CONTRARREFORMA NO

Cosas de las aseguradoras privadas porque el negocio es el negocio especialmente ahora con la salud.

Sanitas: un seguro médico privado en observación

La aseguradora es investigada por presunto fraude fiscal en España mientras a su matriz en Gran Bretaña se le acusa de pagar a sus clientes para que se traten hospitales públicos y así ahorrar en tratamientos caros

Sanitas gestiona la sanidad pública de más de 300.000 españoles mediante dos hospitales y 22 ambulatorios en Valencia y Madrid

Foto.- Manises (Comuniad Valenciana), uno de los hospitales públicos gestionados por Sanitas.

Raúl Rejón, en eldiario.es

 

En diciembre de 2012, Sanitas adquirió el control del hospital público de gestión privatizada de Torrejón de Ardoz en Madrid. Se introducía así en el sistema sanitario público de la región sin haber concursado por él. Le compró el negocio a la contratista sanitaria Ribera Salud, que había obtenido la concesión del Ejecutivo regional. Al mismo tiempo, Sanitas también adquirió de Ribera Salud todo el paquete accionarial de la empresa concesionaria de otro hospital público, el valenciano de Manises –donde ya controlaba el departamento sanitario por encomienda de la Generalitat desde 2009–. Montante de la operación: 77,6 millones de euros en la compra-venta de acciones.

 

Según Sanitas, esta maniobra evidenciaba una "muestra del interés del Grupo BUPA-Sanitas por el mercado español, en el que tiene intención hacer fuertes inversiones en los próximos años". Este grupo sanitario privado aceleraba su despegue en lo que llama apuesta "por la colaboración público-privada, que considera un modelo de futuro que ofrece beneficios para todas las partes".

 

Apenas 15 meses después, el brillo de Sanitas, empresa que se postulaba y colocaba como segunda operadora privada del sistema sanitario público, se apaga. Este lunes 14 de abril de 2014, la compañía tenía que explicarse ante una investigación de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal. Según informaba El País, el fraude podría alcanzar los 28 millones de euros. Sanitas reconoce en su Informe Anual 2012 que "tanto la sociedad como la dominante del grupo fiscal están siendo inspeccionadas por las autoridades fiscales en su presentación del impuesto de sociedades de los ejercicios de 2007 a 2010 (…) así mismo el resto de impuestos presentados por la Sociedad están siendo inspeccionados por el periodo entre septiembre d e2008 y diciembre de 2010". Luego se muestra tranquila, ya que no espera "que de esta inspección (…) pudieran surgir pasivos adicionales", es decir, que tenga que pagar más.

 

BUPA significa British United Provident Association y es el mayor asegurador privado de Gran Bretaña. Desde 1989, Sanitas pertenece a este grupo. La matriz de la empresa española también aporta su ración de quebraderos de cabeza. Anda estos días defendiéndose de una práctica, cuando menos, polémica: los gestores de la aseguradora están ofreciendo por carta a sus clientes una cantidad de dinero (en torno a 2.000 libras; unos 2.400 euros) si, ante ciertas enfermedades, optan por tratarse en hospitales públicos en lugar de acudir a los de BUPA en el Reino Unido. La carta de BUPA se encabeza con el título "dando a nuestros clientes mejores opciones" establece, según ha trascendido, que si los pacientes son "admitidos en un hospital del NHS [Sistema Nacional de Salud] le pagaremos una suma fija".  Entre las patologías señaladas están el cáncer o las cardiacas. Esta práctica que ha sido calificada como “soborno” y supone ahorros de hasta 10.000 libras en determinados procesos médicos. BUPA defiende que se limita a "ofrecer opciones a sus clientes".

 

Sanitas ganó en España 48 millones de euros en 2012 –el año anterior fueron más de 300–. La matriz BUPA ingresó 9.000 millones de libras y ganó 411 millones en 2013. La sociedad española gestiona en la Comunidad Valenciana la sanidad pública de 195.000 habitantes en el departamento de Manises, que incluye su hospital de referencia, los 22 centros de atención primaria de 14 poblaciones y el hospital de larga estancia de Mislata.

 

En la Comunidad de Madrid, el hospital Universitario de Torrejón da servicio a más de 136.000 tarjetas sanitarias. Sanitas había concursado –y obtenido sin competencia– la gestión de otro hospital público en Madrid –el de Coslada, distante 12 kilómetros de Torrejón– al decidir Madrid privatizar su dirección sanitaria, hasta entonces pública. La suspensión del proceso privatizador paralizó esa operación.

Lo sabemos, pero conviene recordarlo cada poco no sea que acabemos resignándonos

Asalto a la sanidad pública

Por Pedro Luis Angosto, en nuevatribuna.es.

09 Abril 2014.

Hasta bien adentrado el siglo XX, el cuidado de la salud de la mayoría de las personas estaba en manos del clero y de instituciones de beneficencia que almacenaban a los enfermos en naves insalubres en las que los galenos luchaban contra la muerte y la superstición sin más medios que su voluntad y la intuición clínica aprehendida de sus maestros y de la diosa experiencia. En esas condiciones, las más de las veces la batalla la ganaba la Parka, que contaba con aliados tan potentes como la ignorancia, la falta de condiciones higiénicas y la ausencia de medicinas efectivas. Una vez más fue la toma de conciencia de los trabajadores, su organización en sindicatos de clase y la amenaza que esto suponía para el viejo orden establecido lo que condicionó a los distintos gobiernos europeos para, partiendo de las sociedades de socorros mutuos, ir dando forma a un sistema de previsión de carácter general que atendiese a los trabajadores y sus familias impidiendo al mismo tiempo el trabajo a los niños, a los viejos y a las mujeres embarazadas. El 27 de febrero de 1908, haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión de Reformas Sociales que presidía Gumersindo de Azcárate, el Gobierno Maura aprobó la constitución del Instituto Nacional de Previsión, germen de lo que muchos años después sería el Sistema Nacional de Seguridad Social, que a partir de la histórica Ley General Sanitaria de 1986 implantó en España el derecho universal de todos los ciudadanos a una asistencia médica de calidad que se prestaría en la red de hospitales públicos. A partir de ese año, todos los españoles, independientemente de sus ingresos, sus cotizaciones o cualquier otro atributo personal, quedaron protegidos por la Sanidad Pública Estatal produciéndose el mayor avance asistencial de nuestra historia, lo que se manifestó en el aumento sin precedentes de la esperanza y la calidad de vida de todos los ciudadanos y en el posicionamiento del Sistema Público Sanitario de nuestro país entre los tres primeros del mundo.

 

Es evidente que, sin ser uno de los tres países más ricos del planeta, gozar de uno de los tres sistemas de salud más eficaces del mundo es un mérito que se debe, sin ningún género de dudas a una política adecuada, al buen hacer de nuestros profesionales de la medicina, a su vocación y a la eficacia organizativa que, con todos sus defectos, lo ha caracterizado hasta hace bien poco: Según el informe de la OCDE de 2012 mientras en Estados Unidos para un sistema de salud privado que deja fuera a un tercio de la población el gasto por habitante es de 7960 dólares, en España, con un sistema universal, el gasto tan solo es de 3.067 dólares, lo que explica a las claras las enormes ventajas de nuestro sistema respecto al norteamericano, en el que todo se rige por la maximización de beneficios en detrimento de la salud general. Pero es que además, el acceso a la salud en ese país del norte de América se hace por la vía estrictamente privada, tanto vale su enfermedad, tanto paga si quiere ser tratado, o por seguros privados que tienen en cuenta sus hábitos alimenticios y sociales, su edad, su genética y otros factores que hacen que muchísimas personas tengan que hipotecar su casa para someterse a una simple operación quirúrgica de apéndice o, en caso de carecer de propiedades o de ingresos suficientes, acudir a los hospitales municipales de la Beneficencia donde se practica una medicina decimonónica.

 

Pues bien, pese a que todos los estudios nacionales e internacionales alaban y encomian el Sistema Nacional de Salud español, basado en la medicina pública, el actual Gobierno central y los autonómicos de Cataluña, Valencia y Madrid se han propuesto su desmantelamiento para dar entrada al negocio en las cosas de la salud individual y general. La Salud de todos los españoles, de no mediar respuesta adecuada y contundente de los afectados, pasará en breve a depender del nivel de ingresos que cada cual tenga, dejando la sanidad pública como elemento residual para quienes no tengan dónde caerse muertos. El plan comenzó a ejecutarse hace años en Cataluña, Valencia y Madrid, pero desde la llegada del Partido Popular al Gobierno Central forma parte esencial de la política sanitaria estatal y se manifiesta en dos planos. Por un lado, se externalizan, privatizan y arrendan servicios cada vez más amplios de la actividad hospitalaria, no porque sea más barata y eficaz, que en ningún caso lo es, todo lo contrario, sino porque da ganancias millonarias a los amigos beneficiados a costa de la salud de todos; por otra parte, y este es el procedimiento más dañino, mediante el despido de miles y miles de trabajadores sanitarios, el cierre de quirófanos, la obsolescencia tecnológica y la paralización de las inversiones en investigación, se está produciendo un colapso general en la mayoría de los centros hospitalarios del Estado, lo que se traduce en listas de espera tan disparatadas que muchas veces sobrepasan lo que el enfermo puede aguantar, obligándole a recurrir a centros privados como último recurso para intentar salvar la vida. No es eso una casualidad, ni el resultado del envejecimiento de la población, es, sencillamente, el resultado de una política sanitaria que pretende oxidar el Sistema Nacional de Salud para hacerlo odioso a quienes necesitan de él para poder seguir viviendo.

 

Sigue conservándose el Sistema Nacional de Trasplantes que tan eficazmente dirige el Dr. Matesanz porque no sería rentable su privatización, pero sobre todo porque es una forma de decir al exterior que aquí no existen los recortes sanitarios ya que continuamos teniendo el mejor sistema de trasplantes del mundo, un sistema que quieren copiar los países más desarrollados, pero no se hace por convicción sino para tapar el colapso en el que está entrando gracias a los brutales recortes perpetrados por el Gobierno Central y los autonómicos el sistema hospitalario público español, que es el que nos asiste a todos y el que ha conseguido las mayores cotas de salud y bienestar de nuestra historia. Por falta de medios humanos y materiales, los hospitales de todo el Estado español no pueden asistir al número de enfermos que ingresan diariamente, se dan plazos vitalmente imposibles para angioplastias, diálisis, quimioterapias, pruebas hemodinámicas, gastroscopias y todo tipo de pruebas e intervenciones quirúrgicas, no porque el sistema no sea capaz, que lo ha sido hasta hace muy poco, sino porque los gobiernos central y autonómicos han decidido su privatización por acoso y derribo. Ante esa situación de asalto a uno de los derechos sagrados conquistados por nuestra sociedad a lo largo de décadas y décadas, sólo cabe la insurrección cívica porque nuestro futuro y el de los que vienen detrás está en peligro y lo estará más cuando sean los negociantes y los mercaderes quienes decidan a quien se asiste y a quien no dependiendo del volumen de su cuenta corriente.

"Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo"

Poder ir al médico o no depende de dónde vivas

Madrid, Castilla-La Mancha y Baleares, las regiones en las que más se excluye a los extranjeros del sistema sanitario

Médicos del Mundo documenta las barreras de acceso a la sanidad de los inmigrantes tras dos años del decreto que les retiró las tarjetas

 

Raúl Rejón, en eldiario.es

 

España se ha convertido en un país de derechos desiguales según donde se viva. Dos personas iguales. Llegadas de la misma manera y con idéntica situación legal verán su derecho a la salud protegido de muy distinta manera si su peripecia vital la llevó a Madrid, Toledo, Barcelona o Sevilla.

 

Si un inmigrante sin permiso de residencia termina en Baleares, Madrid o Castilla-La Mancha estará en las zonas donde peor se le tratará a la hora de acceder a la Sanidad. Si ha alcanzado Andalucía o Asturias, sus derechos son mayores.

 

La inequidad ha venido de la mano del decreto de medidas urgentes que redactó el Gobierno para "garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" y que, de hecho, negaba el acceso sanitario a los extranjeros en situación irregular. Sólo las urgencias, los menores y las embarazadas están cubiertas. Tras 24 meses, la ONG Médicos del Mundo ha hecho un recorrido por las Comunidades Autónomas para atestiguar este ranking de la desigualdad.

 

Expulsión del sistema

En Castilla-La Mancha el Ejecutivo que dirige María Dolores de Cospedal (PP) aplica el decreto a rajatabla. Sólo acepta atender a inmigrantes sin papeles en las excepciones incluidas por el Ministerio de Sanidad. Con todo, Médicos del Mundo asegura haber certificado "17 casos de mujeres embarazadas y 56 menores de edad a quienes se les negó la atención médica o la tramitación de la tarjeta sanitaria".

Madrid. La exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia ha sido la tónica en la región gobernada por Ignacio González (PP). Eso y la confusión para aceptar en el sistema de salud a las personas cubiertas. Médicos del Mundo asegura que "se multiplican incesantemente los casos de personas que se ven excluidas de la atención sanitaria". Entre septiembre de 2012 y diciembre de 2013, la organización acumuló más de 400 casos entre los que "240 eran de personas que sí tenían tarjeta sanitaria antes de la entrada en vigor del decreto".

Islas Baleares. Ya antes de que la ministra de Sanidad Ana Mato redactara la exclusión de inmigrantes irregulares el Govern había "iniciado una serie de prácticas que restringía el acceso como la retirada de las tarjetas sanitarias próximas a caducar y la paralización de la emisión de nuevas aún a pesar de que las personas solicitantes tenían derecho legal a la asistencia", explica la revisión de Médicos del Mundo. Según este informe, cientos de personas se han visto obligadas a firmar compromisos de pago en la urgencias, menores y embarazadas no han podido recibir atención médica. "20.000 personas en situación administrativa irregular no han tenido atención sanitaria normalizada".

 

Médicos del Mundo asegura que en La Rioja, Murcia y Castilla y León no hay programas o medidas específicos de acceso a la atención sanitaria alternativos al Real Decreto-Ley 16/2012, aunque amparen algunas excepciones como los pacientes con enfermedades que hieran la salud pública o transtornos mentales severos.

 

Programas especiales

En diez comunidades autónomas, los Ejecutivos regionales han puesto en marcha programas especiales para ampliar de alguna manera los derechos de las personas inmigrantes a los que la norma estatal abocaba a la indefensión. Asturias y Andalucía les reconocen las mismas condiciones que a los residentes. En Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia se han diseñado una panoplia de programas. El resultado, como analiza Médicos del Mundo, es un "menú variado" que consagra de hecho la desigualdad.

 

Y aunque la mayoría de Comunidades Autónomas hayan diseñado normativas o procesos para que la población sin permiso de residencia no quede fuera de la sanidad pública, la barrera burocrática está minando ese derecho. El informe de Médicos del Mundo acumula algunos ejemplos de fracaso más que de éxito. En Galicia, el Plan de protección social ha conseguido que 1.470 personas superen los trámites. En Aragón, 500 inmigrantes se incorporaron al Plan de Protección Social de la Salud cuando 12.615 habían perdido su tarjeta sanitaria. En Canarias han sido, hasta la fecha, 145 de las 48.000 tarjetas sanitarias retiradas.

 

Pagar un seguro médico 'público'

Los inmigrantes que vivan en Cantabria y la Comunidad Valenciana están sujetos a una normativa publicada en la que los Gobiernos cobrarán unas cuotas mensuales para tener derecho a ir al médico. Los precios oscilan entre los 60 euros para menores de 65 años y los 157 para aquéllos que superen esa edad. Es un seguro médico público para cubrir gastos a pesar de que la sanidad se financia con los impuestos no con cotizaciones específicas. "Estas dos normas autonómicas no introducen medios para reducir la barrera económica que impone la obligación de abonar una cuota", remata el documento.

 

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A pesar del unánime rechazo, Sendin insiste hoy en declaraciones a la COPE

Rechazo a la propuesta de copago por 'mal uso' de Sendín

Médicos de familia consideran la medida injusta y contraproducente

“Antes de multar, hay que corregir todos los defectos del sistema”

“Puede penalizar precisamente al que no merezca la sanción”

 

Cristina G. Lucio y Angeles López, Madrid, en El Mundo.

La propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) de cobrar a aquellos ciudadanos que hagan un "mal uso" de los servicios sanitarios no ha sido bien recibida por muchos de sus colegas de profesión.

 

Juan José Rodríguez Sendín planteó la posibilidad de implantar un pago para 'reconducir' acciones que suponen un mal uso de la atención médica, como "cuando la gente no se retira de la lista de espera aunque ya haya sido atendido, cuando la duplica intencionadamente y ocupa espacio, cuando no va a recoger las pruebas diagnósticas, o cuando va a Urgencias y no a su centro de salud".

 

Sendín comparó la iniciativa con la que ya existe con el carné por puntos -"también nos multan por la carretera cuando nos pasamos de 120"-, pero para muchos médicos la estrategia no es comparable.

 

"No creo que multar sea la solución. El mal uso que comenta Sendín es consecuencia de los defectos del sistema, por lo que antes de echar la culpa al usuario haría falta corregir todos los defectos que tiene el sistema", apunta José Luis Quintana, médico de familia y miembro de la plataforma AFEM.

 

Coincide con su punto de vista Pascual Solanas, médico de familia y miembro de la junta permanente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC): "En primer lugar hablemos de la eficiencia del sistema. ¿Por qué el sistema permite que un paciente esté en dos listas de espera? ¿Por qué no hay comunicación entre los hospitales y los centros de salud? Es absurdo. Hay que solucionar eso antes que intentar castigar a nadie", subraya.

 

Ambos especialistas señalan que la mayoría de los usuarios que practican el "mal uso" que cita Sendín no lo hacen con intención de 'timar' a la Administración. "Si tienes un dolor tremendo de cadera y la cita que tienes en el horizonte es para dentro de ocho meses, es comprensible que lo intentes por otras vías", ejemplifica Quintana.

 

Ambos señalan también que está demostrado que este tipo de copagos no son eficaces y que, además, podrían tener efectos contraproducentes. "Hay estudios que demuestran que el copago no solo disminuye la atención sanitaria innecesaria, sino también la necesaria", señala Solanas. Quienes más se verían perjudicados serían los ciudadanos con renta más baja, que optarían por no solicitar atención aunque lo necesitaran por temor a una posible sanción.

 

Por otro lado, este especialista se pregunta cómo y, sobre todo, quién sería el juez que tendría que dirimir ese "mal uso" de la atención: "¿sería el médico de atención primaria? ¿en función de qué criterios?".

 

Regulación

José Luis Listerri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), reconoce que es necesario "regular el excesivo trasiego de los pacientes a los servicios de Urgencias", pero no cree que el copago planteado sea la solución. "Es una medida inadecuada que puede penalizar al que no merezca la sanción", señala.

 

Coincide con él Paulino Cubero, representante de la plataforma de equipos directivos de centros de salud de la Comunidad de Madrid, quien cree que la propuesta de Sendín "ha conseguido un titular, pero es una medida superficial. Comparto con él en que el tema de las urgencias necesita un abordaje, pero no así, sino un abordaje global. Porque España tiene un uso de Urgencias de cinco a 10 veces mayor que el resto de países europeos, algo que no se corresponde con un mayor número de enfermedades. Si tenemos en cuenta que la atención en Urgencias es 10 veces más cara que la de Atención Primaria, esto supone un importante consumo de recursos".

 

Para este médico de Atención Primaria, es fundamental informar a los ciudadanos y decirles que las Urgencias hospitalarias no se pueden usar como sustitutivo de las consultas de primaria. Es más, recuerda a toda la población que hay centros de salud disponibles para este tipo de atención a los que se puede acudir sin cita.

 

Por otro lado, apunta, "habría que dar prioridad a los pacientes que son derivados de AP o del SUMA al hospital, por encima del que acude por su propia cuenta porque no quiere esperar a la cita de su médico de cabecera".

 

Todos los médicos consultados por EL MUNDO coinciden en señalar que una de las claves para acabar con este "mal uso" de la atención sanitaria es dotar de los recursos suficientes a la Atención Primaria. "Si llamas al centro de salud y te dan cita para dentro de 10 días, vas a buscar la solución en otro lugar porque lo necesitas. Hacer esperar mucho al paciente va en contra de la esencia de la Atención Primaria", señala Quintana.

 

"Nosotros venimos años reclamando que para regular el excesivo trasiego de los pacientes a los servicios de urgencia es necesario que un médico de familia filtre esa necesidad", apunta Listerri.

 

"Muchos procesos se resuelven antes y mejor en Atención Primaria, pero eso exige reforzarla. Y la realidad es que su presupuesto es el que más se ha recortado", indica Solanas.

 

"Desde hace un tiempo, sólo se destina menos del 10% del presupuesto sanitario para AP. Y no sólo es cuestión de poner más médicos sino de establecer medidas organizativas. No se pueden dar medidas aisladas, se requiere análisis y una estrategia que de verdad solucione la sanidad. No hay que hacer una gran reforma, que ya se hizo en 1985, sino racionalizar, y conseguir que el paciente use los recursos donde son más baratos", concluye Cubero.

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también se ha manifestado en contra de la propuesta de Sendín, que han considerado "injusta", informa Europa Press.

 

"Los auténticos culpables de los problemas económicos del sistema público tienen que ver con los recortes presupuestarios, el uso intensivo e inadecuado de las tecnologías, el derroche en aparataje tecnológico (estamos a la cabeza de Europa), el enorme gasto farmacéutico que sigue creciendo pese al copago, o la financiación privada de los nuevos hospitales que multiplica por siete sus costes y que luego se regalan a empresas multinacionales y fondos de capital riesgo. En ninguna de estas cuestiones los pacientes tienen responsabilidad alguna", ha señalado la FADSP.

 

Sendín insiste: el 40% de las visitas a Urgencias son banales

El presidente de la OMC defiende su propuesta de un copago por el mal uso de la Sanidad

Otros estudios cifran en sólo el 20%-25% la tasa de un uso inadecuado de las Urgencias

Informa Ángeles López, en El Mundo.

 

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha insistido este martes en que hasta el 40% de las visitas que se realizan a los servicios de Urgencias hospitalarias son procesos "banales" y porque a la gente "no le conviene" ir a las consultas de Atención Primaria, "por las razones que sean".

 

Sendín se ha pronunciado así, en una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press, a raíz de la polémica suscitada el lunes cuando sugirió la posibilidad de cobrar a aquellos ciudadanos que hagan un "mal uso" de los servicios sanitarios como, por ejemplo, ir a Urgencias en lugar de a su centro de salud o no ir a recoger las pruebas diagnósticas.

 

Sendín, no ha aclarado de dónde procede la cifra del 40%, aunque otros estudios españoles sobre el uso inadecuado de los servicios de Urgencias limitan esta cifra al 20%-25%, como publicaron investigadores del Instituto de Investigación en Servicios de Salud de Valencia en la revista Gaceta Sanitaria.

 

Esta propuesta, que no ha sido presentada de manera oficial al Ministerio de Sanidad, ni cuenta con el respaldo de otros colectivos médicos, ha vuelto a ser planteada por el presidente de la OMC quien ha avisado de que están ocurriendo casos de personas que "realmente" necesitan utilizar los sistemas sanitarios y no pueden por "el mal uso" que hacen algunos ciudadanos de los mismos.

 

"Actualmente se hacen millones de actividades sanitarias y tenemos la obligación de cuidar al sistema porque, de no hacerlo, lo que está ocurriendo es que se están incrementando las listas de espera y los recursos son muy limitados. No estamos hablando de un copago, sino de sancionar a aquellos que van a Urgencias de manera voluntaria porque quieren adelantarse una prueba y no les ha convenido ir a la consulta", ha apostillado Rodríguez Sendín.

 

De hecho, el lunes rechazó de antemano que se cobre a los enfermos por ir al médico, ni siquiera a "aquellos que van mucho", ya que, a su juicio, esos pacientes van "por miedo" y porque creen que ir al médico "les va a hacer retrasar el momento final de su vida". "Eso es una cosa terrible, y por eso no se puede cobrar", apostilló.

 

El copago por un mal uso de la Sanidad tampoco gusta al nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que en rueda de prensa ha mostrado su oposición a la idea. Javier Rodríguez ha apuntado que la Comunidad no se plantea implantar esta medida y ha corregido a Sendín asegurando que los ciudadanos no hacen mal uso, sino que lo que tienen son "sus miedos", además ha aclarado que hay que tener en cuenta la formación de cada uno.

 

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Los médicos piden que los ciudadanos paguen por el mal uso de la sanidad

El presidente de la Organización Médica Colegial defiende que se penalice como las infracciones de tráfico, mediante un carné por puntos

Juan José Rodríguez Sendín ha puesto de relieve la situación de los inmigrantes irregulares, que "sigue sin resolverse"

El representante de los médicos ha alertado de las "alternativas temerarias" de "privatización" sanitaria: "No podemos estar de acuerdo con mercantilizar la enfermedad y el sufrimiento de la gente".

Foto.- La ministra Ana Mato junto a Rodriguez Sendin, presidente de la Organización Médica Colegial.

EFE, 31/03/2014

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha defendido hoy que los ciudadanos paguen por el mal uso de los servicios sanitarios, al igual que se penalizan las infracciones de tráfico mediante el carné por puntos.

En una intervención en el Foro de la Nueva Economía y en presencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha sido la encargada de presentarle, Sendín ha pedido "modular" el actual copago farmacéutico para familias con varios enfermos crónicos.

El representante de los médicos se ha mostrado en contra de establecer un copago por asistir al médico, una de las propuestas del informe de expertos sobre la reforma fiscal. "Yo nunca pondría un copago por ir el médico; pondría, pero no sería copago, sería pago, por utilizar mal los servicios" sanitarios, al igual que "nos multan por ir por la carretera cuando pasamos de 120 kilómetros por hora", ha señalado.

A este respecto, Sendín ha explicado que habría que penalizar a aquellos ciudadanos que no se retiran de la lista de espera una vez son atendidos o la duplican intencionadamente, a los que no se preocupan de retirar las pruebas diagnósticas o acuden a urgencias si no tienen cita en su centro de salud.

"Esto es para pensárselo y que no se malinterprete", ha dicho Sendín, quien ha insistido en que se cobraría por el mal uso pero "nunca por la necesidad de ir al médico", ni siquiera en aquellos casos en que las consultas son muy frecuentes. "La gente va mucho porque es mayor y tiene miedo".

"Eso no es mal uso, eso es miedo", ha insistido el presidente de la OMC, quien ha constatado una falta de preocupación por "reconducir" los malos usos que se hacen de los servicios sanitarios, al contrario que se ha hecho en el caso del tráfico, con la instauración del carné por puntos.

Preguntada sobre ello, la ministra de Sanidad lo ha calificado de "anécdota" y ha asegurado que el Ministerio está trabajando para que todos los ciudadanos tengan las mismas prestaciones en cualquier parte del territorio.

En cuanto a su propuesta de modificar el copago para los enfermos crónicos, Sendín ha precisado que habría que identificar las familias que están en esa situación o bien los procesos (enfermedades) para los que deberían establecerse los mismos topes de aportación que existen para los pensionistas. "No hay otra forma de hacerlo. Lo importante es que confirmemos que no hay ningún español que se quede sin tratamiento por falta de recursos", ha señalado Sendín.

En este sentido, Mato ha asegurado que en estos momentos no hay nadie que no tenga acceso a los tratamientos, aunque se ha mostrado dispuesta a "estudiar todas las fórmulas".

En su intervención, Sendín ha mostrado el rechazo de la OMC al cambio de modelo, "de universal por el de asegurado o beneficiario", que ha generado la reforma sanitaria del Gobierno. Y ha puesto de relieve la situación de los inmigrantes irregulares, que "sigue sin resolverse" y ha pedido para este colectivo "atención primaria completa".

Sendín ha incidido en la necesidad de que los partidos políticos y el Gobierno "hagan sus deberes" para alcanzar un Pacto por la Sanidad y ha apelado al "espíritu" del expresidente Adolfo Suárez, que logró un consenso "mucho más difícil que éste".

El representante de los médicos ha alertado de "alternativas", "que unos llaman externalización y otros llamamos privatización", que son "temerarias", porque "los médicos no podemos estar de acuerdo con mercantilizar la enfermedad y el sufrimiento de la gente".

 

La reacción de la FADSP, como debe de ser, no se ha hecho esperar:

 

Ante las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial en una conferencia junto a la Ministra de Sanidad Ana Mato en las que proponía penalizar a los pacientes por el mal uso de los servicios sanitarios (como acudir a los servicios de urgencias de manera innecesaria) la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública quiere comunicar:

 

1.- Que esta medida, además de injusta está destinada a culpabilizar a los ciudadanos enfermos de los problemas económicos de la sanidad pública, como si el mal uso de los recursos sanitarios por la población fuera el responsable de los recortes que el PP esta haciendo en el sistema sanitario público.

 

2.-  Los auténticos culpables de los problemas económicos del sistema público  tienen que ver con los recortes presupuestarios, el uso intensivo e inadecuado de las tecnologías, el derroche en aparataje  tecnológico (estamos a la cabeza de Europa), el enorme gasto farmacéutico que sigue creciendo pese al copago, o la financiación privada de los nuevos hospitales que multiplica por siete sus costes y que luego se regalan a empresas multinacionales y fondos de capital riesgo. En ninguna de estas cuestiones los pacientes tienen responsabilidad alguna.

 

3.- Determinar la ineducación o el uso abusivo de los servicios por los pacientes es en muchos casos difícil de determinar (incuso para los profesionales) y en algunos casos es sencillamente imposible. Esta medida puede condicionar enfrentamientos de los ciudadanos con los trabajadores sanitarios que evaluarían la adecuación y  pondrían en peligro la salud e incluso la vida de los paciente que ante el temor de tener que pagar retrasarán acudir a urgencias o a las consultas para casos cuyo retraso puede poner en riesgo la vida..

 

4.- Tanto la Organización Medica Colegial como el autodenominado Foro de la profesión presididas por el Dr. Sendín no son representativos de los médicos de este país, dada la colegiación obligatoria y  el bajo nivel de participación en las elecciones o la limitación de organizaciones que las integran, que parecen interesadas en dar un apoyo a una ministra absolutamente aislada y rechazada por la mayoría de los sanitarios, muy castigados por los recortes.

 

5.- El que el Gobierno haya aprobado y publicado en el Boletín Oficinal del Estado del pasado día 28 un decreto que destina fondos económicos para el denominado Foro de la Profesión (ver disposición final sexta. Cinco), puede dar algunas pistas sobre estos posicionamientos.  

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

31 de Marzo de 2014

 

Estudio realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hecho público ayer

Asturias se sitúa entre las 5 comunidades con menor grado de privatización sanitaria

Madrid y Cataluña son las que mayor porcentaje de servicios externalizados tienen, según un estudio de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública

29.03.14 - E. C. | MADRID, en El Comercio.

Asturias se sitúa entre las cinco comunidades con menor grado de privatización sanitaria. Así lo refleja un estudio realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hecho público ayer. El informe apunta que Madrid, seguida de Cataluña, son las autonomías en las que la sanidad tiene un mayor grado de privatización, mientras que Extremadura y Castilla-La Mancha, después, presentan el nivel más bajo. El estudio señala que los fenómenos de privatización, «un hecho que viene de antiguo», han tenido una intensidad variable según las comunidades, atendiendo tanto al partido político en el gobierno como a otras circunstancias.

 

No obstante, el proceso «se profundizó y diversificó» a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se acentúo en los últimos años». Para realizar el estudio se han evaluado aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas público-privadas.

 

De acuerdo a estos criterios, se obtuvo un resultado promedio de 15,58 puntos (rango entre 9 y 23), sobre un máximo de 25 puntos posibles. Madrid (con 23 puntos), Cataluña (21), Galicia (19), Baleares (18) y Canarias (18) son las regiones que presentan un alto nivel de privatización. Con un grado intermedio se sitúan Aragón (17), País Vasco (17), Castilla y León (16), Murcia (16), Comunidad Valenciana (16), Navarra (15) y Cantabria (14). En el otro extremo, con un bajo nivel, están Andalucía (12), Asturias (12), La Rioja (12), Castilla-La Mancha (10) y Extremadura (9).

 

 

INFORME LA PRIVATIZACION SANITARIA DE LAS CCAA

 

La privatización sanitaria es un hecho que viene de antiguo. Al poco de aprobarse la Ley General de Sanidad (1986) ya comenzaron a producirse fenómenos que favorecían la privatización sanitaria y cuestionaban el modelo de Sanidad Pública que propugnaba la LGS (Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña 1990, Informe Abril 1991).

 

Los fenómenos de privatización han tenido una intensidad variable según las CCAA atendiendo tanto al grupo político en el gobierno como a otras circunstancias. En cualquier caso el fenómeno privatizador se profundizo y diversifico a partir de la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 y del primer gobierno del PP a nivel central, y se ha acentuado en los últimos años.

 

Como hemos señalado reiteradamente la falta de transparencia informativa es uno de los grandes déficit de nuestro sistema sanitario, de manera que resulta complicado obtener datos concretos de las administraciones sanitarias y mas aún si se pretende que sean homogéneos para todas las CCAA.

 

Con estas limitaciones desde la FADSP hemos analizado, con los datos disponibles el grado de privatización de los servicios sanitarios de las CCAA para establecer la diferencia que puede existir en este aspecto.

 

VARIABLES ANALIZADAS

Se evalúan aspectos de aseguramiento, financiación privada (en seguros sanitarios y gasto de bolsillo), recursos del sector privado y porcentaje de gasto sanitario público dedicado directamente a contratación con los centros privados, así como la existencia de formulas de colaboración público-privadas establecidas en la comunidad autónoma. Como siempre los datos utilizados se encuentran publicados y las fuentes disponibles (Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, IDIS).

 

Las variables analizadas han sido las siguientes:

 

1)   Porcentaje de población cubierta por Mutualidades de Funcionarios

2)   Gasto en seguros privados per capita (€/año)

3)   Gasto sanitario de bolsillo per capita (€/año)

4)   Porcentaje de camas hospitalarias privadas sobre el total

5)   Porcentaje del equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total

6)   Porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados

7)   Presencia de modelos de colaboración público- privada

 

Hay que ser conscientes de que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están infraestimadas por dos motivos, por la presencia del modelo MUFACE que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados, y luego porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etc) con lo que estas partidas no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.

 

Los seis primeros apartados se han puntuado de 1 a 4 según la posición de cada comunidad en los cuartiles de cada variable, considerando el mas bajo el de menor puntuación. La variable 7 se ha puntuado asignando un punto a aquellas CCAA donde existen estos fenómenos y 0 a aquellas en las que están ausentes.

 

RESULTADOS

De acuerdo a estos criterios se han puntuado a todas las CCAA, obteniendo un resultado promedio de 15,58 puntos con una DS de 0,91 (rango entre 9 y 23 puntos), sobre un máximo de 25 puntos posibles.

 

De acuerdo con los percentiles de los resultados obtenidos se clasifican las CCAA en tres grupos: alto grado de privatización (igual o mayor al percentil 75), privatización intermedia (entre percentil 25 y 75) y bajo grado de privatización (igual o menor del percentil 25)

 

CCAA con un elevado grado de privatización:

 

• Madrid 23
• Cataluña 21
• Galicia 19
• Baleares 18
• Canarias 18

 

CCAA con un grado intermedio de privatización:

• Aragón 17
• País Vasco 17
• Castilla y León 16
• Murcia 16
• Valencia 16
• Navarra 15
• Cantabria 14

 

CCAA con bajo grado de privatización:

• Andalucía 12
• Asturias 12
• La Rioja 12
• Castilla la Mancha 10
• Extremadura 9

COMENTARIOS

 

Merece la pena señalar cinco cuestiones:

 

• La primera es que los datos se corresponden de manera fundamental a 2012 y algunos a 2013 por lo que, previsiblemente se habrán modificado a peor en la mayoría de las CCAA (por ejemplo no se evalúa el impacto de los últimos recortes presupuestarios y del RD Ley 16/2012).
•  Por lo tanto reflejan mayoritariamente la situación previa a las últimas elecciones autonómicas y como mucho las transformaciones realizadas en el año y medio siguiente a las mismas.
• Finalmente y como suele ser habitual en los estudios sobre los sistemas sanitarios de las CCAA se objetiva una gran desigualdad entre las mismas (la ratio entre la puntuación máxima y mínima es de 2,55), lo que es una barbaridad y evidencia que en este tema, privatización de los servicios sanitarios hay diferencias excesivas que evidencia una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
• Hay que ser conscientes de que alguno de los datos analizados (gasto de bolsillo en Sanidad) está sobre todo relacionado con la riqueza de las CCAA porque identifica sobre todo el gasto en prestaciones no cubiertas por el SNS (por ejemplo la odontología).
• Como siempre la gran limitación del estudio esta en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias que dificulta enormemente el encontrar datos homogéneos para todas las CCAA y es un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

28 de Marzo de 2014

TABLAS

 

 

CCAA	Mutuas	Seg Priv	GS Bols
Andalucía	5,39	103	323
Aragón	5,66	125	471
Asturias	4,21	78	336
Baleares	3,44	198	295
Canarias	4,68	94	306
Cantabria	4,03	96	404
C y León	6,28	103	375
C la Mancha	4,73	74	325
Cataluña	2,48	180	426
Comunidad Valenciana	3,80	118	360
Extremadura	6,14	78	280
Galicia	5,17	98	454
Madrid	5,78	244	452
Murcia	5,62	81	388
Navarra	3,37	49	375
País Vasco	1,95	161	444
La Rioja	4,59	91	393

 

 

 

CCAA	Camas Privadas	AT privada	GS Conc privados
Andalucía	25,52	26	4,7
Aragón	18,52	22	4
Asturias	25,74	22	7,2
Baleares	30,77	38	8,8
Canarias	34,97	35	10,3
Cantabria	33,36	8	4,5
C y León	25,26	16	5,1
C la Mancha	6,52	11	6,7
Cataluña	56,47	47	24,1
Comunidad Valenciana	18,01	37	6,6
Extremadura	11,29	9	4,3
Galicia	23,71	39	5,6
Madrid	33,17	31	8,5
Murcia	30,94	13	7,2
Navarra	40,75	24	7,6
País Vasco	30,25	31	7
La Rioja	13,12	7	7,3

 

Que no había ninguna evidencia, y más que se pudiera calificar de mínimamente científica, que concluyera que la colaboración público-privada en Sanidad es mejor ¡¡ya lo sabíamos y no nos hartaremos nunca de repetirlo!!

COLABORACION PUBLICO-PRIVADA EN SANIDAD: LA COMISION EUROPEA CONSIDERA QUE NO HAY DATOS QUE EVIDENCIEN SU CONVENIENCIA… (VARAPALO A LOS DEFENSORES DE DICHO MODELO)

La Comisión pone en duda la eficiencia de la colaboración público-privada

Critica la falta de flexibilidad del modelo debido a la duración de los contratos

Foto.- Nuestra actual ministra, uno de los adalid del modelo NO recomendado por la Comisión Europea.

 

Carlos Cristóbal, Madrid, en Redacción Médica.

 

La Comisión Europea (CE) ha emitido una opinión no del todo favorable respecto a la utilización de sistemas de colaboración público-privada en la prestación de la asistencia sanitaria de los países miembros. Desde el organismo continental se apunta a la falta de evidencia de su mayor eficiencia, un aspecto que considera prioritario antes de recomendar su aplicación.

 

En el informe, realizado por un grupo de expertos entre los que se encuentra el exconsejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha y exsecretario general de Sanidad en el Ministerio de Sanidad, Fernando Lamata, se incide en el papel protagonista que los estados deben adquirir en la aplicación de estos modelos. “Sería difícil cerrar un hospital público de gestión privada”, asegura el texto alegando que “en caso de fallo del proveedor privado, la Administración Pública asumiría la responsabilidad”. Asimismo, el texto incide en que “no se elimina la restricción fiscal del presupuesto público, porque tendrá que pagar”.

 

Entre sus conclusiones, los expertos hace referencia a aspectos como la incidencia de la crisis en el descenso de proyectos público-privados, así como el riesgo fiscal que suponen los grandes proyectos, debido principalmente a su duración. Pero es la falta de evidencias lo que supone el principal ‘pero’ a su aplicación. “No hay una metodología convincente para revisar los impactos económicos y clínicos”, afirman antes de calificar como “pobres, inconsistentes y no estandarizados” los datos actuales.

 

El texto, que señala a Alzira entre los proyectos de colaboración público-privada más destacados del continente, centra sus críticas en el modelo de concesiones. Sobre ellas critica especialmente su “excesiva” longitud, lo cual las convierte en “más rígidas que las formas de asociación privada tradicionales”. “No hay evidencia de su mayor eficiencia; al contrario, hay informes que indican que la medida podría resultar más costosa a largo plazo”, añade.

 

A pesar de no sentirse capaz de confirmar ‘las bondades’ de la colaboración público-privada, la comisión también se refiere a los aspectos positivos de la provisión privada, principalmente centrados en la flexibilidad. “Puede adaptarse con más facilidad a los cambios estructurales”, reza el documento, que en el caso español alaba el modelo de mutualismo administrativo: “Al renovarse anualmente, resulta más flexible”.

 

Recomendaciones

Así las cosas, las recomendaciones pasan por una mejora en los sistemas de evaluación para que se reúnan, analicen  y publiquen los datos tanto de los centros públicos como de las iniciativas público-privada de una forma estandarizada, a fin de poder hacer una comparación objetiva de sus niveles de eficiencia. Además, piden que las partidas destinadas a estos proyectos se incluyan en el balance público de las cuentas; y que todos los procesos sean el resultado de un marco de negociación en la que también participen los médicos.

 

VER el informe de la Comisión Europea sobre colaboración público-privada (en inglés)

Ilegalidad que, al parecer, carece de consecuencias porque en el PP hacen la vista gorda ¡¡muy gorda!!

Médicos y ONG coinciden: cobrar a un inmigrante en urgencias "es una ilegalidad total"

El caso de Óscar Benítez, el inmigrante al que cobraron 390 euros para atenderle en urgencias, reaviva la polémica por la exclusión de los “sin papeles” de la sanidad pública

El decreto del Ministerio de Sanidad que excluye a este colectivo de la atención médica ordinaria se traduce en una multitud de órdenes e instrucciones, por lo que los extranjeros acaban por no acudir a los médicos

La Consejería de Sanidad de Madrid se remite a la versión de la empresa y no pedirá explicaciones a la gestora de este centro público

 

Raúl Rejón, en eldiario.es

 

"Es una ilegalidad total". Así han analizado distintos profesionales de la sanidad el caso de Óscar Benítez, el inmigrante sin papeles al que se le exigió una fianza en efectivo para ser atendido en urgencias de la Fundación Jiménez Díaz –un hospital de la red pública madrileña gestionado por la empresa IDCSalud–. La gestora ha insistido en que se trató de un error, a pesar de que ocurrió en dos ocasiones diferentes.

 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha declinado referirse al caso y se ha remitido a las explicaciones de IDCSalud. No ha aclarado si pedirá algún tipo de explicaciones a la empresa que gestiona el centro ni ha especificado qué mecanismos de control tiene en marcha para evitar situaciones de abuso (o confusión, de acuerdo con la versión de la empresa) en la sanidad pública.

 

El entramado burocrático y administrativo en el que ha desembocado el decreto 16/2012 del Ministerio de Sanidad que excluyó a los inmigrantes irregulares de la sanidad ordinaria ha ocasionado casos en los que se cobra a los simpapeles en efectivo para pasar a la consulta de urgencias, se les rechace porque no se considera que su cuadro médico sea urgente o se les conmine a pagar más adelante los gastos de la atención.

 

Rafael Sotoca, médico de Atención Primaria en Valencia y presidente de Médicos del Mundo, relata a eldiario.es que el pago, y en efectivo, "es más raro de ver, pero sí está siendo muy habitual pedir a los pacientes de estas características que firmen una obligación de pago", que se convertirá en una factura en toda regla.

 

Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública –y que ejerce en el hospital pediátrico Niño Jesús de Madrid–, comparte este análisis: "No hay demasiados casos en los que se cobre en el mismo hospital, pero lo que sí tenemos comprobado es que se les presenta una factura especificando los gastos en los que se ha incurrido y con el plazo de abono". Uno de estos compromisos de pago es el documento que presentó en su cuenta de Twitter Noelia Martínez para ilustrar un caso parecido en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

 

En Yo sí, sanidad universal, la plataforma de ayuda y acompañamiento de inmigrantes para lograr su atención sanitaria, aclaran que no se puede exigir a los extranjeros sin papeles que firmen ese compromiso. "Deben atenderlos de forma gratuita", explican. También recomiendan, a quienes ya los hayan firmado, recurrirlos para que no figuren como facturas impagadas.

 

El portavoz de Médicos del Mundo señala las consecuencias de estas prácticas: "Si la factura no se paga, el Estado actúa como con otro ciudadano que tenga una deuda pública, como son las multas. Se activan los métodos de cobro como el embargo de cuentas. Se impide que se acceda a un crédito. Y si el inmigrante encuentra un trabajo, su nómina pasa a estar embargada. Se les obliga a ser ciudadanos en B", resume.

 

El mensaje es "no vayas al médico"

Sotoca se atreve a explicar que "hay montones de estos casos y distribuidos por toda la geografía y las comunidades autónomas". ¿Por qué? En su opinión, "hay una desorganización total en las administraciones, lo que ha creado una inseguridad jurídica muy grande". A su juicio, la situación provoca "incertidumbre, que se traduce directamente en miedo y de ahí se pasa al 'no voy al médico". El mensaje es "no acudas a la sanidad. Y que los problemas sólo han comenzado al llegar al hospital".

 

Los sistemas sanitarios autonómicos han ido actuando según les ha ido llegando el problema. Porque no es lo mismo una comunidad como Cantabria, con poca población inmigrante, o Asturias, "donde han sido permisivos" –reflexionan en Médicos del Mundo–, o Canarias, que diseñó un sistema de acceso a la sanidad para inmigrantes irregulares que se ha demostrado tan complejo que "sólo 42 personas han podido beneficiarse", dice Sotoca.

 

Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, recuerda que el acceso a la sanidad de urgencias "es un tema de derechos humanos. La sanidad universal era algo que teníamos bien controlado en España y ahora ya no". Y recuerda que existe una red "para romper esa cadena del miedo en los inmigrantes" mediante grupos de acompañamiento –por el que Óscar Benítez consiguió incluso que le devolvieran el dinero que le habían cobrado ilegalmente–. 

 

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