de “buscar un caso emblemático para conseguir el aborto”, dijo.

 

El arzobispo cargó contra las instituciones internacionales que han alzado su voz para apoyar a Beatriz y han solicitado, como hizo la ONU recientemente en dos ocasiones, a El Salvador que revise su veto total al aborto para evitar casos similares. Alas avisó a esos “organismos internacionales y prepotentes” que no será fácil imponer una ley que permita el aborto en un país “cristiano”. En El Salvador, además de estar prohibida la interrupción del embarazo, la Constitución tiene un artículo por el que la vida debe protegerse “desde el momento de la concepción”.

 

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Más sobre el “pensionazo” que nos tienen precocinado

Toxo insiste en que no está a favor de reformar las pensiones pese al voto de su representante en el comité

Remite a los periodistas a un comunicado del viernes en el que se decía que el informe "no recoge la postura de CCOO" y asegura que el acuerdo alcanzado con el PSOE en 2011 es el adecuado

PÚBLICO

Ignacio Fernández Toxo ha insistido este lunes en que CCOO no es favorable a reformar el sistema de pensiones pese a que su representante en el comité de expertos organizado por el Gobierno, Miguel Ángel García, votara a favor del informe, según se conoció el pasado viernes. Para el secretario general del sindicato, quien reconoció que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya les ha remitido el texto completo, "no creemos necesario abordar en este momento, por muy dura que sea la coyuntura, una reforma que modifique la estructura de la Seguridad Social".

Toxo recalcó que su postura es la que el viernes hizo pública en una nota el sindicato, "el informe no recoge la postura de CCOO ni nos sentimos vinculados en absoluto al mismo"."Hemos hecho una primera lectura, es un informe a demanda del Gobierno, por lo que sería conveniente que aclarase su opinión [...] En 2011 llegamos a un acuerdo con otros actores [con el Gobierno del PSOE] que está ya trasladado a la ley de la Seguridad Social y que tiene apenas seis meses de vida. Ese acuerdo contiene los elementos de reforma adecuados para dar sostenibilidad a nuestro sistema de la Seguridad Social en el futuro", añadió durante una rueda de prensa para presentar las movilizaciones que la Confederación Europea de Sindicatos tiene previstas antes de la cumbre en Bruselas de finales de mes.

"Ahora bien, desde 2011 se ha producido una situación de deterioro en nuestro país principalmente por el empleo y en particular, en cuanto a calidad y cantidad, lo que afecta evidentemente a la Seguridad Social. Hay un desfase entre ingresos y gastos que ha llevado a tirar dos veces ya del fondo de reserva. La aceleración de la destrucción de empleo que provoca la reforma laboral y el debilitamiento de las bases de cotizaciones que supone el deterioro de los salarios de la gente que trabaja, dificultan que cuadren los ingresos", recordó Toxo para quien el Gobierno debería pensar más en "una mejora de los ingresos que podría tener varias vías: subida de las cotizaciones, o que de los impuestos generales se incorporen nuevas partidas que fortalezcan los ingresos para esta etapa que estamos afrontando".

Aumentar ingresos

En todo caso, insistió, "hay un aspecto del informe que debería llevar a una reflexión más de fondo. Además de que la decisión debe ser política, gastamos casi cuatro puntos menos que la media de la UE en pensiones. España debe avanzar en la convergencia en ingresos para poder mantener en el futuro el gasto en la Seguridad Social".

El viernes, García, representante de CCOO en el comité de expertos, dio su voto favorable a la reforma del sistema de pensiones que proponen los consultores convocados por el Gobierno. Un voto que aplicó de forma muy particular: propuso que la entrada en vigor de los dos componentes del factor de sostenibilidad no se ponga en marcha hasta 2019, ya que según él, hasta esa fecha hay margen en el Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones) y que hay que dar más tiempo a la sociedad para asimilar los cambios.

Por su parte, Cándido Méndez, secretario general de UGT ─cuyo representante sí que voto en contra del informe─ insistió en la idea de que lo esencial de la reforma está en acuerdo alcanzado con Zapatero en 2011por lo que "la ley vigente ya recoge los problemas estructurales sobre las pensiones".

Téngase en cuenta que no es lo mismo “que haya consenso” a “que haya el mayor consenso posible”…

Báñez dice que habrá consenso

Mientras los dos sindicatos recuerdan al Gobierno que para ellos ─comité de expertos a parte─ la reforma que vale es la de 2011, la ministra Báñez ya da por hecho que va a haber debate y decisiones sobre el informe del comité. Y que habrá decisiones, según ella, con el mayor consenso posible. Algo que, teniendo en cuenta la oposición frontal de la mayor parte de grupos parlamentarios, parece una ilusión más que algo realizable. "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la sociedad española porque ahora se inicia el debate político y social. Estoy segura de que desde la responsabilidad y el compromiso de todos los grupos políticos y de los agentes sociales vamos a buscar el mayor de los consensos para seguir preservando un sistema de pensiones seguro y sostenible en el medio y largo plazo", dijo.

Báñez aseguró que "ahora es tiempo del debate y del consenso político y social" para que la Seguridad Social continúe siendo "un gran proyecto de pacto social". La ministra calificó el factor de sostenibilidad de las pensiones como una forma de "recontar céntimo a céntimo" los ingresos con los que el sistema cuenta en cada momento y distribuirlos de acuerdo a reglas "fijas, predecibles y transparentes".

Las pensiones no subirían al menos hasta 2019 con el informe de los expertos del Gobierno

Uno de ellos, Miguel Ángel Vázquez, supedita la revalorización por encima del IPC a tener un crecimiento de entre el 2% y el 2,5%, algo que, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional no pasará en seis años

PÚBLICO/EP

La reforma de las pensiones que plantea el comité de expertos plantea que los pensionistas no podrán ganar poder adquisitivo al menos hasta 2019. Esa es la lectura que se puede hacer de las declaraciones este lunes de Miguel Ángel Vázquez, uno de los miembros del grupo seleccionado por el Gobierno, quien en una entrevista en La Sexta afirmó que para que las pensiones subieran por encima del IPC, la economía tendría que estar creciendo a un ritmo de entre el 2% y el 2,5%, cifras que, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, no se alcanzarán hasta dentro de seis años como mínimo.

Vázquez aseguró que de las propuestas del informe no se deriva necesariamente que los pensionistas vayan a cobrar menos y que vayan a ver siempre revalorizada su pensión por debajo del coste de la vida, porque la fórmula de revalorización anual de las pensiones (el llamado FRA) propuesta por los expertos tiene en cuenta todo un ciclo económico, de 11-13 años de duración, y no sólo un ejercicio.

"Para que no cambie el ’status quo’ de las pensiones tenemos que crecer. Si no crecemos, el problema lo habríamos tenido, reuniéndonos nosotros o no", dijo Vázquez, que añadió que es "muy difícil" que las pensiones no se vayan a revalorizar al tomarse en cuenta todo un ciclo económico.

Sobre las denuncias sindicales de que el Gobierno se quiere esconder tras este informe para recortar las pensiones, Vázquez ha insistido en que el informe deja claro que los cambios son decisión política y que lo suyo es sólo una propuesta para un "gran debate", en el que deben participar todos. "Nosotros no pretendemos sustituir a nadie. Es una decisión política", subraya el experto, que ha precisado además que el factor de sostenibilidad "lo que te viene a decir es si el déficit del sistema público es coyuntural o de carácter estructural".

Preguntado por si lo que se busca es fomentar entre la población los planes y fondos de pensiones privados, Vázquez ha señalado que los pilares de capitalización y de reparto tienen que crecer juntos, "no el uno contra el otro". "El informe tiene 50 páginas y habla de ir al ahorro privado en una línea de una sola página", ha defendido. Vázquez es miembro de Unespa, la patronal de las aseguradoras, y uno de esos ocho expertos que tienen que ver con los seguros privados.

Reforma apresurada

Precisamente, otro los expertos de este comité, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga ha denunciado que detrás del documento hay determinados intereses. Por eso y por otras razones, votó en contra del informe final y fue el único que lo hizo. Ruesga ha subrayado que si no se toca el sistema de pensiones, "no pasaría nada" hasta bien entrada la década de 2020, cuando empezará a incorporarse al sistema de pensiones la generación del ’baby boom’. "Creo que se ha realizado una reforma muy apresurada en función de la coyuntura, no en función de los problemas a largo plazo que era lo que en principio se nos planteó", ha precisado.

Según él, lo necesario es hablar de la suficiencia de las pensiones, no sólo del factor de sostenibilidad. "Se está pensando en utilizar las pensiones como variable de ajuste en las políticas de austeridad para reducir el déficit a corto plazo. Creo que es un error, y desde el punto de vista social bastante injusto, querer cargar todo el peso de los recortes sobre los pensionistas", ha subrayado.

El PSOE fija sus "líneas rojas" para la reforma del sistema de pensiones (hoy en Nueva Tribuna)

CCOO y pensiones: Asombro y contrariedad. Artículo firmado por los miembros del Gabinete Interfederal: Enrique Lillo, Eduardo Gutiérrez, Ángel Martín, Alicia Gómez, Cristina Segura, Lola Morillo, y Daniel Albarracín (hoy en Nueva Tribuna).

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Actualización del Programa Clave de Atención Disciplinar (PCAI) en cáncer de mama

GUIA DE RECOMENDACIONES CLINICAS. CANCER DE MAMA. ACTUALIZACION.

Menos muertes por cáncer de mama

Sanidad no modifica su criterio y mantiene la edad de inicio de las mamografías preventivas en los 50 años

La tasa de mortandad por este tipo de tumor descendió un 3% en los 10 últimos años en Asturias

10.06.13 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

 

Menos muertes por cáncer de mama y también mayor supervivencia. Esta es la última radiografía que exhibe en Asturias uno de los tumores que se diagnostica con mayor frecuencia entre las mujeres del Principado, con más de 800 casos anuales. La mortalidad por este tipo de tumor se ha reducido en un 3% en la última década. Parece un dato menor, «pero es un paso grandísimo», afirman expertos en la materia, que atribuyen esos buenos resultados a las campañas de prevención y detección precoz llevadas a cabo en la sanidad pública asturiana en las dos últimas décadas.

 

En los años 2009 y 2010, la tasa de mortandad fue del 18,3%. A principios del año 2000 se mantenía en el 21,3%, por lo que la ganancia fue de un 3% en cifras absolutas y del 14% en «índices relativos», abundan los especialistas. Los datos forman parte del nuevo Programa Clave de Atención Disciplinar (PCAI) en cáncer de mama, una especie de guía clínica que la Consejería de Sanidad ha decidido actualizar y en la que se expone que las tasas de supervivencia, en los casos de cánceres diagnosticados en fases tempranas, supera ya el 80%.

 

En este documento se recuerda que los fallecimientos por este tipo de tumor se mantuvieron al alza durante la década de los 80, pero comenzaron a bajar a partir de 1990 de la mano de los programas de cribado poblacional, que consisten en convocar a la realización de una mamografía a todas las mujeres entre los 50 y los 69 años. Precisamente, el Principado ha decidido mantener como recomendación general que las ecografías mamarias continúen realizándose a partir de los 50 años, en vez de rebajar la edad a 45 como defienden algunos especialistas, entre los que se sitúo la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, cirujana de profesión y antigua integrante de la Unidad de Mama del Hospital de Cabueñes. En esta guía elaborada por el Principado, Sanidad recoge literalmente que «el Consejo de Europa recomienda realizar mamografías de cribado para el cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años, de acuerdo con las directrices europeas de garantía de calidad del cribado mamográfico. Esta recomendación está basada en la existencia de pruebas de la eficacia del cribado del cáncer de mama derivadas de ensayos clínicos aleatorios».

 

Supervivencia del 80%

El descenso en la mortalidad cobra especial importancia al comparar el comportamiento del cáncer de mama con otro tipo de tumores que vieron incrementados sus índices de mortalidad en la región. Según datos del INE, las muertes por cánceres malignos crecieron un 15% entre 1991 y 2011. Aunque a modo macro siguen situándose en segundo lugar, los cánceres van ganando terreno a los infartos e ictus entre las principales causas de muerte en el Principado. Hace veinte años fallecían por cáncer 3.249 personas. Ahora lo hacen 3.735. De ahí que los datos sobre la disminución de muertes por cáncer de mama sean tomados de forma positiva y como ejemplo para la puesta en marcha de programas de cribado en otros tipos de tumores con gran incidencia, como son los de colon y recto.

 

La mejoría no solo ha venido de la mano de la reducción de la mortalidad, sino también de la supervivencia, que ahora es mayor. En España, según el Eurocare-4, sobrevive el 80,3% de las afectadas. La tasa en Europa es un poco mejor: un 81,1%. La alta supervivencia en estadio localizado probablemente refleje, además del éxito terapéutico, un sobrediagnóstico por uso masivo de mamografía en cánceres con muy buen pronóstico, resaltan los autores de la guía clínica.

 

15 días para un diagnóstico y 30 para iniciar el tratamiento

10.06.13, en El Comercio.

Entre las recomendaciones y propuestas de los expertos se indica que el tiempo de espera desde que existe una sospecha diagnóstica de cáncer de mama hasta su confirmación no debería ser superior a quince días, mientras que la demora para iniciar el tratamiento tendría que rondar como mucho el mes. Asimismo, los autores de la guía clínica señalan que la toma de decisiones a lo largo del proceso diagnóstico y terapéutico debe ser consensuada con la mujer y, «a ser posible, en el contexto de un equipo multidisciplinar». En la elaboración del documento participaron 60 especialistas.

 

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Repaso a la actualidad política del diputado por Asturias en rueda de prensa celebrada hoy en Oviedo

Llamazares pide la destitución de Ana Mato porque "los ciudadanos no se merecen" una ministra como ella

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS)

 

El diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, ha anunciado este viernes que la próxima semana se debatirá una moción de su grupo para pedir la destitución de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Para Llamazares, "los ciudadanos no se merecen" una ministra como ella que es responsable de unos recortes en la sanidad española con "graves consecuencias", además del "copago y el repago".

Igualmente, ha afirmado que alguien que "no se entera" de los regalos que recibe su familia tampoco se puede enterar de los problemas de una materia tan sensible como la sanidad.

En este sentido, ha asegurado que la "complicidad" mostrada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su defensa de Mato, se debe más "a lealtad de partido" que a atender las necesidades de los españoles.

Llamazares también ha comentado que la próxima semana se abordará la enmienda a la totalidad de IU a la Ley del Medicamento, sobre la que considera que va más allá de la transposición de directrices europeas y supone un "paso atrás" en el uso racional del medicamento.

El diputado de IU ha sido crítico, asimismo, con la propuesta de sancionar a las familias de los menores que consuman alcohol, reprochando que el PP pase "de la copa de vino de Aznar al garrote para las familias".

Y es que Llamazares entiende que las políticas de salud pública, ante el grave problema que supone el consumo de alcohol entre los menores, deben centrarse en acciones de prevención, educación y asistencia a las familias en lugar de llevar a cabo medidas "recaudatorias" que son "ineficaces y contraproducentes".

En cuanto al informe sobre la sostenibilidad de las pensiones, el parlamentario lamenta que se intente utilizar a los pensionistas españoles como "conejillos de indias" para el resto de Europa al servicio de los "lobbies de los planes de pensiones privados".

 

REUNIÓN SOBRE MINERÍA

Además, en cuanto a política energética, Llamazares ha señalado que ha sido aceptada una reunión entre el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y los diputados de las comunidades mineras, aunque aun no cuenta con fecha marcada.

Al respecto, ha incidido en que por fin se va a concretar el encuentro reclamado en diversas ocasiones por los parlamentarios ante la "preocupación" por la decisión unilateral del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar a cabo el cierre de la minería. Por ello, el diputado de IU emplaza al Ejecutivo a "sentarse a negociar" con el sector "no ya el futuro sino el presente de la minería".

 

Llamazares afirma que tipificar como delito el "adiestramiento pasivo" acaba con la seguridad jurídica de los ciudadanos

 

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS)

 

El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha afirmado este viernes que tipificar como delito el "adiestramiento pasivo" acabaría con la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En rueda de prensa en Oviedo, Llamazares se ha referido así a la propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la Unión Europea para que tipifique como delito el adiestramiento pasivo para actividades terroristas - por ejemplo en centros de culto, campos de entrenamiento en el extranjero o a través de Internet- con el fin de "reforzar los instrumentos para combatir a los denominados lobos solitarios".

Además, Llamazares ha alertado de los riesgos de que España contase con ’drones asesinos’ después de que, según ha apuntado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa se haya mostrado a favor. "Sería algo inaceptable", ha remarcado, asegurando que solo EEUU los usa "no sin polémica".

 

NUEVA LEY DE CAJAS Y ’CASO BLESA’

Respecto a la nueva Ley de Cajas que se trata este viernes por el Consejo de Ministros, el diputado de IU sostiene que la nueva normativa supondrá "la defunción" de un sistema que nació para atender las necesidades de las familias y las pequeñas empresas.

Llamazares considera que los culpables de esta situación han sido los especuladores y los gestores dolosos de una parte, que no toda, de las cajas de ahorros, así como los últimos gobiernos del PSOE y el PP, con su voluntad de privatizarlas.  

En cuanto al sistema financiero y los problemas de las cajas, también ha comentado el ’caso Blesa’. Y es que Llamazares ve "escandalosa" la posición de la Fiscalía que estudia denunciar por "prevaricación continua" al juez que instruye el caso y que decretó por segunda vez el ingreso en prisión del ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

 

PREMIO A PAH

Por otra parte, Gaspar Llamazares ha exigido al eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz que retire sus "calumnias" por sus declaraciones contrarias a que la eurocámara conceda el Premio Ciudadano Europeo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El diputado de IU, que ha recordado el respaldo de la justicia a los ’escraches’ de este movimiento social, ha reprochado que desde el PP se trata de "criminizar" su actividad.

De este modo, ha hecho referencia al anuncio de Iturgaiz de que el PP va a pedir que se cambie la reglamentación porque cree que no se puede permitir que se otorguen premios a "personajes como éstos" que lo que hacen es "amedrentar, amenazar y hacer la vida imposible a ciudadanos de nuestro país", señalando que Ada Colau, "no puede ser vitoreada en el Parlamento Europeo".

Para Gaspar Llamazares desde el PP se trata de desmantelar los derechos ciudadanos al tiempo que se camina hacia una "deriva" de represión y control policial.

De ese “mantenimiento y mejora” del sistema de pensiones que pasa por recortar como conclusión preconcebida desde el principio por el PP siguiendo los dictados de la Troika

• DESTACAMOS EN EL PAIS: ¿Cuánto bajará mi pensión?

Los expertos del Gobierno darán luz verde hoy al informe que empobrecerá las pensiones

Con esta reforma, las pensiones dejarían de actualizarse con el IPC, lo que rebajaría la capacidad del poder adquisitivo.

Foto: Los afamados “expertos” – con honrosas excepciones – de Rajoy…

PÚBLICO/EUROPAPRESS, Madrid.

 

El Comité de Expertos al que el Gobierno encargó un informe sobre el diseño de las pensiones cierra hoy el documento, tras meses de discusiones, que empobrecerá a los futuros pensionistas. Con esta reforma, las pensiones dejarían de actualizarse con el IPC, lo que rebajaría la capacidad del poder adquisitivo.

 

La idea es que salga ya el texto definitivo que será entregado al Gobierno para su remisión inmediata al Pacto de Toledo, ya que el Ejecutivo quiere su aprobación con la "mayor celeridad posible".

 

Los expertos han superado ya el plazo comprometido para emitir su informe, que se esperaba para finales de mayo, con lo que previsiblemente las discusiones del Comité no se alarguen más allá de este viernes.  El Gobierno quiere consensuar "cuanto antes" con los Grupos Parlamentarios y con los agentes sociales el diseño del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, incluido dentro del Plan Nacional de Reformas.

 

Tras el encuentro que mantuvo el pasado miércoles en Bruselas con la Comisión Europea,  Mariano Rajoy declaró que "es probable" que el plan de sostenibilidad pueda estar terminado a final de año, porque cualquier reforma que haya que hacer y que se considera que es buena, lo lógico, sensato y razonable es hacerlo antes para que antes produzca los efectos beneficiosos que se buscan".

 

"Hay que debatir y tratar entre todos de mantener y mejorar el sistema de pensiones", recalcó el jefe del Ejecutivo, para quien éste es "un tema capital para España" y "la prioridad absoluta".

 

Discrepancias entre los 'sabios'

Fuentes cercanas al Comité han afirmado que no todos los expertos estaban de acuerdo con el primer borrador presentado, y que esto puede hacer que el informe final no cuente con el beneplácito de todos ellos.  De hecho, el último borrador planteado en las últimas horas a los integrantes del Comité es similar al que hasta ahora se conocía. "Las fórmulas son las mismas y sólo incluye matices", han indicado  fuentes conocedoras del texto.

 

Desde el entorno del Comité se señalaban que las principales discrepancias se referían a la posibilidad de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC y de aplicar el factor de sostenibilidad ya en 2014.  En contra de esta tesis, los tres expertos 'disidentes' consideraban que se podrían establecer fórmulas para que el Estado se haga cargo del mayor coste de las pensiones de forma paulatina hasta la aplicación del factor de sostenibilidad en 2032, como se preveía en la reforma de las pensiones de 2011.

 

En todo caso, subrayaban que los pensionistas actuales afectados por esta nueva fórmula de revalorización de sus pensiones deberán mantener el valor nominal de su pensión si de la aplicación de esta fórmula se deriva una reducción de la misma. Algo similar, sugerían, debería tenerse en cuenta para los que están próximos a la jubilación.

 

Los expertos del Gobierno proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis

El 'comité de sabios' propone dos fórmulas que se traducen en menores prestaciones

El informe final deja en manos del Gobierno la decisión política sobre su uso

• Planes privados para evitar que la pensión pierda frente al salario
• El Gobierno se plantea retrasar la aplicación del recorte para pactarlo

Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.

 

A punto de acabar su informe sobre la reforma de pensiones, la mayoría de los 12 expertos se inclinan por consagrar legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más bajas.

Ya hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Lo tienen casi listo y hoy, en la reunión que mantendrán, puede quedar cerrado. Consistirá en un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Así figura en el “borrador, pendiente de los últimos ajustes”, de 43 páginas fechado el pasado 4 de junio, la versión casi definitiva del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.

El informe final de los expertos, que probablemente no será asumido por todos los miembros del grupo, se entregará al Ejecutivo una vez se ultime, probablemente hoy. No es descartable, sin embargo, una prórroga de unos días más. Cuando lo reciba, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.

 

Una reforma para pensiones presentes y futuras

La principal novedad de la reforma que se avecina, según propone el borrador al que ha tenido acceso este diario, es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).

La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.

El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Para que eso no suceda, el borrador aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención la fórmula y leído el borrador se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.

De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

 

Los funcionarios

No se olvida el comité de sabios de los funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la actualización anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta. “Debería considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad diseñado en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados públicos]”.

En este punto y en esta versión hay retoques sobre el borrador anterior, adelantado por EL PAÍS. En él se proponía que si en épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula resultara un aumento de pensiones significativo, se estableciera un límite en el índice de precios al consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre así la posibilidad de que en los años de crecimiento se pueda compensar el sacrificio de las crisis.

El factor de sostenibilidad que propone el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el propio borrador: “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”.

De no sufrir modificaciones sustanciales en estos dos puntos durante las negociaciones políticas y sociales, España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.

 

Cambios más allá de la pensión

Aunque no cae estrictamente dentro de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”. De hecho, afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”.

Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el borrador está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte”, defiende el borrador. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen las nuevas fórmulas.

También responde las posibles críticas de modelo tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la ciudadanía que probablemente recibirá la propuesta. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está en el tejado del Gobierno.

 

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