ALGUNAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ENTRE ELLAS ASTURIAS Y ANDALUCIA, NO DISCRIMINARÁN EN LA MEDIDA EN QUE PUEDAN…
Ana Mato: “La falta de varón no es un problema médico”
Sanidad limita el derecho a la inseminación en la pública a casos de esterilidad
Lesbianas y mujeres sin pareja no pueden concebir un hijo de otro modo
Foto: La ministra de Sanidad, Ana Mato, acompañada por varios de los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas y por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, momentos antes de la celebración del Consejo Interterritorial de Salud.
María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.
Las mujeres solas y las parejas de lesbianas lo tendrán más difícil para inseminarse en la sanidad pública. La nueva norma que regula el acceso a estos tratamientos, aprobada este martes, los reserva para las personas estériles. Tras la polémica suscitada por su primera propuesta, que establecía que solo las parejas heterosexuales infértiles podían acceder a este servicio, Sanidad ha eliminado toda referencia a estas uniones. La modificación del texto —que ahora solo habla de “personas”— resulta, sin embargo, puramente cosmética. La exigencia de ser estéril supone, en la práctica, un veto a toda mujer sin problemas de esterilidad biológicos pero que no pueda concebir porque carezca de pareja masculina. El texto de Sanidad no define aún qué considera infertilidad, aunque la ministra Ana Mato dio una pista importante cuando aseguró que, para determinarla, se seguirán únicamente criterios médicos. “Y no creo que la falta de varón sea un problema médico”, apuntó tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. “La financiación pública debe ser para la curación”, incidió
En el mejor de los escenarios, las cosas quedarían como hasta ahora. Actualmente, cada comunidad actúa según su interpretación de un decreto (de 2006) que indica que toda persona tendrá acceso a la prestación financiada si hay problemas de esterilidad o una “indicación clínicamente establecida”. Una ambigüedad que abre algunas puertas a parejas de lesbianas y mujeres solas —en determinados hospitales de Madrid, en Andalucía, en País Vasco— pero que también las cierra. Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha ya impiden su acceso.
La base de la nueva norma es la misma. Solo se cubrirán estos tratamientos “por motivos terapéuticos o preventivos” a las mujeres menores de 40 años y a hombres menores de 55 con problemas para concebir, dice el texto aprobado hoy martes gracias a la mayoría de consejeros del Partido Popular en los Gobiernos autónomos. Sin embargo, la introducción de una referencia expresa que determine qué se considera “mujer estéril” es la clave que puede limitar el acceso a esta prestación. En su propuesta inicial enviada a las comunidades, Sanidad definió esterilidad como “la ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Una definición puramente fisiológica y “retrógrada”, según el consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, que insistió en que Sanidad no contempla como causa de esterilidad la ausencia de pareja masculina.
“Al eliminar el requisito expreso que reservaba los tratamientos a parejas compuestas por hombre y mujer, el Gobierno ha dulcificado el texto, han modificado algunos conceptos, pero el problema de base, la discriminación en el acceso, permanece. Estamos ante una medida ideológica”, criticó Blanco. El consejero recordó una reciente sentencia del Tribunal Superior de Asturias que condena a su región a financiar el tratamiento a una lesbiana a la que se denegó el servicio en 2011. Ese fallo judicial incide en que el único modo de que una lesbiana tenga hijos es a través de la reproducción asistida, y obliga a contemplar la “esterilidad primaria” (la falta de varón) entre las causas de acceso a esta. Lo contrario vulnera el principio de igualdad, dice. Una opinión que también comparten algunos constitucionalistas.
A pesar de las alertas, Sanidad insiste en que la medida no es discriminatoria. “Todas las mujeres que tengan problemas médicos para concebir pueden acudir a la fecundación asistida con financiación pública”, aseguró Mato. Un argumento que, según la consejera andaluza, María Jesús Montero, tiene pocas interpretaciones. “En las fichas técnicas y en las discusiones entre Sanidad y el resto de consejeros se ha manejado el concepto de esterilidad que implica coito vaginal”, recalca Montero. “Tradicionalmente, los médicos y los servicios de salud podían interpretar qué se consideraba esterilidad. Ahora, si se determina con esas pautas excluyentes, el acceso será más complejo para las mujeres que no tengan pareja masculina. Cada vez está más claro que el Gobierno no tiene en cuenta la realidad social”, apostilla la responsable andaluza, que se muestra preocupada con que los criterios de “indicación terapéutica” sirvan para recortar otras prestaciones como anticoncepción o vasectomías.
Andalucía, País Vasco y Canarias han asegurado que, pese a la medida acordada, seguirán financiando la fertilización a estas mujeres. Un punto que ha disgustado al consejero de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, que recalcó que las Administraciones no deben cubrir tratamientos si no son para aliviar patologías. “La sanidad pública se creó para atender los problemas de salud de los ciudadanos”, declaró. Echániz reclamó tras la reunión con sus homólogos que las regiones que opten por pagar tratamientos a personas que no sean fisiológicamente estériles deben hacerlo con fondos no sanitarios. “Hay muchas familias que deciden adoptar en el extranjero, pero la sanidad manchega no financia esos viajes ni esa paternidad querida”, indicó.
El concepto de salud como la ausencia de enfermedad, empleado por Mato y Echániz, es uno de los argumentos que más han criticado las organizaciones sociales. “La OMS define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social; no únicamente la ausencia de enfermedad. Parece que la titular de esta área no tiene en cuenta esas recomendaciones internacionales”, critica Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que junto a otros colectivos ha solicitado una reunión con Mato. Las ONG exigen la retirada del requisito de ser estéril para acceder a esta prestación.
A Paloma Calle y Celeste Carrasco se les denegó el acceso al tratamiento de reproducción en la sanidad pública madrileña. “Consideraron que no había una indicación clínica para ello… Salvo, claro, el pequeño problema de que mi pareja es otra mujer”, ironiza Calle. “Está claro que yo puedo tener relaciones sexuales con ella durante 12 meses sin quedarnos ninguna embarazada. Eso ya es un problema de esterilidad”, reclama. Carrasco y Calle son ahora madres de un niño de un año y medio. Finalmente, acudieron a la privada para poder concebirlo. Una es la madre biológica y otra la madre gestante. “¿Por qué no se contempla la esterilidad de la pareja en lugar de la de la persona? A los heterosexuales con problemas no les dicen que para concebir deben buscarse a otro que no sea infértil”, critica.
“El Gobierno no está reconociendo la diversidad familiar. Solo quiere que se perpetúen las familias que considera correctas, las tradicionales. Es una medida sexista: piden a las mujeres que tengan a un hombre al lado para ser madres”, lamenta Gloria Fortún, portavoz de la asociación de familias gais con hijos Galehi.
Los expertos y las entidades sociales —de lesbianas, de madres solas, de consumidores...— esperaban que la norma que regula esta prestación en la nueva cartera básica de servicios erradicase la desigualdad que hoy se da entre regiones —e incluso entre hospitales—. “No solo no se han reducido los desequilibrios, sino que se ha aprovechado para recortar”, critica el consejero asturiano. La regulación puede motivar que las autonomías que ahora permiten el acceso a mujeres sin problemas médicos de fertilidad al tratamiento lo reduzcan. Algo no difícil de imaginar en un momento en el que las Administraciones meten la tijera donde pueden. De hecho, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde el acceso antes era más fácil, limita el tratamiento a estos colectivos desde hace meses.
Terapias eficaces y económicas
En las parejas femeninas o madres solteras suele bastar la inseminación artificial
Es el tratamiento menos costoso, desde 1.000 euros por ciclo
Jaime Prats, Valencia, en El Pais.
Las mujeres sin pareja o las uniones de lesbianas que quieran tener hijos mediante técnicas de reproducción asistida que se vean abocadas a acudir a la sanidad privada tendrán que pagar, en el mejor de los casos, unos 1.000 euros. En el peor, si hay que repetir ciclos o recurrir a la fecundación in vitro y, además, se necesitan óvulos donados por otra mujer, cada nuevo intento se disparará a los 7.500 euros. Entonces, la factura se puede elevar a varias decenas de miles de euros, pero quizá de estos casos más complejos, si se demostrara que existe un problema de infertilidad, se haga cargo la sanidad pública.
El escenario más favorable es también el más frecuente y el menos costoso. Lo habitual es que las mujeres solas u homosexuales que quieren tener hijos no tengan problemas de esterilidad. “Lo normal es que sus óvulos presenten un estado óptimo”, apuntan desde el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). Lo único que necesitan son los gametos masculinos —los espermatozoides— para quedarse embarazadas. Por ello, como indica Antonio Requena, director general médico del IVI, la red de clínicas más extensa de España, suele bastar el tratamiento más sencillo y más económico: la inseminación artificial. La técnica consiste en depositar directamente en el útero de la mujer una muestra de semen de donante. El precio medio ronda los 1.000 euros sin medicación —“suele ser la primera opción por el buen pronóstico que presentan”, añade Requena— y 1.300 si se recurre a una ligera estimulación ovárica —“no es necesario más, al tratarse de gente sana; además si administras en exceso corres el riesgo de un embarazo múltiple”—. En 2012, el 19% de las 3.648 inseminaciones que se practicaron en todos los centros de esta red de clínicas en España y Portugal fueron a madres solteras.
No siempre basta el primer intento, o el segundo. El último registro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) —que recoge el 80% de la actividad del sector con datos de 2010— apunta que la tasa media de gestación por ciclo en esta técnica es del 21%. No existen datos específicos de la tasa de éxito entre mujeres sin pareja masculina, aunque, como indica Requena, es lógico pensar que en este grupo será superior debido a su menor índice de problemas de fertilidad. En términos generales, tras tres o cuatro inseminaciones, hay un 70% de posibilidades de lograr un embarazo.
Al ser una técnica relativamente poco costosa y especialmente eficaz entre las mujeres sin pareja masculina, la inseminación tiene un impacto económico limitado en los tratamientos que se practican en la red pública. Sobre todo, si se compara con los casos más complejos de parejas con problemas de fertilidad, las fecundaciones in vitro (FIV), en las que se recurre a gametos obtenidos de donantes. En estos casos, cada ciclo puede suponer 7.500 euros por intento —los precios responden a un trabajo elaborado por la Asociación por Derechos Civiles, Económicos y Sociales a partir de 130 centros—.
Los datos del IVI muestran cómo el peso de las mujeres sin pareja es notablemente inferior en las fecundaciones in vitro respecto a las más asequibles inseminaciones. Si en el primer caso este grupo de personas representa apenas el 3,4% del total de FIV, en el segundo, la cifra asciende al 19,1%. De los 28.439 tratamientos de reproducción asistida practicados en la península por esta red de clínicas, un 7% fueron a mujeres solas.
La reproducción asistida ha sido tradicionalmente una parcela controlada por la sanidad privada. El sector público representa el 20% de la actividad en esta disciplina, como indica José Antonio Castilla, de la SEF. Y es probable que, tras la medida adoptada por Sanidad, el porcentaje aún será más reducido.
LAS AUTONOMÍAS DEL PP INSISTEN EN QUE EL ACUERDO ES COMO EL DE 2006
Andalucía, en rebeldía ante la propuesta ministerial de la reproducción asistida
Redacción Médica, Madrid.
La consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, ha sido una de las primeras en abandonar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este martes en Madrid. En unas primeras declaraciones ha mostrado su rechazo a la propuesta ministerial de que medie un diagnóstico de enfermedad para somerterse a las técnicas de reproducción y esterilización, lo que a su juicio "creará una realidad en la que las personas que tengan dinero se lo podrán permitir acudiendo al sector privado, y las que no lo tengan no podrán optar a este tratamiento": Además, ha incidido en que se entiende que dentro de los criterios de esterilidad primaria están excluidos las mujeres solteras y lesbianas. Finalmente ha afirmado que Andalucía seguirá manteniendo el criterio fijado hasta ahora, "atendiendo a las personas, salvo contraindicación clínica".
El otro consejero perteneciente a un gobierno socialista, el del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha rechazado limitar el acceso a los tratamientos de reproducción asistida a las mujeres solteras y lesbianas ya que, a su juicio, es una medida que "restringe derechos" a este colectivo. "Creemos que es una medida que aumenta la litigiosidad de una forma muy llamativa, porque restringe derechos a este colectivo, por lo que no podemos compartir esta decisión. Las parejas legalmente constituidas o las mujeres solteras tienen derecho a la reproducción humana asistida y, por tanto, son colectivos que hay que considerar plenamente", ha zanjado.
Las CCAA del PP dicen que el acuerdo de reproducción asistida es "igual" al establecido en el Decreto de 2006
Por su parte, las comunidades del PP han asegurado que el acuerdo alcanzado en el Interterritorial sobre la reproducción asistida es "igual" que el establecido en el Real Decreto de 2006 que establece que la sanidad pública sólo va a financiar las terapias para las mujeres que tienen un diagnóstico de fertilidad.
En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha negado que sea una medida discriminatoria, tal y como lo ha asegurado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Bisexuales, y ha señalado que no se está discriminando "más" que lo que hizo la exministra de Sanidad durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Pajín, cuando aprobó dicha normativa.
No obstante, Fernández-Lasquetty ha informado de que lo "único" que se ha cambiado, a propuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, es la palabra "pareja" dado que esta normativa no se circunscribe sólo a la pareja sino al conjunto de mujeres con diagnóstico de fertilidad.
"Se ha creado una polémica artificial porque lo que se regula es lo qué es lo que está cubierto por el Sistema Nacional de Salud (SNS) es lo que está reflejado en el Real Decreto de 2006, que es el que muestra lo que cubre el SNS cuando hay un diagnóstico de fertilidad", ha apostillado.
Estas declaraciones han sido corroboradas por el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, quien ha señalado que, debido a que el SNS se creó para "atender" los problemas de salud de los españoles, por lo que "todos" los asuntos relacionados con la fertilidad tienen que estar "dentro" de la cartera sanitaria pública y, por tanto, "financiada por todos los españoles.
"No se trata de hablar de derecho porque los derechos existen, sino que no tiene sentido que el cien por cien de los españoles financien con sus impuestos prestaciones que no son de salud, que no tienen que estar en el sistema sanitario, y que de estar, tendrán que estar en otros sistemas".
Por ello, Echániz ha insistido en que aquellas situaciones en las que sean "opciones personales" no tienen que entrar "en la cartera de servicios" y ha comentado que desde el consejo se ha solicitado que "todas personas que han hecho esta iniciativa" deben financiarla "con fondos no sanitarios" ya que "el sistema no tiene que incluir" lo que no tenga que ver con el enfermado ni con los servicios de salud.
"No se trata de hablar de derecho, los derechos existen, sino que no tiene sentido que el cien por cien de los españoles financien con sus impuestos prestaciones que no son de salud, que no tienen que estar en el sistema sanitario, y que de estar, tendrán que estar en otros sistemas", ha apostillado.
Por último, la consejera de Sanidad del Gobierno de Galicia, Rocío Mosquera, ha asegurado que con esta normativa "no se excluye a nadie por su ideología, ni por su orientación sexual", sino por los "criterios clínicos" que son los ya establecidos en el Real Decreto de 2006.
"Díganos a la cara que somos ciudadanas de segunda"
Celeste y Paloma, casadas y con un hijo de año, han acudido al Ministerio de Sanidad para recriminar a Mato su discriminación en las técnicas de reproducción asistida
PAULA DÍAZ, Madrid, en Público.
"Hemos venido al Ministerio para pedirle, ministra, que nos diga a la cara que somos ciudadanas de segunda, que no somos merecedoras de los mismos derechos que los demás". Con esta frase, que forma parte de una carta que hoy (por ayer) han entregado en la sede del departamento de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Celeste Carrasco y Paloma Calle han querido recriminar hoy a Ana Mato su anunciada restricción de los servicios de reproducción asistida para mujeres solas.
Ellas, casadas desde hace dos años, son madres de un niño de año y medio. "Acudimos a la sanidad pública y nos denegaron la atención", denuncian. "Por suerte, sólo fue necesario un intento para quedarnos embarazadas en la privada", manifiesta Celeste. Aun así, cumplir su deseo de aumentar la familia les costó 6.000 euros.
Hoy han querido recordar su caso, similar al de la asturiana Silvia García, que hace tan solo unas semanas consiguió que los tribunales le dieran la razón. Por este motivo, la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha entregado hoy una carta institucional en el Ministerio para pedir una reunión con su titular, Ana Mato, y exponerle "que su medida es anticonstitucional, por excluyente", señalò Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB. "Además -añadió- puede constituir un delito de prevaricación porque, después de que el Tribunal superior de Justicia de Asturias sentenciase que estos casos se tratan de una discriminación injusta, ellos siguen empeñados en instaurarla".
Al acto de entrega de ambos documentos acudió también Gloria Fortún, presidenta de la Asociación de Gays y Lesbianas con Hijos (GALEHI), que pidió que se elimine por completo de las leyes españolas "cualquier texto que constituya homofobia y sexismo". "Pedimos que se respete la diversidad, como marca la Constitución", concluyó.
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