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La mutua busca la estabilidad

La mutua busca la estabilidad

González Pulgar ha puesto en marcha medidas de ahorro para intentar equilibrar los balances de las sociedades

La residencia geriátrica de Felechosa. J. R. SILVEIRA Fotos de la noticia

Lne. 21.12.2014 | 05:37 A. VELASCO

Juan José González Pulgar ha traído aires nuevos al Montepío, y no solo en la mecánica de funcionamiento de la entidad, ni al plan social de la mutualidad orientado a ayudar a los mutualistas y a captar nuevos usuarios. Una de las prioridades que el político y sindicalista lenense ha tenido desde el minuto uno ha sido la del ahorro. Y hasta la fecha, el Montepío ha visto como buena parte de los servicios y suministros que tenían contratados han reducido su coste con nuevas negociaciones.

Una de las primeras decisiones que tomó Pulgar fue crear una mesa de contratación para que cualquiera de los servicios que requieran de una externalización, tuvieran que se aprobados por sus miembros. De esta forma, el presidente del Montepío quiso ampliar las competencias y la responsabilidad de los miembros de su Comisión Regional.

Mesa de contratación

Por esa mesa pasó primero el contrato de mantenimiento de ascensores, en el que se consiguió una sustancial rebaja, de en torno al 40% sobre el precio que el Montepío venía pagando. También se han contratado suministros de material para los complejos vacacionales y también se han reducido los precios.

La última de las decisiones que se ha tomado es la de externalizar el servicio de cocina en la residencia geriátrica de Felechosa. Tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del cocinero, la mesa de contratación del Montepío acudió a una empresa especializada que se encargará del catering. La operación le supondrá a la entidad un ahorro de 100.000 euros al año.

A estas medidas se sumarán, en el futuro, nuevos planes de captación de mutualistas y programas sociales orientados a impulsar los negocios de la entidad. Con ellos, y con el acuerdo recientemente firmado para la refinanciación de la deuda, Pulgar espera dar al Montepío la estabilidad económica que necesita.

El Montepío denunciará a Industria si no llegan a un acuerdo sobre los 3 millones del geriátrico

La mutualidad apuesta por agotar la vía de la negociación ante la amenaza del Gobierno central de exigir todos los fondos recibidos

Lne. 21.12.2014 | 04:40 Andrés VELASCO

El Montepío de la Minería Asturiana ha cambiado su estrategia para lograr que el Ministerio de Industria le abone los 3,3 millones de euros de fondos mineros correspondientes a la última de las certificaciones de obra de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. El presidente de la mutualidad, Juan José González Pulgar, tuvo conocimiento hace escasos días de un informe encargado por el anterior presidente, José Antonio Postigo, en el que se aconsejaba evitar la vía judicial, un proceso que la entidad estaba a punto de iniciar. El temor es la amenaza de Industria de revisar todo el proceso y exigir la devolución de los fondos percibidos. Ahora se prefiere agotar la negociación, antes de acudir al juzgado.

González Pulgar aseguró que "el Gobierno está criminalizando todo lo que tenga que ver con los fondos mineros". Entiende este hecho como probado amparándose en lo que está sucediendo con la denuncia presentada por el Principado para la devolución de 213 millones de euros de las obras de 2011. "El juez le da la razón al Gobierno regional y ahora Industria revisa convenios anteriores y pide la devolución de dinero", indicó el responsable de la mutualidad, como queja de una revancha de la que teme ser también víctima.

Ese es el principal temor de la mutualidad. Si Industria reclama el reintegro de todos o parte de los fondos para la construcción del geriátrico de Felechosa, el Montepío se enfrentaría a una petición de devolución de 27 millones de euros, cantidad, a todas luces, fuera de su alcance. La mutua no pasa por su mejor momento económico y hace unas semanas logró una refinanciación de su deuda que le permite afrontar el futuro con ciertas garantías.

Otro de los problemas es que el proceso se eternice en los juzgados. Todo lo que no sea cobrar estos más de 3 millones de euros a corto o medio plazo es perjudicial para el Montepío, porque los intereses del crédito seguirán aumentando.

En un primer momento, la Comisión Regional del Montepío había tomado la decisión de acudir a los tribunales y así se votó en una de sus últimas sesiones. De hecho, había estimado presentar una demanda contra Industria por más de 4 millones de euros: los 3,3 millones correspondientes al último plazo de la obra del geriátrico, más casi otro millón de euros de los intereses bancarios derivados del préstamo que la mutualidad tuvo que pedir para poder finalizar el proyecto.

Sin embargo, Pulgar desveló que hace unos días tuvo conocimiento de la existencia de un informe jurídico encargado por el anterior presidente, que desaconsejaba acudir a la vía judicial. "Entendemos que lo necesario es actuar con cautela y lo prioritario es hacerlo por la vía de la negociación", indicó el presidente de la mutualidad. En todo caso, si los resultados de las conversaciones entre el Montepío, los sindicatos e Industria no fructifican en algo positivo para la mutualidad, todo acabará en los tribunales.

Las 53 empresas y fundaciones del Principado suman una deuda de 639 millones

Las 53 empresas y fundaciones del Principado suman una deuda de 639 millones

La Sindicatura remite al Tribunal de Cuentas "para su enjuiciamiento" los cambios en el ITMA para garantizar su carácter privado

Lne. 20.12.2014 | 05:37 E. L.

 El endeudamiento financiero de las 53 entidades que componen el sector público autonómico asciende a 639 millones de euros y, según el último informe de la Sindicatura de Cuentas, en lo que respecta a las 13 fundaciones existentes, todas adolecen de una "fuerte dependencia financiera de ayudas públicas" y tienen una "escasa capacidad de financiación". En este análisis, correspondiente al ejercicio de 2012, el órgano fiscalizador de la administración asturiana indica que hay un "algo grado de rendición de cuentas" de estas entidades, "si bien 15 empresas públicas y 6 fundaciones lo hacen fuera de plazo". La Sindicatura encuentra una excepción: la Fundación ITMA, el instituto tecnológico de materiales con sede en Avilés y en Llanera. Al analizar su contabilidad ha encontrado una operación que trasladará al Tribunal de Cuentas "para que decida sobre su posible enjuiciamiento". También se constatan en ese ejercicio irregularidades en la Fundación Niemeyer, que ya son objeto de una investigación judicial.

La Sindicatura sostiene en ese informe, hecho público ayer, que el ITMA ha dado de baja de su dotación como fundación el valor de uso de los bienes aportados por el Principado en el proceso de constitución de esta entidad. Como consecuencia de esa operación contable que ahora cuestiona la Sindicatura la participación de la administración pública asturiana pasó de ser de un 77,09% a "tan sólo el 11,73%". Esa operación tenía por objeto garantizar el carácter del ITMA como fundación privada para así poder acceder a las ayudas europeas para Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Fuentes del ITMA explicaron ayer que "la razón por la que no reportamos información a la Sindicatura es porque no somos una entidad pública, sino una fundación privada". También añadieron: "Nos parece muy bien que la Sindicatura de Cuentas eleve la operación al Tribunal de Cuentas para que un tercero zanje la discusión entre Fundación ITMA y la Sindicatura de Cuentas si somos o no una fundación pública". Finalmente, indicaron que este instituto tecnológico "se transformó en 2008 en una fundación privada y toda la documentación de esta transformación se entregó en mano en la Sindicatura de Cuentas en 2008. El Gobierno del Principado de Asturias aprobó definitivamente en 2010 esta transformación en fundación privada y el Gobierno de España también nos reconoce como Fundación privada".

El informe de la Sindicatura publicado ayer también entra a detallar un buen número de "salvedades" al analizar los estado financieros de 2012 de la Fundación Niemeyer, que en la actualidad está sometida a investigación judicial.

El órgano fiscalizador constata, por ejemplo, la falta de documentación sobre gastos del personal pendientes de justificar y cargados a tarjetas de crédito por importe de 6.000 euros en el primer trimestre del ejercicio analizado. Del mismo modo, se indica que "no existe justificación justificativa completa o la existente presenta deficiencias formales" sobre 241.000 euros computados como "otros gastos en actividad" y de 349.000 euros consignados como "gastos en proyectos", ambos relativos al ejercicio correspondiente a 2011.

Un trabajo sobre el diagnóstico y seguimiento de tumores gana el Premio Valdés-Salas

Un trabajo sobre el diagnóstico y seguimiento de tumores gana el Premio Valdés-Salas

El doctor Alberto Orfao aplica técnicas que permiten analizar de forma simultánea decenas de miles de células individuales por segundo

 Equipo del doctor Orfao. / UNIOVI

Viernes19 de diciembre de 2014 Asturias 24 @asturias24es

Una investigación relacionada con el desarrollo de nuevas herramientas para el diagnóstico, clasificación y seguimiento de pacientes con leucemias y linfomas ha obtenido el III Premio de Biomedicina Aplicada Valdés-Salas. El doctor Alberto Orfao, del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, y la empresa Cytognos  han sido distinguidos por el jurado de este galardón internacional, presidido por el bioquímico de la Universidad de Oviedo Carlos López-Otín... (leer más)

Amenaza de expulsión en el sector de la discapacidad por el transporte

Amenaza de expulsión en el sector de la discapacidad por el transporte

El CERMI amonesta a FEAPS "por falta muy grave" por los incidentes en Avilés con la consejera Graciela Blanco

Mónica Oviedo. SERGIO FERNÁNDEZ

Lne. E. G.  18.12.2014 | 04:1

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en el Principado (CERMI) advirtió ayer a FEAPS, la entidad de la discapacidad intelectual, con una posible expulsión de la asociación tras lo que el comité ejecutivo de CERMI entendió como "una falta muy grave". Se da la circunstancia de que FEAPS, que agrupa a 19 asociaciones, ostenta la vicepresidencia del CERMI.

La crisis se remonta a los últimos días del mes de noviembre cuando fue publicado en el boletín oficial de las comunidades europeas el concurso para la adjudicación de los servicios de transporte de la discapacidad en Asturias. FEAPS entendió que el procedimiento "se había realizado a espaldas del sector" y que los planes de la Consejería de Bienestar Social iban en contra de la discapacidad intelectual.

El día 2 de diciembre se celebró en Asturias el Día Internacional de la Discapacidad. Al acto institucional en la Junta General del Principado no asistieron representantes de FEAPS, pero sí del CERMI, entre ellos la presidenta de la entidad, Mónica Oviedo.

La polémica se recrudeció ese mismo día. En Avilés tenía la nueva consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco, su primer acto público tras la toma de posesión. A Blanco la esperaban varias decenas de personas, convocadas por FEAPS, en el exterior del teatro Palacio Valdés. Hubo abucheo generalizado. No gustó en la Consejería pero tampoco en el CERMI donde FEAPS tiene evidente peso específico.

El CERMI se reunió en sesión extraordinaria para decidir "una amonestación por escrito" a FEAPS "por los acontecimientos acaecidos el pasado 3 de diciembre y por las declaraciones públicas posteriores. Dichas declaraciones constituyen una falta muy grave", señala el comunicado.

En la actualidad el transporte de las personas discapacitadas se lleva a efecto por las propias asociaciones con vehículos donados. El nuevo concurso dará concesiones a empresas del sector, que en ningún caso son las entidades de la discapacidad. La consejera aseguró días atrás que se mantendrán los puestos de trabajo de los acompañantes que cubren las líneas actuales.

El CERMI se pone serio y asegura que "de producirse hechos similares en el futuro CERMI Asturias advierte que se producirá la expulsión temporal o definitiva de la entidad FEAPS".

Representantes de distintas asociaciones de la discapacidad estarán hoy en el Parlamento asturiano informando a los grupos de este cambio de modelo que al Principado le va a salir más caro porque las condiciones de los concursos suponen cantidades bastante más importantes que las ayudas que desde la Administración regional se pagan ahora a las entidades de la discapacidad por la gestión de sus recursos de transporte.

«Tenemos niñas de 14 años embarazadas que no saben quién es el padre del bebé»

«Tenemos niñas de 14 años embarazadas que no saben quién es el padre del bebé»

430 menores están institucionalizados en centros del Principado, de los que 75 son extranjeros

Ángel Rey y Enrique Rodríguez Nuño, ayer, en las jornadas. / Á. PIÑA

El Comercio. A. VILLACORTA | OVIEDO 17 diciembre 201400:31

«Tenemos niñas de 14 años embarazadas que no saben quién es el padre del bebé. Están entre dos o tres posibles candidatos». Ese fue uno de los datos ofrecidos ayer por Vicente Fernández, uno de los educadores de la Asociación Centro Trama, por la que pasan anualmente alrededor de 400 chavales derivados por la consejería liderada por Graciela Blanco o por los servicios sociales municipales y que ayer organizó sus XII Jornadas de Infancia y Adolescencia en Riesgo Social en el Auditorio Príncipe de Oviedo.

A Vicente Fernández muchos de esos adolescentes con problemas lo llaman ’Hermano Mayor’ o ’El payo que manda’, pero, como explicó él mismo, mientras que el famoso programa de televisión en el que un exdeportista se ocupa de encauzar la vida de jóvenes con problemas resuelve la cuestión en apenas una semana, para los 35 profesionales de Trama es una tarea de más de un año... (leer más)

La dirección del Matadero Central solicitará la liquidación de la empresa

La dirección del Matadero Central solicitará la liquidación de la empresa

La medida conlleva la extinción de los 86 empleos del macelo y la venta de las instalaciones y los bienes que Junquera Bobes posee en Noreña

Los trabajadores del Matadero, concentrados a las puertas de sus instalaciones. FRANCO TORRE Fotos de la noticia

17.12.2014 | 04:27 F. TORRE Junquera Bobes S.A., la empresa que gestiona el Matadero Central de Asturias, solicitará la liquidación. Así lo confirmó ayer la gerente del macelo, Ana Presa, en una reunión mantenida en la sede de la Dirección General de Trabajo a la que asistieron también representantes de los trabajadores y el propio director general de Trabajo, Antonio González. En el encuentro, los representantes de Junquera Bobes confirmaron que solicitarán al juez que inicie el trámite de liquidación, lo que supone, además, la extinción de los 86 puestos de trabajo del macelo.

Según explican los representantes de los trabajadores, Junquera Bobes se negó en todo momento a reabrir las negociaciones y sus rectores aseguraron que solicitarán la liquidación incluso aunque el juez apruebe su plan de viabilidad, que incluye 31 despidos, ya que sólo contemplaban su aplicación si era mediante un acuerdo con el comité de empresa. La dirección del macelo, por su parte, mantiene un silencio absoluto frente a la opinión pública. Este periódico trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con la gerencia para que diese su versión del proceso.

La reunión de ayer fue impulsada por la propia Dirección General de Trabajo, aprovechando que debía dar audiencia a las partes después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, en el que se tramita el proceso concursal solicitado por Junquera Bobes, pidiese a ese organismo un informe sobre la petición de la empresa de realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre la totalidad de los trabajadores. Esta medida era la alternativa marcada por Junquera Bobes en el caso de que no se llegase a un acuerdo sobre su plan de viabilidad, que contemplaba 31 despidos.

Como alternativa a ese plan, los trabajadores presentaron una lista de voluntarios a dejar la empresa mediante bajas incentivadas o prejubilaciones, que ayer incluía a 29 empleados. Sobre la base de esa propuesta, el Director General de Trabajo ofreció a las partes reabrir las negociaciones, pero la respuesta de la dirección fue tajante: esa lista no era aceptable, ya que no llega al número exigido y sólo contempla una parte de la plantilla de la que quieren desprenderse. En otras palabras: la dirección no sólo quiere despedir a 31 trabajadores, sino que, además, quiere elegir a los empleados que deben abandonar la empresa.

En ese momento, siempre según la versión de los trabajadores, los representantes de la dirección anunciaron su intención de pedir la liquidación de la empresa, incluso en el caso de que el juez acabase aceptando los 31 despidos y el resto de condiciones que reclama Junquera Bobes. Una petición que el juez está obligado a aceptar, con lo que se iniciará un nuevo proceso legal cuya puesta en marcha podría demorarse hasta principios de año.

"Dijeron que esas medidas sólo serían aceptables si se ejecutaban previo acuerdo firmado con los trabajadores", explica Alberto González, portavoz de los empleados del matadero y presente en la reunión. Según González, los representantes de la dirección afirmaron que ese interés por lograr que los trabajadores aceptasen sus condiciones se debía a la necesidad de mantener la "paz social" dentro de la empresa.

A los trabajadores, en todo caso, esta decisión de Junquera Bobes no les pilla por sorpresa. Entre los empleados, de hecho, había cierta chanza con el hecho de que la gerente hubiese empacado sus pertenencias y vaciado su despacho en el macelo varios días atrás. Más aún, hasta ayer los trabajadores no habían recibido noticia alguna de la empresa desde el fin de la negociación, hace ya más de dos semanas.

"Cada vez tenemos más claro que todo lo que dijeron sobre negociaciones con entidades bancarias y con la administración no era más que humo", sentencia Alberto González, quien insiste en que los trabajadores seguirán luchando para que se respeten sus derechos y por la supervivencia del Matadero Central. Una lucha en la que no descartan las movilizaciones e incluso organizar un encierro en las instalaciones.

"Esta empresa tiene futuro y creemos que en cuanto entre en proceso de liquidación va a haber ofertas para su adquisición", sostiene González.

La dirección del Matadero Central solicita la liquidación de la empresa

El Principado acudirá «por sorpresa» a probar la comida del psiquiátrico de Meres

El Principado acudirá «por sorpresa» a probar la comida del psiquiátrico de Meres

La Administración se escuda en el contrato para no mejorar la deficiente alimentación que consumen los 25 internos de la unidad

Un plato de pavo con salsa de piñones servido a los internos. / E. C.

El comercio. JOSÉ CEZÓN SIERO 16 diciembre 201400:31

Representantes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) se han comprometido a acudir «por sorpresa» a la Unidad Residencial de Meres -donde conviven veinticinco enfermos mentales crónicos- para verificar si la calidad de los alimentos que consumen los internos es deficiente, tal y como denunció a través de este diario la sección sindical del CSIF de Salud Mental.

El asunto se trató el pasado viernes al final de una reunión que mantuvo el sindicato con los directivos del Sespa y Salud Mental para hablar del nuevo dispositivo de La Corredoria. Desde el CSIF volvieron a describir «con pelos y señales» la situación que sufren los internos de Meres y la respuesta fue «que estaban trabajando en el tema» y que un día iban a presentarse en la residencia, dependiente del Principado, para ver la comida sumistrada... (leer más)

Trama Gurtel…

Trama Gurtel…

Tres funcionarios denuncian que en Aena había orden de contratar con la Gürtel

Tres trabajadores del departamento de relaciones públicas de Aena afirman que había amenazas de despido si no se favorecía a las empresas de Francisco Correa cuando Álvarez-Cascos era ministro de Fomento

Foto.- Álvarez-Cascos en el aeropuerto de Madrid en su época de Ministro de Fomento por el PP.

 

PÚBLICO, Madrid.

 

El pasado 2 de diciembre comparecieron en calidad de testigos ante el juez Pablo Ruz, instructor del Caso Gürtel en la Audiencia Nacional, tres funcionarios de la Agencia Estatal de Navegación Aérea (AENA) para declarar que en este organismo público había orden de contratar servicios con la trama encabezada por Francisco Correa, según informa la cadena Ser.

La Ser precisa que había órdenes de contactar con Correa desde que el PP ganó las elecciones en 2000. Y no sólo eso: a los funcionarios les indicaban que las empresas del líder de la trama debía ganar los concursos para la organización de eventos. Los funcionarios denuncian que hubo hasta "amenazas" de despido si no maniobraban para favorecer a la Gürtel.

Hasta ahora se sabía que Aena, dependiente del ministerio de Fomento, había concedido 27 contratos entre 2000 y 2002 a las firmas de Special Events, Pasadena Viajes o FCS, controladas por Francisco Correa. El valor de dichas contratacione alcanza los 2,4 millones de euros. Lo que ya no era tan notorio es que había instrucciones precisas de la cúpula directiva de favorecer las contrataciones con las empresas vinculadas a la red Gürtel. Las órdenes se impartieron con Francisco Álvarez-Cascos, un histórico del PP y hoy líder de Foro Asturias, al frente del ministerio de Fomento.

Hace tiempo que varios informes policiales habían establecido los vínculos de Aena con la trama Gürtel. En noviembre de 2011 la Policía incorporó un documento a la causa que dejaba constancia de que Gürtel pagó comisiones a dos cargos de Aena en la etapa de Cascos al frente de Fomento. Incluso a principios de este 2014, la Policía identificó al propio Cascos como perceptor de comisiones de la trama de Correa. Finalmente, en septiembre de 2014 la Policía ya concluyó que desde Aena se favoreció a las empresas de la red Gürtel.

Así, y siempre según la Ser, Aena acudía a "ferias sin interés" solo para dar contratos a las empresa de Correa pese a la "ínfima calidad" de los servicios ofrecidos por Correa.  

Los tres funcionarios que declararon ante Ruz trabajaban en el departamento de relaciones públicas e imagen de Aena.