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¡¡NO PARAREMOS HASTA QUE SE RESTITUYAN LAS PRIVATIZACIONES!!...¡¡JUNTOS PODEMOS!!

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Madrid se tiñe de blanco para pedir a González que formalice en el BOCM la retirada del plan privatizador

Miles de pacientes y trabajadores sanitarios se han manifestado en la capital contra la 'externalización' de la donación de sangre y las derivaciones de la pública a la privada

 

EUROPA PRESS, Madrid.

 

La marea blanca ha salido este domingo a las calles de Madrid por decimoséptima vez para protestar contra las derivaciones de pruebas a centros privados y para reclamar que la retirada de la externalización se formalice en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Además, los miles de asistentes han pedido la devolución del sistema de gestión pública de la extracción de sangre de la Comunidad, así como la de la Lavandería Central Hospitalaria.

 

La manifestación ha sido convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) —que agrupa a trabajadores sanitarios y pacientes, así como a otras organizaciones sociales— y ha comenzado a las 12 horas en el Hospital La Princesa continuando hasta la Puerta de Alcalá.

 

La secretaria de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, Rosa Cuadrado, ha declarado que todavía hay "muchas amenazas sobre nuestras cabezas: continuos recortes, no hay ninguna inversión en la sanidad pública y las plantillas son muy reducidas". A ello añadió, también que se siguen derivando fondos públicos a la privada "con la disculpa de que la pública no puede hacerles frente".

 

Los trabajadores de la Lavandería, con la mitad de sueldo

En relación con la situación de la Lavandería Central Hospitalaria, la portavoz de la asociación de la Lavandería, Nieves Planet, ha manifestado que la concesionaria "han recortado un 46% de sueldo, hemos pasado de cobrar 1.100 a 645 euros, creo que es una rebaja muy importarte".

 

Además, Planet ha incidido en que la empresa encargada de la Lavandería, Flisa, está contratando personas con discapacidad. "Lo hacen porque ellos reciben 341 euros todos los meses por subvención, porque no tienen reparos en echarlos si no valen", ha destacado.

 

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid, Deli Edreira, ha apuntado que protestan porque quieren que "se retroceda en el acuerdo firmado entre la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja". Este convenio permite a la Cruz Roja realizar transfusiones de sangre en puntos de calle donde antes se situaba el Centro de Transfusión público "cobrando 67 euros por bolsa de sangre".

 

Además, la secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, ha destacado que su partido sigue apoyando estas convocatorias "porque el Gobierno regional espera a que llegue un momento más propicio para sus intereses y por lo tanto es importante que esta marea blanca se siga movilizando por las calles de Madrid en defensa de lo que es de todos".

 

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Un hospital de Madrid cobró 390 euros a un inmigrante por atenderle en urgencias

La Fundación Jiménez Díaz, centro de la red pública gestionado por la empresa IDCSalud, exigió una fianza para atender en urgencias a Óscar Benítez, un inmigrante en situación irregular

La atención de urgencia es una de las excepciones del real decreto 16/2012, que excluyó de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles

La empresa asegura que se trató de "un error administrativo", y que confundieron al hombre con un paciente de la parte privada del centro

Foto.- Factura de la fianza que un paciente tuvo que pagar en urgencias del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

 

Laura Olías / Raúl Rejón, en eldiario.es

 

"¡Esto se te va a cobrar!". Con esta frase, dicha a los gritos, respondieron en el mostrador de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Óscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, que acudió con un fuerte dolor en la vesícula. Benítez se enfrentaba por segunda vez a la misma respuesta en este hospital de la red pública. La primera, desinformado, pagó lo que pidieron: 390 euros para que le viese un médico. Una exigencia ilegal, puesto que la atención de urgencias está cubierta por la Seguridad Social, incluso para aquellos que se han quedado sin tarjeta sanitaria. El hospital achaca la situación a un simple "error administrativo".

 

La vesícula lleva más de un año atormentándole, dice por teléfono, pero le rechazaron de seis centros de salud públicos diferentes. "Me decían que sin papeles no me podían atender. Estuve automedicándome todo ese tiempo, pero a principios de año ya no podía aguantar más los dolores", explica.

 

La negación de asistencia sanitaria a un paciente en urgencias supone otra irregularidad. El  Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que dejó fuera de la asistencia gratuita a inmigrantes en situación irregular en algunos supuestos, contempla tres "situaciones especiales" en las que se debe suministrar atención. Una de ellas es la atención en urgencias, al igual que a las mujeres embarazadas y los menores. Estas excepciones son a nivel estatal, además de las que añada cada Comunidad Autónoma en su regulación.

 

En enero acudió a un centro de salud de Plaza de España y, ante una nueva negativa, se derrumbó. "Yo les decía, ¿cómo pueden negar atención a una persona con estos dolores? Me voy a morir". Sus quejas, entre sollozos, fueron escuchadas por una médica, que accedió a atenderle por su cuenta. "Y me derivó de urgencias a la Fundación Jiménez Díaz, que es la que me corresponde por donde resido".

 

Óscar, de 34 años, pensó que sus problemas acabarían, pero la realidad volvió a defraudarle. "Allí me volvieron a negar la asistencia; además, de muy malas maneras. Ante mi desesperación, se fueron a consultar y cuando volvieron me dijeron que sólo me atenderían si pagaba". La cantidad: 390 euros. Ante sus primeras reticencias, por lo abultado de la cifra, una respuesta que le quedó bien grabada: ' Si no tienes dinero ni papeles no te podemos atender'. "Como no podía aguantar más, llamé a una amiga para que me trajese el dinero".

 

La atención fue, ahora vista desde su perspectiva de consultas posteriores, poco resolutiva. "Me dijeron que el médico de guardia cobraba 200 euros y que el resto de fianza me la devolvían. El doctor, que también me trató con malas maneras, sólo me dijo que debía ser un cólico". Ahora, después de varias pruebas, espera un diagnóstico para el martes. "Me han dicho que puede ser algún problema en la vesícula, o en el hígado o piedras, que no están seguros aún", cuenta.

 

Cuando a los dos días volvieron los insoportables dolores, Óscar no sabía que hacer. "Me decía, no tengo trabajo, ¿de dónde saco yo 390 euros otra vez?". Un amigo le habló de Yo Sí Sanidad Universal y, gracias a un acompañante del grupo de la plataforma en Lavapiés, su situación dio un vuelco. Pablo Meseguer forma parte de este colectivo desde que el real decreto se puso en marcha y ya lleva muchos 'no' a sus espaldas en centros de salud y hospitales. Pero gracias a una normativa aprendida casi al dedillo, intenta junto a otros compañeros que se respeten los derechos de los inmigrantes.

 

"Hay un bulo general muy difundido de que 'los sin papeles no tienen derecho a sanidad', cuando eso no es cierto en todos los casos", precisa Meseguer. "Óscar nos contó lo sucedido y, cuando le acompañé en una segunda urgencia, una noche pocos días después, nos encontramos con la misma petición: 390 euros", cuenta.

 

"Una confusión", según el hospital

"Tuvimos una buena bronca porque nos decían en el mostrador que tenía que pagar para que le atendiesen. Me pareció alucinante. En otros hospitales también intentan que los inmigrantes firmen compromisos de pago, pero cuando les contamos las excepciones del decreto al final admiten que les tienen que atender de forma gratuita", explica Meseguer. Esta vez no fue así.

 

Pablo aconsejó a Óscar ir al Hospital Clínico, pero antes puso una reclamación en la que denunciaba lo sucedido. "En el Clínico le admitieron y le dieron de alta en el sistema sanitario como transeúnte sin permiso de residencia". El TIR es la modalidad de expediente que Yo Sí Sanidad Universal aconseja pedir en centros de salud y hospitales porque tiene una duración de un año y permite derivaciones, pruebas e intervenciones (aunque no la prescripción de medicamentos). Desde entonces, Óscar ha estado ingresado cinco días en el hospital, ha ido a revisiones y le han hecho pruebas. "Ahora me tratan bien, como a cualquier otro", apunta.

 

"Cuando ya estaba dado de alta en el sistema, volvimos a la Jiménez Díaz para exigir que le devolviesen el pago de los 200 euros que abonó Óscar", añade Meseguer. Y lo consiguieron. La respuesta oficial de IDCSalud a eldiario.es es que "se confundió a este inmigrante con un paciente de la parte privada del hospital". El centro tiene una parte del edificio dedicada a sanidad privada, pero no la zona de urgencias.

 

La reclamación de Pablo Meseguer recibió una respuesta similar: "La actuación del personal de Admisión de Urgencias es informativa para el paciente, para darle a conocer que la atención que va a realizar genera un coste, sin que ello derive en una falta de asistencia".

 

Óscar y Pablo niegan tal confusión. Meseguer no solo se basa en la visita a urgencias con Óscar sino en otras experiencias en este mismo hospital. "La Fundación Jiménez Díaz informa arbitrariamente de que las urgencias se cobran. Yo lo he visto con mis propios ojos y lo he peleado", asegura Meseguer, que cree que la existencia de una parte privada en la Fundación Jiménez Díaz permite que sea más sencillo el cobro a los inmigrantes y su desinformación desde los mostradores. De momento, tiene otra reclamación pendiente de respuesta.

 

"Se ha tratado de una equivocación, aquí se atiende a los inmigrantes irregulares sin cobrar", argumenta un portavoz del hospital, que asegura que en 2013 se vieron 2.497 pacientes de este tipo. La última Memoria Anual de la Fundación Jiménez Díaz (de 2012) consigna que se tramitaron 114.750 urgencias, por lo que esa cantidad reseñada supondría un 2% del total.

 

La Fundación Jiménez Díaz es un hospital de la empresa IDCSalud que presta servicio a una población aproximada de 435.000 usuarios de la sanidad pública. En 2006 la Comunidad de Madrid y la FJD firmaron un concierto singular (marco) con una duración de 30 años.

 

Según el documento la compensación económica por la atención de pacientes por parte de la Consejería de Sanidad a IDCSalud, es un centro como el resto de hospitales de la Red de Utilización Pública. Por la actividad de asistencia especializada la empresa ingresó de Madrid 285 y 290 millones de euros en 2011 y 2012.

 

Un problema invisible, pero que existe

Según Meseguer, estas irregularidades son invisibles para la sociedad, incluso para el personal médico de centros de salud y hospitales. "Hablamos con médicos de centros en los que rechazan inmigrantes y no se lo creen. Piensan que se atiende a todo el mundo", explica. Pero las irregularidades ocurren, asegura.

 

Y como ejemplo cita el de un inmigrante que había sufrido un ictus masivo, y que fue trasladado de urgencia desde el Hospital de Parla a la Jiménez Díaz. Una vez en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "el hospital llamó a sus familiares para ver quién se va a hacer cargo de los costes, cuando eso no debería pagarse", cuenta indignado. "Lo peor es que la trabajadora social no supo actuar de manera rápida para exigir que no se reclamase ningún pago", prosigue.

 

También hay casos similares en otros hospitales madrileños. "Una persona se rompió el peroné y fue operada de urgencia en el Hospital de La Princesa, para lo que le metieron toda una serie de clavos. Le dieron el alta hospitalaria, aunque no el alta médica. ¿Qué ha pasado? –expone Meseguer– que las revisiones posteriores, para quitarle los clavos y demás, se le han cobrado". Según el decreto 16/2012, la atención de urgencias se debe alargar hasta el alta médica, pero una instrucción confusa de la Comunidad de Madrid sobre el tema permite este tipo de irregularidades, explica Meseguer.

 

"Hay una arbitrariedad salvaje y se están haciendo cosas que, además de ser ilegales, suponen un alto riesgo para la salud de estas personas. No sé si son conscientes de la responsabilidad que pueden tener si la situación de los pacientes se agrava y ocurren tragedias como en Mallorca", apunta.

 

Otros casos de hospitales que cobran

El Real Decreto Ley 16/ 2012 se ha traducido en un descontrol administrativo que genera casos como los de este inmigrante en Madrid en otros sistemas sanitarios autonómicos. En agosto de 2013, la empresa Marina Salud –gestora privada de la sanidad pública en la zona de La Marina Alta–, exigió 132 euros a una inmigrante uruguaya al considerar que, aunque se presentó en el servicio de urgencias, su dolencia no era grave.

 

En enero de este año, Médicos del Mundo denunció que la sanidad de Navarra trató de cobrar a una inmigrante rumana por la atención en urgencias. Padece cáncer de mama. Denuncias similares han aparecido en Zumarraga (Guipúzcoa) o en el Hospital Clínico de Madrid, donde, según relataba hace un año Noelia Martínez en su cuenta de Twitter (@noeliamtnez), acompañó "a una amiga inmigrante sin papeles" a la que, más tarde, se le pidió la documentación y se le dijo: "en caso de no obtener contestación le pasaremos la factura a usted directamente".

 

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Y además, solicita la paralización cautelar de la resolución que establece el copago de los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas…

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El Gobierno vasco recurre el copago de farmacia hospitalaria y la regulación de la tarjeta sanitaria

Señala que la implantación del copago produce un perjuicio para la salud debido al efecto que provoca en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos

Redacción Médica, Bilbao.

 

El Gobierno vasco ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra la resolución que establece el copago de los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas, así como contra el real decreto por el que se regula la tarjeta sanitaria individual (TIS).

 

El Ejecutivo ha destacado que presenta ambos recursos después de que el Gobierno central no haya contestado satisfactoriamente a los requerimientos presentados para que reconsiderase y retirase ambas normativas. En el caso de la resolución que establece el copago de los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas, el Gobierno vasco ha solicitado al tribunal, además, la paralización cautelar de la ejecución de la medida por los daños que pudieran ocasionarse si en el futuro hubiese un pronunciamiento favorable a este recurso.

En este sentido, el Gobierno vasco advierte de que la implantación del copago produce un perjuicio para la salud de los pacientes y para la salud pública, debido al efecto que provoca en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos, bien por abandono o por peor seguimiento de los mismos.

Respecto al fondo del recurso, el Gobierno vasco considera, en primer lugar, que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, "no es competente para dictar esta medida", dado que supone de facto un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas con aportación de la persona usuaria, que requiere ser regulado con una norma de mayor rango jurídico.

En segundo lugar, el Gobierno cree que es una medida "injusta e inadecuada", que atenta contra el principio de equidad, "al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves". Además, el Gobierno vasco recurre a la jurisdicción contencioso-administrativa porque entiende que el procedimiento utilizado para calcular la aportación de las personas usuarias es improcedente e ineficaz ya que el coste de su puesta en marcha es más elevado que lo que se recauda con la medida.

Tarjeta sanitaria individual

Además, el Ejecutivo vasco cree que el Gobierno español se ha extralimitado en su regulación sobre la forma y las características técnicas que tiene que tener la nueva TIS. A su juicio, éste "realiza, en su normativa, un detalle tan exhaustivo al respecto que agota el margen para que el Departamento de Salud del Gobierno vasco pueda desarrollar sus necesidades operativas y organizativas".

En este sentido, el Gobierno de Urkullu recuerda que la Comunidad Autónoma Vasca es la competente para emitir la Tarjeta Individual Sanitaria y que "con su despliegue tan exorbitante se vulnera el espíritu de su propia legislación básica". Además, el Gobierno cree que la posibilidad de un formato de TIS común en el ámbito estatal, debe ceñirse a garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información y de los dispositivos informáticos que lo soportan. En ningún caso, según advierte el Ejecutivo vasco, puede utilizarse el pretexto de garantizar la acreditación de la persona titular con derecho a las prestaciones sanitarias en el ámbito estatal para "imposibilitar a las comunidades autónomas su margen de decisión sobre el formato de la TIS".

 

El Gobierno Vasco recurre el copago hospitalario

También se presentará recurso contra la normativa española de la Tarjeta Individual Sanitaria

Hace unos meses el Ejecutivo vasco pidió la retirada de ambos decretos

 

Bilbao, B. Sotillo, en noticiasdegipuzkoa.com

 

El Gobierno Vasco ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra las leyes estatales que regulan el copago de los medicamentos que se adquieren en las farmacias y la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), después de que el Gobierno español "no haya contestado satisfactoriamente" a los requerimientos que el Ejecutivo vasco presentó a finales del año pasado para que retirara esa normativa.

 

En concreto el Gobierno recurre contra la Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación de la persona usuaria, y contra el Real Decreto 702/2013, de 30 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

 

En el caso del decreto que amplió el copago a los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas, el Gobierno Vasco ha solicitado al tribunal la paralización cautelar de la ejecución de la medida "por los daños que pudieran ocasionarse si en el futuro hubiese un pronunciamiento favorable a este recurso". En este sentido, el Gobierno Vasco advierte de que la implantación del copago "produce un perjuicio para la salud de los pacientes y para la salud pública" debido al efecto que provoca en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos, "bien por abandono o por peor seguimiento de los mismos".

 

Un nuevo sistema

Respecto al fondo del recurso, el Gobierno Vasco considera, en primer lugar, que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia "no es competente para dictar esta medida, dado que supone de facto un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas con aportación de la persona usuaria, que requiere ser regulado con una norma de mayor rango jurídico".

 

El Ejecutivo vasco también considera que "es una medida injusta e inadecuada, que atenta contra el principio de equidad, al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves".

 

En el recurso del Gobierno Vasco también se argumenta que el procedimiento utilizado para calcular la aportación de los usuarios "es improcedente e ineficaz" ya que el coste de su puesta en marcha es más elevado que lo que se recauda con la medida.

 

En relación al real decreto que regula la Tarjeta Sanitaria Individual (TIS), el Gobierno Vasco estima que el Ejecutivo español "se ha extralimitado en su regulación sobre la forma y las características técnicas que tiene que tener la nueva tarjeta". Según el recurso, el Gobierno español realiza, en su normativa, un detalle tan exhaustivo al respecto "que agota el margen para que el Departamento de Salud vasco pueda desarrollar sus necesidades operativas y organizativas".

 

Así, el Departamento de Justicia y Administración Pública recuerda que la Comunidad Autónoma Vasca es la competente para emitir la Tarjeta Individual Sanitaria "y que con su despliegue tan exorbitante se vulnera el espíritu de su propia legislación básica". Además, el Gobierno cree que la posibilidad de un formato de TIS común en el ámbito estatal, debe ceñirse a garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas de información y de los dispositivos informáticos que lo soportan. En ningún caso, advierte el Gobierno Vasco, "puede utilizarse el pretexto de garantizar la acreditación de la persona titular con derecho a las prestaciones sanitarias en el ámbito estatal para imposibilitar a las comunidades autónomas su margen de decisión sobre el formato de la TIS".

 

Copago.

El Gobierno Vasco advierte de que el copago produce un perjuicio para la salud de los pacientes y atenta contra el principio de equidad, al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves.

 

Tarjeta.

Argumenta que con el pretexto de garantizar la acreditación de la persona con derecho a prestaciones sanitarias no se puede limitar la competencia de Euskadi sobre la TIS.

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Detectan en la Red estrategias dirigidas a deslegitimar los genéricos

Investigadores de la UNED indagan en un informe publicado en una revista internacional en los comentarios negativos sobre este tipo de medicamentos

Foto.- Una farmacéutica muestra varias cajas de medicamentos genéricos.

08.03.14 - A. SOTO | MADRID, en El Comercio.

Los medicamentos genéricos son fármacos iguales a los de la marca cuya patente ya ha expirado, comparten el mismo principio activo que los de referencia, tienen la misma composición que ellos y su calidad, eficacia y seguridad están más que comprobadas. Los médicos están obligados por ley a recetarlos, siempre que existan. Y además, son más baratos. ¿Por qué, entonces, su consumo en España sigue estando muy por debajo del de otros países de la Unión Europea?

Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han analizado más de 3.000 opiniones recogidas en páginas webs y han identificado estrategias de comunicación "dirigidas a generar en la opinión pública percepciones de riesgo alrededor de los genéricos". Eso podría ayudar en parte a explicar sus bajos niveles de consumo, según este estudio, publicado en la revista 'Qaulitative Social Work'. "Al analizar la imagen social de los medicamentos genéricos en la Red, hemos detectado una estrategia de comunicación explícita con un objetivo muy claro: generar percepciones de riesgo a su alrededor para frenar su aceptabilidad social", asevera Miguel del Fresno, profesor de Trabajo Social de la UNED y autor principal del estudio.

La investigación ha profundizado en las referencias que entre 2009 y 2012 se han encontrado en internet (medios de comunicación, blogs, foros y agregadores de opinión) sobre los genéricos. Los términos de búsqueda han sido 'genéricos', 'medicamentos genéricos', 'fármacos genéricos', 'medicamento EFG' -Equivalente Farmacéutico Genérico-, 'EFG' y 'EFG's', y los resultados se han limitado a España. Primero se hallaron 213.794 resultados, y tras filtrar los falsos positivos y realizar un muestreo aleatorio simple, se estudiaron un total de 3.692.

Los expertos han observado que los laboratorios de los medicamentos de marca denominaban a estos como 'fármacos innovadores' "en clara oposición a los genéricos". "Lo sorprendente", destacan los autores del informe, "fue que los laboratorios de genéricos y profesionales médicos utilizaban también este marco lingüistico, que favorece la percepción positiva de los medicamentos de marca en detrimento de los genéricos", sostiene Antonio López, coautor del estudio. Entre los comentarios negativos de internet, destacan los textos que hablan de potenciales efectos nocivos sobre la salud o la falta de eficacia terapéutica, "nunca demostrados".

Para combatir la percepción negativa no justificada de los genéricos, los investigadores recomiendan que se use conceptos como 'medicamentos genéricos' y 'medicamentos de marca'. También piden que se establezcan "estrategias de alfabetización científico-tecnológica de la población", indica Antonio López.

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Problemas fundamentales de la Sanidad Pública y alternativas para abordarlos

Por Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

 

nuevatribuna.es

 

En el momento en que se realiza el debate sobre el “Estado de la Nación” es una buena ocasión para reflexionar sobre los problemas principales que afronta la Sanidad Pública en nuestro país y las alternativas que existen para abordar con éxito estos problemas sin deteriorar ni privatizar la Sanidad Pública.

 

Lo primero que hay que señalar es que a pesar de la propaganda en contrario, teníamos un sistema sanitario muy eficiente, así lo señalaba Stuckler (BMJ 2010) relacionando la mortalidad ajustada por edad con el gasto social, situándose España en el mismo nivel de mortalidad que Italia, Francia y Suecia que tenían un gasto per capita un 33%, 66% y 100% superior respectivamente. Mas recientemente la agencia Bloomberg (junio 2013) colocaba a España en el 5º lugar mundial de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo, el 1º de Europa, comparando gasto sanitario total y público con esperanza de vida y esperanza de vida libre de incapacidad. 

 

Ello en si mismo no resulta una novedad porque es bien conocido que los sistemas de gestión pública son mas eficientes porque tienen menos gastos administrativos, tiene una menor sobreutilización de los recursos tecnológicos y gracias a la cobertura universal pueden socializar los riesgos y abordar economías de escala.

Por supuesto esto no quita que la Sanidad Pública en España no tenga problemas, y que estos se hayan agravado con la agresiva política del PP en estos últimos años. Analizarlos todos es prácticamente imposible, así que me voy a centrar en los que me parecen más importantes.

 

Uno. Recortes presupuestarios. La Sanidad ha sufrido en estos años unos recortes presupuestarios brutales e indiscriminados incompatibles con su buen funcionamiento. En 2009 el gasto sanitario alcanzo la cifra de 70.464 millones € y para 2014 hay presupuestados 57.632 millones €. Estos casi 13.000 millones menos significan disminuciones de personal muy importantes (53.000 trabajadores sanitarios menos según algunas fuentes) y su correlato: cierres de plantas, de quirófanos, cese de actividad de tarde, de puntos de atención continuada, etc, provocando aumentos de las listas de espera diagnostica, de consultas externas, quirúrgica y de citación en Atención primaria.

 

Por otro lado el sistema arrastre crónicamente una gran disparidad en la financiación sanitaria de manera que el presupuesto per capita tiene desde hace mas de 10 años una diferencia alrededor de 500 € entre la Comunidad Autónoma que mas y la que menos dedica a la Sanidad. Eso agrava el problema anterior, porque los recortes que se han producido en todas han sido letales para las CCAA con menor presupuestación.

 

Las alternativas son sencillas, la primera es mejorar la financiación y hacerla finalista para acabar con esta disparidad y luego eliminar los recortes, para ellos seria conveniente el tener un Plan Integrado de Salud (ya propuesto en la Ley General de Sanidad de 1986 y nunca elaborado) y reformar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que pase a ser un órgano real de planificación y coordinación del SNS.

 

Dos. Las privatizaciones. El proceso de privatización que viene de antiguo se ha acelerado con la excusa de la crisis. En Sanidad se han utilizado múltiples modelos: las concesiones administrativas (mas conocido como modelo Alzira), las iniciativas de financiación privada, las adjudicaciones de atención sanitaria de áreas de población, las derivaciones sistemáticas al sector privado (de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, etc), las entidades de base asociativa (en Atención primaria), etc. Ninguna se ha evaluado de manera transparente, pero sabemos algunas cosas importantes: incrementan los costes de manera exponencial (entre 7 y 8 veces), empeora la calidad de la asistencia sanitaria, reduce el personal, se realizan derivaciones sistemáticas de los enfermos complejos o de diagnósticos y tratamientos costosos a los centros públicos (selección de riesgos) y los ciudadanos prefieren lo público.

 

¿Cuáles son las soluciones?. Por supuesto la primera es hacer las nuevas infraestructuras de forma planificada utilizando si se precisa recursos de la UE (hay experiencias en Asturias y Murcia), recuperar las privatizaciones de una manera paulatina, así como derogar la ley 15/97 y blindar la provisión sanitaria pública por ley.

 

Tres. Gasto farmacéutico elevado. Si en 2011 hubiéramos tenido el mismo gasto farmacéutico per capita que el promedio de la OCDE habríamos gastado 1.823,6 millones $ ppc menos en farmacia. Aunque el gasto farmacéutico ha descendido en los últimos años, este ha tenido una evolución dispar, mientras el gasto en recetas ha disminuido un 26% entre 2009 y 2013, el gasto hospitalario se ha incrementado un 47,16% en el mismo periodo con lo que las bajadas en una parte se están equilibrando con los aumentos en la otra, máxime cuando los 4 últimos meses de 2013 el gasto en recetas ha invertido su tendencia y esta subiendo respecto a 2012. De todas maneras conviene no olvidar que la disminución del gasto en recetas no es real porque lo que sucede es que con los copagos se está trasladando gasto público a privado, provocando inequidad y problemas de salud.

 

Las alternativas son también conocidas, hay que promover la utilización racional de los medicamentos, controlar las presiones de la industria sobre los profesionales, realizar subastas de medicamentos, y establecer sistemas como financiación por grupos equivalentes y sistemas de riesgos compartidos.

 

Cuatro. Sobreutilización tecnológica. Existe un consenso generalizado en que alrededor del 30% de la tecnología médica se utiliza de manera inapropiada y a veces con riesgo para los pacientes. Es un tema complejo, pero las intervenciones deben de ir en el fomento de la medicina basada en la evidencia y la puesta en funcionamiento de agencias de calidad al estilo de la NICE del Reino Unido.

 

Cinco. Los copagos. El RD Ley 16/2012 establecía un incremento de los copagos en los medicamentos sobre los “activos” y además sobre los pensionistas, así como en los fármacos dispensados por las farmacias hospitalarias, y nuevos copagos sobre transporte sanitario, dietas, ortesis y prótesis. Aunque el único copago que hasta ahora se ha hecho efectivo es el de los medicamentos, esta claro que los copagos penalizan a las personas mas enfermas, con rentas mas bajas, a las mujeres, a los discapacitados y a quienes viven en el área rural.

 

Seis. El cambio de modelo sanitario. El DR Ley 16/2012 también cambia el modelo sanitario establecido en la Ley General de Sanidad pasando de un modelo basado en la residencia a otro que se fundamenta en el aseguramiento. Este nuevo modelo produce exclusiones, la mas conocida la de los inmigrantes irregulares que provoca serios problemas humanitarios y de salud, pero también hay otras como la de las personas con rentas superiores a 100.000 € y mas recientemente la de aquellos que residan mas de 90 días en el extranjero. Por otro lado se establece una nueva cartera básica de la que se irán excluyendo paulatinamente prestaciones (de momento solo la fecundación in vitro para mujeres solas o con parejas del mismo sexo).

 

Las alternativas a estos dos puntos vienen por la derogación del RD Ley 16/2012, la garantía de la accesibilidad al SNS de toda la población manteniendo su gratuidad en el momento del uso y por asegurar la universalidad del derecho a la atención sanitaria.

 

Y por fin hay dos cuestiones claves para poder avanzar en todo lo propuesto, la primera es la necesaria transparencia informativa de las administraciones sanitarias, no es de recibo que se nos oculte la información existente y que toda la ciudadanía sufragamos con nuestros impuestos, pero además este apagón informativo hace muy complicada la evaluación de nuestros servicios sanitarios sin lo cual es muy difícil avanzar. La otra es la necesidad de establecer sistemas efectivos de participación social y profesional que permitan la implicación de ciudadanos y trabajadores de la sanidad con el servicio sanitario público.

 

Como han demostrado las recientes movilizaciones en Madrid es perfectamente posible conseguir la paralización de una política suicida de deterioro y privatización de la Sanidad Pública, a partir de ahí tenemos que avanzar en alternativas, como las señaladas, que nos permitan mantener un sistema sanitario público de calidad, eficiente y universal que es la garantía de la salud de la población.

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Foto.- Factura de un Hospital del SESCAM por un parto, incumpliendo flagrantemente el restrictivo Decreto-Ley de Ana Mato – yendo más allá -… VER AMPLIADA

 

Laura Olías, en eldiario.es

 

Buscar los huecos en la normativa vigente. Es lo que hacen día a día los miembros de Yo SÍ Sanidad Universal y otras organizaciones que defienden el derecho a la salud de todos los ciudadanos, para que los centros de atención primaria y hospitales atiendan a los inmigrantes sin permiso de residencia que quedaron desprotegidos con el decreto de Sanidad de abril de 2012.

 

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril que impulsó Ana Mato divide a los ciudadanos en "asegurados y beneficiarios" con condiciones que excluyen a los inmigrantes residentes en España en situación irregular. Pero no a todos ni en todas las circunstancias, algo que según afirman miembros de Yo SÍ Sanidad desconocen muchos de los afectados y también el personal de los centros sanitarios, que rechazan muchas veces a personas que sí tienen derecho a la atención sanitaria.

 

La confusión aumenta con las diferencias en la normativa de cada comunidad autónoma. A lo que se suma la "arbitrariedad" en la atención entre distintos centros de atención, incluso dentro de la misma CCAA, según confirman en Yo SÍ Sanidad Universal. Por ello, la plataforma creó los grupos de acompañamiento: personas que asesoran y acompañan a los afectados para lograr su asistencia médica. Los talleres que instruyen a los nuevos grupos, como al que acudió eldiario.es en Pinto (Madrid) el 17 de febrero, explican los resquicios del sistema a los que recurrir cuando los inmigrantes reciben un 'no' en los centros de atención médica.

 

"En muchos casos las situaciones laborales de los administrativos les condicionan en su trabajo, porque tienen miedo a que les echen o que les perjudique de algún modo dar cita a inmigrantes sin papeles", dice Rosa Bajo, médica y la encargada de dar el curso de Yo Sí Sanidad Universal. La labor del grupo de acompañamiento es defender los derechos de los inmigrantes irregulares y buscar la colaboración del personal de los centros médicos."Tiene que quedar claro que no hacemos nada malo. Tratamos de garantizar el derecho a la salud, que debería corresponder a cualquier persona por el simple hecho de serlo", concluye un participante del taller.

 

La sociedad se conmueve con los casos de inmigrantes que han muerto por una atención deficiente tras quedarse sin cobertura. Pero no sabe que es posible ayudar a que eso no ocurra, explican en la ONG. Por eso, Bajo defiende la importancia de difundir los detalles de la regulación para que nadie permita que delante suyo se vulneren los derechos de una persona.

 

 

Las diez claves

 

1. Recordar las excepciones al decreto

La norma recoge tres casos en los que "los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria": de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; a las embarazadas, durante el periodo de gestación, parto y postparto; y a los menores de 18 años, en cualquier caso.

 

Según Bajo en los primeros meses de la implantación del decreto parte del personal de los centros médicos rechazaba la citación de inmigrantes sin papeles en cualquier caso, la mayoría de veces por desconocimiento. Y aún hoy sigue sucediendo. "Es importante recordar en los mostradores de ambulatorios y hospitales cuáles son las excepciones. Muchos de los inmigrantes a los que una vez les dieron un 'no' por respuesta en algún centro de atención no han vuelto más", apunta.

 

2. Acogerse también a las excepciones autonómicas

Las Comunidades Autónomas tienen competencias asignadas en materia de Sanidad, por lo que a las tres excepciones anteriores se suman algunas más dependiendo de la región.

 

Andalucía no aplica las restricciones del decreto, por lo que dispensa un "documento de autorización temporal de asistencia sanitaria", de un año de vigencia a los que se quedan fuera del sistema de salud pública.

 

En Cataluña, la Instrucción 10/2012 del CatSalut amplió la cobertura sanitaria a las personas sin autorización de residencia y sin recursos econímicos suficientes, si llevan tres meses empadronados en algún municipio de la Comunidad. También recoge una serie de enfermedades que se tratarán en cualquier caso, como el VIH y las infecciones de transmisión sexual.

 

País Vasco eleva el mínimo de empadronamiento a un año -además de unos ingresos inferiores a la Renta Básica de Euskadi- para obtener la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS), que garantiza la asistencia "en iguales condiciones de calidad y con la misma extensión" que la de asegurados y beneficiarios. También tendrán derecho a la TIS aquellos que en el momento de la entrada en vigor del decreto ya disponían de la tarjeta. Una colaboradora de Médicos del Mundo recuerda que "el reconocimiento del derecho a la salud" es otra vía para quienes no cumplen el requisito del empadronamiento. También se contempla la cobertura para los solicitantes de asilo y refugio.

 

La Comunidad de Madrid no fue de las CCAA que se rebeló contra el decreto, pero sí ha añadido algunos supuestos más en los que los inmigrantes tienen derecha atención: los solicitantes de asilo y las víctimas de trata cuya estancia temporal en España haya sido autorizada; los pacientes de enfermedades infectocontagiosas; y las personas con enfermedades crónicas cuyo tratamiento se haya iniciado antes del 31 de agosto de 2012 (estos últimos sin derecho a la prescripción de medicamentos).

 

3. Llevar a los centros médicos la documentación legal

A la confusión por las distintas excepciones y la falta de información en algunos centros sanitarios se suman a veces "órdenes orales por parte de instancias superiores para que se frenen las listas de urgencias o se rechacen las casos de pacientes irregulares", apunta Bajo. Para unas y otras situaciones, desde Yo SÍ Sanidad Universal recomiendan asistir a los ambulatorios y hospitales con "una carpeta que contenga toda la información, de ámbito nacional y regional, para poder enseñarla en el mostrador que corresponda".

 

4. Derivaciones incorrectas

La doctora Bajo recuerda que el el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -encargado por el decreto del reconocimiento y control de la condición de asegurado o de beneficiario- no siempre es el organismo al que deben acudir los inmigrantes sin papeles para reconocer su derecho a la atención. "A veces, son los propios centros de salud los que deben darles de alta en el sistema y, por ignorancia u otros motivos, les envían al INSS".

 

En Madrid las mujeres embarazadas, los menores, los solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos pueden solicitar en su centro de salud el Documento de Asistencia Sanitaria en Situaciones Especiales (DASSE), que les garantiza la misma cobertura que las personas con tarjeta sanitaria. "Pero hay veces que envían a estas personas a las oficinas del INSS, donde lógicamente les dicen que no les corresponde la tramitación de sus casos", explica Bajo.

 

Todo un camino burocrático que retrasa la atención de los inmigrantes e, incluso, los desanima y aparta del sistema. "Son incidentes que contribuyen a que los inmigrantes no acudan a los centros de salud", apunta Bajo. En la atención urgente, los inmigrantes tampoco deben tener ningún trámite en regla de la oficina del INSS.

 

5. ¿Qué es una urgencia?

El decreto recoge la atención "de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica". Sin embargo, la doctora Bajo cuenta varios casos en los que, desde los mostradores de centros de salud y hospitales, se ha cuestionado el carácter urgente de la atención que precisaban inmigrantes sin permiso de residencia para no atenderlos.

 

Desde Yo SÍ Sanidad Universal aseguran que la vía de urgencia debe estar garantizada en todos los casos -sean cuales sean las necesidades del paciente- por varios motivos. La Organización Mundial de la Salud define la urgencia como "la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención, por parte del sujeto que lo sufre o de su familia". Según esta definición, la percepción del paciente es la que determina la urgencia.

 

Por otro lado, Bajo apunta que los administrativos de un centro de salud u hospital no pueden rechazar un paciente por una supuesta falta de gravedad del paciente, puesto que no están autorizados a valorar este aspecto. Aunque pueden preguntar por el motivo de la urgencia para introducirla al sistema informático, solo corresponde al médico valorar la gravedad de la situación del enfermo.

 

Así, Bajo recomienda que, ante una negativa en los mostradores de algún centro de atención médica, el inmigrante o las personas que participan en el acompañamiento recuerden estos dos puntos.

 

6. Recurrir las facturas de urgencias

El mayor número de problemas que registra esta ONG en cuanto a facturación proviene de los hospitales. En varios centros de atención especializada han pasado -o lo han intentado- una factura por la atención en urgencias. En algunos casos, ante la petición de dinero, los inmigrantes se fueron y no recibieron una atención que les corresponde.

 

En el Manual para grupos de acompañamiento de Yo SÍ Sanidad Universal recomiendan a los inmigrantes excluídos de la sanidad pública que "no firmen compromisos de aceptación de gasto"."Nuestros mayores aliados en los hospitales son los trabajadores sociales. A ellos hay que acudir cuando haya algún problema de facturación de servicios", aconseja Rosa Bajo.

 

Si se negasen a atenderlos sin pasar la factura (a pesar de que es ilegal), Bajo recomienda cogerla y reclamarla más tarde en Atención al Paciente. "Es importante que se reclame porque si no pagan la cantidad tras varios avisos, la deuda pasará a la vía ejecutiva y podrá perjudicar a los extranjeros en la regulación de su situación en España", afirma uno de los médicos asistentes al taller en Pinto.

 

7. De la primera atención al alta

Las urgencias abarcan todo el proceso. "Hay hospitales que pretenden cobrar las pruebas durante los ingresos y la estancia en los hospitales, cuando todo este periodo corresponde al tratamiento por urgencias", afirma Bajo. En caso de cobro, la misma recomendación: reclamar la factura.

 

En Madrid, las instrucciones específicas de la Consejería pretenden limitar el periodo de urgencias y cobrar por el tratamiento posterior: "Si la persona atendida de urgencia precisase seguimiento de su proceso [...] se le indicará que, para ser atendido, puede suscribir un Convenio Especial para dar cobertura a dicha asistencia o, en caso contrario, ésta le será facturada". Sin embargo, la ONG aclara que una regulación autonómica no puede prevalecer sobre el decreto estatal.

 

8. Pedir el alta en el sistema

Esta opción permite un mayor seguimiento. Depende de cómo funcione cada CCAA pero hay varias posibilidades para abrir el expediente en urgencias de un paciente sin cobertura sanitaria.

 

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se puede dar de alta en el sistema como Transeúnte sin Permiso de Residencia (TIR), que tiene un año de duración y permite derivaciones, pruebas e intervenciones (aunque no la prescripción de medicamentos). Sólo hace falta presentar en el centro de salud u hospital su documento de identidad y el empadronamiento. De lo contrario, el registro de la consulta de Transeúnte General (TIG) será borrado automáticamente de la base de datos a las 24 horas.

 

9. Conseguir medicamentos

Los profesionales médicos pueden reclamar medicamentos para excluídos por el sistema, mediante un correo a la dirección de Gestión Farmacéutica de la Consejería de Sanidad. "Les pasamos la responsabilidad y, en la mayoría de casos, han facilitado la medicación para los casos solicitados", apunta Bajo.

 

10. La actitud debe ser conciliadora, no combativa

Es la actitud que defienden desde Yo SÍ Sanidad Universal, en la que colaboran muchos profesionales del sector sanitario. "Los médicos y el personal médico no son nuestros enemigos", apunta Bajo. "No hay que ir a montar bronca a un centro sanitario, ni siquiera cuando nos encontremos actitudes xenófobas o falta de sensibilidad, porque eso no va a ayudar a que atiendan al paciente".

 

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La lucha continúa…

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La Marea Blanca insiste en la calle en que la privatización sanitaria sigue activa

Nueva manifestación en Madrid de los colectivos que rechazan la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, que han celebrado la paralización del proceso de privatización de seis hospitales y varios ambulatorios

Han exigido que la Lavandería Central Hospitalaria vuelva a ser pública y la retirada de la reforma del aborto

Europa Press

La 'Marea Blanca' ha salido este domingo a las calles de Madrid por decimosexta vez para asegurar que el proceso de privatización sigue activo y celebrar la paralización de las concesiones de seis hospitales a grupos privados que puso en marcha el Gobierno regional.

Además de que la paralización de la externalización quede plasmada en documentos oficiales, los asistentes han pedido la devolución al sistema de gestión pública de la extracción de sangre en la Comunidad, así como la vuelta de la Lavandería Central Hospitalaria a manos públicas y la retirada de la reforma de la ley del aborto del Gobierno nacional.

La manifestación ha comenzado a las 12 horas en la plaza de Neptuno, aunque los trabajadores del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid han partido desde su sede en Valdebernardo a las 9 horas.

Así, la portavoz de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid, Deli Edreira, ha recordado que este centro "sigue en proceso de privatización". Sin embargo, se ha mostrado optimista con el cambio en la cúpula de la Consejería de Sanidad, por lo que confía en que "reaccionen, se lo piensen, recapaciten y den marcha atrás a este desatino".

En cuanto a la situación de Lavandería Central Hospitalaria, los trabajadores han pedido la vuelta a la gestión pública y las condiciones laborales. En declaraciones a Europa Press, la tesorera de la asociación de la Lavandería, Nieves Planet, ha apuntado que "hay pruebas documentales y gráficas de que la ropa hospitalaria está almacenada en almacenes de frutas y verduras", por lo que esperan que "la justicia haga su trabajo y lo haga bien".

El secretario de Sanidad del CSIT-Unión Profesional, Jesús González, también ha agradecido las "buenas intenciones" que ha manifestado el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.

Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado que los socialistas madrileños van "a vigilar que sea sostenible y que se mantenga con una calidad el sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid" y que "no haya más recortes". Además, ha asegurado que la paralización del proceso de externalización sanitaria es una "importante victoria".

La secretaria de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, Rosa Cuadrado, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que "queda muchísimo por hacer", ya que "hay que revertir todos esos procesos privatizadores que se han llevado a cabo todos estos meses, se han perdido 4.500 puestos de trabajo y se ha descapitalizado la sanidad madrileña".

La marcha ha transcurrido con un ambiente festivo, con mayor número de asistentes que en ocasiones anteriores. El buen tiempo que ha dominado la jornada ha hecho una excepción cuando la Marea pasaba por la plaza de Cibeles, cuando ha comenzado a granizar.

Tras la manifestación, que ha llegado hasta la Puerta del Sol, el PSM ha celebrado una fiesta en la Plaza de Callao para agradecer a la ciudadanía su implicación en la lucha contra el proceso de externalización sanitaria en la región.

La Marea Blanca advierte de que continuará su lucha pese al último triunfo conseguido

Otra convocatoria de los profesionales y usuarios vuelve a llenar las calles de Madrid en la primera marcha tras el anuncio del Gobierno regional de suspender la externalización de seis hospitales de la región

SABINA ORTEGA en Público.es

La Marea Blanca ha vuelto a salir a la calle tras el anuncio del Gobierno regional de suspender la privatización de seis hospitales en la Comunidad. Una convocatoria en la que los asistentes han celebrado la victoria de las constantes movilizaciones protagonizada por los profesionales y usuarios cada mes. Una victoria que los asistentes han calificado de "satisfactoria" aunque aseguran que aún queda mucho por hacer.

Miles de personas comenzaron la marcha en la Plaza de Neptuno, como en otras ocasiones, hasta finalizar en Sol al ritmo de batucadas y cánticos de "Sí se puede". Ni la lluvia, ni el granizo pudo con el ambiente festivo que vivía la Marea Blanca, en su segunda marcha este año.

En esta nueva convocatoria, la Marea Blanca ha advertido que aún siguen abiertos procesos de privatización. "Hemos ganado una batalla pero la Comunidad de Madrid sigue teniendo esa tendencia a desviar fondos públicos por medio de derivaciones y externalizaciones a los centros privados", ha asegurado Rosa Cuadrado, la Secretaria General de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid.

El Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid se ha sumado a la Marea, tras el proceso de externalización que está llevando a cabo el Ejecutivo regional. Los trabajadores de este centro llevan catorce días en un encierro permanente tras el Convenio entre la Consejería de Sanidad y Cruz Roja. Un acuerdo que los trabajadores califican de "locura".  El personal de este centro ha conseguido, en el segundo día de encierro,  que la Consejería garantice sus puestos de trabajo pero para ellos "esto no es suficiente, no vamos a ser despedidos, pero la privatización seguirá adelante y esto no puede ser permitido", ha manifestado Deli Edreira, una trabajadora del Centro de Transfusión.

Entre los asistentes a esta marcha se encontraba el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que ha expresado su satisfacción ante la decisión del Ejecutivo de revocar la privatización de los seis hospitales, pero también se ha mostrado "vigilante" con respecto al futuro del sistema sanitario madrileño. "Vamos a seguir vigilando que este sistema sea sostenible, que no hayan más recortes, porque esto es una retirada táctica, pero su estrategia sigue siendo la misma".

Desde UGT, Ignacio Hernández ha mostrado su satisfacción por que la Comunidad de Madrid se haya dado cuenta "por fin" de que los ciudadanos no deseaban una sanidad privatizada, aunque ha dejado claro que permanecerán alerta porque algunos servicios, como el de donación de sangre, deben seguir siendo públicos.

La Marea Blanca volvía a llenar las calles madrileñas para advertir que "seguirán peleando" por un sistema público "que vuelva a ser el mismo que hace 10 años", afirmaba Rosa Cuadrado, que ha manifestado su preocupación por "una continua descapitalización a las empresas privadas, la tendencia es seguir derivando, no de una manera tan clara, pero si utilizando otras vías más engañosas."

Los profesionales y usuarios han pedido que la paralización de la privatización quede plasmada en documentos oficiales, "nos quedaríamos mucho más tranquilos si se publicará una resolución que anunciara el retroceso", incide Rosa Cuadraro.

Los asistentes también han insistido en la importancia de la vuelta de la Lavandería Central Hospitalaria a manos públicas y la retirada de la reforma de la ley del aborto del Gobierno nacional.

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Esperamos y deseamos que con el impulso de la marea blanca madrileña lo de propiciar una gran movilización social a nivel de todo el Estado español para exigir la derogación del RD de Ley 16/2012 se acabe haciendo realidad…

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La Marea Blanca ante un nuevo escenario

Por Jesús Jaén, activista de la Marea Blanca en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid

En OTRAS MIRADAS de Público.es

Desde el 27 de enero, fecha en la que Ignacio González anunció la retirada de una parte del Plan de privatización sanitaria y la dimisión de Fernández Lasquetty, se han venido sucediendo nuevos hechos que, junto a las campañas de todas las organizaciones y colectivos que formamos la Marea Blanca, dan como resultado una situación distinta y un escenario nuevo.

La mejor noticia de todas fue: “La Audiencia de Madrid ratifica las imputaciones de Lamela y Güemes por cohecho y prevaricación” (Agencia EFE, 13/2/2014). Como es bien sabido ambos habían sido consejeros de sanidad y máximos responsables de la privatización durante el período de Esperanza Aguirre. Junto a estos dos, también estaban implicados –por la querella del sindicato AFEM- dos altos directivos como Patricia Flores y Juan Antonio Burgueño (al parecer el ideólogo de las privatizaciones en Valencia y Madrid) que, ese mismo día, eran cesados por el nuevo consejero de sanidad y sustituidos por Mariano Alcaraz y Javier Maldonado. Sin duda se trataba de otro éxito de la Marea Blanca.

Pero no todo han sido buenas noticias. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (CTCM) donde se recolecta y procesa la sangre para el uso posterior en los pacientes, está siendo desmantelado. En virtud de un nuevo convenio firmado entre el anterior consejero de sanidad: “Cruz Roja se encargará de la captación y fidelización de donantes, de las campañas de donación y de la extracción extra-hospitalaria en la calle. El CTMC se encargará del procesamiento y distribución a los centros hospitalarios” (Nota informativa de Cruz Roja). Con el nuevo convenio, Cruz Roja, se compromete a la extracción de 74.000 unidades en el 2014 y 140.000 en años sucesivos, cobrando 67 euros por cada bolsa de sangre. Esto, en líneas generales supondría un desembolso para el presupuesto de la sanidad pública de 9.300.000 euros anuales.

El cobro de esta cantidad se intenta justificar argumentando que, Cruz Roja, tendría que pagar los gastos que le supone aumentar la plantilla para esos nuevos servicios (hasta ahora venía recolectando alrededor de un 30 por ciento en la calle). Sin embargo como han venido denunciando los 229 trabajadores que componen la plantilla del CTCM (y que en estos momentos siguen encerrados como forma de protesta), el convenio firmado -que entrará en vigor el día 1 de marzo del presente año- profundiza el proceso de desmantelamiento y transferencia de los recursos sanitarios públicos.

A raíz del nuevo convenio surgen no pocos interrogantes: ¿Era necesaria la total “externalización” o traspaso de las extracciones de sangre en la calle, cuando se trata de un servicio que globalmente está funcionando muy bien? ¿Qué beneficios reporta este convenio a los pacientes y al Servicio Madrileño de Salud? ¿Qué se ahorra la Comunidad si a partir de ahora tendrá que pagar 9.300.000 euros cada año a Cruz Roja? ¿Cómo se explica que una donación de sangre desinteresada y altruista pueda beneficiar a una organización sin ánimo de lucro? ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos de que Cruz Roja actuará con la misma profesionalidad si, aumentando las unidades, obtendría más ingresos?

A todas estas preguntas se unen dos reflexiones: la primera, nunca se ha demostrado que las privatizaciones o “externalizaciones” de un servicio (como se quiere presentar este asunto) supongan un ahorro y, muchísimo menos, una mejora del mismo. Y la segunda, en todos estos procesos, los profesionales del sector, perdieron derechos y salario. En un caso porque no se respetaron los convenios firmados (personal no sanitario del Hospital Puerta de Hierro); en otros, porque se les despidió o se les redujo la nómina en un 40 por ciento (Lavandería de Mejorada del Campo).

Si la lucha contra la privatización de las donaciones voluntarias de sangre es ahora el gran caballo de batalla de la Marea Blanca; el otro foco donde estamos concentrando nuestras energías y esfuerzos es la lucha en contra de las derivaciones que se están llevando a cabo desde los centros públicos a los centros privados. Un proceso que se ha convertido de facto en la privatización encubierta de la sanidad pública.

Y para impedirlo nació en enero una iniciativa llamada “Yo elijo 100×100 Pública” en la que estamos integrados desde los trabajadores de la sanidad hasta los ciudadanos, a través de múltiples plataformas, asociaciones y colectivos que nos hemos venido reuniendo en los barrios de Madrid, centros de salud y hospitales. El objetivo es triple: informar, denunciar y desobedecer.

Informar a los usuarios y pacientes que, en la inmensa mayoría de los casos, cuando a una persona le dan una cita para una operación de cataratas, una mamografía, un escáner o cualquier otra prueba diagnóstica en una clínica privada (y a veces ni eso ya que están derivando a pisos particulares en condiciones higiénicas vergonzosas); no lo hacen para acabar con las listas de espera, sino para su propio negocio mediante la transferencia de pacientes, recursos humanos y dinero a la sanidad privada. ¿Somos conscientes que tres de cada diez euros destinados a la sanidad (y que salen de los impuestos directos e indirectos) van a parar a las empresas metidas en este negocio?

En segundo lugar denunciar o, mejor dicho, ayudar a que los usuarios denuncien ante los Servicios de Atención al Paciente y, si fuera posible, ante los medios de información que -mediante esos mecanismos- están jugando y negociando con la salud de toda la población. Estas denuncias están dando resultados concretos tanto en la recuperación de lo público como en el adelanto de pruebas e intervenciones.

Por último, desobedecer o negarse como profesionales, a ser utilizados en beneficio privado o por empresas que están haciendo de nuestra salud su negocio.

Y este último concepto, la desobediencia, nos lleva a la experiencia que puso en marcha el colectivo “Yo sí, Sanidad Universal” en la primavera del año 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto de Ley 16/2012, en donde asestó un golpe de muerte a un derecho fundamental como es el derecho universal a la salud (reconocido explícitamente en el artículo 43 de la Constitución).

Ninguna otra medida o ley ha supuesto un retroceso tan grande como la aprobación del RD de Ley 16/2012. Entre otras cuestiones, ha significado la expulsión del sistema nacional de salud de cerca de un millón de personas (a las que se las ha privado de su tarjeta sanitaria por razones tan “humanitarias” como carecer de permiso de trabajo o no estar inscritos en esos momentos en las listas del INEM); también ha supuesto que dos personas inmigrantes como Alpha Pam o Soledad Torrico fallecieran por falta de atención médica (como detalla en su informe anual el colectivo “Yo sí, Sanidad Universal”); o que los precios de los medicamentos suban para los trabajadores un 20 por ciento de media y para los pensionistas un 10%.

En resumidas cuentas, estamos ante un escenario nuevo donde convergen tres líneas de actuación de la Marea Blanca. La defensa del Centro de Transfusión, la lucha contra las derivaciones a los centros privados y, por último, comenzar a propiciar una gran movilización social a nivel de todo el Estado español para exigir la derogación del RD de Ley 16/2012.

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