CONTRARREFORMA NO

Entevista a Magdalena Sepúlveda, Relatora Especial de la ONU para la Pobreza Extrema

 "Por más que lo diga el Gobierno, la sanidad ya no es universal ni gratuita"

"España verá en unos años las consecuencias de la falta de inversión en la niñez y en los grupos más vulnerables"

ONU: "El riesgo para la salud pública de la reforma sanitaria es una bomba que puede explotar"

Las Naciones Unidas instan a España a cancelar el Real Decreto16/2012 que limita el derecho a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular

Por Gabriela Sánchez en eldiario.es

P: ¿Por qué Naciones Unidas ve inaceptable la reforma sanitaria en España que limita el acceso a la Sanidad gratuita a inmigrantes en situación irregular?

Porque va claramente contra las obligaciones internacionales de España con respecto a las personas que viven en su territorio, cualquiera que sea su estatus: legal o ilegal. Esta reforma deja fuera de la asistencia sanitaria a una parte de la población, la más vulnerable.

También es intolerable porque podría generar un riesgo para la salud pública. Además, la denegación de acceso a la sanidad pública en España lleva consigo una situación de desconocimiento que deriva en la reticencia de estas personas para ir a los centros de salud debido al miedo de si les cobrarán o no y, a algunos inmigrantes, incluso estando en situación regular o teniendo derecho al acceso, les es denegada la asistencia.

 

Las explicaciones del Gobierno sobre la exclusión de inmigrantes del sistema sanitario aluden a la necesidad de ahorro. ¿Realmente se consigue una disminución de los costes?

En la respuesta de España a nuestras recomendaciones el Gobierno menciona este argumento pero no deja claro cuál es la metodología que justifica el ahorro que el Ejecutivo dice haber logrado. Tampoco especifica si ha aumentado el número de las asistencias en urgencias que son bastante más caras.

 

No se ha hecho. Pero ¿en el caso de que se llegase a justificar este ahorro, sería aceptable?

Tampoco. Las obligaciones en materia de derechos humanos no cambian por la presión fiscal que pueda tener un país. El Estado tiene que buscar otras alternativas para asegurar el acceso a la salud de una forma no discriminatoria.

 

El Gobierno sigue asegurando que, tras la reforma, la sanidad en España es universal. El presidente lo repitió en una entrevista reciente, en respuesta a una pregunta que citaba sus declaraciones. ¿Es así?

No es exacto. Por más que lo diga, la Sanidad en España no ya no es ni universal ni gratuita.

 

¿Está mintiendo entonces el Gobierno?

Está siendo inexacto.

 

¿Cómo argumenta esta afirmación?

No queda claro. Simplemente lo repite pero esto contradice el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno.

 

Se han documentado muchos casos en los que se ha denegado la asistencia sanitaria a pacientes que, según la nueva ley, sí deberían recibirla -embarazadas, menores y urgencias-.

Por un lado, se dan estos incumplimientos de la propia ley de forma indirecta, debido a la falta de información eficaz al respecto. Si excluyes del sistema sanitario a un grupo particularmente vulnerable de la sociedad, creas un efecto donde el inmigrante tiene temor y reticencia de acudir a los centros de salud. Ellos lo oyen en los medios de comunicación, saben que existe una limitación, por lo tanto, no van a asumir riesgos.

También de forma directa, ligados a la insuficiencia de información. Hemos recibido notificaciones sobre el desconocimiento de la propia ley en los hospitales o centros de salud. Esto deriva en la denegación de asistencia sanitaria a personas que tenían que haber sido asistidas porque son mujeres embarazadas o menores.

Además, un Gobierno, para cumplir con el derecho internacional, no solo no puede aprobar leyes discriminatorias, sino que tampoco se permiten las discriminaciones indirectas. Aunque la ley fuese neutral respecto al acceso, tendría un impacto discriminatorio.

Por tanto, además de ser discriminatoria de por sí, se está excluyendo del sistema sanitario a un grupo vulnerable, que tiene más dificultades de acceso a la información de defender sus derechos cuando intentan ser atendidos en centros de atención primaria o de urgencias. Pueden tener una barrera lingüística que deriva en un impacto aún más discriminatorio.

 

¿Naciones Unidas ha transmitido al Gobierno los incumplimientos de su propia ley -denegaciones de acceso a embarazadas, menores y urgencias-?

Sobre esta cuestión no hemos hecho recomendaciones pero, esas situaciones, además de ser ilegales según el derecho internacional, también lo son dentro de su propia jurisdicción interna. Lo mismo sucede respecto a las personas que, incluso consiguiendo la residencia en España mediante la reagrupación familiar, también son rechazadas en los centros de salud.

 

¿Apoya la desobediencia del personal sanitario que incumple la ley y presta asistencia a inmigrantes en situación irregular?

A título personal, obviamente apoyo la actitud de estos médicos, hacen su trabajo, es una labor humanitaria. Pero es importante recalcar que, aunque muchos médicos están atendiendo a inmigrantes en situación irregular, es una obligación estatal. El Gobierno no puede lavarse las manos porque los médicos estén prestando asistencia clandestina.

Además, aquí también interviene el principio de no discriminación: el hecho de que la asistencia sanitaria dependa de la suerte. De si te toca un centro que atiende o no, un hospital que cumple el Real Decreto o no, una comunidad que aplica la reforma u otra que se niega. Estas también son discriminaciones.

 

¿España cierra los ojos porque, en cierta forma, les conviene que estas ONG y médicos, realicen la asistencia sanitaria clandestina?

Solo faltaba que los médicos fueran castigados por cumplir su juramento. Estos médicos realizan una labor humanitaria porque captan el riesgo que puede tener para la salud pública que los inmigrantes sin papeles no tengan acceso a la sanidad. Es como una bomba que puede explotar solo en cuestión de tiempo.

Pero el hecho de que el Gobierno presentase un recurso [al Tribunal Constitucional] contra la decisión de Navarra [que elaboró una normativa regional para asegurar la asistencia universal] es un pésimo ejemplo.

 

El Gobierno también argumenta que España tiene uno de los sistemas más garantistas de Europa con la población inmigrante.

Este argumento es realmente absurdo. Un gobierno no puede justificar sus incumplimientos de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos porque otro país los incumpla. Es tan absurdo como pensar que si EEUU incumple la legislación internacional para ejecutar a los menores, cualquier otro país puede hacerlo. No es ningún argumento jurídico.  El hecho de que haya sistemas de salud más restrictivos con inmigrantes irregulares no absuelve a España de sus obligaciones internacionales al respecto.

Además incumple el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales [instrumento jurídico con el que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos], que prohíbe una medida regresiva deliberada. España también ha caído en ello: ha pasado de un sistema de salud abierto a los inmigrantes en situación irregular, uno que los excluye de la sanidad pública, sin buscar otras opciones para reducir los costes.

 

Además de no servir como justificación, ¿es verídico?

No lo tenemos estudiado, pero el argumento sería igualmente absurdo.

 

¿Qué ocurre con el turismo sanitario? Es otra de las razones repetidas por el Gobierno para justificar esta ley. ¿Los afectados por la reforma sanitaria son los supuestos usuarios de esta práctica?

Trabajo con los grupos más vulnerables de la población, conozco la situación, me he reunido con muchas ONG españolas... no creo que este sea el caso. Si el Gobierno español quisiera justificar esta medida con la excusa del turismo sanitario debería probarlo con números. Tendría que presentar información de quiénes lo cometen, de qué países proceden, y cuánto se ahorra si se corta el sistema de salud a todos los inmigrantes. Pero no lo ha hecho.

 

¿Se justificaría esta medida?

No lo creo. El Gobierno no se puede decir en su discurso que estas medidas no son ideológicas sin probarlo. Si es así, debe presentar estudios, análisis e información, y compartirlo con la población. Así, los ciudadanos podrán considerar si la ley es ideológica o no lo es.

 

¿Conoce el caso de Alpha Pam [el joven senegalés que murió en Baleares de tuberculosis por no recibir un seguimiento médico que permitiese su diagnóstico] ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno?

Sí. Está probado que, aunque se le dio algún tipo de asistencia, no fue la adecuada. El hecho de que no se haya encontrado un responsable criminal, no implica que no haya una responsabilidad del Gobierno. Repito que España tiene una obligación internacional de asegurar el derecho a la salud de todas las personas que estén en su territorio cualquiera que sea su estatuto legal. Y en el caso de que una persona no sea atendida de forma adecuada, incumple sus obligaciones.

 

Si esa persona fallece, como Alpha Pam, ¿el Gobierno tiene parte de responsabilidad?

Sí.

 

España ha recortado en cooperación al desarrollo un 70% en los últimos tres años. ¿Qué valoración hace la ONU al respecto?

También tienen una obligación internacional en este sentido. Cortar el 70% en la Ayuda al Desarrollo tiene un impacto enorme en los países receptores y no solo se puede justificar con el ahorro. Se tienen que buscar todas las alternativas posibles a ese recorte. Por ejemplo, España podría aumentar la lucha contra la corrupción y contra la evasión fiscal. En vez de cortar la ayuda sanitaria a los inmigrantes, cortar en cooperación, debería haber encontrado otras vías para ingresar más a las arcas estatales. Y España podría haberlo hecho a través del impulso de un combate más frontal contra la corrupción y la evasión fiscal.

 

¿No está haciendo lo suficiente España en este sentido?

No está haciendo lo suficiente.

 

Según un informe de Save the Children, en España uno de cada tres niños, cerca de 2,8 millones, viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Actualmente cerca de 700.000 hogares no reciben ingresos, según Cáritas. ¿Son niveles de pobreza aceptables para un país desarrollado?

Por supuesto que no, la situación es dramática. Y es más dramático aún que exista un impacto acumulativo en los más vulnerables: los recortes los salarios, el presupuesto menor a Dependencia, menos becas... Los recortes se acumulan en las personas más vulnerables.

Todo esto tendrá un efecto negativo bastante grande en el futuro. España va a ver las consecuencias de esta falta de inversión en la niñez y en los grupos más vulnerables de aquí a los próximos años.

 

El Gobierno lleva ignorando varias recomendaciones de la ONU en relación a sus medidas de austeridad.

Le han llegado por varios frentes, creo que hay pocos casos en los que encuentras tantos organismos de monitoreo de derechos humanos a nivel internacional que coinciden y que son ignorados. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuó en 2012 unas observaciones muy duras respecto a las situación española.

A ello se unen los procedimientos especiales: las cartas de la ONU también han representado la dramática situación de España y han advertido de los incumplimientos de sus obligaciones. La carta social europea, también. Y, a nivel nacional, el fallo del Tribunal Constitucional en favor de la norma de Navarra que ampara la sanidad universal, también recuerda al Gobierno central que tiene obligaciones en relación al derecho a la salud que no cumple. La opinión del derecho internacional y del constitucional español es unánime al respecto. Es un absurdo.

Es preocupante pensar que puede ignorar todas las recomendaciones jurídicas internas e internacionales, pero es hasta donde podemos llegar, no existe otro mecanismo.

Hay que exigir que se paralicen las negociaciones y que cualquier acuerdo que se quiera realizar se haga de manera pública y transparente y sometido al control de los organismos democráticos de la UE y los países miembros

La experiencia de anteriores acuerdos internacionales de libre comercio demuestra que si favorecen la liberalización del flujo de mercancías, pero no la libre circulación de trabajadores, a la vez que propician reducciones en los salarios elevando la desigualdad social…

El tratado de libre comercio entre EEUU y Europa (TTIP) permitirá hacer negocio con la sanidad pública en la UE

La FADSP advierte de que los Sistemas Públicos de Salud europeos serán uno de los mercados que se abrirán a la participación de empresas estadounidenses con el nuevo Tratado.

Las empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa acceder a los presupuestos sanitarios públicos de los países europeos para tener la oportunidad de obtener grandes ganancias.

nuevatribuna.es

Desde junio de 2013 la Comisión Europea, órgano no electo pero con facultades para emprender iniciativas sobre política comercial, y el Departamento de Comercio de EEUU están negociando una Asociación Trans-atlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) o TTIP, según las siglas en inglés de Transatlantic Trade and Investment Partnership, que no se aprobará antes de 2016. La negociación corre a cargo de Karel de Gucht, comisario europeo de Comercio que está siendo investigado por defraudar 900.000 euros a las autoridades fiscales belgas y Michael Froman, por Estados Unidos, un tiburón neoliberal asesor de las cumbres del G8 y G 20.

 

Según denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), esta negociación se ha caracterizado desde el comienzo "por la opacidad y la falta de transparencia" a pesar de que los acuerdos afectan a los ciudadanos y que como cualquier otra ley debería estar sometida a debate parlamentario.

 

La profunda crisis económica de Estados Unidos y la Unión Europea Europa desde 2008 es la justificación de un proyecto que pretende liberalizar las relaciones comerciales entre las dos áreas comerciales más grandes del mundo, con un flujo económico de exportaciones de Europa a EEUU de 356,8 billones de euros y de 457,1 billones de en sentido contrario. La principal justificación del acuerdo es que mejorará el empleo y el crecimiento económico, pese a que organizaciones prestigiosas como el Centre for Economic Policy Research vaticina que solo promoverá un crecimiento del 0,05% al año durante los próximos diez años.

 

La experiencia de anteriores acuerdos internacionales de libre comercio señala que favorecen la liberalización del flujo de mercancías, pero no la libre circulación de trabajadores, limitan la capacidad de negociación de los sindicatos, reducen los salarios y elevan la desigualdad social.

 

Los promotores del Tratado lo presentan como una oportunidad para eliminar los aranceles que limitan el comercio de productos agrícolas e industriales; abrir los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea a las inversiones, los servicios y la contratación pública; y homogeneizar los estándares, normas y requisitos para comercializar bienes y servicios a los dos lados del atlántico. En realidad estos tratados están dirigidos fundamentalmente a consolidar normas y legislaciones que amparan a los fondos de inversión y a las grandes empresas multinacionales.

 

FAVORECER LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO CON EMPRESAS PRIVADAS

 

El ATCI supone una continuación de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea sobre liberalización de servicios que supusieron la privatización de los servicios públicos en los países de la UE. Con este nuevo tratado se ampliarían las políticas de inversiones y derechos laborales, la agricultura y la alimentación, la cultura y los derechos de propiedad intelectual, la contratación pública, la sanidad pública, la fiscalidad, el medioambiente y una nueva desregulación del sector financiero. Otros de sus grandes objetivos es la protección de las inversiones financieras y favorecer los contratos del sector público con empresas privadas que tendrán un acceso ilimitado a todos los sectores de la economía.

 

El acuerdo se está negociando con total ausencia de información a la opinión pública, sin contar con las organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, organizaciones ecologistas, consumidores e incluso de los gobiernos elegidos democráticamente, ya que únicamente la Comisión Europea que no está sometida al control del Parlamento Europeo. Sin embargo los grandes grupos empresariales, las multinacionales y los lobbies de presión han tenido la oportunidad de participar e influenciar en las propuestas. Estos grupos se han marcado el objetivo de conseguir la llamada “cooperación reguladora”, que permitiría su participación directa en los procesos de redacción de normativas y legislación, algo que no ha conseguido ni los gobiernos nacionales de la UE.

 

Las principales claves del acuerdo son:

 

• Limitar la soberanía de los gobiernos elegidos democráticamente facilitando las demandas de las empresas contra la puesta en práctica de políticas que afecten a los intereses de las multinacionales.

 

• Otorgar a las grandes empresas amplias facultades para impugnar nuevas leyes por los gobiernos, por lo que tras la puesta en marcha del tratado resulta muy difícil modificar la legislación nacional ordinaria y hará irreversible medidas como las privatizaciones de los servicios públicos.

 

• Abrir a los mercados de sectores clave de los países europeos como la energía, las patentes, la sanidad pública,  o la soberanía alimentaria.

 

• Desregular los servicios financieros, con la eliminación de las restricciones en materia de transacciones financieras y de la comercialización de productos financieros derivados (uno de los desencadenantes de la crisis).

 

• Establecer una regulación financiera que obligue a otros países a aceptar y cumplir los estándares marcados por los entramados bancarios que controlan la UE y Estados Unidos en una especie de nuevo colonialismo.

 

• Desarrollar el llamando Mecanismo de Solución de Diferencias entre Inversor y Estado (ISDS), con normas para proteger la seguridad jurídica de los inversores que incluye disposiciones contra la expropiación de servicios de interés público o la libre circulación y transferencia de fondos.

 

 

El Tratado tendrá implicaciones muy negativas y de largo alcance para el Sistema de Salud Público

 

Los acuerdos negociados desde 2009 se han centrado en la regulación y armonización de las legislación sobre servicios públicos, su apertura al mercado y el acceso de los inversores privados a los presupuestos públicos, lo que ha implicado la privatización de algunos de estos servicios.

 

Los Sistema Públicos de Salud europeos serán uno de los mercados que se abrirán a la participación de empresas estadounidenses. Las empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa acceder a los presupuestos sanitarios públicos de los países europeos, para tener la oportunidad de obtener grandes ganancias en un momento en que tienen dificultades para hacer grandes negocios en otros ámbitos.

 

Los objetivos en materia sanitaria del Tratado están dirigidos a eliminar medidas reguladoras (no arancelarias) que afectan al comercio:

 

• Eliminar o condicionar las normas y marcos legales europeos y nacionales que obligan a la transparencia de los ensayos clínicos de los laboratorios farmacéuticos.

 

• Reducir las regulaciones ambientales y alimentarías que garantizan la calidad y seguridad de los mismos a usuarios y consumidores, que son mucho más estrictas que las norteamericanas.

 

• Incrementar los derechos de propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas prolongados los períodos de las patentes de medicamentos e innovaciones tecnológicas.

 

• Proteger la inversión de las empresas privadas en los sistema sanitarios

 

Las amenazas más importantes para la sanidad pública contiendas en el Tratado son:

 

• Los gobiernos no podrán recuperar los servicios externalizados o privatizados, aunque sean un desastre y sus gastos exorbitantes (como los hospitales PFI de Madrid o de Vigo, que multiplican por siete su coste real).

 

• Las empresas podrán garantizar y proteger sus inversiones con un arbitraje Inversionista - Estado, que otorga a las corporaciones el derecho de demandar a un gobierno que tome decisiones que dañen sus ganancias, al margen de los tribunales nacionales de justicia. Como consecuencia los gobiernos europeos que adopten medidas legislativas de reduzcan las expectativas de ganancias a una empresa se enfrentarán a reclamaciones por "expropiación" al asimilarlas a una incautación ilegal de la propiedad privada por el gobierno.

 

• La concesión de indemnizaciones en primera instancia para el arbitraje de las inversiones de las empresas en los sistemas sanitarios públicos supondrá una seria amenaza para la capacidad de los gobiernos de intervenir en la defensa del interés público con de políticas que protejan intereses sociales como:

 

• Fijar precios para los productos farmacéuticos y para la promoción de medicamentos genéricos que garanticen el acceso a los mismos a todos los sectores sociales.

 

• Control y evaluación de tecnologías que se vayan a incorporar al sistema sanitario público atendiendo a criterios de racionalidad y sostenibilidad

 

• Medidas de protección de la salud pública  como el control del tabaco o de la seguridad y calidad de los alimentos

 

La Comisión Europea y los grupos políticos que apoyan el Tratado alegan, para intentar neutralizar a las organizaciones que se oponen al mismo que Parlamento Europeo aprobó una resolución que excluía de la negociación a los servicios públicos, especialmente los sanitarios, de la entrada del sector privado en los mismos, pero hay que recordar que las resoluciones del Parlamento Europeo, no son vinculantes para la Comisión Europea que es quien lleva a cabo las negociaciones, mientras que la influencia de los parlamentos de los estados europeos sobre estos contenidos del acuerdo es baja o nula.

 

Por tanto no está claro que la sanidad pública quede excluida de las cláusulas del Tratado que garantizan a las empresas privadas el acceso a la misma (creando un mercado sanitario) y de protección de los inversores. Por otro lado unos de los objetivos claves de la negociación es garantizar el acceso de las empresas privadas a la contratación pública y los servicios sanitarios, dado que estos suponen una parte sustancial de los presupuestos estatales (en España sobre el 30-40% de los presupuestos de las CCAA).

 

En resumen uno de los principales objetivos del tratado es conseguir la privatización de los servicios sanitarios, que son vistos por los inversores privados y por la industria farmacéutica de tecnologías sanitarias como enorme lista de compras. En este sentido la Comisión de Comercio de la Unión Europea acordó en 2010 presionar para alcanzar un acuerdo comercial que armonizara la regulación del sector público europeo con el norteamericano que debía incluir la asistencia sanitaria dada su importancia económica, por lo que debería privatizarse como en los Estados Unidos.

 

Las regulaciones del Tratado pretenden crear nuevos mercados la inversión privada transfiriendo recursos del Sistema Sanitario Público al privado

 

En el desarrollo de esta estrategia ya se han ido dando pasos importantes en España a lo largo de los últimos años: La financiación públicos privada para construir los nuevos centros sanitarios; la externalización de servicios de información (historia clínica electrónica, centrales de llamadas y de información a los usuarios); las actividades de evaluación de tecnologías, compra de recursos y planificación sanitaria; los servicios diagnósticos (laboratorios, diagnóstico por imagen..) los laboratorios, las Centrales de Compras, etc.;  que hasta ahora eran competencia de los gobiernos y de las administraciones sanitarias;  la gestión de los centros sanitarios a través de múltiples formas de gestión privada (Ley 15/97); y ahora pretende  privatizar las actividades asistenciales de los servicios para lo que están desarrollando (con una  fuerte oposición profesional) a través de las Unidades de Gestión Clínica, que trasformarán los servicios en empresas independientes con presupuestos propios y capacidad para comprar y vender sus servicios lo que permitirá a los inversores privados identificar las principales áreas de negocio, condicionar las compras de equipamiento, las actividades y las normas de actuación(según su interés empresarial). El Tratado haría imposible dar marcha atrás en estas decisiones, ya que abre a las concesionarias la posibilidad de recurrir a las entidades arbitrales para compensaciones millonarias en base al lucro cesante (el dinero que dejarían de percibir en unos negociaos tan jugosos).

 

Repercusiones del Tratado sobre la política farmacéutica

El gasto farmacéutico es uno de los principales problemas del sistema sanitario español. Nuestro gasto en medicamentos es casi el doble de los países de la Unión Europea y desde los gobiernos centrales y autonómicos, se han ido adoptando diferentes medias para intentar reducirlo y racionalizarlo. Entre estas medidas estarían la potenciación de los medicamentos genéricos, la fijación de precios de referencia, la prescripción por principio activo, la sustitución de medicamentos bioequivalentes para pagar los de menor precio, el control de las innovaciones que no aporten mejoras  terapéuticas, etc.

 

Dado que el lobby de la industria farmacéutica es uno de los más poderosos del mundo y tienen una gran presencia en el Departamento de Comercio USA lo que le da acceso privilegiado a los borradores el acuerdo, cosa que no tiene ni el Parlamento Europeo ni los gobiernos nacionales de la UE ni mucho menos las organizaciones civiles, es previsible que el Tratado está siendo diseñado de acuerdo a los intereses comerciales que hace desde hace años vienen promoviendo y que parece son el núcleo duro de los acuerdos alcanzados en la negociación:

 

• Prolongar el tiempo de vigencia de las patentes de los medicamentos  a más de 20 años

 

• Retrasar la entrada de los genéricos en el mercado (las Agencias Estatales deberán retrasar la evaluación de su eficacia y seguridad a la fecha en que acabe la patente)

 

• Reducir los requisitos para las patentes, más permisivos en Estados Unidos, para facilitar la comercialización de las innovaciones biotecnológicas

 

• Incrementar el período de protección de los datos de los medicamentos biológicos a más de 12 años (entre 4 8 en la actualidad)

 

• Prohibir o  limitar las políticas de los gobiernos de precios y reembolsos (favorecer precios más altos para las falsas innovaciones que no aportan mejoras terapéuticas y establecimiento de precios mínimos para medicamentos comparables)

 

• Presencia de los laboratorios en los organismos estatales que fijen las políticas de precios (Garantías Procesales) 

 

• Limitar la información de los resultados de los ensayos clínicos de nuevos fármacos (garantía de calidad y seguridad para los pacientes y facilitar la medicina basad en la evidencia) para evitar una presunta desventaja comercial de los laboratorios.

 

• Incluir mecanismos de arbitraje (ajenos a los tribunales de justicia de los países) para que las compañías puedan reclamar compensaciones económicas por decisiones que afecten a las patentes, genéricos o controles de pecios que reduzcan su negocio

 

• Convergencia reglamentaria para que la UE y USA suplanten a la OMS  en el establecimiento de normas de registro, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos (resucitar el colonialismo comercial con los países menos desarrollados) afectados

 

• Crear un Comité Industria-Gobiernos  para monitorizar el cumplimiento del acuerdo (patentes, normas de genéricos, fijación de precios y reembolsos)

 

Todo estas medidas incrementarán de manera brutal los gastos sanitarios para los gobiernos (en detrimento de sus economías), podrán en riesgo la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos, dificultarán el acceso a los medicamentos de la población en momentos de crisis, aumentarán la irracionalidad del sistema, y afectarán a la salud de la población generando mayor mortalidad y carga de enfermedad.

 

Entre las principales consecuencias, que se pueden extraer de la escasa información disponible están:

 

- Una disminución de las exigencias de seguridad para los consumidores a las empresas de la industria alimentaría como la comercialización de los alimentos transgénicos o la desinfección de pollos mediante cloro (prohibidos en Europa y aprobados en Estados Unidos).

 

- Recortes y pérdida de control público en educación formación, desarrollo científico y derechos de propiedad intelectual, al servicio de las grandes corporaciones privadas.

 

- Eliminación del derecho a la salud garantizado por un Sistema sanitario Público Universal y equitativo para equipararnos al modelo de Estados Unidos donde los derechos sociales básicos no están garantizados por el Estado.

 

- Precarización de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores sanitarios,

 

- Destrucciones de empleo en los servicios sanitarios y sometimiento de su actuación a los intereses empresariales como en os hospitales y aseguradoras norteamericanas.

 

- Desaparición de las regulaciones medioambientales que garantizan la salud pública como la autorización del fracking para obtener gas del subsuelo utilizando productos químicos, que pueden contaminar los acuíferos de bebida, las prospecciones petrolíferas

 

La protección de los inversores a costa de la capacidad legislativa de los gobiernos y de los derechos de los ciudadanos supondrá un ataque a la soberanía de los países para desarrollar políticas públicas progresistas.

 

En resumen, para la FADSP "se trata de un acuerdo que poner por delante de los derechos de la ciudadanía a los intereses de las grandes multinacionales. Hay que exigir que se paralicen las negociaciones y que cualquier acuerdo que se quiera realizar se haga de manera pública y transparente y sometido al control de los organismos democráticos de la UE y los países miembros".

"Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales"

La ONU urge a Mato un "cambio de rumbo" en la política sanitaria para inmigrantes

Reprocha al Gobierno que "la falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo"

EFE, Ginebra.

La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, pidió hoy al Gobierno español que "cambie de rumbo" en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante. Recordó a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientes de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular.

"La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo", opinó. Sostuvo que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.

Sepúlveda formuló esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió, conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU, al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.

La relatora valoró la respuesta que recibió, aunque se distanció de los argumentos y conclusiones de España. "El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación", puntualizó.

Agregó que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales". Bajo esas consideraciones, la relatora señaló que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. "Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables", enfatizó.

IR A NUESTRA SECCION EXPRESAMENTE DEDICADA A LA CONTRARREFORMA DEL PP DONDE SE DOCUMENTA TODO ESTO Y MAS…

#Queridaministra, campaña de Yo Sí Sanidad Universal cuando se cumplen los dos años de la promulgación del ominoso Real decreto 16/2012

Siete vídeos para la ministra de Sanidad

Yo Sí Sanidad Universal está detrás de la campaña #Queridaministra que anima a los ciudadanos a compartir videocartas en las que expliquen qué significa para ellos el 'apartheid' sanitario

El real decreto 16/2012, que excluyó a parte de la sociedad del sistema de salud público, cumplió su segundo aniversario el 24 de abril

La plataforma cifra en cerca de 800.000 las personas a las que la Administración retiró la tarjeta sanitaria

Foto.- Encierro de unos 30 miembros de la plataforma, que agrupa profesionales sanitarios y ciudadanos, en el hall del Ministerio de Sanidad el pasado día 25, contra "el fin de la sanidad gratuita y universal".

eldiario.es… (VER)

Multitudinaria manifestación ayer

Madrid se abraza en una 'marea multicolor' en defensa de los servicios públicos

La Marea Blanca por la Sanidad, la Verde por la Educación, la Naranja por los Servicios Sociales y la Roja por la Ciencia, vuelven a unirse en una marcha que ha arrancado en Atocha

EFE | MADRID.

"Sin educación no hay ciencia. Sin ciencia no hay sanidad. Sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales", con este lema han unido hoy sus protestas las mareas blanca, verde, naranja y roja en una única marcha que ha sido secundada por varios miles de personas en la capital española.

La manifestación partió a las siete de la tarde de Atocha y ha discurrido en un ambiente festivo y reivindicativo por las plazas de Neptuno y Cibeles para terminar en la Puerta del Sol, con la lectura de un comunicado por parte de distintos portavoces de los cuatro movimientos sociales en defensa de los servicios públicos. "Seguiremos con la movilización en la calle y en los centros para defender los derechos sociales y laborales", han advertido.

Además, el manifiesto explica que "cada marea ha salido a la calle por sus reivindicaciones y objetivos, pero comparten en común la defensa de lo público, el rechazo de los recortes y la exigencia de recuperar los derechos arrebatados y la inversión que fortalezca servicios fundamentales para la ciudadanía".

Familias, profesores, sanitarios, científicos, trabajadores sociales y personas mayores han secundado esta marcha que ha caminado a ritmo de batucadas y en la que se han gritado frases como "No a los recortes, ni a las privatizaciones", "Sin ciencia no hay futuro", "No al lucro en Sanidad" o "la lucha no ha terminado". Cuando la manifestación ha pasado por delante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los concentrados han dado una gran pitada y han proferido gritos como "Ese ministerio no es de igualdad".

También han protagonizado otro acto de protesta frente al Ministerio de Educación, donde han leído un texto "alertando de las consecuencias de la reforma educativa" y han denunciado "el recorte de las becas y el deterioro de la escuela pública".

 

«Un gran abrazo de todos los ciudadanos»

En la sede del Ministerio de Economía, ya próximo a la Puerta del Sol, los concentrados han pegado un cartel denunciando la "morosidad" de este departamento y lamentado que el presupuesto para Ciencia haya pasado de un 0,92 a un 0,52 del PIB. "Hay que salir a la calle para exigir el respeto de los servicios sociales", ha dicho Sandra Villa, de la marea verde (educación).

Desde la marea blanca (sanidad), Nieves Lozano ha advertido de que "los recortes de hoy ya no se van a recuperar mañana" y ha alertado de que "en las urgencias están sufriendo privaciones de material". "La investigación nunca ha sido importante en España, pero ahora menos que nunca", ha señalado Luisa María Botella, de la marea roja (ciencia), quien ha denunciado que los investigadores están solos en el laboratorio, "sin personal y además han suprimido las becas".

El portavoz de la marea naranja (servicios sociales), Luis Rodríguez, ha reclamado "servicios sociales de calidad, que se alejen de la beneficencia y a los que todo el mundo tenga derecho, porque se necesitarán en algún momento de nuestra vida". Los representantes de las distintas mareas han destacado que con la iniciativa de hoy se ha querido escenificar un gran abrazo de todos los ciudadanos en defensa de lo público.

Con el lema "Sin educación no hay ciencia. Sin ciencia no hay sanidad. Sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales", la marcha discurre con ambiente festivo a ritmo de batucadas y de mensajes en contra de las políticas de recortes del Gobierno.

Los representantes de las distintas mareas han destacado que con la iniciativa de hoy se quiere mostrar un gran abrazo de todos los ciudadanos y trasladar sus reivindicaciones comunes en defensa de lo público. "No quieren que salgamos a la calle para protestar pero lo vamos a seguir haciendo", ha dicho la portavoz de la marea blanca, Nieves Lozano.

 

Cuatro mareas se unen para protestar contra los recortes en los servicios públicos

La protesta de este sábado en Madrid se ha desarrollado bajo el lema 'Sin educación no hay ciencia; sin ciencia no hay sanidad; sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales. Son tus derechos, no su negocio'

Exigían, entre otras reivindicaciones, el fin de los recortes, las privatizaciones y las externalizaciones, la derogación de la LOMCE, una renta básica y unos servicios públicos de calidad

"Hay fondos, pero se derivan a la empresa privada", denuncian los manifestantes

David Noriega, en eldiario.es

Cuatro mareas han confluido este sábado en Madrid con colores diferentes pero con un objetivo común: defender los servicios públicos y de calidad. El lema de la manifestación lo dejaba claro: 'Sin educación no hay ciencia; sin ciencia no hay sanidad; sin educación, ciencia y sanidad no hay servicios sociales. Son tus derechos, no su negocio'.

Es la segunda vez que las mareas protestan contra los recortes y las privatizaciones juntas en la capital. La anterior fue en diciembre del pasado año, cuando recorrieron las calles las de sanidad, educación y ciencia. Blanco, verde y rojo respectivamente. Este sábado se unió también el color naranja de los servicios sociales.

Uno de sus portavoces, Luis Rodríguez, considera que "es el momento de unir luchas porque, al final, todo está conectado". "Las luchas, cuando suman, suelen ser más eficaces", justificaba Vicente Losada, de la marea blanca. "Estamos todos por lo mismo", sentenciaba Piedad Sánchez, de la verde: "Los servicios públicos".

Las reivindicaciones que se escucharon a lo largo de la marcha, que transcurrió sin incidentes desde Atocha hasta la Puerta del Sol, fueron las habituales de estos colectivos. Antonio Sánchez, trabajador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno de los portavoces de la marea roja lamentó los recortes en ciencias. Según la marea, es una de las ramas más castigadas en términos porcentuales. Un 40% menos de presupuesto del año 2009 al 2013.

"Grandes centros de investigación semi-privatizados han realizado EREs al faltar los fondos", lamenta Sánches. Uno de ellos es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid. "La investigación pública española es básica para curar enfermedades", afirma para denunciar que "los centros de investigación no renuevan los contratos a los jóvenes, hay una fuga de cerebros y recortes cuando comenzábamos a despuntar".

 

"Hay fondos"

"Hay fondos, pero se derivan a la empresa privada", finaliza el portavoz de la marea roja. Un punto en el que también coincide Lola Ruiz: "Si hay dinero: quieren construir dos nuevos colegios concertados, mientras no atienden las necesidades de los públicos". En el caso de la educación la reivindicación principal ha sido la derogación de la LOMCE, una ley "reaccionaria, clasista y adoctrinadora". "Se cierran centros y unidades, se recortan becas, se suben las tasas, se despide a personal, se aumenta el ratio de las clases", enumeran Ruiz y Piedad Sánchez.

Los integrantes de la marea naranja han reclamado también el fin de los recortes y la inversión en su ámbito para que "los ciudadanos puedan desarrollarse como personas y vivir en sociedad", sin caer en "la caridad y la beneficencia". Así, han pedido que la constitución reconozca los servicios básicos como un derecho protegido por el Estado, para que no estén externalizados y que no se "mercantilicen", y una renta básica.

En el caso de la marea blanca ya son 18 las veces que han recorrido las calles para exigir que finalicen las privatizaciones y externalizaciones, que se deshaga el camino andado en este sentido y que los recortes dejen de cebarse con el ministerio de Sanidad. Gracias a la presión social "se han notado resultados, aunque no tengamos el aval del BOE. Se ha paralizado la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud y se ha forzado la dimisión del exconsejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty", presumen Mari Nieves Lozano y Vicente Losada, vestidos de blanco.

Según los integrantes de las mareas, esta no será la última vez que veamos sus colores por las calles. "Seguiremos aquí", afirmaban, porque, "a pesar de los recortes, la pública es la mejor opción".

Los efectos de dos años de aplicación del RD Ley 16/2012 resumen elaborado por la FADSP

La sanidad pública dos años despues

El 24 de abril de 2012 el BOE publicaba el RD Ley 16/2012 que irónicamente se denominaba “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

 

Entendemos por eso que es un buen momento para hacer un balance de los resultados del mismo. En el RD Ley se planteaban 6 aspectos fundamentales, que se han unido a otros dos que han ido funcionando en paralelo pero también con importantes repercusiones sobre la Sanidad Pública, y que vamos a analizar brevemente a continuación:

 

1) Cambio del modelo sanitario

El RDL plantea un cambio del modelo sanitario que de estar basado en la ciudadanía y tener carácter universal (Ley general de Sanidad y Ley General de Salud Pública), pasa a centrarse en la condición de asegurado. De ello se derivan exclusiones de colectivos:

 

- Las personas con ingresos superiores a 100.000 € anuales

- Los inmigrantes no regularizados

- Los extranjeros con estancias temporales en España

- Los mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, posteriormente mediante orden ministerial se les asegura cobertura como “sin recursos” si tienen rentas inferiores a 100.000 € anuales.

- Más recientemente se ha añadido la exclusión de quienes vivan durante más de 90 días fuera de España.

- En teoría para cubrir a las personas excluidas de la cobertura se establecieron unos convenios especiales (con precios prohibitivos para el colectivo mas necesitado, es decir los inmigrantes irregulares) que como era de esperar han tenido escasísimo éxito.

 

Los resultados han sido especialmente graves en el colectivo de inmigrantes no regularizados (hay al menos dos muertes documentadas) y se desconoce el número real de personas que han visto agravada seriamente su salud. El número de personas con problemas por estancias prolongadas en el exterior (básicamente en busca de trabajo) no se conoce. La normativa referente a los extranjeros con obligación de pago existía previamente al RDL y los ingresos por este concepto no parece que hayan sido relevantes en comparación con los que existían previamente, en todo caso se deben a una mayor diligencia de las CCAA en el cobro que no a los efectos de esta normativa.

 

Es importante resaltar que, aunque se ha paralizado en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional (el caso mas reciente es el de Holanda). También que el Tribunal Constitucional ya ha avalado en 2 casos (recursos a la normativa del País Vasco y Navarra) la paralización de su aplicación en estos territorios y que varias CCAA mas han realizado normativas propias para garantizar en todo o en parte la atención sanitaria, en conclusión se ha generado mas desigualdad, ningún ahorro y problemas muy graves para algunas personas.

 

2) Revisión de la cartera de servicios

Se fracciono la cartera de servicios en 3 (básica, complementaria y suplementaria) quedando solo la primera como gratuita, estableciéndose copagos para las otras 2. Hasta ahora el proceso de revisión de la cartera básica ha avanzado poco, pero como era de esperar se han producido recortes y además con el entorno de la ideología ultracatólica dejando fuera de la fecundación in Vitro en el SNS a las parejas gays y a las mujeres solteras.

 

De nuevo nulos resultados económicos y si discriminación con motivaciones ideológicas.

 

3) Copagos generalizados: Farmacia, transporte, dietas, prótesis y ortesis

Es uno de los  aspectos que mas ha avanzado. El nuevo copago en farmacia se instauro rápidamente (aumento del porcentaje a pagar por los activos y establecimiento del 10% a los pensionistas con topes según tramos de ingresos), los otros con menos rapidez, el de ortesis, prótesis y dietas tardo mas y el del transporte sanitario se paralizo en su aplicación, porque sigue estando vigente según el BOE, después del Informe del Consejo de Estado que lo desaconsejaba. Una situación aún mas curiosa es la del copago de los medicamentos que se dispensaban en las farmacias hospitalarias, sobre el que existe una normativa de octubre de 2013 que obliga a cobrarlo a todas las CCAA pero a día de hoy ninguna lo ha aplicado.

 

4) Nuevo medicamentazo

Se excluyeron más de 400 medicamentos de la financiación pública, medicamentos cuyo coste (PVP) se incremento notablemente, en muchos casos más del 100%, que paso a ser sufragado en su totalidad por los pacientes.

 

El recorte en farmacia es según el Ministerio de Sanidad el principal éxito del RDL, claro esta que si vamos a los datos concretos las cosas son distintas, de manera que mientras el gasto farmacéutico de recetas ha disminuido en 3.305 millones € desde la entrada en vigor del RDL hasta diciembre de 2013, el gasto farmacéutico de los hospitales aumento en 2.087 millones € en el mismo periodo, y se ha constatado un aumento del gasto en recetas mantenido en los 6 últimos meses respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado el ahorro del gasto farmacéutico es en un 60% debido a los medicamentos no financiados y en un 40% son aportaciones de los ciudadanos, es decir se ha trasladado gasto farmacéutico público a gasto privado.

 

Finalmente existen encuestas que señalan que un porcentaje elevado de los pensionistas (entre un 16 y un 20%) no retiran los medicamentos prescritos. Como es habitual el Ministerio de Sanidad mira para otro lado y no ha hecho ningún tipo de seguimiento ni de estos casos, ni de los posibles problemas sanitarios resultantes de este no consumo de medicamentos prescritos, pero si tenemos en cuenta la literatura científica publicada al respecto es probable que se haya producido un empeoramiento de las enfermedades de estas personas y una sobreutilización de recursos sanitarios (ingresos, etc)

 

5) Recortes presupuestarios

Los recortes presupuestarios no estaban  directamente incluidos en el RDL aunque la justificación del mismo fue un supuesto exceso de gasto sanitario “insostenible”. No obstante se han producido drásticos recortes presupuestarios coincidiendo con su aplicación. El gasto sanitario público paso de 70.464 millones € en 2009 (liquidación) a 67.626 millones en 2011 (liquidado) y en 2014 los presupuesto sanitarios públicos de las diferentes administraciones suman 57.632 millones €, es decir 12.832 millones € menos.

 

Los resultados de estos recortes han sido cierres de camas hospitalarias, reducciones de personal (55.000 trabajadores menos en la Sanidad Pública en España en 2014 respecto a 2009), aumento de las demoras en atención primaria, incremento de las listas de espera quirúrgicas y de consultas de especialistas y pruebas diagnósticas, saturaciones en las urgencias con incremento de las personas que esperan varios días para su ingreso, cierres de puntos de atención continuada, de horarios de tarde de centros de salud de actividad de tarde en los hospitales y un larguísimo etc.

 

6) Agencia de compras

La puesta en funcionamiento de un sistema centralizado de compras fue uno de los “argumentos” utilizados para el marketing del RDL, pero al final quedo recogido como “Se fomentara la compra conjunta y centralizada” (Adicional cuarta) lo cual, como ya señalamos en su momento no garantizaba su aplicación.  Por supuesto la compra centralizada del SNS permitiría aplicar los beneficios de las economías de escala y ha sido una reivindicación de la FADSP desde hace tiempo. Hasta ahora tanto ruido se ha quedado limitado a la compra conjunta de vacunas por parte de algunas CCAA (lo que ya se había hecho antes del RDL) y poco mas, de manera que los supuestos ahorros se han quedado en casi nada, demostrándose una vez mas que  el Ministerio de Sanidad recorta a los indefensos, pero no a los mas poderosos.

 

7) Privatizaciones

Paralelamente han continuado las privatizaciones de los servicios sanitarios públicos. Privatizaciones que han sido distintas en intensidad según las CCAA, mas intensas en Cataluña, Madrid, Valencia, Baleares, Galicia, La Rioja y Castilla y León, pero que han existido en menor medida en todas las autonomías.

 

Cinco hechos son relevantes. El primero es la utilización de una multitud de formulas concretas (concesiones administrativas, PFI, EBAs, conciertos, subcontrataciones, etc) sin que se haya producido ninguna evaluación de las mismas, el segundo es el sobrecoste que significa este proceso privatizador (en torno a 6-8 veces mas de coste y con sistemas de actualizaciones automáticas de los mismos lo que los hace cada vez mas gravosos), el tercero es la opacidad de todos los procesos y de los datos de la actividad de los centros privatizados, el cuarto es que no hay evidencia que demuestre que mejora la eficiencia del sistema sanitario (ver el último Informe del grupo de expertos de la Comisión Europea),y el quinto es el gran rechazo social y profesional que se ha producido contra las privatizaciones, de manera que el proceso esta ralentizado y se buscan formulas menos visibles ante la opinión pública (derivaciones de actividades concretas, implantación de “unidades de gestión clínica”, etc).

 

8) Algunos resultados

Aunque como ya se ha señalado la opacidad es la norma y no se ha realizado ninguna evaluación seria por parte del Ministerio de Sanidad, tenemos algunos datos que son relevantes y que merece la pena resaltar:

 

- El cambio de modelo sanitario ha tenido una repercusión muy negativa sobre la salud del colectivo de inmigrantes no regularizados, produciendo algunas muertes y muchos casos de desatención y empeoramiento de la salud de miembros de este colectivo. Aparte de las consideraciones humanitarias y de la posible vulneración de derechos humanos básicos, no se ha logrado un ahorro significativo y si se han producido serios riesgos para la salud de este colectivo en concreto y de toda la población.

- Todavía esta por ver las repercusiones que tendrá alguna otra exclusión (por ejemplo las personas con estancias superiores a 90 días en el extranjero), pero tampoco existe ningún mecanismo en marcha para evaluarlo.

- Las modificaciones en la cartera de servicios tiene un impacto económico irrelevante y en cambio plantea serios problemas de discriminación por motivos ideológicos.

- Las medidas sobre la prestación farmacéutica han trasladado gasto sanitario público a gasto privado (de los bolsillos de los pacientes) generando desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos que no retiran los medicamentos prescritos con los resultados que tendrá sobre su salud.

- Se ha producido un aumento muy importante de las listas de espera, tanto quirúrgicas como en consultas externas, pruebas diagnósticas y en citas en atención primaria.

- La opinión de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado de manera que ha bajado la puntuación que le dan los ciudadanos y se ha incrementado el número de ciudadanos que piensa que ha empeorado la atención primaria, la atención especializada y las listas de espera (datos del Barómetro Sanitario de 2012). La Sanidad ha pasado a ser el 5º problema del país y el 4º que mas afecta personalmente a los ciudadanos (10,9%) según la última encuesta del CIS (marzo de 2014).

- La mortalidad se incremento en 2012, ya lo había hecho en 2011, y la tasa de suicidios aumento mas de un 11% en 2012 (no existen datos mas recientes).

- Incluso a nivel internacional existen varios informes que nos alertan de los graves problemas que estas medidas pueden producir sobre el sistema sanitario y la salud (OCDE Health a Glance 2013, FMI 2013)

 

Conclusiones

El balance de los dos años pasados desde la aprobación del RD Ley 16/2012 es profundamente negativo. Ha empeorado el funcionamiento del sistema sanitario público, se han incrementado las desigualdades, se ha privatizado no solo la financiación (los copagos) sino también la provisión de una parte importante de nuestro sistema sanitario.

 

La eficiencia del sistema sanitario no ha mejorado, ha disminuido el gasto pero a costa de trasladar gasto público a los bolsillos de los enfermos, generando desigualdades, de disminuir las prestaciones en cantidad, y de deteriorar la calidad.

 

La retirada o no aplicación de algunas medidas (por ejemplo los copagos sobre transporte o los medicamentos dispensados en la farmacia hospitalaria) son el efecto del amplio rechazo social que han producido las mismas y una evidencia mas de que las movilizaciones si son unitarias, masivas y sostenidas en el tiempo, consiguen resultados.

 

Si el Ministerio de Sanidad y el Gobierno fueran autoridades responsables derogarían este RD Ley que solo ha producido problemas sin aportar soluciones, porque es evidente que no ha mejorado la calidad ni la seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Como es también una evidencia que carecen de responsabilidad y de interés por la salud de la población, solo queda el que se vean obligados a hacerlo ante la presión política, social y profesional.

Dos años de la contrarreforma sanitaria del PP

Los seguros de Mato para sin papeles fracasan: solo 300 pólizas firmadas

Los convenios para acceder a la sanidad pública cuestan entre 60 y 157 euros al mes

Médicos del Mundo asegura que solo 10 autonomías atienden sin cobrar

Elena G. Sevillano / María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.

 

Los seguros públicos que el Gobierno ideó para garantizar la atención a quienes había retirado el derecho a la sanidad pública se han revelado como un fracaso. Según un recuento elaborado por este diario, solo 300 personas en toda España han contratado las pólizas, que cuestan 60 o 157 euros al mes, en función de la edad del asegurado. El Ministerio de Sanidad las anunció poco después de dar la orden de retirar las tarjetas a los extranjeros en situación irregular y a los ciudadanos que nunca han cotizado y cuentan con rentas superiores a 100.000 euros al año —irónicamente, las dos caras de la exclusión sanitaria— con el objetivo de que pudieran hacer uso del sistema sin que les cobraran cada atención individual.

Pese a que ya en julio de 2012 se había decidido crear estos seguros especiales, no vieron la luz hasta un año después. Pero pasados siete meses de su entrada en vigor oficial —el 1 de septiembre de 2013—, la mayoría de comunidades aseguran que ni siquiera han recibido peticiones de ciudadanos dispuestos a contratar las pólizas. Algunas, como Madrid, han elaborado y publicitado los formularios para pedirlas. Otras, como Castilla-La Mancha, ni siquiera las han puesto en marcha. “Han llegado una o dos solicitudes y se está estudiando cómo resolverlas”, dice una portavoz del servicio de salud de esta región.

La exclusión sanitaria, uno de los ejes centrales de la reforma Mato, que entró en vigor en septiembre de 2012, derivó en el apagón de unas 150.000 tarjetas sanitarias de sin papeles —según los cálculos de este diario—. Ya no tienen derecho a la asistencia normalizada gratuita —excepto los niños y las embarazadas—, solo a la de urgencias.

El decreto de Sanidad ha abierto una gran brecha de desigualdad en la atención de este colectivo, que difiere mucho según la comunidad en la que viven. Asturias y Andalucía se han rebelado. No aplican la ley y siguen asistiéndoles como antes —prestación farmacéutica incluida—, cuando solo tenían que acreditar ser residentes. País Vasco y Navarra han aprobado leyes para seguir haciéndolo; normas que han recibido, además, el aval del Tribunal Constitucional. Otras regiones, como Extremadura o Galicia han habilitado sistemas para darles asistencia cuando no tienen recursos económicos. Siete autonomías cumplen la reforma a rajatabla, según el último análisis de Médicos del Mundo.

Castilla-La Mancha es, según este informe, la comunidad que más al pie de la letra ha seguido las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Es la única que no ha establecido ningún programa especial de acceso a la atención sanitaria para quienes, con la nueva regulación, no son ni asegurados ni beneficiarios. Como María, que sabe bien lo difícil que es acudir al médico en esta región. Pide que no se desvele su nombre completo ni su nacionalidad, porque su caso está en el juzgado y teme que le pueda perjudicar. Llegó hace 10 años a España y hace cuatro pudo traer a su hija, que ahora tiene 33 y sufre una discapacidad mental. “Es como una niña”, la define. Cuando quiso regularizar su situación “cayó la reforma”.

María no sabe exactamente qué problema tiene su hija. Podría padecer una enfermedad rara, pero no está diagnosticada. Tampoco tiene reconocida la discapacidad. Le dieron número de seguridad social, pero es como si no existiera para el sistema. Hace unos meses empezó a quejarse de que le dolía mucho un bulto en la axila. Decía que no podía levantar el brazo. Su madre acabó llevándola a urgencias. “La atendieron. Gracias a Dios, era una bolita de grasa. Nos dijeron que no era nada alarmante, pero que cuando consiguiera tarjeta sanitaria debería volver para quitársela”. Como sigue sin tenerla, el bulto sigue allí. Y María espera que en cualquier momento le llegue una factura por esa visita a urgencias. “Nos pidieron el pasaporte, nos tomaron los datos y dijeron que ya nos mandarían la carta”.

Idoia Ugarte Gurrutxaga, presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, resopla cuando oye que esta comunidad asegura estar “atendiendo a todo el mundo”. “No es cierto. Llevamos desde enero de 2013 entregando un informe mensual con los casos de denegación de asistencia que nos llegan”, afirma. La organización tiene constancia, por ejemplo, de 17 casos de mujeres embarazadas y de 56 menores que desde 2012 no han podido acceder a la atención o tramitar la tarjeta sanitaria. Casos flagrantes de incumplimiento de la ley, que ampara la atención obstétrica y pediátrica gratuita en cualquier caso.

Dos grandes problemas están dificultando el acceso a la sanidad de las personas más vulnerables: la falta de información y el miedo a tener que pagar por ir al médico. Muchas veces no tienen claro a qué tienen derecho y a qué no. No ayudan casos, como el recogido por la organización Yo Sí Sanidad Universal, de un ciudadano bangladesí, atendido tras un infarto en el hospital 12 de Octubre de Madrid, a quien le llegó una factura de 12.000 euros por la atención. El hombre, que había pasado varios días ingresado, recurrió a esta organización para solucionar su caso. La respuesta del hospital fue que había sido un error. Pero sigue con la deuda.

El director general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, afirma que la reforma sanitaria ha servido para “aclarar” quien tiene derecho a ser asegurado y beneficiario. “Además, hemos evitado que se siga produciendo un agujero de 1.000 millones de euros derivados del turismo sanitario que, como reclamó el Tribunal de Cuentas, no se sabía dónde iban”, añade. Aunque el Tribunal de Cuentas incidía en su informe en que había sido la incapacidad de España para gestionar los cobros lo que había hecho perder unos 970 millones, la mayoría a países de la UE. Ese turismo sanitario poco tiene que ver con el uso que hacen los extranjeros en situación irregular de la sanidad pública española.

Y los seguros ideados por Sanidad, destinados a cubrir en parte ese agujero —para quienes se lo puedan permitir—, no han servido para paliar el problema de este colectivo. En Castilla y León solo hay activos 12 de estos convenios. En la Comunidad Valenciana se han acogido a la póliza Mato 191 personas, según un portavoz, que añade que las que no tienen recursos pueden optar por el Plan Valenciano de Protección de la Salud, iniciado en septiembre pasado y al que se han apuntado 2.732 personas. En Murcia, donde hay contratadas 24 pólizas Mato, los solicitantes son en su mayoría de estados europeos o sudamericanos y centroamericanos. Madrid, con 43 convenios firmados, asegura que el perfil del solicitante es el de una persona extranjera (solo el 6% son españoles), fundamentalmente de países latinoamericanos, mujer (en torno al 80%) y de entre 40 y 65 años (más del 50%).

Las comunidades aún no han evaluado los ingresos que obtendrán por estas pólizas —que pueden llegar a costar 2.000 euros anuales—. Tampoco Sanidad, dos años después de la reforma que transformó la base de universalidad de la sanidad pública, ha medido el ahorro concreto derivado de la exclusión. Y es que a pesar del varapalo de las sociedades científicas y del Consejo de Europa —que considera ilegal la expulsión de la atención normalizada de los sin papeles— , la ministra Ana Mato mantiene que España es uno de los países que más cobertura da a los extranjeros.

Agustín Rivero es más mesurado. Asegura que con la reforma completa se ha conseguido que el sistema sea “universal, público y gratuito para los que residan en España”, y también “la accesibilidad de los grupos vulnerables”. Recuerda que en diciembre, el Consejo Interterritorial de Sanidad —donde están representadas las autonomías— aprobó un protocolo para cubrir de manera gratuita a todos los sin papeles con enfermedades infecciosas, tratamientos prolongados y crónicos o con problemas que puedan ser un riesgo para la salud pública.

La medida no ha corregido casos como el de Juan Pablo. Este uruguayo de 37 años y con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, lleva más de un año sin tomarse la medicación completa. “No puedo pagarla. Antes, el tratamiento me costaba tres o cuatro euros, ahora unos 400 cada 15 días”, se lamenta. Cuenta que lleva diez años en España, que trabajó duro durante mucho tiempo. “Llevaba nueve años con la medicación pautada. Me iba bien. Ahora tengo ataques de pánico”, remarca. Sus problemas de salud le han llevado dos veces al hospital, pero al salir ha seguido sin el tratamiento. Del médico de familia ha ido a servicios sociales. Y vuelta a empezar. “Nadie me resuelve mi caso”, dice. Ahora espera que Médicos del Mundo le ayude con los trámites para conseguir los fármacos. “Si no, no sé qué haré”, añade.

 

“Cogí miedo a mi propio hijo”

A Jeanette, ecuatoriana de 46 años, le da algo de apuro admitir que durante algunos meses no pudo pagar la medicación de su hijo, un joven de 22 años que padece esquizofrenia. Mientras él estuvo sin tarjeta sanitaria por culpa de la reforma de 2012, tampoco le llevó al especialista para que hiciera seguimiento de su enfermedad psiquiátrica. Toda la familia, que reside en Mora (Toledo), estaba en paro. A él le había caducado la tarjeta y se negaban a darle otra, pese a que su situación administrativa en España era legal. “Si íbamos al médico nos cobraban, así que evitamos ir”, cuenta.

Los fármacos costaban casi 500 euros cada 15 días, recuerda. Jeanette deja un momento el teléfono y va a buscar las recetas para leer las marcas comerciales. Son ansiolíticos y antipsicóticos. “Claro que sabemos que son fármacos que no se pueden dejar, pero no podía pagarlos. Estuvo unos ocho meses sin tomarlos. Durante ese tiempo tuvo crisis y estuvo muy agresivo y eufórico. A veces me imaginaba qué pasaría si le daba por coger un cuchillo y salir a la calle. Una le coge miedo hasta a su propio hijo”, relata.

El hijo de Jeanette siempre ha tenido permiso de residencia y tarjeta sanitaria europea. Y pese a ello, estuvo cerca de un año sin acceder a la atención sanitaria pública de Castilla-La Mancha. A finales del año pasado la mujer acudió a Médicos del Mundo, que la ayudó a desentrañar la maraña burocrática, presentar el papeleo adecuado y conseguir finalmente la ansiada tarjeta. Hoy siguen teniendo problemas de dinero. “Voy a Cáritas y a Cruz Roja para que nos ayuden, y mi madre, que vive en Valencia, nos echa una mano”, dice. Al menos se ha librado de la carga añadida de los fármacos, por los que, según explica, ahora paga apenas 17 euros.

 

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

 

REFRESCA LA MEMORIA EN NUESTRA SECCION TEMATICA AL RESPECTO

A dos años del fin de la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud en el famoso y vergonzoso Decreto 16/2012.

Una sanidad más cara y excluyente

La reforma sanitaria del Gobierno de Rajoy cumple dos años

Los ciudadanos han pasado de beneficiarios a asegurados

• El ciudadano paga 250 millones más por los fármacos
• Las comunidades se resisten a aplicar el copago hospitalario

María R. Sahuquillo / Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

La reforma sanitaria se vendió a la ciudadanía más que como una necesidad; casi como una imposición. De no tomar medidas “urgentes”, el sistema público no iba a aguantar la creciente presión presupuestaria. La sanidad estaba en grave riesgo: era “insostenible”. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó el real decreto 16/2012 como la fórmula magistral que iba a salvar el sistema del colapso. Dos años después, lo que ha conseguido la reforma es alterar de raíz su esencia: el ciudadano ha pasado de beneficiario de un derecho a asegurado en un servicio. Por el camino también se ha perdido la vocación de universalidad que había guiado las últimas normativas sanitarias, que intentaron ir reduciendo los colectivos excluidos del sistema. Desde que se aprobó la reforma Mato, el 20 de abril de 2012, los inmigrantes en situación irregular han perdido su derecho a ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Adiós a la universalidad; hola a la desigualdad.

La exclusión de la asistencia, en forma de pérdida de la tarjeta sanitaria, no solo afecta a los extranjeros sin papeles. Las sucesivas modificaciones de la norma han provocado que también se quede fuera otro colectivo, el de los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo. Son sobre todo personas mayores, los padres de trabajadores que emigraron a España para trabajar, regularizaron su situación y después trajeron a sus familias. También los ciudadanos españoles pueden quedarse sin derecho a la atención sanitaria desde el 1 de enero de 2013: los parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y residan fuera de España más de 90 días en un año pierden la tarjeta. También está el caso de los rentistas: personas que nunca han cotizado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. Pese a que con sus impuestos sufragan la sanidad pública, tampoco ellos tienen tarjeta.

Pese a todas estas excepciones, y a que las organizaciones y los servicios sociales de las autonomías han informado de centenares de casos de desatención, Mato sigue empeñada en asegurar que la sanidad pública española nunca había sido tan universal como ahora.

El proceso de aprobación de la reforma fue visto y no visto. El cambio era de tal calado que hubiera requerido una nueva ley, pero no fue así, como recuerda Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU: “Pedimos en el Congreso que se hiciera a través de un proyecto de ley, para que pudiera debatirse y pactarse, y se negaron alegando la urgencia...”, recuerda. En 2012 se empezaba a sentir de lleno el impacto de los recortes en el sistema nacional de salud, con las plantillas de personal menguando, cada vez menos medios y un inaudito aumento de las listas de espera. Sobrevolaba entonces la amenaza velada de la implantación de un pago por visita médica. Sanidad nunca anunció públicamente que pensara aplicarla, aunque ahora insinúa que su reforma lo ha evitado.

Lo que sí hizo el rescate “urgente” de la maltrecha sanidad pública española fue derribar otro tabú, el del copago farmacéutico. La reforma del sistema del pago de medicinas tenía reservada una sorpresa para los pensionistas, que jamás habían puesto un euro de su bolsillo —sí de sus impuestos— al recoger la medicación en la botica. Los trabajadores en activo ya copagaban, pero por primera vez los jubilados empezaron —en julio de 2012— a desembolsar el 10% del precio de sus medicamentos (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago por los fármacos se estableció por los ingresos: el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, el 50% los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000, y el 60% quienes ganen más de esa cifra.

Un escalón amplísimo que el Ministerio anunció hace meses que modularía. Aún no lo ha hecho. “La idea es establecer algún tramo más para que la aportación sea más equitativa, estamos a la espera de que las comunidades autónomas, a las que hemos preguntado, nos envíen sus propuestas sobre qué patrón establecer”, dice Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Ministerio de Sanidad. “Ellos están más cerca de la población y ven los problemas que pueden surgir, pero aún no nos han dado información suficiente”, añade.

La desigualdad entre comunidades que ha generado la reforma es una de las cosas que más preocupa a José Martínez Olmos, portavoz del PSOE. Cada una ha respondido a su manera a los retos normativos que han planteado los cambios que se dictaban en Madrid. Unas atienden a los inmigrantes irregulares; otras, no. Unas devuelven al momento lo cobrado de más a los pensionistas; otras obligan a esperar meses. Y lo peor, señala, “es que desde el punto de vista de la economía, la reforma no ha servido para hacer más sostenible el sistema”.

Rivero, sin embargo, asegura que el balance es “positivo”. Explica que hace unos días acudió a Bruselas a dar cuenta del resultado de las medidas y que la respuesta fue satisfactoria. “Lo primero era sostener el sistema, considerado como un buen sistema, luego garantizar que sea universal, público y gratuito para los que residan en España; y luego mantener la calidad, la eficiencia y la accesibilidad de los grupos más vulnerables”, dice. “Hemos logrado un ahorro importante. Sobre todo en el área farmacéutica, donde se ha reducido unos 3.000 millones de euros”, dice. Y recuerda que gracias a los cambios ahora hay un millón de personas, sobre todo parados sin prestación, que ya no pagan por sus fármacos.

Los efectos del decreto aún no se han desplegado del todo. Queda por determinar lo que se conoce como cartera básica y suplementaria, es decir, las prestaciones comunes y gratuitas y las que en el futuro puedan considerarse extra, al arbitrio de cada región. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, llama al decretazo “bomba de fragmentación”. Dice que ha tenido efectos a corto plazo, pero que los de largo aún están por ver. Si el Gobierno ha aflojado ahora es por las elecciones europeas, señala. Por el camino, algunos copagos previstos se han abandonado, teóricamente porque el ahorro esperado —aunque no han dado cifras— ya se ha logrado. Otros, como el de la farmacia hospitalaria, cuentan con la activa oposición de gobiernos autonómicos del PP. El Constitucional deberá decidir sobre los recursos de Andalucía o Asturias. Al decretazo aún le queda mucho camino por recorrer.