CONTRARREFORMA NO

El presupuesto de 2014 es de 57.632 millones de euros, de los que 52.200 millones corresponden a los presupuestos de las CCAA, que alcanzan una disminución del 18,72% desde 2009

Los recortes presupuestarios llevan a la sanidad al desastre

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

nuevatribuna.es

 

Como siempre los medios de comunicación se hacen eco de casos concretos: aumentos de las listas de espera, demoras excesivas en urgencias, problemas para los ingresos, etc, pero muy poco de las causas, que son bien conocidas.

Desde 2009 nuestro sistema sanitario público esta viviendo un proceso de recortes y descapitalización que es muy importante. En ese año el presupuesto sanitario público liquidado fue de 70.464 millones de €, del que el gasto correspondiente a las CCAA alcanzó 64.272 millones € (datos del Ministerio de Sanidad), pues este gasto sanitario ha ido disminuyendo progresivamente, de manera que el presupuesto de 2014 es de 57.632 millones €, de los que 52.200 millones corresponden a los presupuestos de las CCAA, que alcanzan una disminución del 18,72% desde 2009.

Obviamente las diferencias entre presupuestado y liquidado deben ser vistas con prudencia porque es habitual una cierta desviación al alza, pero esta es relativa (alrededor de un 5%) y este año con los presupuestos de las CCAA vigilados estrechamente por Hacienda es previsible que esta desviación sea menor.

Por otro lado en el gasto sanitario público se incluye una partida (915 millones en el presupuesto liquidado de 2011) que corresponde a las administraciones locales que ha ido históricamente en disminución en estos años y que de acuerdo a la nueva ley de bases de régimen local dejan de ser de su competencia por lo que es previsible que vaya disminuyendo progresivamente hasta desaparecer, aunque se ha incluido en el calculo del presupuesto para 2014, lo que hace que este sobrevalore la situación real.

Está es la situación, 12.832 millones € menos de presupuesto sanitario público total y 12.072 millones menos de presupuesto para las CCAA (18,21 y 18,78% de reducción respectivamente).

Obviamente en estas circunstancias es imposible mantener los mismos servicios, y aunque los efectos del RD 16/2012 en cuanto a copagos y exclusión de medicamentos han supuesto una disminución del gasto farmacéutico público en recetas de 1.955 millones €, convine recordar que no incluye el gasto hospitalario (que ha continuado creciendo), que este gasto hasta ahora en descenso ha tenido un crecimiento mantenido los últimos 3 meses y que se hace a costa de trasladar gasto sanitario público a gasto privado generando numerosas desigualdades ( un 18% de los pensionistas no retiran medicamentos prescritos) y de daños desconocidos para la salud y sobre el sistema sanitario (el abandono de medicaciones necesarias empeora la salud, aumenta los ingresos y las visitas a urgencias).

Los efectos se han notado especialmente en recortes de personal (25.500 trabajadores sanitarios menos entre enero y julio de 2013 según el Ministerio de Hacienda, 55.000 menos en los últimos 4 años según CCOO), también en recortes en las estructuras sanitarias (cierres de camas, de turnos de tarde, de servicios de urgencias, etc), por supuesto con incidencia distinta en las diferentes CCAA.

Además los fenómenos privatizadores, en muchas CCAA, presionan hacia un mayor recorte en los servicios públicos, porque detraen fondos del presupuesto, porque tienen unos costes muy superiores al sistema público y porque se hacen con contratos que les aseguran una revisión anual al alza de sus ingresos, mientras los presupuestos sanitarios continúan descendiendo.

Aunque los datos que se tienen sobre los resultados en salud de los recortes son pocos (ya se encargan las distintas administraciones sanitarias de ocultarlos), todo lo que se sabe indica que la salud de la población se esta deteriorando y así lo señalan numerosas publicaciones internacionales (Lancet, British Medical Journal, etc) de manera que incluso quienes han propiciado esta política suicida de recortes han lanzado señales de advertencia (OCDE, UE, FMI), porque saben que España nunca ha tenido un problema de exceso de gasto sanitario público.

En fin, nos encontramos en una situación presupuestaria que es insostenible para la Sanidad Pública, porque además conviene recordar que los recortes que se están produciendo en otros ámbitos (empleos, pensiones, ect) hacen a la salud de población más vulnerable e incrementan la demanda de atención sanitaria.

Decimoquinta Marea Blanca, primera de este año, con mucho que celebrar y sin bajar la guardia

La Marea Blanca desafía al frío y la lluvia en su defensa de la sanidad pública

La primera marcha del año se celebra este domingo en Madrid después de que los tribunales acordasen mantener suspendida la privatización de seis hospitales en la Comunidad.

AGENCIAS, Madrid.

La lluvia y el frío no han impedido que miles de personas volvieran a reivindicar este domingo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la decimoquinta marcha de la Marea Blanca, la paralización de la privatización de la Sanidad Púbica, un servicio público fundamental que los manifestantes consideran que se está "desmantelando". Escasamente menos numerosa que la anterior marcha, celebrada hace un mes y a la que asistieron según fuentes policiales unas 6.000 personas, los manifestantes han marchado al grito "la Sanidad Pública no se vende, se defiende" desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol.

 

Los asistentes, protegidos con paraguas y prendas para el frío han acudido como todos los terceros domingos de mes a la convocatoria de la Marea Blanca, la primera que se celebra este año, al considerar que ahora es más importante que nunca "mantener la presión en las movilizaciones". Los manifestantes como ya es habitual han portado una gran sabana en la que se podía leer "No a los recortes, si a la sanidad y sí al servicio público".

 

A lo largo de la marcha se han coreado distintas consignas contra el presidente de la Comunidad de Madrid y su consejero de Sanidad, Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty.

 

La Marea Blanca está marcada esta vez por la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de devolver los recursos sobre la externalización a sus secciones de origen, después de que el expresidente de la Sala Gerardo Martínez Tristán decidiera agrupar todos para resolver sobre ellos a la vez. Con esa decisión, el proceso continúa suspendido. Además, los asistentes celebran el acuerdo alcanzado entre trabajadores de la Lavandería Central Hospitalaria y la concesionaria, que ha terminado con la huelga indefinida que mantenían los empleados desde el 6 de diciembre. Otro de los motivos de la concentración es mostrar el rechazo de los asistentes a la reforma de la Ley del Aborto.

 

Las inclemencias del tiempo no han impedido tampoco que, una vez más, acudiera a apoyar esta marcha el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que ha aprovechado para calificar de "buenísima noticia" la decisión de la semana pasada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de devolver los recursos contra la privatización de la gestión sanitaria a sus juzgados de procedencia. Gómez se ha mostrado convencido de que en esta legislatura el Gobierno regional del PP "no va a poder privatizar la Sanidad", por lo que ha considerado que el presidente madrileño, Ignacio González, debería pedir "perdón" a los médicos, a los pacientes, a los madrileños, además de aparcar "definitivamente" sus planes de "desmantelamiento" de la Sanidad Pública. La "Sanidad no tiene precio, con la Sanidad no se hace negocio, ni limpios, ni menos limpios, como parece que había en todo esto", ha dicho Gómez.

 

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¿Con esta medida (el PP) traspasa una línea roja ?, NO, es la enésima línea roja que traspasan en sanidad

PSOE e IU exigirán que se devuelva la tarjeta sanitaria a los ciudadanos que salen de España

Foto.- Nino Torre y Pilar Alonso, diputados autonómicos del PSOE.

18.01.2014, Oviedo, P. R., en La Nueva España.

El grupo parlamentario socialista en la Junta quiere que todos los partidos con representación se pronuncien sobre la decisión del gobierno de Rajoy de retirar la tarjeta sanitaria a los españoles que residan fuera de España más de tres meses. En una proposición no de ley, presentada ayer, se insta al Gobierno a retirar la medida, se apoya la decisión del Ejecutivo regional de mantener la tarjeta entre tanto no se tome la decisión y se insta a reconocer la universalidad del acceso a la atención sanitaria.

"Con esta medida se ha traspasado una línea roja, que supone la supresión de derechos fundamentales a una parte de la ciudadanía", afirmó la diputada y portavoz de sanidad Pilar Alonso. Por su parte, el también diputado Nino Torre calificó la decisión de "chapuza", además de "injusta y necesaria", que afecta sobre todo a "los jóvenes que están sufriendo exilio económico en busca de oportunidades laborales".

El diputado de IU en el Congreso Gaspar Llamazares, señaló que tanto esta disposición como el incremento del copago farmaceútico en seis veces el IPC debilitan el modelo sanitario. "Intentan que cada vez más españoles queden fuera del sistema para favorecer intereses privados fuera del sistema sanitario público".

“UNA CHAPUZA INJUSTA E INNECESARIA”

El PSOE “planta cara” a la decisión de dejar sin tarjeta sanitaria a exiliados laborales

Además han dado su respaldo a mantener la atención sanitaria a las personas desempleadas

Redacción Médica, Oviedo.

El Grupo parlamentario socialista defenderá en la Cámara asturiana una proposición de ley en la que, además de dar su respaldo al Gobierno asturiano de mantener la atención sanitaria a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero, instan al Gobierno estatal a derogar una medida que consideran "traspasa la línea roja y supone la supresión de derechos fundamentales a los ciudadanos".

Así lo han indicado en rueda de prensa los diputados Pilar Alonso y Nino Torre, que han criticado duramente la decisión del Ejecutivo central. Alonso, que ha manifestado que el PSOE ha plantado cara a esta decisión en Asturias y en Andalucía, ha considerado que mantener y garantizar la asistencia sanitaria a este colectivo no supone ningún coste económico adicional a la sanidad asturiana.

Torre por su parte ha manifestado que esta medida es "una auténtica chapuza, injusta e innecesaria" que además ha sido hecha "de manera ruin y cobarde y por la puerta de atrás".

"Es una muestra más de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se toma en serio el drama que sufren cada día muchas personas en el exilio económico", ha dicho Torre, que ha añadido que es también otra muestra de falta de respeto a los jóvenes de este país que será el colectivo más afectado.

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Compartimos con nuestro Consejero que “la solidaridad entre las personas con rentas altas y bajas, los sanos y los enfermos, los jóvenes y los mayores son el mejor valor de un sistema universal y esta queda tremendamente afectada por este tipo de medidas que no vamos a consentir”

Asturias y Andalucía mantendrán la sanidad a los parados que salgan fuera

Las dos comunidades, gobernadas por el PSOE, se oponen a la pérdida de la asistencia cuando se pasen más de 90 días fuera de España, en vigor desde el 1 de enero

Elena G. Sevillano / Reyes Rincón, Madrid / Sevilla, en El País.

Asturias y Andalucía, ambas gobernadas por el PSOE, han anunciado hoy que piensan mantener la asistencia sanitaria a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación y permanezcan más de tres meses en el extranjero. Con este anuncio se convierten en las primeras autonomías que se oponen a una medida que entró en vigor el 1 de enero pasado gracias a dos enmiendas introducidas por el PP durante la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2014.

 

Asturias ha asegurado que estudiará qué alternativas tiene para garantizar esa prestación “dentro de la legalidad vigente”, según un comunicado enviado por la Consejería de Sanidad del Principado. El consejero, Faustino Blanco, ha afirmado que la decisión del PP supone que “grupos de ciudadanos, como ya ocurrió con los inmigrantes en situación irregular, quedan en una situación de exclusión en el servicio sanitario público, una situación de pérdida de derechos que nos puede retrotraer al modelo de beneficencia”.

 

Andalucía también mantendrá la asistencia sanitaria a los parados que permanezcan más de tres meses fuera de España y que hayan agotado la prestación por desempleo, según ha anunciado la Consejería de Salud. Fuentes de este departamento han precisado que los emigrantes recibirán la asistencia igual que hasta ahora mediante la tarjeta sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, que se mantendrá activa para los desempleados que abandonen el país. "La exclusión de estas personas de la cobertura sanitaria pública no supone una medida de eficiencia para el sistema sanitario público y sí un recorte de derechos que de nuevo ataca a las personas que peor lo están pasando en esta situación de crisis económica", ha denunciado la consejera María José Sánchez Rubio (PSOE).

 

Asturias mantendrá la tarjeta sanitaria a los que emigren

Ana Mato sorprendió ayer a las comunidades al anunciar que congelará los copagos pendientes, que afectaban a ambulancias y prótesis

14.01.14 - L. FONSECA / D. ROLDÁN | GIJÓN/MADRID, en El Comercio.

 

Quienes emigren de Asturias y permanezcan más de 90 días fuera de la región no perderán la tarjeta sanitaria. El Principado confirmó ayer que mantendrá la cobertura en materia de sanidad pública para quienes se marchen, convirtiéndose junto con Andalucía en una de las pocas comunidades que planta cara al Ministerio de Sanidad. El departamento de Ana Mato, que ayer sorprendió a las autonomías anunciando que congelaba otros copagos, los vinculados a ambulancias y prótesis, aprobó a finales del pasado año una nueva y polémica regulación que retira el derecho a la sanidad a quienes marchen al extranjero y permanezcan fuera del país más de tres meses. La medida castigaba especialmente a los que emigran por falta de trabajo. Es decir, a los desempleados.

 

El consejero de Sanidad de Asturias destacó ayer que «la solidaridad entre las personas con rentas altas y bajas, los sanos y los enfermos, los jóvenes y los mayores son el mejor valor de un sistema universal y esta queda tremendamente afectada por este tipo de medidas que no vamos a consentir». Faustino Blanco criticó al Gobierno central «al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales, con distinta condición, de asegurado o beneficiario, de tal manera que grupos de ciudadanos, como ya ocurrió con los inmigrantes en situación irregular, quedan en una situación de exclusión en el servicio sanitario público, una situación de pérdida de derechos que nos puede retrotraer al modelo de beneficencia».

 

El anuncio del Principado coincidió en el tiempo con el realizado por la ministra, que avanzó que los nuevos copagos sanitarios quedan en suspenso. Mato vinculó la decisión a supuestas mejoras económicas.

 

Mejoría económica

La decisión no afecta a todos los copagos sino solo aquellos que todavía no tenían un desarrollo normativo y carecían de fecha de comienzo. Son los productos ortoprotésicos y los dietoterápicos -aquellos que deben tomar las personas con trastornos metabólicos complejos- y el transporte ambulatorio no urgente. El copago de la farmacia hospitalaria, aquel que deben abonar los pacientes por los medicamentos que tiene que retirar de los centros sanitarios y que tantos quebraderos de cabeza está provocando a Ana Mato, se mantiene vigente aunque las comunidades autónomas todavía no lo han aplicado. Asturias, de hecho, no lo implantará y presentará un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de Sanidad.

 

El Ministerio arguye que la economía comienza a tener mejor tipo, que todavía está delicada pero tiene mejor color y que las perspectivas para este año y los próximos son mejores. Incluso el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que el PIB creció en el último trimestres de 2013 un 0,3%. «Los esfuerzos hechos por los ciudadanos están dando sus frutos. Ahora las administraciones tienen que seguir poniendo en marcha medidas de eficiencia», señaló la ministra en el pleno del Consejo Asesor de Sanidad que se celebró ayer. «No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos», comentó Mato en su intervención.

 

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, reprochó a la ministra Ana Mato los «bandazos» que está dando sobre el copago , ante el «vértigo electoral que le ha entrado al PP y sin criterios sanitarios». Los socialistas exigieron la retirada de todos los copagos. Por su parte, el anuncio de Mato fue bien recibido por asociación de pacientes y por la Defensa de la Sanidad Pública.

 

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¿Campaña electoral, rectificación por desautorización del Consejo de Estado, “brotes verdes” que permiten reducir la presión sobre los ciudadanos?... particularmente me quedo con la primera, aunque cada uno es libre de elegir y/o “creer”

Mato renuncia a aplicar los copagos en ambulancia, prótesis y dietoterápicos

El Consejo de Estado cuestionó que cobrar por el traslado no urgente suponga algún ahorro

• Los copagos se le atragantan a Mato

 

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País

 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha renunciado definitivamente a aplicar los copagos en el transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los dietoterápicos, según aseguraron este lunes a este diario fuentes de su departamento, que indicaron que esta decisión fue tomada en diciembre pasado, es decir, antes de conocerse el informe del Consejo de Estado que cuestiona el ahorro que se conseguiría si se cobrara por el transporte sanitario no urgente. “No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos”, confirmó posteriormente Mato durante una reunión del pleno del Consejo Asesor de Sanidad.

 

Estos tres copagos ya se contemplaban en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, el mismo que limitó el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y que estableció que, por primera vez, los jubilados iban a tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en función de la renta). Ahora, según estas mismas fuentes, el departamento que dirige Mato considera que ya no es necesario aplicar estos tres copagos, puesto que se ha conseguido el ahorro esperado con el resto de medidas.

 

El ministerio pretendía cobrar cinco euros por cada trayecto en ambulancia (con límite mensual en función de la renta) de pacientes que, por ejemplo, acuden a diálisis o a rehabilitación; no en caso de transporte urgente. Un informe del Consejo de Estado, fechado en noviembre pasado, pero conocido la semana pasada, pone en duda el ahorro que Sanidad espera conseguir con la medida. Básicamente dice que el coste de poner en marcha un sistema de cobro a los pacientes puede ser incluso mayor que lo que se recaude. Además de las ambulancias, Sanidad también se planteó el copago en las prótesis (desde sillas de ruedas hasta bastones o implantes) y el de los dietoterápicos, productos especiales que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición enteral.

 

“Al PP le ha entrado el pánico electoral”, afirmó el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos. “Esta decisión pone de manifiesto una política de esperpento con temas muy sensibles para la gente. Todos los grupos de la oposición hemos dicho que estos copagos eran claramente lesivos para la gente y que no iban a conseguir los ahorros que se pretendían. El PP ha rectificado en una estrategia para minimizar los daños electorales de sus políticas antisociales”, añadió.

 

La decisión sobre los tres copagos de la llamada “cartera común suplementaria” lleva a preguntarse qué va a suceder con el copago de fármacos hospitalarios, el más contestado por las comunidades autónomas. Han pasado más de tres meses de su entrada en vigor (el 1 de octubre pasado), pero ninguna región lo ha puesto en marcha. No solo eso: las que lideran la rebeldía contra esta medida del ministerio son precisamente las de su mismo color político. Castilla y León, gobernada por el PP, ha llevado el asunto a los tribunales —el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha aceptado un recurso— y María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, anunció la semana pasada que la comunidad que preside, Castilla-La Mancha, va a devolver a sus ciudadanos el importe de lo cobrado con el copago. Es decir, en la práctica no va a aplicarlo. Que entre las comunidades díscolas estén precisamente las del PP —también se oponen Cataluña, Andalucía, Asturias...— no augura que la medida llegue a salir adelante.

 

Fuentes de Sanidad, sin embargo, insisten en distinguir los tres copagos ya descartados del hospitalario. Este último “ya está aprobado y en vigor”, aseguran. El cobro del 10% del precio del envase —con un tope de 4,26 euros— de 43 fármacos, en 157 presentaciones, que enfermos crónicos y graves (diversos cánceres, hepatitis C, artritis reumatoide...) retiran de las farmacias hospitalarias se publicó como resolución ministerial en el BOE el 19 de septiembre pasado. En cambio, Sanidad lleva arrastrando los tres copagos sobre los que rectifica desde hace más de un año, sin aprobarlos.

 

En el caso de los productos dietéticos, el ministerio redactó un proyecto de orden que remitió al Consejo de Estado. En julio pasado este organismo le dio el visto bueno y autorizó a Sanidad a llevarlo al Consejo de Ministros. Con la prestación ortoprotésica sucedió algo parecido, con la diferencia de que el permiso para elevarlo al Consejo de Ministros fue muy anterior, de octubre de 2012. Pese a ello, el ministerio mantuvo las dos normativas en una especie de limbo. Hasta ahora, cuando por fin reconoce que ya no tiene intención de aprobarlas.

 

La rectificación de Mato deja algunas preguntas en el aire. Sanidad aseguró que, al regular la prestación ortoprotésica, se uniformizarían los requisitos que piden las distintas comunidades. En algunas no se paga nada por una silla de ruedas o unas muletas, pero en otras sí, y cantidades variables. Precisamente el ministerio justificó hace unos meses la tardanza en aprobar la normativa por la ausencia de criterios unificados y de una cartera común, un registro, de productos financiados. Ahora esa homogeneización queda en el aire. El ministerio no va a imponer más copagos, pero tampoco va a obligar a las comunidades que ya los cobran a dejar de hacerlo, según fuentes de Sanidad.

 

Bolsillo ciudadano

El Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario abrió la puerta a los copagos en Sanidad.

 

Por primera vez, los jubilados —los trabajadores en activo ya copagaban al recoger los fármacos en la farmacia— iban a tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en función de la renta).

 

El 16/2012 también limitó el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y avanzó que los enfermos iban a tener que aportar una parte del coste de las prótesis, los dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente.

 

Una resolución del Ministerio de Sanidad de septiembre pasado estableció un nuevo copago no previsto en el RD 16/2012: los fármacos de dispensación hospitalaria iban a costar al paciente el 10% del precio del envase, con un tope de 4,2 euros.

 

Reacción de la FADSP:

Ante la retirada de los copagos sobre transporte, dietas y productos ortopedicos

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ante el anuncio por parte del Ministerio de Sanidad de que paralizara los copagos en transporte sanitario, dietas y productos de ortopedia, tiene que señalar:

 

1) Nos felicitamos de esta retirada de copagos, porque es el reconocimiento de que teníamos razón cuando los rechazábamos por penalizar a las personas mas enfermas y más pobres.

 

2) Entendemos que esta retirada debe de incluir también los demás copagos, especialmente el de los fármacos de dispensación hospitalaria

 

3) Estimamos que esta retirada ha sido forzada por el amplio rechazo social y profesional que generaban estas medidas y por la rebelión de las CCAA que no estaban dispuestas a asumir unas medidas que veían desproporcionadas y lesivas para la salud de los ciudadanos

 

4) Creemos que la Sra. Mato debería de aprovechar para dimitir porque ha quedado patente su notoria incapacidad para abordar un cargo tan serio como el Ministerio de Sanidad y porque su presencia esta sumiendo al mismo en un continuo desprestigio.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

13 de enero de 2014

 

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Ciertamente todo un esperpéntico espectáculo

Las increíbles contradicciones sobre el copago de los fármacos hospitalarios

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 

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El ministerio de Sanidad en septiembre pasado aprobó la aplicación del copago a los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias. Desde el primer momento la mayoría de las entidades sociales y profesionales señalamos que  se trataba de una medida irracional desde el punto de vista sanitario y económico.

 

Desde el punto de vista sanitario porque es obvio que se trata de medicamentos que se dan a personas con graves enfermedades crónicas cuya salud y a veces cuya vida depende de la continuidad de sus tratamientos, y además de trata de personas que ya sufren muchos otros copagos (los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia, el transporte, las dietas, prótesis, ortesis, etc) y que son por lo general grupos de población muy vulnerables. Desde el económico porque implantar este copago significa importantes gastos de gestión que muy probablemente serán iguales o mayores a los posibles ingresos. Evidentemente estas circunstancias han hecho que una gran parte de las CCAA rechazaran la medida, varias de ellas con gobiernos del PP,  y que incluso alguna de ellas haya llevado el tema a los tribunales, pero a pesar de ello el Ministerio sigue empeñado en que se aplique la medida.

 

La última noticia de este despropósito son las declaraciones de la señora de Cospedal, presidenta de Castilla La Mancha y Secretaria General del PP diciendo que allí va a aplicarse este copago, pero que lo va a abonar la  comunidad autónoma, es decir estamos ante un nuevo caso de “simulación a la manera de…” que tanto le agradan a la Sra Cospedal, porque si lo asume la comunidad autónoma, lo evidente es que no hay copago, porque de haberlo supone que lo pagan los ciudadanos directamente.

 

Estas contradicciones son ya esperpénticas. El Ministerio de Sanidad debe asumir que su disposición era injusta y arbitraria y retirarla porque hasta la secretaria general del partido que sustenta el gobierno tiene claro que es una medida perjudicial para las personas gravemente enfermas. Una vez mas queda claro que el Ministerio de Sanidad es una entidad que no vela por la salud de los ciudadanos y que esta favoreciendo la desigualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias en el conjunto del país y que sus responsables nos harían un favor a todos si dimiten. También empieza a estarlo que hay algún barco que se esta hundiendo y que hay cada vez mas gente que quiere evitar que el hundimiento les arrastre a ellos.

 

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La gran noticia de ayer

La privatización sanitaria de Madrid seguirá suspendida cautelarmente (El País)

No habrá desmantelamiento de la sanidad pública en esta legislatura

Así lo cree el líder de los socialistas madrileños tras la decisión adoptada por el TSJM. Tomás Gómez insta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a reflexionar y le exige “que aparque con carácter definitivo sus intenciones de desmantelar el sistema sanitario público”.

Foto.- Tomás Gómez y el portavoz socialista en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire.

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El Secretario General del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha considerado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de devolver a las secciones de origen la resolución de los recursos sobre la privatización de 6 hospitales públicos madrileños “es sin duda una de las grandes noticias que podíamos recibir todos los madrileños”. Una decisión que “ayuda y anima a todos los que luchamos por la Sanidad pública” y que ha llevado al líder socialista a mostrar su convencimiento de que en esta legislatura no se va a producir el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño.

 

“En la práctica estamos convencidos de que en esta legislatura no se va a poder proceder con la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño. Así que recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que lo incorpore al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan”, señalaba Tomás Gómez en rueda de prensa acompañado por el portavoz socialista en materia sanitaria en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire.

 

“Estamos felices por la decisión que ha tomado el Pleno del TSJM, como se encuentra feliz hoy la mayoría de la sociedad madrileña y los profesionales sanitarios ante esta noticia”, afirmaba el líder de los socialistas de Madrid, para quien con la decisión adoptada por el Pleno del TSJM han sido desautorizados tanto el juez Martínez Tristán como su “inspirador”, el presidente Ignacio González”, “en su pretensión de condicionar las resoluciones judiciales sobre los recursos pendientes contra la privatización” con el fin de dar luz verde al desmantelamiento del sistema sanitario público de la región, verdadera intención del PP madrileño. En este sentido, Gómez ha subrayado que dicha resolución “viene a confirmar que nuestra recusación al juez Martínez Tristán se fundaba en muy sólidas razones”.

 

La recusación a Martínez Tristán -quien se da la circunstancia de que es marido de una consejera de María Dolores de Cospedal que hasta 2009 fue alto cargo del Ejecutivo madrileño)- se basaba entre otros motivos en que dicho magistrado estaba propugnándose para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, a propuesta del PP, y esto ponía en duda su parcialidad, según el PSM. Posteriormente se presentó una ampliación de esta recusación basada en que el propio Juez reconoció a un medio de comunicación que actuó a solicitud del Gobierno de Ignacio González.

 

“Hoy el TSJM ha tomado una decisión de sensatez que desde luego se identifica con lo que estábamos esperando la mayoría de los madrileños, una decisión que no es otra que avalar la suspensión de la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público de Madrid”, ha insistido Gómez, quien tras felicitar a todas las  organizaciones sanitarias que también emprendieron la vía judicial contra un proceso que ha calificado de “desatino” e “injusticia” ha asegurado: “Todos los esfuerzos y sacrificios han merecido la pena. Sin lugar a dudas. Y el resultado que hemos visto hoy nos anima a seguir trabajando… Este es un resultado que ayuda a todos los que luchamos por la Sanidad pública. Es un motivo de alegría y esperanza”.

 

De este modo, Gómez ha invitado a Ignacio González a reflexionar y le ha exigido “que aparque con carácter definitivo sus intenciones de desmantelar el sistema sanitario público”. “Los tribunales están desautorizándolo. La sociedad madrileña y los profesionales sanitarios están en contra. Da la sensación de que están dispuestos a todo con el objetivo de la privatización. Pero no van a poder”, ha enfatizado.

 

Eddy Sánchez (IUCM) reclama la dimisión del consejero Fernández Lasquetty

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El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, ha reclamado hoy “la dimisión de Fernández-Lasquetty ante esta desautorización al Gobierno regional”, tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar la paralización de la privatización sanitaria.

 

En este sentido, ha señalado que “estamos ante una nueva victoria de las movilizaciones y de la Marea Blanca, que ha logrado paralizar este saqueo de la sanidad madrileña”.

 

Finalmente, ha asegurado que “la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha terminado con el último intento del Gobierno regional de privatizar nuestros hospitales”.

 

La privatización que iba a salvar las cuentas de Madrid ahora "no afecta" al presupuesto

El consejero de Sanidad asegura que la suspensión cautelar de la 'externalización' de seis hospitales de la comunidad no perjudica a la partida de 2014

PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.es

Privatizar seis hospitales de la comunidad no sólo era legal, sino también necesario para la Comunidad de Madrid cuando anunció su plan de sostenibilidad del sistema sanitario, a finales de 2012. Con todo el programa, el presidente, Ignacio González, estimaba un ahorro de 533 millones, fundamentales para las ahogadas cuentas del Gobierno.

 

Sin embargo, el proyecto no llegó a buen término durante 2013, dado que gran parte de las medidas previstas por la Consejería que dirige Javier Fernández Lasquetty se quedaron en punto muerto. En las cuentas de 2014, el presupuesto de Sanidad permaneció intacto —según el presidente autonómico— salvo por la reducción de 130 millones correspondientes a la externalización del Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo. Es decir, que el Ejecutivo daba por hecho que la privatización se iba a llevar a cabo este año.

 

Aun así, para el titular de Sanidad, la decisión de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la paralización del proceso privatizador "no afecta, en absoluto" a las cuentas públicas para el presente año. "Los presupuestos estaban hechos para una suspensión cautelar de la externalización de la gestión", aseguró ayer Lasquetty tras ser preguntado por si la resolución del TSJM afectaría al Presupuesto de 2014, informa Europa Press.

 

Esta sentencia choca con la esgrimida por el jefe del Ejecutivo regional, que reconoció, al anunciar los presupuestos, que sí pensaban poder mantener el ahorro previsto de 130 millones de euros, pese a estar la paralización (ya entonces) dictada por los tribunales.  "Pensamos que eso lo vamos a poder mantener y llevarlo adelante, sino tendremos que seguir haciendo ajustes en el gasto", advirtió González.

 

Si no hay dinero para Sanidad, ¿por qué bajar impuestos?

En cualquier caso, otro de los puntos polémicos del Presupuesto regional fue el anuncio de la bajada de impuestos que supondrá un ahorro de hasta 1.000 euros para el bolsillo de cada ciudadano, aunque ello suponga seguir incrementando la deuda de la Comunidad y el consiguiente enfado del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro . González proclamó su "histórica" medida en octubre de 2013, probablemente convencido de que la rebaja de 1,6 puntos en el tramo autonómico de IRPF gustaría a los madrileños. Pero no fue del todo así.

 

La oposición lo criticó por aplicar la medida "sólo a los que más tienen" mientras seguía recortando en Educación (con el aumento de tasas, entre otras cuestiones) y Sanidad (se recortan 75 millones en personal). Y entre las olas de la marea blanca no se explicaban cómo se podía anunciar una rebaja impositiva mientras se justificaba la privatización de hospitales. "Sólo con anular la publicitada disminución de los impuestos —que, por cierto, van a ser sobre todo para las rentas más altas—, se podrían ahorrar los recortes sanitarios e incluso realizar un modesto incremento presupuestario", sentenció entonces la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid en un comunicado.

 

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Este ministerio adopta decisiones única y exclusivamente para dinamitar el sistema porque de los presuntos ahorros y racionalizaciones: ¡¡nada de nada!!

El Consejo de Estado recomienda al Ministerio de Sanidad que reevalúe el sistema previsto porque no cumple ninguno de los dos objetivos para los que fue diseñado: el ahorro y la racionalización.

El Consejo de Estado cuestiona el copago en ambulancias

La Cadena SER ha tenido acceso al informe de este órgano consultivo sobre el Real Decreto que va a regular el transporte sanitario no urgente

Foto.- Romay Beccaría, presidente del Consejo de Estado,
y la ministra Ana Mato.

TERESA RUBIO, Cadena SER

 

El Consejo de Estado, basándose en la memoria económica que el propio Ministerio de Sanidad elaboró para el Real Decreto, concluye que "el objetivo del ahorro puede verse frustrado dado el equilibrio o compensación a que se refiere la memoria entre ingresos y gastos". Es decir: lo que las Comunidades Autónomas van a ganar cobrando a los pacientes por sus traslados se lo van a gastar en la gestión del sistema de copago.

 

En el informe se sugiere al Ministerio que aclare por qué contempla en la memoria económica los supuestos ahorros de las administraciones con la implantación de la norma, pero no el impacto que el copago va a tener para los usuarios. También le recomienda que apunte criterios de gestión de cobro concretos, para orientar a las Comunidades Autónomas, aunque luego cada una de ellas establezca el sistema que mejor le convenga.

 

Otro de los objetivos del Real Decreto es "lograr una racionalización del uso del transporte sanitario no urgente, fundamentalmente a través de la limitación de su utilización a las situaciones en las que realmente sea necesaria por motivos exclusivamente clínicos". Pues bien, en este caso el Consejo de Estado le pide al Ministerio que especifique más los criterios que va a utilizar para decidir quién puede usar este tipo de transporte porque, tal cual aparecen reflejados en el proyecto, son similares a los que rigen actualmente.

 

El Consejo de Estado recoge también que el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, formula diversas observaciones relacionadas con la posibilidad de "lograr un ahorro suficiente"; y llama la atención sobre el hecho de que ni el Comité Consultivo ni el Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad remitieron un certificado favorable al Real Decreto y que sólo se limitaron a darse por informados.

 

Por todo ello, el órgano consultivo pide al Ministerio que reevalúe y que revise este copago. El departamento de Ana Mato no ha realizado, ni antes ni después de su entrada en vigor, estudios para conocer el impacto y las consecuencias de los recortes. No lo hizo con el copago para los pensionistas y los datos del propio ministerio confirman que la medida está agotada porque en los últimos meses ha vuelto a subir el gasto farmacéutico. No lo hizo tampoco cuando retiró la tarjeta a los inmigrantes sin papeles y tampoco con este copago de las ambulancias que se va a aplicar próximamente y que, recordamos, afecta sobre todo a enfermos crónicos, incluidos los oncológicos y los que necesitan diálisis. Los pacientes tendrán que pagar, cuando, por indicación de su médico, sean trasladados en ambulancia. Les costará 10, 20 o 60 euros al mes en función de la renta o esa misma cantidad anual si los desplazamientos se prolongan más de seis meses. Estos servicios son en la actualidad gratuitos.

 

LA CADENA SER HA TENIDO ACCESO AL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE RD

El Consejo de Estado no ve claro el copago en transporte sanitario no urgente

En su informe, insta al Ministerio a analizar el impacto en la salud y a especificar los criterios para utilizar el servicio

Redacción Médica, Madrid

La Cadena Ser ha avanzado a primera hora de este viernes que el Consejo de Estado cuestiona la eficacia de implantar el copago en el transporte sanitario no urgente como medida de ahorro. Según la emisora de radio, la memoria económica del proyecto normativo ha sido clave para discernir que no habría “equilibrio” entre lo que las consejerías ganarían por cada paciente y lo que gastarían en gestionar este sistema de cobro.

 

El órgano que preside José Manuel Romay Beccaría ha instado al ministerio de Sanidad a que “aclare”, según ha avanzado la Cadena Ser, por qué no ha recogido en la memoria económica el impacto que el copago “va a tener en los usuarios”. También insta a Sanidad a “especificar” qué requisitos tendrá el uso de este transporte para conseguir el objetivo ministerial de disuadir a aquellos pacientes que realmente no lo necesitan, ya que en el informe al que ha tenido acceso los criterios “son similares” a los actuales.

 

El Consejo de Estado también apunta en su análisis que echa de menos el apoyo tanto del Comité Consultuvo como del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tal y como apunta la Cadena Ser.