CONTRARREFORMA NO

Una agenda social para aplaudir

Asturias dará cobertura sanitaria a los parados que salgan al extranjero

El Gobierno regional pondrá en marcha "en unas semanas" una mesa contra la exclusión social y la pobreza

 

13.02.2014, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

 

Asturias dará asistencia sanitaria a los parados que salgan al extranjero y que hayan agotado las prestaciones por desempleo, más allá del tope de 90 días fijado en los Presupuestos Generales del Estado. La medida está incluida en la Agenda Social Asturiana, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, un documento que pretende blindar los servicios públicos y atajar las situaciones de riesgo de exclusión social, según avanzó la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz.

 

El gobierno regional puso la Agenda Social Asturiana como un ejemplo de que el Principado "apuesta por una vía diametralmente diferente a la de recortes del gobierno central". La atención sanitaria a todos los residentes en Asturias, ya sea para parados que han agotado las prestaciones por desempleo más allá de los 90 días marcados por el ejecutivo de Rajoy y que salen al extranjero o para los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, es uno de los compromisos contraídos en ese documento. La no aplicación del copago de medicamentos hospitalarios, la devolución de oficio de una parte del copago a los pensionistas y la garantía de asistencia sanitaria a los emigrantes retornados son otras de las medidas incorporadas por el ejecutivo regional en la citada Agenda Social, en la que también hay compromisos en el ámbito de la educación y de la potenciación de los servicios sociales contra la exclusión social. La consejera anunció la puesta en marcha, en cuestión de semanas, de una mesa contra la exclusión social y la pobreza en la que tendrán participación los colectivos que trabajan en ese ámbito.

 

El ejecutivo asturiano había anunciado la puesta en marcha de este documento antes de la negociación del presupuesto regional de 2014, en lo que pretendía ser un guiño a IU para buscar su apoyo en la aprobación de las cuentas. Finalmente, la coalición votó en contra de los presupuestos para este ejercicio pero la consejería de Bienestar siguió adelante con los trabajos de la Agenda. La consejera, Esther Díaz, manifestó ayer su intención de solicitar una comparecencia ante el parlamento autonómico para someter ese documento al debate con los cinco grupos políticos de la Junta General.

 

La Agenda Social 

El documento recoge los siguientes compromisos:

 

-En Sanidad, derecho a la asistencia a quienes salgan al extranjero y hayan agotado las prestaciones por desempleo. Asistencia a los inmigrantes irregulares y a los emigrantes retornados.

 

-En Educación, preservación de la ratios alumno/profesor y ayudas a la movilidad Erasmus.

 

-En Servicios Sociales, creación de la Mesa de lucha contra la exclusión y la pobreza.

 

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Para que pueda ser posible el Pacto por la Sanidad que ha brindado la ministra, los socialistas exigen "recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud"

El PSOE califica de "nuevo fracaso político" el copago hospitalario

Madrid, EFE.

El PSOE ha calificado hoy de "nuevo fracaso político" el intento de imponer el copago hospitalario y ha pedido a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que lo retire y "recupere la universalidad" del Sistema Nacional de Salud.

 

La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha reclamado a la ministra que retire también "el resto de los recortes y copagos" porque "solo añaden sufrimiento a personas que ya lo están pasando muy mal", según un comunicado de prensa de este partido.

 

Jiménez ha hecho estas consideraciones durante la reunión del Consejo Federal de Sanidad del partido, reunido en la sede federal de los socialistas para analizar la actualidad sanitaria, con la presencia del consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, y del viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso.

 

"A día de hoy, prácticamente ninguna Comunidad Autónoma ha puesto en marcha el copago hospitalario", ha señalado Jiménez, y se ha incumplido la fecha límite dada por el Ministerio de Sanidad para su entrada en vigor.

 

En su opinión, "la ministra Mato vuelve a quedar en evidencia en su errática política sanitaria y se ha visto desautorizada hasta por la secretaria general de su propio partido", María Dolores de Cospedal, quien "anunció que no lo va a cobrar a los pacientes en su comunidad".

 

Jiménez ha criticado que el Ministerio no haya evaluado el coste de poner en marcha el sistema de cobro, "posiblemente mayor de lo que se espera recaudar" ni el impacto en la salud a los pacientes.

 

También se ha referido a la oposición generalizada a esta medida de las Comunidades Autónomas, organizaciones profesionales, pacientes y partidos políticos.

 

"Es imprescindible que la ministra reconozca su error y rectifique retirando este nuevo copago injusto e innecesario", como le ha pedido el Grupo Parlamentario Socialista en una Proposición de Ley que plantea suprimir éste y el resto de nuevos copagos del ordenamiento jurídico español.

 

Jiménez, añade el comunicado, se ha referido a la oferta de Pacto por la Sanidad que ha hecho la ministra, señalando que "para que pueda ser posible", los socialistas exigen "recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud".

 

En este sentido, ha pedido al PP que reflexione sobre cómo están gobernando "sin consenso político, ni ciudadano, ni de los profesionales". "Sus mayorías absolutas se están convirtiendo en soledades absolutas", ha resumido.

 

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Para 2013 destina 1,1 millones de euros, un 10% más que en 2012 pero un 71,5% menos que en 2011

Sanidad financia un 28% menos de programas de prevención del sida

"Reciben subvenciones programas que antes se cubrían de otra forma", denuncian los solicitantes, que señalan la desaparición por falta de fondos de varias iniciativas

La inversión total del Ministerio apenas supera la de la Generalitat de Catalunya

David Noriega, en eldiario.es

 

Parece que sube, pero es sólo un espejismo entre recortes. Las subvenciones que Sanidad destinará a programas de prevención y control del VIH y el sida para el año 2013 se publicaron el pasado miércoles. Son 1.100.000 euros. Una cifra que, a pesar de representar un aumento del 10% respecto a 2012, queda muy lejos aún de los casi 3,9 millones de euros invertidos en 2011, justo antes de que los populares llegasen a La Moncloa y Ana Mato se hiciese con la cartera de la entonces ministra Leire Pajín.

Las subvenciones se destinan a programas –77 en 2010 y 2011, 43 en 2012, y 31 en 2013– que desarrollan diferentes entidades. Entre los que más reciben están Médicos del Mundo, con tres subvenciones para tres proyectos que suman 205.000 euros; la Coordinadora Estatal de VIH/Sida (CESIDA), con 150.000 para 5 proyectos; la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), con 114.000 para 4; y Cruz Roja, con 98.500 euros para dos proyectos.

Pese a los 100.000 euros más de este último ejercicio, las entidades advierten que el ministerio de Mato está, en realidad, ahorrando en prevención. "En este contexto de recortes, están concurriendo a las subvenciones nuevos programas que antes se cubrían de otra forma", avisa Alberto Martín-Pérez, técnico de salud de la FELGTB. Es decir, más entidades optan ahora a menos subvenciones que en 2011 cuando, con casi 4 millones de euros, las ayudas ya eran "muy justitas".

Por ejemplo, la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida tenía firmado un convenio con el Ministerio del Interior para llevar a cabo acciones de prevención entre la población reclusa. Según explica Martín-Pérez, esa secretaría "ya no existe", por lo que ahora las entidades que realizaban ese trabajo "se presentan a esta convocatoria".

Algo similar ocurre con el Consejo de la Juventud de España. El Gobierno ha optado por suprimir este órgano de representación juvenil, pero los obstáculos que ha ido interponiendo en su camino no son nuevos. Como indican desde el propio Consejo, en 2010 se firmó un convenio bianual para la prevención del VIH entre los jóvenes. Ese año recibieron 84.000 euros y en 2011 otros 175.600 euros. En 2012 y 2013, nada. Con esta situación, "no se realizó ninguna campaña de difusión".

Desde las ONG denuncian también la reducción del presupuesto que desde el Estado se destinaba a las comunidades autónomas. "Decían que son las comunidades quienes tienen que asumir el coste", apunta Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo. Sin embargo, el resultado fue que las ayudas autonómicas se vieron mermadas y muchas de las entidades que antes concurrían a esas subvenciones optaron por acudir a las estatales.

 

Cataluña invierte casi lo mismo que el Estado

No obstante, el monto de las subvenciones varía entre comunidades. Andalucía y País Vasco destinarán para 2013 cerca de 300.000 euros, mientras que Catalunya reparte ayudas por valor de 1.047.247 euros. Casi el total de lo que invierte Sanidad.

Las consecuencias de estas políticas se dejan notar, sobre todo, entre las ONG más pequeñas que se encargan de ámbitos concretos. Es el caso de Apoyo Positivo. Como explica Garrido, esta entidad cuenta con el "único proyecto para luchar contra la discriminación en el entorno laboral de personas con VIH y sida".

En 2011 recibieron 25.000 euros, gracias a los cuales pudieron elaborar guías y organizar talleres y cursos con sindicatos y organizaciones empresariales para la formación de enlaces que trabajasen en las empresas contra este tipo de discriminación. En 2012 Sanidad no les concedió la subvención y en 2013, a pesar de concurrir con otra organización, tampoco, lamenta Garrido.

 

Cancelar proyectos

Y la situación se agrava para estas entidades si se tiene en cuenta que la concesión de estas ayudas se da a conocer cuando la mayor parte del proyecto ya está en marcha. Las de 2010 se conocieron en diciembre de ese año; las de 2011, en septiembre; y las de 2012 y 2013, en enero del siguiente. "Es un problema, porque estás jugando con dinero a posteriori", indica el director de Apoyo Positivo, que en 2012 se vio obligado a "limitar las actividades y tirar de fondos propios" al no contar con ayuda estatal.

Todo ello ha obligado a algunas organizaciones a cancelar sus proyectos. "Mucho trabajo de base se ha perdido", confiesa Garrido, cuya ONG ha tenido que poner fin a sus talleres de formación.

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Recuperar el empleo destruido y rescatar lo ya privatizado son sus principales retos

La marea blanca no se conforma con una victoria

Tras poner fin al proceso privatizador de la sanidad madrileña, profesionales y pacientes todavía tienen frentes abiertos.

Foto.- Manifestación, en Madrid, de una de las múltiples mareas blancas del pasado año.

ANNA FLOTATS / PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.

Después de más de un año pidiendo a golpe de manifestación que la sanidad siga siendo pública, la marea blanca ganó esta semana pasada su mayor batalla. La justicia obligó al Gobierno de la Comunidad de Madrid a detener su plan privatizador y, horas después, dimitió el principal artífice del proyecto, el consejero Javier Fernández-Lasquetty. Esos eran sus principales objetivos desde que, a finales de 2012, el Gobierno de la comunidad puso las cartas sobre la mesa y anunció su intención de privatizar la Atención Primaria y seis hospitales dentro del llamado Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

 

Lejos, aunque no olvidados, quedan también los combates perdidos, como la destrucción de más de 2.000 puestos de trabajo por el cierre de dos centros de Salud Mental de Madrid capital, el cierre del Instituto de Cardiología, la "externalización" de los servicios de limpieza y lavandería, la privatización de la parte no sanitaria del hospital Puerta del Hierro y las jubilaciones forzosas de trabajadores de distintas categoría.

 

Sin embargo, el famoso "Sí se puede" cobró fuerza el pasado martes. La incansable marea blanca -que no ha perdonado ni una de sus protestas los terceros domingos de cada mes- salió a la calle para celebrarlo, pero celebraron la victoria con prudencia: "Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. La sanidad madrileña seguirá luchando contra los recortes". La marea blanca no se contenta con la suspensión cautelar del plan de González ni se tranquiliza con la dimisión de Lasquetty, por lo que, para empezar, el próximo 16 de febrero volverán a la calle a protestar, convocados por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública.

 

"Está bien celebrar la victoria y habrá que repensar las movilizaciones, pero no podemos bajar la guardia porque el Gobierno no ha cambiado de intenciones y quiere seguir privatizando la sanidad", advierte Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública (Fasdp). La marea blanca, por tanto, no se olvida de que tiene aún muchos frentes abiertos. 

 

El rescate de lo ya privatizado

Aunque González haya dado marcha atrás en la "externalización" de seis hospitales, aún quedan en la comunidad numerosos centros que mantienen concesiones con la Consejería de Sanidad. Este es el caso del Laboratorio Central —adjudicado a Ribera Salud—, el call center que se ocupa de las citaciones de pacientes —adjudicado a Indra—, o los servicios de lavandería y limpieza, dos de las 27 categorías que la Consejería de Lasquetty pretendía extinguir y cuyos servicios ya están adjudicados a empresas de servicios. 

 

En las concesiones se engloban también los hospitales PFI (modelo iniciativa de gestión privada), que fueron construidos por empresas privadas a las que el ente público todavía debe pagar un canon anual millonario hasta el año 2037. Los hospitales de Arganda, Aranjuez, Coslada, Parla, Vallecas y San Sebastián de los Reyes, que ya han visto resarcida su deuda —según Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid)—, seguirán obteniendo beneficios durante años.

 

Lo mismo ocurre, según CAS-Madrid, con los hospitales PPP (100% privados), que reciben una cantidad anual por cada habitante de su zona y una extra si un paciente de otro lugar acaba siendo derivado a sus instalaciones. A este grupo pertenecen los centros de Valdemoro, Torrejón y Móstoles que, según Gómez, "gozan de buena salud porque están haciendo dinero a espuertas". Lo mismo opina de la Fundación Jiménez Díaz y los ambulatorios de Quintana y Pontones, todos pertenecientes a IDC-Salud (antigua Capio). "Un Gobierno que tuviera lo que hay que tener los rescataría y volvería a hacerlos públicos", opina el portavoz de la coordinadora.

 

El fin de las derivaciones a centros privados

La marea blanca lleva tiempo denunciando que la consejería de Sanidad que ahora dirige Javier Rodríguez presiona para que los pacientes de la sanidad pública sean operados en clínicas privadas. Los llamados call centers se ponen en contacto con los pacientes cuando están pendientes de alguna prueba o cirugía y, alegando una larga espera en la sanidad pública que a veces falsa, les dan citas rápidas en la privada.

 

"Este mecanismo es una privatización encubierta intolerable que despoja la sanidad pública de pacientes en favor de la privada", denuncia Luis Fernández, vicepresidente de PATU-Salud. La Fasdp matiza que suelen llamar especialmente a pacientes "rentables". Esto es "un usuario joven o una persona mayor pero siempre y cuando padezca una sola patología". De hecho, CAS Madrid elaboró una guía para evitar tales engaños y PATU Salud también ha puesto en marcha una campaña en este sentido.

 

Fuentes de la Consejería de Sanidad alegaron que los trasvases de pacientes se realizan "para cumplir con el compromiso de los 30 días de lista de espera". Pero lo cierto es que, lejos de conseguirlo, éstas "no han dejado de aumentar y siguen desbordándose", denuncia Gómez, portavoz de CAS-Madrid. En este sentido, esta organización —que recuerda que nació mucho antes de la marea blanca actual— está preparando una campaña con propuestas para reactivar la actividad de los hospitales por las tardes.

 

La derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y de la Ley 15/97

La ministra de Sanidad, Ana Mato, anuló a principios de año los copagos en ambulancia, prótesis y dietoterápicos -productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos- previstos en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, pero en septiembre del año pasado, estableció un nuevo copago que no estaba contemplado en el real decreto y que afectaba a los fármacos que se dispensan en los hospitales. Entró en vigor en octubre de 2013, pero ninguna comunidad lo ha puesto en marcha.

 

Además de por los copagos, el real decreto 16/2012 también es conocido por ser el real decreto de la exclusión sanitaria porque limita el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular. Juan Luis Ruiz-Giménez, de Yo Sí Sanidad Universal denuncia que "el número de personas excluidas del derecho a la atención sanitaria ya se acerca al millón y hay dos muertes reconocidas directamente relacionadas con esta normativa" y reivindica el derecho universal a la atención sanitaria. Además, el Consejo de Europa reprochó el pasado miércoles a España que haya dejado de prestar la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular porque tal hecho contradice al artículo 11 y 13 de la Carta Social Europea.

 

Pero el germen de las privatizaciones es, como siempre recuerdan desde CAS-Madrid, la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que fue la que permitió y permite que "la gestión de los servicios sanitarios" se pueda llevar a cabo "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas". Por ello, una de sus luchas permanentes es y seguirá siendo la derogación de tal normativa que en su día fue apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción de IU y BNG.

 

Luchar contra la privatización de las donaciones de sangre

Antes de que acabara 2013, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo con Cruz Roja para privatizar la donación de sangre. Hasta ahora, tanto Cruz Roja como el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid extraían sangre (en la calle y en sus propios centros), la procesaban, la almacenaban y la distribuían a los hospitales. Con el nuevo convenio, la ONG se encargará exclusivamente de la extracción de sangre en los autobuses y el centro de transfusión asumirá el resto del proceso, además de la extracción que ya practicaba en sus instalaciones. El Gobierno regional pretende conseguir 219.000 unidades de sangre en 2014, de las que 74.000 procederán de las extracciones de Cruz Roja (el 33% del total). La comunidad pagará por ello a Cruz Roja 9.300.000 millones de euros, por lo que Luis Fernández, de PATU Salud, advierte del "riesgo en la calidad asistencial" que puede suponer este cambio.

 

Los trabajadores del centro público llevan semanas protestando por lo que consideran "el inicio de la privatización" de la gestión de la sangre. Han denunciado que la Comunidad de Madrid especule con un acto, la donación, basado en "el altruismo y la solidaridad", unas acusaciones a las Lasquetty ha respondido presentando a Cruz Roja como ejemplo de "excelencia de solidaridad, entrega, buen trabajo y ausencia de ánimo de lucro".

 

Recuperar los empleos destruidos

Desde que Lasquetty puso en marcha el Plan de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público hace un año, se han destruido más de 3.300 puestos de trabajo públicos, según el tercer informe del Observatorio Madrileño de Salud, formado por 34 entidades, entre las que se encuentran 19 ayuntamientos, dos sindicatos, tres asociaciones profesionales y 10 entidades sociales. Ése es también, según Marciano Sánchez Bayle, otro de los retos de la marea blanca. "El presupuesto sanitario en la Comunidad de Madrid se ha recortado un 1,7% y este año se prevé que haya 7.500 profesionales menos que en 2009", afirma.

 

Desde CAS-Madrid incluso se atreven a elevar la cifra de empleos perdidos en los últimos años. "Es difícil cuantificarla, pero podrían ser más de 5.000", estima Gómez. "Es verdad que hay sitios donde sobre gente y sitios en los que falta; había que hacer una reestructuración, pero no así", lamenta. Por ello, una de las medidas que lanzarán en su campaña de febrero será la de pedir que los médicos de los hospitales vuelvan a trabajar por las tardes con dos objetivos: el incremento de las plantillas y la reducción de listas de espera. "Así no habría camas vacías ni plantas cerradas mientras las operaciones se derivan a la privada", aventura el portavoz de la coordinadora.

 

Mejorar la gestión de la sanidad

Para Afem, la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid que interpuso uno de los recursos de la victoria contra la privatización, la nueva situación significa ahora una "vuelta al kilómetro 0". "Queda todo por hacer; la privatización sólo era un obstáculo más para llegar a lo importante: gestionar mejor la sanidad", explica su portavoz, Fátima Brañas.

 

Para Afem, el reto ahora es "despolitizar la sanidad, que se gestione pensando en el paciente y no en rentabilidades electoralistas" y para ello, dice Brañas, se necesita dar "autonomía y responsabilidad a los profesionales". "Si se le preguntara a cada médico, a cada núcleo de cada área lo que se puede hacer para mejorar la gestión de la sanidad, sin poner una cifra de ahorro sino primando el mantenimiento de la calidad del servicio, así, sumando poquitos, lo conseguiríamos", asegura la portavoz de la plataforma.

 

Ante el anuncio del nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Rodríguez, de querer recuperar las "maltrechas relaciones" con los médicos, Brañas se muestra escéptica, pero dispuesta a colaborar. "Resulta difícil creer que una persona que ha defendido el plan privatizador pueda cambiar de pronto su forma de pensar. Tal vez el cargo le haga ser consciente de que no se puede dar acabar con un problema sin contar con los agentes que pueden ser causa y solución del mismo", concluye.

 

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¿Seguirá este gobierno con su violación de Derechos Humanos?... no hace falta ser muy perspicaces para adivinar la respuesta.

Las ONG exigen al Gobierno que restablezca el derecho a la sanidad a inmigrantes

Red Acoge, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y CESR exigen al Gobierno que restablezca el derecho a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular y de cumplimiento así a sus obligaciones internacionales.

nuevatribuna.es

Red Acoge, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y CESR exigen al Gobierno que restablezca el derecho a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular y de cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, después de que el Consejo de Europa advirtiese al Ejecutivo español de que la exclusión de este colectivo contraviene la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud.

 

Esta medida, adoptada en el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario aprobado en abril de 2012, dejó fuera de la atención primaria a todos los extranjeros mayores de 18 años sin permiso administrativo para residir en España, exceptuando a las mujeres embarazadas. Para el Consejo de Europa, se trata de una medida "regresiva" que implica una reducción de los derechos reconocidos por la convención firmada por España.

 

"El Gobierno de España viene ignorando de manera reiterada las directivas y recomendaciones de los mecanismos internacionales. Desde que se aprobó la reforma sanitaria han sido varios los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que han subrayado que ésta contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos y han solicitado a España la modificación", explican las ONG.

 

Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y el Comisionado Europeo de Derechos Humanos se han dirigido a España en este sentido desde que se reformó la legislación, igual que ahora lo ha hecho el Comité que supervisa la Carta Europea de Derechos Sociales que sustenta el Consejo de Europa.

 

Por eso, instan al Gobierno a modificar las leyes que contravienen la Carta Social Europea en materia de derecho a la salud y a "poner fin al retroceso de los derechos sociales de todas las personas que viven en el territorio español con independencia de su situación administrativa y sin discriminación alguna".

 

Asimismo, solicitan a todas las autoridades nacionales encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas de derecho internacional y europeo a las que se ha comprometido España en materia de derechos sociales a realizar "una labor más eficaz en el escrutinio de las políticas y medidas adoptadas por el Estado".

 

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“Marca España” ¿marca que lleva implícita la vulneración de Derechos Humanos?... ¡¡vergüenza de marca!!

El Consejo de Europa critica a España por no dar asistencia sanitaria a los "sin papeles"

La institución califica de "regresiva" la medida, que aprobó el Gobierno en 2012

30.01.2014, Madrid, La Nueva España.

El Consejo de Europa calificó ayer de "contraria a su convención" y de "regresiva" la negativa de acceso a la asistencia sanitaria para inmigrantes en situación irregular en España. La medida había sido aprobada, mediante un real decreto, por el gobierno en abril de 2012 y afectaba a los "sin papeles" mayores de 18 años.

La institución europea recuerda en su informe que los estados firmantes de la carta del Consejo de Europa, entre ellos España, se comprometieron a esa garantía asistencial mediante convenios o a través de las legislaciones nacionales, a la vez que rechaza sin matices la justificación que da el Ejecutivo español de que fue la crisis económica la que hizo necesario llevar a cabo esta medida, puesto que considera que esta coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos reconocidos por la convención.

El Consejo de Europa señala que en el actual contexto de crisis, los gobiernos deben velar por reducir el impacto de las dificultades económicas y sociales en los grupos más vulnerables.

Son Derechos Humanos que vulneramos… (¡¡vulneran los que nos gobiernan a nivel central!!)

Europa ve ilegal negar la sanidad a los sin papeles

El Consejo de Europa considera contrario a su convención el decreto aprobado por el Gobierno del Rajoy

30.01.2014, EP / Madrid.

El Consejo de Europa considera contrario a su convención el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado por el Gobierno en abril de 2012, por el que se deniega el acceso a asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España mayores de 18 años.

En este sentido, recuerda que los estados firmantes de la carta del Consejo de Europa se han comprometido a garantizar a los extranjeros pertenecientes a países fuera del Consejo de Europa los derechos recogidos en la carta, o bien ratificando convenios sobre derechos humanos, en particular la Convención Europea de Derechos Humanos, o bien adoptando la legislación nacional.

Además, rechaza en su informe, fechado en enero de 2014 y correspondiente al cumplimiento de los derechos sociales por parte de los estados firmantes, la justificación que da el Ejecutivo Español de que la crisis económica hace necesario para llevar a cabo esta medida, puesto que considera que esta coyuntura no debería suponer una reducción de los derechos reconocidos por la convención.

Igualmente, añade que, incluso teniendo en cuenta el particular contexto generado por la crisis económica, los gobiernos deben llevar a cabo un nivel mínimo de investigación y análisis, con discusiones y consultas a las organizaciones afectadas, sobre los efectos de las medidas, cuyo impacto en los grupos más vulnerables debería estar adecuadamente determinado.

"En cualquier caso, y dada la complejidad de las medidas para reorganizar el sistema de salud, la crisis económica no puede servir como pretexto para restringir o denegar el acceso al sistema sanitario que afecta de una manera muy sustancial a estos derechos", añade.

Pese a la "regresiva legislación" desarrollada en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país, el Consejo de Europa no puede concluir en un incumplimiento por parte de España porque el informe analiza el periodo 2008-2011 (el decreto corresponde a abril de 2012). Sin embargo, advierte de que si se mantiene esta legislación, en el próximo informe no se podrá considerar que es conforme a las normas del Consejo de Europa ratificadas por España.

El Consejo de Europa es una organización internacional en la que tienen representación 47 países del continente. Se reúne en Asamblea General cuatro veces al año y puede emitir recomendaciones, que van dirigidas al Estado miembro y llegan a acarrear incluso medidas de seguimiento; resoluciones, que muestran el posicionamiento del organismo sobre una cuestión; o declaraciones.

COMUNICADO DE LA FADSP AL RESPECTO:

Ante la reconvención del Consejo de Europa por la exclusión de los inmigrantes no regularizados

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la reconvención del Consejo de Europa a España por su política de exclusión de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados, quiere recordar que desde la FADSP ya habíamos señalado que este aspecto del RD Ley 16/2012 era claramente contrario a la convención de Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por España.

Resulta penoso ver como España que antes era un ejemplo en cuanto a política sanitaria, gracias al PP y a la Sra Mato, se haya convertido en el centro de las críticas de los organismos internacionales (OCDE, FMI, UE) que han mostrado reiteradamente su preocupación por los continuos recortes y exclusiones en la Sanidad Pública, una buena manera de promocionar la "marca España".

Entendemos que el gobierno y el Ministerio de Sanidad debieran de rectificar de manera inmediata en esta política inhumana.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

29 de enero de 2014

Rubalcaba: "La reprimenda nos avergüenza a todos"

Pide al Gobierno que retire la medida de excluir a los inmigrantes ilegales de la atención sanitaria tras el informe del Consejo de Europa

29.01.2014, EFE / Madrid.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vuelto a pedir este miércoles al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que retire la medida de excluir a los inmigrantes ilegales de la atención sanitaria, tras la "reprimenda" del Consejo de Europa.

"Reprimendas como la del Consejo de Europa nos avergüenzan a todos y, una vez más, le digo que retire esa medida indigna", dice Rubalcaba en su página de Facebook en alusión al informe del Comité Europeo de Derechos Sociales en el que se señala que España incumple diversos artículos de la Carta Social Europea y advierte del retroceso en materia de derechos sociales en el Estado español.

Cita el informe la exclusión de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, el tratamiento de extranjeros en los centros de internamiento o la existencia de un contrato de emprendedores con un periodo de prueba de un año ya considerado nulo por un juzgado de Barcelona, entre otros temas.

Pérez Rubalcaba considera que con ese informe el Consejo de Europa "da la razón" a quienes han rechazado desde el principio "la medida cruel e ilegal de negar el derecho a la salud a los inmigrantes, como hace el Gobierno de Rajoy".

También recuerda que "entre todos, y gracias a los profesionales de la salud que han dado un ejemplo de coherencia ética", se ha conseguido que estos inmigrantes reciban atención, "abiertamente en las comunidades autónomas que tienen gobiernos socialistas, y por la puerta de atrás en las del PP".

"A Rajoy, que tanto habla de la Marca España, le digo que la sociedad de este país es mucho mejor que la imagen que da un Gobierno que castiga a los más desprotegidos", subraya, antes de exigirle de nuevo que retire esa medida.

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El triunfo de la marea blanca madrileña es importantísimo, pero la lucha continua hay que “blindar” todo nuestro SNS, sólo así podremos dormir tranquilos.

"La dimisión de Lasquetty es un cortafuegos de un error político", afirma el Principado

Foto.- Celebración de trabajadores y usuarios ayer en el Hospital de La Princesa.

29.01.2014, Oviedo / Madrid, P. Á. / Agencias, en La Nueva España.

La dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, "es un cortafuegos de un error político en el que no se calcularon bien los efectos de una decisión". Éste es el análisis que el titular de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, efectuó ayer del intento fallido del Gobierno madrileño de privatizar la gestión de seis hospitales públicos.

 

A juicio de Blanco, dada la proximidad de las elecciones europeas y de las autonómicas, al Ejecutivo que preside Ignacio González "le venía mal" continuar impulsando la externalización, un cambio paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto. "Lasquetty, con quien tengo una buena relación y al que respeto, ha intentado llevar adelante su modelo, pero en realidad estamos ante un compromiso del Gobierno madrileño", argumentó Blanco, quien agregó: "El modelo que plantea el PP no muestra una gran eficiencia, y además es difícil desarrollarlo a partir del "Boletín Oficial del Estado" (BOE) porque requiere que la organización esté preparada para asumirlo".

 

Ayer, la euforia y el optimismo reinaron a las puertas de los hospitales madrileños, aunque también se observaban las reticencias de los médicos y los enfermeros contrarios a la privatización ante el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.

 

Alegría entre el personal sanitario tras su 'victoria'

Trabajadores de los hospitales que iban a privatizar se concentran y gritan 'Sí se puede'

28.01.14 - EUROPA PRESS | MADRID

Los hospitales madrileños cuya gestión iba a ser privatizada han celebrado hoy (por ayer) su victoria. Día de sonrisas, de besos, y de triunfo. Día de apoyo a la sanidad pública por parte de los trabajadores y usuarios. A la misma hora de las celebraciones, el nuevo consejero tomaba posesión de su cargo con una intención muy clara; recomponer la relación con el personal sanitario. Y ahora qué, es la siguiente pregunta.

 

Un centenar de personas, en su mayoría trabajadores sanitarios, han celebrado hoy ante el hospital Severo Ochoa de Leganés la renuncia de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo el traspaso a tres empresas de la gestión de seis hospitales públicos. Los participantes en la concentración han cantado consignas como "sí se puede", "la sanidad no se vende, se defiende" y "González dimisión", en una concentración en la que ha participado el coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez.

 

Según Ignacio González, la marcha atrás de la privatización no supondrá ningún coste para la Comunidad de Madrid. Pero habrá que ver qué opinan las empresas adjuticarias. Son estas; Sanitas, Ribera Salud y Grupo Hima, que pierden contratos multimillonarios. A esta hora las tres analizan todas las cláusulas de los contratos y algunas de ellas no descartan la posiblidad de denunciar. Dicen que se enteraron de la decisión de la Comunidad de Madrid por televisión.

 

"Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. La sanidad madrileña seguirá luchando contra los recortes"

Los centros sanitarios de Madrid se han concentrado a las 12 horas para celebrar la paralización definitiva de plan privatizador y la dimisión de Lasquetty

VIRGINIA UZAL, Madrid, en Público.es

Abrazos y lágrimas, aunque esta vez de alegría. La marea blanca ha ganado la batalla a la privatización de la sanidad. Todos los centros sanitarios de Madrid se han concentrado a las 12 horas, especialmente el personal de los 6 hospitales y los centros de salud afectados. Celebraban lo que es ya la paralización definitiva de plan privatizador del Gobierno madrileño

 

Usuarios, trabajadores de la sanidad, sindicatos y asociaciones celebran su victoria: "Es la primera vez que nos hemos unidos todos por una causa, y es que la sanidad pública no es negociable" afirma Mario de Miguel, de UGT.

 

El hospital de La Princesa fue el primero en levantarse contra las privatizaciones, después de haber ganado en su protesta contra el desmantelamiento del centro . A pesar de que no era uno de los 6 afectados por la privatación, también han celebrado la victoria de la marea blanca. Desde las 11 de la mañana los usuarios se han concentrado a las puertas del centro para festejar la paralización definitiva. "Llevamos desde noviembre de 2012 manifestándonos todos los días a esta hora contra los recortes y el plan privatizador de la Comunidad de Madrid, no nos dimos por vencidos y ahora obtenemos la recompensa" afirma una de las usuarias. A las 12 horas se han unido médicos, personal de enfermería, auxiliares, asociaciones, sindicatos y demás personal del propio hospital. Juntos han celebrado la victoria de la sanidad pública y la dimisión de Fernández-Lasquetty. "Hemos ganado una batalla pero no la guerra, hay que seguir luchando contra los recortes" afirma Enrique Zamora, de Afem, la asociación de facultativos especialistas de Madrid. Zamora ha añadido que la noticia es "una gran alegría para todos" pero que la paralización "es el punto final antes de las elecciones", afirma, "no hay que olvidar cuando se toma esta decisión, a unos meses de las europeas y a un año de las autonómicas, espero que la sociedad madrileña sea consciente de lo que vale su voto".

 

Maria Llanos, enfermera del sindicato SATSE, afirma que "la privatización de la lavandería o de otros servicios como la cafetería aún está en riesgo, además de los recortes y los problemas de personal, por lo que seguiremos luchando por una sanidad pública de todos y para todos".

 

En la concentración también celebraban la dimisión del que un día les llamó "irresponsables". "Nos alegramos de que haya dimitido, ahora se puede ver quien era el imprudente en esta historia" ha afirmado Buendía, médico del hospital y miembro de Afem, "sólo esperamos que no entre por las puertas giratorias a alguna de esas empresas con las que quería hacer negocio", ha añadido.

 

En la concentración se repetían los abrazos, las lágrimas y los saltos de alegría de quienes llevan meses luchando. Se escuchaba bien alto los "juntos podemos", "la lucha sigue, cueste lo que cueste", "viva la sanidad pública","somos capaces de hacer mareas" o otro de los grandes lemas de la marea blanca, "la sanidad no se vende, se defiende".

 

"La mayoría de los usuarios que estamos aquí somos luchadores desde la dictadura y aunque estemos jubilados no vamos a parar de hacerlo y defender nuestros derechos" afirmaba Benancio, un jubilado recién operado encargado de componer canciones sobre los recortes o el gobierno "para amenizar las protestas". "Me inspiro en mi cabreo, por todo lo que nos están quitando y recortando, no solo en la sanidad, en mis textos también hablo por ejemplo de la educación o la ley de seguridad ciudadana". Llevan más de 400 días luchando por una sanidad pública porque quieren "ser pacientes y no clientes". Esta batalla, ya la han ganado.

 

Tomás Gómez exige blindar por ley la sanidad pública

El líder socialista madrileño asegura que "la privatización está en el ADN del PP" y Aguirre pide que la Justicia se pronuncie ya sobre el fondo de la externalización

28.01.14, AGENCIAS | MADRID.

 

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, cree que el Gobierno regional madrileño sólo "ha aplazado la batalla" de su plan de externalización de la sanidad porque "la privatización del sistema sanitario está en el ADN del PP", así que ha redoblado su llamamiento a blindar por ley la sanidad pública.

 

Según Gómez, el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González y el ya exconsejero Javier Fernández Lasquetty anunciaron el lunes el fin de su proyecto porque se vieron "acorralados" por la sociedad y "desautorizados" por la justicia, y todo ello "a las puertas de procesos electorales", las europeas de mayo y las autonómicas y municipales del año que viene.

 

Sin embargo, en declaraciones a la Cadena Ser, ha defendido que la derecha lleva "en su ADN" una privatización diseñada "para que hagan dinero" los poderes financieros que, una vez pinchada la burbuja del ladrillo, "van a por la sanidad y las pensiones", en palabras de Gómez.

 

"No se han vuelto socialdemócratas, no son socialdemócratas con los servicios públicos igual que no son liberales en la regulación sobre el aborto", ha remarcado. Según su análisis, una "victoria" en Madrid es importante para toda España, pero hay que estar "muy vigilantes".

 

Gómez no ha precisado si los socialistas retirarán el recurso contra el proyecto que habían impuesto ante el Tribunal Constitucional y ha negado la tesis de que los ciudadanos en la calle hayan ocupado el sitio de la oposición, subrayando que la oposición se ha opuesto a la externalización en la calle, en las instituciones y en los tribunales.

 

Aguirre: "Gesto que le honra"

Por su parte, la presidenta del PP de Madrid , Esperanza Aguirre, ha considerado hoy que la dimisión del hasta ahora consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, es un "gesto que le honra" y espera que la justicia llegue "pronto" a una resolución sobre el "fondo" del asunto en cuanto a la externalización sanitaria.

 

En declaraciones a la Cadena Cope, Aguirre ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto por el que se mantiene la suspensión cautelar de la externalización. "Esto quiere decir que paraliza el proceso pero no entra en el fondo de la cuestión, que es determinar si puede o no externalizar un servicio público", ha sostenido.

 

En este punto, ha señalado que se habla de hospitales, un servicio que, según ha destacado, está externalizado en "muchos otros" sitios "bajo administración popular, socialista o convergente". Por eso, ha añadido que la dimisión del consejero de Sanidad madrileño es "un gesto que le honra y que no hace sino confirmar su alta talla política y humana".

 

Frente a esto, ha señalado que lo ocurrido, "al mismo tiempo", ha puesto de manifiesto "los conflictos que provoca la lentitud de la administración de justicia". "Porque ahora está suspendido cautelarmente este proceso pero hasta que recaiga una solución firme sobre el fondo del asunto pueden pasar cinco años o más", ha lamentado.

 

Esta situación, ha proseguido, provoca que "un gobierno legítimo con mayoría absoluta" tenga que "ver cómo la oposición puede impedir las mejoras en la eficacia de la gestión de un servicio público durante toda una legislatura o más por el procedimiento de politizar todos los recursos y, además, diseminarlos por los diferentes juzgados".

 

Reacción del Ministerio

El Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad respeta la decisión del Gobierno de Madrid de renunciar definitivamente a llevar a cabo el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, han manifestado fuentes del Departamento que dirige Ana Mato.

 

Las fuentes han señalado que las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la gestión de la sanidad en su territorio, por lo que el ministerio solo puede respetar las decisiones que éstas adopten en virtud de esa potestad.

 

Sanidad respeta, asimismo, la decisión adoptada por el consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, de dimitir de su cargo al asumir su responsabilidad, ya que según recordó ayer, fue él quien puso en marcha el proyecto de externalización de la gestión de los seis hospitales.

 

El coste de la privatización fallida

Las concesionarias de los hospitales de Madrid tienen derecho a cobrar daños y perjuicios

No haber firmado los contratos evita al Gobierno regional pagarles 281 millones de euros

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

 

Además de alegría desbordada en muchos hospitales madrileños, el anuncio del presidente regional, Ignacio González, de renunciar a su plan de privatización de la gestión sanitaria ha provocado una tormenta con consecuencias administrativas, judiciales y económicas que aún están por determinar. Una de las primeras preguntas que ha generado es si esta rectificación va a costar dinero al contribuyente, y cuánto. De momento, ni el presidente ni su equipo quieren aclarar si las empresas, a las que se habían adjudicado definitivamente los hospitales, van a reclamar indemnización. Según distintos expertos, la Ley de Contratos les ampara para hacerlo. Pueden reclamar daños y perjuicios.

 

En contra de lo que González dio a entender ayer, cuando le preguntaron por la posición en la que quedan las concesionarias y contestó que la sentencia —en realidad, el auto judicial que confirmó el lunes la suspensión cautelar del plan privatizador— “obliga a todos y por lo tanto hay que aplicarla”, ningún tribunal le ha obligado a dar marcha atrás a su proyecto sanitario. La decisión es unilateral, y política, coinciden los expertos, pero no se trata estrictamente de un incumplimiento de contrato. Y eso es precisamente lo que va a evitar que el Gobierno regional, es decir, los ciudadanos con sus impuestos, tengan que indemnizar con 281 millones de euros a las empresas.

 

El plan del Gobierno regional suponía un negocio considerable para las concesionarias. La gestión sanitaria de seis hospitales durante 10 años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inhábil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovechó para acelerar el proceso. Por aquel entonces, los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional siguió adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dictó la suspensión cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.

 

“De haber formalizado los contratos, las concesionarias podrían ahora exigir el 6% del precio total del contrato, puesto que ha sido la Administración la que ha decidido ponerle fin”, explica José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Afem, la organización que ha liderado la marea blanca de protesta contra la privatización. Debido a lo abultado del contrato, ese 6% equivale a 281 millones de euros. “Ahora la Comunidad de Madrid tiene que justificar, en la comunicación que haga a las empresas, por qué ha cambiado el interés general y ha decidido no formalizar el contrato”, señala. “La Ley de Contratos dice que pueden solicitar indemnización por daños y perjuicios, pero no especifica en qué consisten. Tienen que ser daños que tengan consecuencia directa del proceso. Lo que no pueden exigir, al no estar formalizado el contrato, es indemnización por lucro cesante”, añade.

 

Las concesionarias Sanitas y Ribera Salud rechazaron ayer confirmar si van a reclamar daños y perjuicios. “Estamos a la espera de concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión”, señaló Ribera Salud. Este diario intentó, sin éxito, contactar con la compañía puertorriqueña Hima San Pablo, adjudicataria de tres hospitales madrileños.

 

Los expertos consultados señalan que las empresas podrían reclamar los gastos en los que hayan incurrido al preparar el concurso público: estudios, proyectos, personal, presentaciones... Además, consideran que tienen derecho a solicitar que la Administración les devuelva el importe de los avales que presentaron y de los gastos que les han ocasionado durante estos meses de paralización. Las concesionarias aportaron como garantía casi 28 millones de euros.

 

Una cantidad no exenta de polémica, puesto que en realidad debería haber sido prácticamente diez veces superior. Una de las irregularidades que Afem denunció al TSJM fue la modificación que hizo la Comunidad de Madrid en las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Publicó en el Boletín Oficial, como corrección de errores, un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Incluyó la palabra “anual” en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. El TSJM considera que ese cambio “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Es una de las razones por las que suspendió cautelarmente el plan.

 

“En este caso hablamos de compensación de un daño, que es distinto de una indemnización por ganancia dejada de obtener. Las empresas han gastado un dinero confiando en la buena fe procedimental de la Comunidad de Madrid”, explica Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. “Eso sí, tienen que pedirlo. Es posible que ya haya negociaciones en marcha y que no lleguen a juicio”, añade.

 

José Manuel Freire, médico y portavoz de Sanidad de los socialistas en Madrid, ya ha presentado en el Parlamento regional dos preguntas al respecto: ¿cómo se va a articular en términos legales y administrativos la decisión de González? y ¿qué coste va a tener para los ciudadanos?

 

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¡¡Si se puede, si se puede, si se puede!!

Madrid renuncia a la privatización sanitaria tras el varapalo del TSJM

El presidente de la CAM, Ignacio González, deja "sin efectos" la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Sureste, del Henares y del Tajo

El anuncio se produce tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mantener la suspensión cautelar del proceso para evitar "graves e irreparables daños"

Los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos" y que "pueden no responder después a la realidad"

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, presenta su dimisión tras el revés judicial. Será sustituido por Javier Rodríguez, portavoz del ramo en la Asamblea de Madrid

González afirma que no habrá más recortes, aunque "seguirá ajustando gastos"

AGENCIAS, Madrid.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado hoy la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se ha cobrado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

En una convocatoria de prensa convocada esta tarde, González ha avanzado que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la "incertidumbre" generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad ha defendido.

El último de estos fallos judiciales ha tenido lugar hoy, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.

El titular del Ejecutivo madrileño ha indicado que la decisión de dejar sin efecto la externalización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir ajustando los gastos y profundizar en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha. El presidente de la Comunidad de Madrid, que ha recalcado que sigue considerando "legal" y "posible" el modelo de externalización hospitalaria, ha rechazado que dejar sin efecto este plan suponga un "fracaso".

Ha servido, según indicó, para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales". González ha precisado que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar también el fallo del TSJM y no ha aclarado si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.

 

Dimisión de Lasquetty

Igualmente, ha agradecido el trabajo del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, cuya dimisión ha aceptado y que después de casi tres años como responsable sanitario en la Comunidad de Madrid será sustituido en el cargo por el actual portavoz de Sanidad del PP en la cámara regional, Javier Rodríguez. Lasquetty, que ha comparecido junto a González ante los medios de comunicación y mantendrá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, ha significado que su decisión obedece a su sentido de la responsabilidad y a que fue él quien propuso y puso en marcha el proyecto de externalización.

La oposición, por su parte, se ha alegrado del revés judicial y el paso atrás del Gobierno regional. Tras la comparecencia de González, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha celebrado la paralización de las externalización y ha considerado que, tras un año "duro", ha merecido la pena "dar la batalla" por la sanidad pública. El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, se ha felicitado también por la renuncia, que ha achacado a la "enorme presión ciudadana del último año", y ha reclamado la dimisión del propio presidente tras considerar que la dimisión del consejero "no es suficiente". Desde UPyD, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha reclamado diálogo con los sectores implicados tras el fracaso del plan privatizador y con el objetivo de mejorar la gestión sanitaria pública.

CCOO de Madrid ha valorado el fin de un proceso de privatización que considera "plagado de irregularidades", mientras que UGT ha argumentado que se ha demostrado que la marea blanca de protesta sanitaria "tenía razón" cuando exigía parar la "privatización".

 

Revés judicial

La sección tercera del TSJM desestimó hoy el recurso de la Comunidad de Madrid contra la suspensión del proceso de externalización sanitaria, dictada en septiembre a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Además de mantener la suspensión del proceso, el TSJM ha hecho extensivo el fallo a otros dos recursos contenciosos interpuestos por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts). El objetivo de la suspensión, según los jueces, es evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que el asunto afecta "al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid" . 

La Comunidad de Madrid pretendía ahorrar 169 millones de euros anuales con el traspaso de la gestión hospitalaria, medida contra la que se sucedieron 22 días de huelga entre noviembre de 2012 y junio del pasado año y decenas de manifestaciones. Hoy, los profesionales expresaban su "satisfacción plena", aunque lamentaban que la decisión haya llegado "a base de doblegar intenciones" por la vía judicial y no "mediante el diálogo y del entendimiento", declaró Julián Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos Amyts.

 

El TSJ de Madrid confirma la suspensión cautelar de la privatización sanitaria

Nuevo varapalo a la Comunidad de Madrid y a las empresas adjudicatarias, cuyos recursos son rechazados por los jueces.

ANDRÉS MUÑIZ/AGENCIAS, en Público.es

Nuevo varapalo de la justicia al proceso privatizador de la sanidad madrileña planeado por el Gobierno de Ignacio González (PP). La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado mantener la medida cautelar de suspensión de la externalización sanitaria, al rechazar el recurso de reposición presentado por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias. El objetivo de la suspensión, según los jueces, es evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que el asunto afecta "al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid" .

De ese modo, el tribunal ratifica el auto de 11 de septiembre de 2013 por el que la misma Sección, a petición de la asociación médica AFEM, acordó paralizar la ejecución de la citada resolución.

La decisión se produce después de que el Pleno de la Sala rechazase asumir los recursos en esta materia y decidiese devolver el asunto a las secciones Tercera y Octava, que los tramitaban inicialmente. El intento de elevar estos recursos al Pleno fue del anterior presidente de la Sala, Gerardo Martínez Tristán, cuya recusación por ser marido d euna consejera del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha no prosperó, y que hoy es vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del partido de Rajoy.

El recurso de Afem impugnó la resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado ‘Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los Hospitales Universitarios Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo'.

En la misma línea, los magistrados que integran la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso han declarado también la suspensión del proceso de externalización sanitaria por la vía de otros dos recursos contenciosos, en esta ocasión a solicitud de la asociación médica AMYTS.

La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente se exponen en las tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.

Los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son "meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".

Y esgrimen también que el interés público exige "proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse".

Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga "un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su política sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión".

Por su parte, en los autos referentes a la asociación Amyts, la Sala considera que, "sin verter consideraciones sobre el nuevo modelo", "la modificación del sistema de gestión en la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones cuantitativas extraordinarias". En su opinión, esa circunstancia "haría muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión, volver a la situación anterior".

"La no adopción de la medida solicitada haría que el recurso pudiera perder su finalidad, creándose situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos", agrega el fallo.

En esta situación, la Sala entiende que "procede acceder a la medida cautelar de suspensión, lo que tan sólo supone mantener la situación existente hasta la fecha y que la prestación sanitaria se siga prestando provisionalmente en la misma forma en la que se hace".

La Sección Tercera considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente se exponen en las tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir perjuicios de difícil o imposible reparación.

Con la decisión de la Sección Tercera, el tribunal mantiene la medida cautelar que decretó la sección tercera de la Sala a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por la corrección de errores que se hizo en los pliegos sobre las garantías exigidas a las empresas.

Concretamente, ese recurso de AFEM se sustentaba en que la corrección de los errores en los pliegos de la externalización de estos centros suponía una modificación sustancial del proceso, pues se pasaba de exigir a las adjudicataria el 5 por ciento del importe del contrato al 5 por ciento anual.

El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.

En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser "parte interesada" en este proceso.

El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.

PRIMERAS REACCIONES:

Los médicos celebran la retirada del proyecto de privatización sanitaria

Los facultativos ven con recelo al sustituto de Lasquetty, Javier Rodríguez Rodríguez

Consideran que es otro "gran defensor" del modelo recién anulado

La oposición destaca que la paralización supone un "triunfo ciudadano"

Madrid da marcha atrás a la privatización sanitaria tras el último revés judicial

Elena G. Sevillano / Felipe Betim, en El Pais,

Hubieran preferido que las formas fueran otras, pero les convence el resultado. Médicos, personal sanitario y oposición han celebrado el anuncio de marcha atrás del proceso de privatización sanitaria que ha confirmado este lunes el presidente regional, Ignacio González. Lo consideran "un triunfo ciudadano" pero siguen expectantes. Tras la dimisión recién presentada del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, los médicos recelan del sustituto. Consideran que Javier Rodríguez Rodríguez, portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, ha sido otro de los grandes valedores del plan que han acabado frenando los tribunales.

» Amyts. El secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), Julián Ezquerra, ha manifestado la "satisfacción plena" del sindicato médico mayoritario por "la retirada definitiva del proyecto de privatización" de los seis hospitales públicos. "Queremos entender, pese a que González no lo ha mencionado, que también desiste de privatizar los centros de salud como dijo que tenía previsto. Le pediremos que sea así”, ha añadido. Acerca de la dimisión del consejero, Ezquerra ha recordado que lleva meses pidiéndola, puesto que “ha demostrado sobradamente su incompetencia para llevar a cabo un proceso de diálogo con los profesionales”.

“Hay que darle tiempo”, ha afirmado sobre el sustituto de Javier Fernández-Lasquetty. “Javier Rodríguez al menos es médico y sigue activo en el hospital Gregorio Marañón. La faceta que yo conozco de él, la de portavoz de Sanidad en el Parlamento regional, es muy diferente a la de consejero. Lo que procede ahora es esperar a que se asiente en el cargo y ver qué primeros pasos da. Lo lógico sería que de forma inmediata restaure la comunicación con los profesionales”, ha añadido.

Ezquerra cree que en la decisión de González de suspender su plan ha pesado más la parte política que la judicial: “La decisión final de los tribunales llegará en plena precampaña o incluso campaña para las autonómicas de 2015. Creo que ha intentado evitar eso, puesto que sigue afirmando que su plan es bueno”.

» Afem.  "Es una pena que este anuncio haya tardado tanto cuando hace un año que les ofrecimos ayuda para gestionarlo de otra manera", ha señalado Fátima Brañas, vicepresidenta de Afem (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid). Ha considerado, además, "necesaria" la dimisión presentada por Lasquetty porque "su único interés era llevar a cabo un proceso de privatización al margen de cualquier otro argumento".

Brañas ha mostrado su sorpresa por el nombramiento del sustituto, Javier Rodríguez, porque se trata "de uno de los principales defensores del plan de privatización". La portavoz de Afem teme que sea una señal de que el Gobierno regional pretende retomar estos planes, algo que el presidente González no ha desechado explícitamente durante su intervención.

» ADSPM. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) ha manifestado, a su vez, que la retirada de la externalización es "una victoria de las movilizaciones sociales y profesionales, que llevan ya un año y medio", según el secretario de la asociación, Marciano Sánchez. Considera que "no hay que bajar la guardia, hay que continuar vigilantes, porque hay muchas cosas que se quieren privatizar, como la extracción de sangre y la lavandería central hospitalaria". La retirada del plan debe ser "motivo de optimismo para los que defendemos la sanidad pública", según Sánchez para quien "es la demostración práctica de que con movilizaciones mantenidas en el tiempo, sí se puede", ha dicho.

» SATSE. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha mostrado su satisfacción por "mantener un modelo de gestión pública" de la sanidad madrileña, y ha manifestado que cualquier decisión que se tome sea de modo consensuado con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial y los profesionales sanitarios.

» PSM. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, valora que, aunque ha sido un año "duro", ha "merecido la pena dar la batalla". Gómez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada de urgencia tras la decisión de González de paralizar la privatización sanitaria.

"Han perdido en los tribunales y en las calles porque no tenían razón, la razón la tenía la sociedad madrileña", ha añadido, al tiempo que ha criticado al Ejecutivo madrileño por llevar los intentos "hasta las puertas de una campaña electoral".

Aún así, Gómez ha señalado que no confía en que esta paralización sea definitiva. "No creemos que el PP tire la toalla para siempre ni que vaya a renunciar a sus ansias privatización porque está en su ADN", ha dicho. Por ello, ha anunciado que el PSOE mantendrá el recurso que había presentado ante el Tribunal Constitucional, ya que "todas las cautelas y prevenciones siempre van a ser pocas".

El portavoz de Sanidad del PSM en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha opinado a su vez que el proceso privatizador va a llevar al PP "a perder las elecciones" y ha sostenido que la Marea Blanca ha hecho que "los Gobiernos de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, hayan puesto una barrera y hayan dejado aparcados algunos de los planes locos que tenían". "Las elecciones de 2015 las van a decidir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. No van a ir de otra cosa", ha advertido.

» IU. “Estamos ante una victoria de las movilizaciones y de la marea blanca, que ha forzado al Gobierno a dar marcha atrás”, ha expresado el coordinador general de IU, Eddy Sánchez, que reclama una auditoría “que permita conocer el alcance del daño ocasionado a la sanidad pública”. Para Sánchez la dimisión de Lasquetty “no es suficiente”. “Hay que depurar responsabilidades, la cúpula de la sanidad madrileña de la última década sigue imputada por las privatizaciones ya realizadas”, ha recordado, en alusión a Manuel Lamela y Juan José Güemes, predecesores de Lasquetty e imputados por cohecho y prevaricación.

El responsable de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano, considera que el presidente González no tenía "más opción" que retirar la privatización de los hospitales porque la decisión del TSJM le había dejado "solo y desautorizado". Según Bejarano, es "un triunfo de la movilización de los profesionales y de la ciudadanía". El diputado añade que "el método para solucionar los problemas económicos ha sido un fracaso".

» UPyD. El diputado y portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, cree que el anuncio del Gobierno regional de paralizar el proceso de privatización sanitaria “es un nuevo fracaso" del Ejecutivo. Velasco destaca que González "no ha tenido más remedio que dejar sin efecto esta medida, a la vista del enorme malestar social en todos los estamentos de la sociedad madrileña, desde los médicos hasta los ciudadanos”. El veterano diputado le pide que "a partir de ahora" gestione un plan sanitario "con todos los sectores implicados", según recoge una nota remitida por la formación.

» CC OO. La secretaria de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, ha destacado que el proceso de privatización "ha estado plagado de irregularidades". "El que no se lleve a cabo [la privatización de la gestión de seis hospitales] es una garantía para todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha añadido. Sobre el cese de Fernández-Lasquetty, Cuadrado ha recordado que el sindicato lo viene pidiendo desde hace tiempo y ha considerado que era "lo más consecuente" que podía hacer.

» UGT. El secretario del sector de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid, Ignacio Hernández, ha considerado a su vez que la dimisión de Fernández-Lasquetty era "lo más justo" porque, en su opinión, "se ha equivocado desde el principio". Asimismo, Hernández ha sostenido que "se ha demostrado" que la Marea Blanca, en la que están los profesionales de la sanidad, los sindicatos y la ciudadanía, "tenía razón" cuando exigían la paralización de la privatización de los seis hospitales públicos.

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